Magistrado del TSE favoreció con contratos a su cliente

El magistrado Guillermo Wellman votó para que el TSE otorgara tres contratos a una empresa donde él fungió como notario. Dos fueron adjudicados pero el tercero, una millonaria prestación de servicios, no se firmó porque el TSE advirtió el nexo entre Wellman y la empresa propiedad de un ciudadano chino.  Wellman entró a la Lista Engel siete meses después de esa contratación fallida que buscaba comprar equipo tecnológico para las elecciones de 2021.

Foto Factum/Gerson Nájera

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Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) otorgaron el 20 de agosto de 2020 dos contratos a la empresa Goldwill S.A. de C.V para suministrar vehículos y quioscos de consulta. El acuerdo, por un monto total de $729,471.5, fue tomado por unanimidad, a pesar de que uno de los magistrados que votó a favor, Guillermo Wellman, era el notario de esa compañía.

Cuatro fuentes del TSE que participaron y conocieron el proceso de adjudicación, quienes hablaron con Revista Factum en condición de anonimato, confirmaron que todos los magistrados votaron a favor de otorgar ambos contratos al cliente de Wellman. 

En el acta número 57, disponible en el sitio web del Tribunal, consta que el Organismo Colegiado acordó adjudicarlos. 

Golden Will Industrial Limited, Sociedad Anónima de Capital Variable, que puede abreviarse Goldwill, S.A. de C.V., es una empresa que se dedica a la venta de vehículos, motocicletas y piezas y accesorios para estos. Su dueño y representante legal es el empresario chino Bo Yang, quien compró parte de la isla Perico, en La Unión en 2019. Wellman ha sido su notario de la empresa desde, al menos, el 16 de marzo de 2010, cuando colocó su sello en un acta de reunión de la junta directiva. 

La firma de Wellman, quien llegó al TSE propuesto por el partido Arena, aparece en otros 14 documentos de esa empresa, según documentos públicos consultados por esta revista en el Centro Nacional de Registros (CNR). La última vez que Wellman trabajó como abogado para Goldwill fue el 7 de octubre de 2019, para la renovación de la matrícula de la sociedad, dos meses después de haber sido juramentado como magistrado del TSE. Es decir, cuando ya era funcionario público.

El año siguiente, el magistrado votó a favor de contratar a la empresa para la que trabajó como notario. Según el artículo 6, literal G, de la Ley de Ética Gubernamental, mantener relaciones contractuales o responsabilidades en el sector privado, “que menoscaben la imparcialidad o provoquen un conflicto de interés en el desempeño de la función pública” es una prohibición ética para los funcionarios públicos. 

La magistrada presidenta, Dora Esmeralda Martínez, firmó ambos contratos: El de “suministro de vehículos automotores”, por $343,859, el 23 de septiembre de 2020, y el de “suministro de quioscos de consulta y terminales de consulta móvil para el desarrollo de actividades del evento electoral 2021”, por $385,612.50, el 17 de septiembre de 2020.

Consultada por Factum, Martínez aseguró que firmó los contratos porque no sabía de la relación de Wellman con la empresa Goldwill. Se enteró de la conexión, según dijo, después de septiembre de 2020 y fue por esa razón que se opuso a una nueva adjudicación que el TSE discutió en diciembre de ese mismo año. Una contratación -fallida- que fue apoyada por el magistrado Wellman. 

Factum buscó la versión de Wellman pero no contestó las peticiones de entrevista.

El contrato millonario fallido

Fachada de Goldwill, sobre la 4ª Calle Poniente y 23 Avenida Sur, San Salvador, El Salvador. Foto Factum/Gerson Nájera

El 9 de diciembre de 2020, los magistrados se reunieron para discutir una contratación millonaria para la compra de equipo tecnológico para procesar los resultados de las elecciones legislativas y municipales de 2021. En aquella reunión, los magistrados Noel Orellana y Guillermo Wellman votaron por contratar a la empresa Goldwill S.A. de C.V., recomendada por una comisión de técnicos. Pero fueron los únicos a favor. La presidenta Martínez se opuso: señaló que no podían otorgarle el contrato a Goldwill porque el magistrado Wellman era el notario de esa compañía.

Para otorgar el contrato de $1 millón 122,380 eran necesarios cuatro de cinco votos de los magistrados del TSE. En la reunión del 9 de diciembre de 2020, el primero en votar fue el magistrado Noel Orellana, quien consideró necesario adjudicarlo a Goldwill porque la Comisión Evaluadora de Ofertas certificó que cumplía los requisitos. Wellman secundó la propuesta y añadió que no quería asumir responsabilidad por el fracaso que podría darse por no adjudicar el contrato. Luego la presidenta del TSE votó en contra.

“(El magistrado Wellman) No ha actuado con veracidad, lealtad, buena fe y probidad, como lo exige el artículo 13 del Código Procesal Civil y Mercantil (…) ya que la información que se ha relacionado se conoció por diferentes medios de comunicación sin que él lo pusiera en conocimiento de este Organismo Colegiado”, señaló durante la reunión la magistrada presidenta del TSE, según consta en un acta en un expediente fiscal al que tuvo acceso Revista Factum.

Siete meses después, en julio de 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a Wellman en la Lista Engel, su listado de actores antidemocráticos y corruptos. La razón: por actuar “contra instituciones o procesos democráticos al provocar demoras graves e innecesarias en la preparación de elecciones y el escrutinio de resultados en beneficio propio, y al facilitar la influencia maliciosa china durante las elecciones en El Salvador”. 

