Samuel Lizama y Cesia Romero fueron removidos de la Cámara Ambiental de San Salvador, luego de ser de las voces más críticas por la remoción de más de 200 jueces mayores de 60 años. Con su traslado, abogados y ambientalistas temen retrocesos y exacerbación de la impunidad en casos de daños al medioambiente, de cara a la ejecución de megaproyectos por parte del Ejecutivo.
Foto Factum/Gerson Nájera
Los magistrados propietarios de la Cámara Ambiental de San Salvador, Samuel Lizama y Cesia Romero, fueron trasladados a otras instancias judiciales al interior del país, el lunes 27 de septiembre. El magistrado Lizama estará en una Cámara de lo penal en San Vicente; mientras que la magistrada Romero pasa a la Cámara de lo Civil de Santa Ana. El cambio se da luego de que ambos criticaran públicamente el Decreto Legislativo 144, con el que la bancada oficialista de Nuevas Ideas jubiló al 30% de jueces y magistrados del Órgano Judicial, transgrediendo la Constitución de la República al no tener iniciativa de ley para proponer dichas reformas.
Diversos abogados y ambientalistas no dudan en decir que el cambio también obedece a las resoluciones que los magistrados estaban emitiendo en pro del medioambiente y que afectaban los poderosos intereses de élites económicas y del mismo Órgano Ejecutivo, que buscaban explotar los bienes naturales a pesar de los impactos en la población. Los magistrados, por ejemplo, frenaron la construcción de la octava hidroeléctrica en el río Sensunapán; detuvieron la deforestación del área natural protegida Los Pericos o Parque del Bicentenario; multaron al Ingenio La Magdalena por el derrame de melaza; y condenaron al Estado salvadoreño y al exministro de Agricultura, Orestes Ortez, por el delito de omisión en sus funciones ante la tala del cerro El Águila.
“Es obvio que el traslado deviene de una forma de represión por las opiniones que públicamente he vertido en relación a las reformas que recién se han aprobado”, considera la magistrada Romero, quien fue parte de la Cámara Ambiental desde su creación en 2017. Ella no tenía ningún proceso disciplinario en Investigación Judicial y se dio cuenta del cambio oficialmente por una comunicación institucional que no incluye ningún argumento sobre su traslado.
En cuatro años, ambos magistrados, especializados en derecho civil, mercantil y ambiental, sentaron precedentes en la justicia ambiental salvadoreña. La Cámara estaba “irrumpiendo esa nueva conceptualización de la justicia. Utilizaba métodos innovadores y entendía que el derecho es vivo, que el derecho es cambiante, eso le permitía ver con una perspectiva más amplia los problemas ambientales, y eso no lo tienen otros jueces ambientales”, opina Yanira Cortez, consultora ambiental, y quien durante diez años fue procuradora adjunta de medio ambiente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Una de las últimas resoluciones de la Cámara Ambiental que puso en evidencia el carácter extractivista del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) fue la emitida el pasado 7 de junio, cuando este tribunal superior prohibió al ministro Fernando López dar el permiso ambiental para el octavo proyecto hidroeléctrico en el río Sensunapán, en el departamento de Sonsonate. La Cámara Ambiental determinó que la hidroeléctrica generaría un daño en el ecosistema y la disminución del caudal del río.
La prohibición sigue en curso; sin embargo, esas medidas cautelares podrían ser revertidas en favor de la sociedad Sensunapán S.A. de C.V. “Era una resolución que prácticamente estaba reconociendo los derechos de los pueblos indígenas, que es parte de una deuda histórica. Nos queda la satisfacción de haber dado una resolución que consideramos justa, correcta, apegada al ordenamiento jurídico nacional e internacional. Ya lo demás no será responsabilidad nuestra”, afirma la magistrada Romero.
La abogada ambiental Alma Sánchez, quien ha llevado de cerca el proceso judicial del río Sensunapán, califica la situación de la Cámara Ambiental como un “estado fallido, una completa ingobernabilidad terrible”. “Los magistrados tuvieron que mandarle cuatro advertencias al ministro de Medio Ambiente para que le dijera cómo estaban aplicando las medidas cautelares, si ya había declarado desfavorable el proyecto de la Sensunapán. Y a la viceministra de Cultura se le reitera que tiene que informar sobre cómo se está haciendo el procedimiento del levantamiento de patrimonio cultural intangible en el lugar”, narra la abogada, quien teme que la nueva Cámara permita el proyecto para explotar el río Sensunapán.
“Ha sido un día triste para la justicia ambiental de El Salvador”, lamenta Gerardo Landaverde, abogado de la Asociación Ecológica para la Protección y Acción del Medio Ambiente Tierra Verde (AEPROTERRA), quien demandó al ingenio La Magdalena por el derrame de 900 mil galones de melaza en el río San Lorenzo, Ahuachapán. Este desastre ambiental, ocurrido en 2016, fue uno de los primeros casos con los que se estrenó la cámara dirigida por Lizama y Romero. En ese proceso condenaron al ingenio La Magdalena al pago de 1.5 millones de dólares para restaurar los ecosistemas hidrobiológicos que se perdieron con el derrame de melaza.
