Uno de los delitos que más controversia ha causado desde que entró en vigor la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) es el de expresiones de violencia contra las mujeres. También es uno de los más denunciados, pero el número de condenas registradas por la Fiscalía General de la República entre 2013 y 2016 no es significativo: 37 condenas de 3,800 casos iniciados. Las autoridades de la Corte Suprema de Justicia esperan que la situación mejore a partir de julio con el arranque de labores de los Tribunales Especializados para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres.
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Eran las 8:30 de la mañana del 10 de agosto de 2016, cuando la agente M.C., del área de administración de la delegación del 911 de la Policía Nacional Civil (PNC) de San Salvador, se decidió a buscar al subinspector Santos Isabel Cruz Vásquez.
M.C. quería saber más sobre el rumor que venía escuchando desde hace días: el subinspector Cruz Vásquez la acusaba de ser una ladrona y de haberle quitado un anillo. Al parecer todo tenía que ver con una orden que había recibido de su superior un par de semanas antes para que desalojara unos casilleros que se iban a trasladar a otra área. El subinspector Cruz había dejado sus pertenencias en esos casilleros, por lo que la agente M.C. avisó de la situación y procedió a retirarlos en presencia de su jefe. Además, levantó una constancia del acatamiento de la orden con el detalle de las pertenencias entregadas.
– Buenos días, ¿puedo hablar con usted? – dijo la agente M.C. al subinspector- Quiero aclarar un comentario que he escuchado que usted anda diciendo, que yo le he robado un anillo valorado en $500.
– M., usted tiene que pagarme el anillo porque usted ha sido quien me lo ha robado– respondió el subinspector Cruz.
Entonces, según consta en el expediente judicial, M.C. le dijo al subinspector que fueran a revisar las pertenencias, porque ella no había robado nada. Pero el subinspector le respondió:
– Voy a ir hasta que me ronque el culo, vieja puta. No sé por qué me ha tocado mis mierdas (…) para qué le andan abriendo el locker a uno.
M.C. denunció al subinspector ese mismo día y por la tarde era detenido en flagrancia por el delito de expresiones de violencia contra las mujeres. Aunque la sentencia emitida por el Juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador aún no está en firme, el subinspector Cruz Vásquez ya ha sido condenado bajo el numeral “C” del artículo 55 de la LEIV: “burlarse, desacreditar, degradar o aislar a las mujeres dentro de su ámbito de trabajo…”.
El juez valoró las afectaciones a la salud de la víctima, que reflejó un cuadro de fuerte ansiedad, y que fueron confirmadas por un perito del Instituto de Medicina Legal. Además, consideró el riesgo al que se enfrentaba la agente al denunciar a un superior dentro de la corporación policial.
Sin embargo, en muchos casos se hace más complejo identificar el delito, valorar la gravedad de los hechos y lograr una condena, según reconoce el juez Tercero de Sentencia, Antonio Durán.
“Incluso, aquí entre los colegas, dicen: no, yo prefiero tener un homicidio, un robo, una extorsión o unas lesiones que tener un caso de la LEIV o de estos de expresiones de violencia, porque al final el tema no es fácil, tratar de ubicarse en el contexto de las víctimas. Lo que puede ser solo un insulto ‘vieja tal por cual’, a expresiones de violencia. Hay que tratar de ver la situación de la víctima y contextualizarlo. No es fácil, yo entiendo a los colegas, para mí no ha sido fácil”, señala el juez Durán.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
Las expresiones de violencia se pueden ver en todas partes: en vallas publicitarias, anuncios de televisión, en ataques a través de mensajes por medios electrónicos y en las agresiones verbales contra mujeres para excluirlas y marginarlas en cualquier ámbito. Estas son algunas de las seis variables en las que se materializa el delito de expresiones de violencia contra las mujeres, uno de los nuevos tipos penales establecidos desde el año 2012 por la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV). Todas son parte de la cultura machista que se vive a diario en El Salvador, una de las premisas por las que se creó la ley.
Por su frecuencia y la amplitud de formas en que se puede dar, el de expresiones es uno de los tipos penales que más denuncias registra en el marco de la ley especial; sin embargo, tiene una baja incidencia en el número de condenas. No llega al 1 % del total de expedientes ingresados por la Fiscalía General de la República (FGR) entre 2012 y 2016, según los datos de la misma institución.