Esta revista envió una solicitud de entrevista a la sección de prensa de la embajada de Estados Unidos en el país, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuesta.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió un expediente del caso, donde consta la documentación del proceso de licitación al que tuvo acceso Factum, pero hasta la fecha no ha informado sobre los avances en esa investigación. Esta revista consultó a la encargada de comunicaciones de la Fiscalía, pero tampoco se obtuvo respuesta.

Después del señalamiento de la presidenta Martínez, los magistrados Julio Olivo y Rubén Meléndez se abstuvieron de votar. Dijeron que consideraban importante la unanimidad y que no habían corroborado las acusaciones contra Wellman. El organismo colegiado repitió la votación y entonces Olivo y Meléndez se retiraron “por razones personales”. Los relevaron sus suplentes Carmen Velásquez y María Paz Montalvo. 

En la segunda votación se sumó a favor de Goldwill la suplente de Olivo, además de Orellana y Wellman. La suplente de Meléndez votó en contra, al igual que la presidenta del TSE. Sin la cantidad de votos a favor suficientes, la licitación quedó sin efecto. Para solucionar la situación, la presidenta propuso comprar servidores y discos duros para restaurar los servidores utilizados en las elecciones de 2019, lo cual se aprobó con cuatro votos a favor y con el voto en contra de Wellman.

Factum preguntó a Orellana porqué votó a favor de adjudicar el contrato a la empresa, a pesar de los señalamientos de Martínez. El magistrado respondió que lo hizo ante la proximidad de aquel evento electoral, celebrado en febrero de 2021, y “en aras de agilizar ese trámite”. Ante los señalamientos, según dijo, decidió apoyar la compra de servidores. 

Factum también cuestionó a la presidenta, a través del jefe de prensa del TSE, por qué firmó contratos de adjudicación a esta empresa que luego señaló de ser clienta de Wellman. Martínez aseguró que “en agosto y septiembre de 2020, al momento de firmar los contratos con la empresa en cuestión, no tenía conocimiento de la relación jurídica entre el magistrado Guillermo Wellman y el proveedor”. 

“Fue después de septiembre que a mí se me informó sobre dicha relación identificada en la escritura de constitución. Tan pronto como se evidenció la conexión entre el magistrado Wellman y la empresa, procedí a informar y advertir sobre esta situación en los procesos subsiguientes”, respondió la funcionaria.

Dos días después de la sesión en la que fue señalado, Wellman escribió a los magistrados y argumentó que en la propuesta de adjudicación de la comisión se recomendó a la empresa Goldwill por cumplir todos los requisitos. 

“Se está actuando arbitrariamente, al proponer un proceso nuevo, como es el de una contratación directa con calificativo de urgencia, tales hechos no solo van en detrimento de los que participaron en la LP. 14PEE-2021 sino en todo el proceso electoral ya que al iniciar un nuevo proceso de contratación retrasa todo el trabajo informático que conlleva realizar un escrutinio preliminar expedito”, escribió Wellman, pero nunca hizo alusión a que fue el notario de la empresa de Bo Yang.

Dora Esmeralda Martínez de Barahona, presidenta del Tribunal Supremo Electoral, el 2 de marzo de 2021, durante la Juramentación de Miembros de las mesas para el Escrutinio Final de las Elecciones de 2021. Foto FACTUM/ Salvador MELENDEZ

El 23 de diciembre de 2020, Bo Yang presentó un recurso de revisión ante el acuerdo de los magistrados, y alegó que no hubo un argumento que contrarrestara la opinión técnica de la comisión que recomendó otorgar el contrato a su empresa. Agregó que la opinión de la magistrada presidenta se debía a “consideraciones muy personales” y que lo que debió proceder era la recusación de Wellman para que interviniera su suplente en el proceso. Bo Yang nunca hizo alusión al hecho de que el magistrado Wellman era su notario. El TSE lo declaró inadmisible, porque según los magistrados el recurso incumplía requisitos.

Esta revista gestionó una entrevista con Wellman desde el pasado 12 de marzo para que explicara su relación con la empresa, pero no respondió. También presentó una solicitud de entrevista en la oficina de Goldwill, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

El conocido empresario

Bo Yang, propietario de Goldwill, durante una visita a la FGR en 2018. Foto: La Prensa Gráfica

Bo yang, el propietario de Goldwill, compró parte la isla Perico, en La Unión, en noviembre de 2019. Fue vicepresidente de la Cámara de Comercio China. Tiene participación en Deja Vu, S.A. de C.V., la cual se dedica al funcionamiento de discotecas y todo tipo de consultorías de carácter jurídico; Hendex Internacional, dedicada a venta de vehículos; Inversiones Élite Internacional, para construcción; y Mandarin Garden, un restaurante.

En 2020, cuando Goldwill ganó dos contratos con el TSE, reportó un patrimonio de $6 millones 520 mil 828, una cifra superior en comparación con 2019, cuando registró $5 millones 670 mil 739. En 2021, su patrimonio fue de $5 millones 257 mil. 

Bo Yang, según publicó en 2019 El Diario de Hoy, es el empresario que vendió camiones chinos de basura a ocho alcaldías del FMLN, “los cuales se deterioraron pronto y pusieron en entredicho a la administración de la exalcaldesa de San Salvador Violeta Menjívar”.