Uno de los temores de abogados y ambientalistas es que se pierda la continuidad de procesos “innovadores”, como la protección de los ríos con enfoque de cuenca que impulsaba la cámara. “Por ejemplo, acciones para frenar la contaminación del río Grande de San Miguel y el río Lempa, donde el magistrado Lizama había ordenado medidas cautelares para buscar mejores acciones en la protección y conservación de los ríos”, prevé la hidróloga y ecofeminista Ingrid Hausinger.
César Artiga, defensor ambiental parte del Equipo Impulsor de Escazú, cree que detrás del traslado de los magistrados hay una “agenda oculta” que beneficiará al Ejecutivo. “Este Gobierno ha estado frotándose las manos para dar el golpe definitivo a la Cámara que era el último eslabón que tenía el Ejecutivo para imponer toda su estrategia basada en megaproyectos”, señala Artiga.
Otro caso reciente de la Cámara en contra del Ejecutivo fue la resolución del 10 de agosto, en la cual la Cámara ordenó al ministro de Obras Públicas y de Transporte (MOP), Edgar Romeo Rodríguez, “que se abstenga de elaborar el proyecto denominado Construcción de Rampas N-W y E-S del Intercambiado Jerusalén”, con el que el MOP pretendía agilizar el tránsito eliminando un fragmento del área natural protegida El Espino, bosque Los Pericos o Parque del Bicentenario.
La Cámara tiene la competencia para conocer sobre delitos cometidos por funcionarios públicos, como ocurrió el pasado 26 de febrero, cuando los magistrados condenaron al Estado salvadoreño, a través de la Fiscalía General de la República, y al exministro de Agricultura, Orestes Ortez, por omisión en sus funciones en el caso de tala de la zona de recarga hídrica conocida como cerro El Águila.
#REDIANoticias| La Cámara Ambiental de Segunda Instancia condenó hoy al Estado salvadoreño y al exministro de @AgriculturaSV a costas procesales y resarcimiento de daños en el #CerroElÁguila.
La Cámara absolvió a la exministra de Medio Ambiente,Lina Pohl, de omisión en el caso. pic.twitter.com/lhFlDpUTTg
— REDIA El Salvador (@rediasv) February 26, 2021
“Entonces, es clave que remuevan a un juez (magistrado Lizama) comprometido, valiente, que innova en favor del medio ambiente”, concluye la abogada Cortez.
Para los entrevistados, el escenario ambiental de cara a la ejecución de los megaproyectos que el Ejecutivo tiene en puerta es de depredación ambiental y persecución de personas defensoras del medioambiente. “Ahora es la justicia de Bukele, la justicia de la Corte de Bukele y sus secuaces la que va a imponer lo que es justicia en materia ambiental”, advierte Artiga.
El defensor ambiental incluso critica el tweet del presidente Bukele sobre Singapur: “en Singapur vemos un Estado que concentra el poder, que flexibiliza todo para garantizar megaobras, los megaproyectos, sobre todo en tecnología e industria, y aquí le quieren vender a la población ese modelo de desarrollo basado en megaproyectos”, agrega.
Los nuevos magistrados
El pasado domingo 26 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia impuesta por el oficialismo juramentó a 98 nuevos jueces y magistrados. Con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 144, que jubiló a todos los jueces mayores de 60 años, el juez ambiental de San Miguel, Elí Díaz, se vería afectado, pero se adhirió al régimen de disponibilidad. Los que no tuvieron oportunidad para continuar en el cargo, y pese a no tener esa edad ni procesos disciplinarios, fueron los magistrados de la Cámara Ambiental de San Salvador.
Los nuevos magistrados que asumirán en sustitución de Lizama y Romero son los abogados Miguel Elías Martínez Cortez y Karla María Regina Murcia Carrillo. Él viene del Juzgado de Paz de San Francisco Javier en Usulután, y tiene estudios en derecho penal y constitucional. Ella procede del Juzgado Quinto de lo Civil y Mercantil de San Salvador, y tiene estudios en derecho bursátil y propiedad intelectual.
El perfil de profesionales que deben de dirigir la Cámara Ambiental es de abogados con sólidos conocimientos en derechos humanos, derecho privado y derecho ambiental, que requiere formación en instrumentos internacionales de protección ambiental, según explica la magistrada Romero. “Hablamos de derechos colectivos. Entonces, la forma de administrar justicia debe de adaptarse a lo que implican los procesos de naturaleza colectiva, que no es una visión civilista tradicional, sino que lleva un enfoque de derechos humanos, porque eso es el derecho al medioambiente”, dice la funcionaria.
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