El reporte de la FGR, solicitado a través de acceso a la información, indica que solamente 37 de los 3,857 casos ingresados han terminado en condena, mientras que otros 45 acusados obtuvieron absolución judicial.
Un informe de la Red Feminista frente a la Violencia contra las Mujeres señaló que las expresiones de violencia fueron la principal causa de denuncia en 2015, según datos de la Fiscalía General de la República. De las 1,260 víctimas de delitos de la LEIV, el 87% fue por expresiones de violencia. Y, sin embargo, en ese año solo se obtuvieron 12 condenas.
Este delito es penalizado con una multa de dos a 25 salarios mínimos del sector comercio y servicios.
Se buscó la versión de la Fiscalía, a través de la Unidad Especializada en Delitos de la Mujer, pero a pesar de haberse fijado fecha y hora para la entrevista no se respondió a la petición tras varios intentos.
En enero pasado, el Juzgado Tercero de Sentencia emitió una sentencia absolutoria a favor de Jorge Adalberto Alfaro, empleado del Hospital Policlínico Roma del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), acusado de expresiones de violencia contra una compañera de trabajo. Ante esta decisión, la representación fiscal interpuso un recurso de apelación que finalmente fue admitido por la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, que declaró nula la sentencia absolutoria y ordenó un nuevo juicio.
La víctima en este caso es K.G., administradora del Hospital Policlínico Roma, quien denunció a Alfaro, encargado de almacén y representante sindical en la institución. Según consta en el expediente judicial, la víctima fue criticada por Alfaro respecto a un proyecto cancelado y en el que ella alegó no tener nada que ver. Alfaro dijo entonces que K.G “asumía demencia”, que era de “ideas descabelladas”. En una reunión en abril de 2016, y a raíz de unos movimientos de personas, Alfaro dijo: “La ingeniera no hace nada, bueno, tal vez trabaja un 20%”.
Posteriormente, Alfaro envió reportes y fotografías por correo electrónico con copia al director del hospital para cuestionar sobre el uso que iba a dar a una chatarra que se iba a desechar de la bodega por recomendación de un jefe médico. Según la víctima, Alfaro no hacía este tipo de seguimientos a otros empleados del hospital.
K.G. percibió que todos los comentarios de Alfaro tenían un tono intimidante, por lo que se sintió perseguida. Incluso, el director del hospital envió una carta al empleado para que guardara el debido respeto a la ingeniera.
Según consta en el expediente judicial, Alfaro tiene antecedentes de violencia contra las mujeres por una agresión contra una compañera de trabajo. Pero el Juzgado Tercero de Sentencia decidió absolverlo.
“Es interesante que el delito más denunciado de los que contempla la LEIV sea las expresiones de violencia contra las mujeres, es decir, que las mujeres están diciendo: hay ciertas prácticas que están conscientes de que no deben tolerar, pero el sistema les está negando el acceso a la justicia”, dice Silvia Juárez, jurídica de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), una de las organizaciones que ha participado en el Observatorio de Seguridad Ciudadana de las Mujeres.
Además, esta abogada señala como una debilidad que la Fiscalía no separe las denuncias en función de los ámbitos donde se reportan, es decir, si es el ámbito laboral, político, comunitario, familiar, etcétera.
“Si el sistema no es capaz de considerar la responsabilidad que tiene en la protección de las mujeres, entonces suelen ver como el dato más relevante el de feminicidios (…) cuando justamente el de expresiones de violencia es un mecanismo de protección previo al feminicidio. Cada vez que el Estado dice: puedes gritarle a una mujer, puedes decir que es una tonta y no pasa nada, lo que estás diciendo es: como Estado ese cuerpo de mujer no me interesa y ese cuerpo es perfectamente violable, matable, etcétera”, analiza Juárez.
El 1 de julio es una fecha importante en el calendario de la Corte Suprema de Justicia. Ese día tendrán que estar funcionando ya los primeros tribunales especializados en San Salvador. El decreto que dio vida a esta nueva jurisdicción ya no se puede prorrogar por más tiempo. Se comenzará con el Juzgado Especializado de Sentencia y de Instrucción de San Salvador y la Cámara Especializada. A lo largo del año se irán agregando los que corresponden a las regiones oriental y occidental del país.
