La Ley de la Carrera Docente prohíbe a los educadores influir en las decisiones políticas del estudiantado o exigir adhesiones de cualquier naturaleza. El director del complejo educativo Gerardo Barrios de San Salvador, que equiparó la investidura presidencial con los actos del 15 de septiembre, no cree que haya problema.
Foto FACTUM/César Fagoaga
El Complejo Educativo Capitán General Gerardo Barrios, ubicado en la colonia Flor Blanca de San Salvador, envió una circular a padres y madres de familia para pedirles que participen en la inauguración del segundo mandato presidencial de Nayib Bukele. La comunicación, firmada por el director del centro, César Enrique Ramírez Matute, es una violación a la Ley de la Carrera Docente, que prohíbe a los educadores realizar propaganda partidista o influir en la decisiones políticas del estudiantado.
“Por este medio se les solicita que participen en la toma de posesión del segundo mandato PRESIDENCIAL del señor Nayib Armando Bukele Ortez”, dice la imagen que la escuela, que funciona con fondos públicos, envió a la comunidad educativa la tarde del miércoles 29 de mayo.
“Solicitarles que confirmen asistencia al Magno Evento”, agrega la circular, que ofrece transporte a las 5:30 am del próximo sábado 1 de junio para asistir al acto que se realizará en el plaza Barrios, frente al Palacio Nacional del centro histórico capitalino.
Bukele, presidente de facto a partir del próximo 1 de junio, ganó las elecciones presidenciales de febrero de 2024 pese a que no podía ser candidato porque la Constitución salvadoreña prohíbe expresamente la reelección presidencial.
“A nadie se le está obligando, solo es una cuestión de invitación. Es una cuestión meramente participativa, como lo es el 15 de septiembre”, respondió el director Matute ante la pregunta de Factum de por qué una escuela pública había enviado esa circular a su comunidad educativa.
La Ley de la Carrera Docente es la disposición que regula la relación entre los educadores, el Estado y la comunidad educativa. El artículo 32 establece las prohibiciones para los educadores. El numeral 5 dice que prohíbe a los educadores “influir en las decisiones políticas de los alumnos, o personal subalterno, así como tomar represalias o imponerle sanciones por su filiación en actividades políticas, gremiales o religiosas”.
El numeral 2 prohíbe “realizar propaganda política partidista o religiosa dentro de los centros educativos o lugares de trabajo”. Y el 7 “efectuar colectas obligatorias o exigir pronunciamiento o adhesiones de cualquier naturaleza”.
El artículo 55 de la misma ley establece como faltas graves cualquiera de las tres conductas descritas anteriormente. Las faltas graves, según la ley, pueden acarrear suspensiones o incluso despidos.
El complejo Gerardo Barrios atiende a estudiantes desde parvularia a bachillerato general. Para 2024, según el portal del Sistema de Información para la Gestión Educativa Salvadoreña, hay 447 estudiantes matriculados.
La circular, firmada por Matute, fue enviada a la comunidad educativa en dos ocasiones la tarde del miércoles 29 de mayo. Docentes usaron servicios de mensajería digital para enviar la circular y solicitar la confirmación de asistencia. Factum visitó la escuela la mañana siguiente para hablar con el director.
“No estamos incidiendo (políticamente) ni nada por el respecto y no le voy a dar más declaración”, dijo Matute a Factum después de confirmar que pondrán transporte para asistir al evento, aunque no quiso aclarar si este será pagado con recursos de la escuela, de padres y madres de familia o del ministerio de Educación.
El director tampoco aclaró si esta actividad, que él mismo equiparó con la Independencia Nacional que se conmemora cada 15 de septiembre, fue promovida por el ministerio de Educación o si fue iniciativa propia.
Una madre de familia que recibió la circular dijo a Factum: “Me parece una falta de respeto y de ética. No iré. Al director, la alcaldía, el ministerio y al gobierno les debería dar vergüenza acarrear familias. Obviamente, no iremos”.
Factum contactó al ministerio de Educación para saber si la institución ha ordenado a los complejos educativos acarrear a estudiantes y sus familias para el acto de investidura. Este medio realizó su petición a través de una responsable de comunicaciones, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
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