La magistrada presidenta de la Sala de lo Penal, Doris Luz Rivas, considera que el acceso a la justicia para las mujeres va a mejorar con los nuevos tribunales, para los que se ha buscado seleccionar al personal más capacitado.
“Acordémonos de que es un delito nuevo (las expresiones de violencia contra las mujeres), que se puede confundir fácilmente con otros delitos. Creo que aquí el tema importante es que con los tribunales se vayan definiendo los criterios. Sí, nosotros tenemos registrado que la violencia psicológica es la que más demanda tiene (…) está costando entrar en esa dinámica. Eso se va a facilitar con la nueva jurisdicción”, opina Rivas Galindo.
Entrevista con la magistrada de la Sala de Penal de la Corte Suprema de Justicia, Doris Luz Rivas Galindo, en su oficina, en San Salvador, el 30 de mayo de 2017.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez.
El colaborador jurídico de la Fiscalía de la Universidad de El Salvador, Carlos Norberto Deras Corado, fue condenado a pagar una multa de $209.75 y a seguir un proceso de responsabilidad civil por el delito de expresiones de violencia en contra de D.P.
D.P trabajaba como asistente administrativa de la Fiscalía General de la UES en 2015, cuando denunció al colaborador Deras Corado por el delito de expresiones de violencia.
Según la víctima y los testigos de cargo, Deras Corado decía que ella había sido contratada por el fiscal de ese entonces, Francisco Letona, porque tenía una relación sentimental con él. A sus espaldas decía que ella estaba ahí porque “la pone (el fiscal Letona) en el sillón” (en referencia a que supuestamente tenía sexo con ella).
Además, según la denuncia, cada vez que la víctima pasaba delante del imputado, este hacía una cuenta atrás en voz alta de los días de trabajo que le quedaban en relación a la inminente salida del fiscal Letona. También hacía gestos de tipo erótico a sus espaldas cuando ella estaba tomando agua del oasis de la oficina, algo que observaron sus compañeros y testigos de cargo en el proceso judicial.
Deras Corado habría arreciado en estos ataques verbales durante un cierre administrativo que realizaron los colaboradores jurídicos de la Unidad de Asesoría y Control Legal entre el 12 de mayo y el 5 de junio de 2015.
Como D.P. era contratada como auxiliar del fiscal, el cierre no la incluía, por lo que continuaba realizando sus labores en la oficina, ocasión que Deras Corado aprovechó para cuestionarle por qué sacaba fotocopias si estaban en paro y que, si eran personales, la iba a denunciar. También, refiriéndose a ella, le decía: “Bueno, ¿y esta puta qué está haciendo aquí? Se va a perder algo”.
Fachada de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, el 1 de junio de 2017.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez.
Mientras el país va asumiendo la jurisdicción de los nuevos tribunales especializados, la Corte Suprema de Justicia dispondrá de personal que trabajará junto a los juzgados de Paz en el establecimiento de medidas de protección en los casos de violencia contra las mujeres.
El juez Antonio Durán considera que los principales obstáculos para la aplicación de esta ley, hasta la fecha, han sido “la falta de sensibilización de los jueces para tomar conciencia del origen de estos problemas –aunque reconoce que se ha trabajado más en estos casos con los jueces de Paz-, nos hace falta capacitación en tema de género (…) La otra es el machismo, que no es exclusivo de los hombres, incluso colegas juezas dicen: ‘no, si le dijo pendeja, ¿qué va a ser delito eso?’”
La máxima autoridad penal del país, la magistrada presidenta de la Sala de lo Penal, es más optimista. A menos de un mes de que empiecen a funcionar los tribunales especializados, valora como positivo el desafío para las juezas y jueces especializados.
“Se requiere que nos quitemos la venda y poder tener una mente más abierta y ver al derecho desde la perspectiva de género, ese es el mayor desafío. (…) Es la parte más difícil, cómo un colega juez después de tantos años va a cambiar… yo sí creo que pueda cambiar”, dice Rivas.
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