El Salvador vive la mayor crisis del siglo XXI, con la profundización de la curva sanitaria, la económica, la democrática, la fiscal y tras el paso del evento ciclónico Amanda-Cristóbal, también, la ambiental. De acuerdo con la encuesta realizada por LPG Datos, el 55.1 por ciento opinó, en mayo de 2020, que la situación del país en general estaba mal o muy mal, cuando en febrero solo fue el 34.1 por ciento. La ausencia de estrategias integrales de mitigación y recuperación con una visión coherente de corto, mediano y largo plazo aumentan la incertidumbre sobre el futuro del país. Asimismo, la falta de consensos sociales comprometidos con la transformación estructural del modelo de desarrollo y sus exclusiones ensombrece los pronósticos sobre la capacidad del país para revertir de manera acelerada e inclusiva el daño ocasionado a la trayectoria de vida de las generaciones golpeadas por las dos crisis económicas globales del siglo XXI; y allanar el camino para la carga social creciente del envejecimiento poblacional.
Ante este escenario caótico, podría reafirmarse la tendencia al alza en el volumen de emigrantes salvadoreños reportada desde 1995, por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA, por sus siglas en inglés, 2019a). Esta tendencia al alza se ha mantenido, a pesar de la agudización de los bloqueos a la inmigración impuestos en diferentes países del mundo. Según cifras de UNDESA (2019a), el 89.0 por ciento del alza en el volumen de población emigrante salvadoreña registrada entre 2017 y 2019 tuvo como destino Estados Unidos, aun con la maquinaria antiinmigrante de Donald Trump.
Emigrantes internacionales de El Salvador, en millones de personas
Fuente: elaboración propia a partir de estimados de UNDESA (2019a).
En la inmediatez, el cierre de las fronteras internacionales vigente en diferentes países del mundo, el aumento de la presencia de fuerzas de seguridad en los territorios fronterizos, el temor de la población al virus como un enemigo invisible que puede estar en cualquier superficie, el alza en los niveles de desempleo en los países de destino y la falta de liquidez para financiar proyectos migratorios (en buena parte por la caída de las remesas reportada en el primer cuatrimestre del año, el agotamiento de ahorros durante la cuarentena, la pérdida de activos por las lluvias) frenarán los intentos emigratorios; pero harán que, con el tiempo, se acumulen y la presión en el país sea cada vez más insostenible. De este modo, el país se está convirtiendo en una olla tapada con agua en ebullición, en donde las discusiones sobre la emigración internacional deberían cobrar mayor relevancia de la que actualmente tienen.
Históricamente, la emigración internacional ha sido un “salvavidas multifunción” para los procesos de desarrollo, especialmente en momentos de crisis. Ha servido como un mecanismo social para gestionar la presión sobre el mercado laboral derivada de la expansión poblacional de la segunda mitad del siglo XX (como resultado de la cual, la población del país subió de 2.20 millones en 1950 a 5.84 millones en 1999); pero también de la llegada del momento óptimo del bono demográfico en 2008, cuando la tasa de dependencia comenzó a caer por debajo del 66.67 por ciento y más del 60 por ciento de la estructura poblacional total tenía una edad potencialmente productiva ―15 a 64 años― (UNDESA, 2019b). Entre 1950 y 2010, el perfil emigratorio de la población salvadoreña se profundizó en un 74.94 por ciento, debido a que la tasa neta de migración pasó de -5.37 en el quinquenio 1950-1955 a 9.34 en el quinquenio 2005-2010. Además, ha sido una opción para escapar tanto de la conflictividad social anterior a los Acuerdos de Paz de 1992, como de diferentes amenazas a la vida y la integridad reportada en las décadas posteriores. Según estimados del Grupo del Banco Mundial, el al. (2011), el volumen de emigrantes salvadoreños subió un 117.4 por ciento entre 1970 y 1980; y un 257 por ciento entre 1980 y 1990. El volumen de personas salvadoreñas solicitantes de asilo fue de 119,257 en 2018 (ACNUR, 2019). Además, ha figurado como una solución a la precariedad económica que diferentes sectores han vivido desde la década de los noventa. Conforme a cifras del Banco Mundial (2020a), el porcentaje de población total que vive con bajos ingresos, según parámetros internacionales (menos de 13 USD PPA 2011 al día), se ha mantenido sobre el umbral del 70 por ciento a lo largo del período 1991-2018.
En 2018, el 24 por ciento de la población del país consideraba seriamente irse a vivir al extranjero (Latinobarómetro, 2018); y el 15.8 por ciento de los hogares tenía a uno de sus miembros en el exterior (Velásquez, 2020). En 2019, la población emigrante representó el 24.81 por ciento de la población asentada en el territorio nacional (UNDESA, 2019a y 2019b). El Salvador es uno de los 20 países no insulares del mundo en donde el peso demográfico de la población emigrante supera el límite del 20 por ciento (id). En 2019, El Salvador fue el trigésimo primer país del mundo con el volumen más grande de remesas de trabajadores de un total de 178 con datos disponibles y uno de los 10 en donde su peso como porcentaje del PIB superó la frontera del 20 por ciento (Banco Mundial, 2020b).
Ante la profundidad de los vínculos de la migración con la provisión de bienestar de la población salvadoreña, es previsible que las familias e individuos vean los proyectos emigratorios, ya sea permanentes o temporales, como una salida a las dificultades derivadas de la crisis múltiple que vive el país, y no se solucionará de manera automática con el anuncio de las fechas de reactivación económica. La crisis es mucho más compleja.
Desde la clase política incluso puede verse en términos tácticos como el remedio para reducir la conflictividad social gestada en esa olla de presión. En las últimas décadas ha existido una clase política capaz de acreditarse los logros económicos y sociales de los hogares generados con ayuda de las remesas, como si fuesen resultados exclusivos de la política pública; instrumentalizar a las comunidades en el exterior como provisoras de financiamiento electoral, ayuda humanitaria o inversión local; y evadir la responsabilidad del Estado frente a las vulneraciones a los derechos de las poblaciones migrantes. En la agenda de atención a la crisis de la Covid-19 ha figurado más como una prioridad política la reducción del costo del envío de remesas que la movilización de insumos básicos de subsistencia y asesoría legal para aliviar la precariedad con la cual los migrantes enfrentan el virus en albergues asistenciales y centros de detención en México y Estados Unidos.
Esta proliferación de aspiraciones emigratorias se topará con el aumento de la selectividad de la migración regular y la agudización de la precariedad de la irregular. El deterioro de la economía y los mercados laborales en los países destino miembros de la OECD que figuran como destinos preferentes de la migración salvadoreña (Estados Unidos, Canadá, Italia, Australia, México, España y Costa Rica) y la aceleración de la digitalización de la economía reducirán los espacios laborales disponibles para la fuerza laboral migrante y aumentarán la competencia por los mismos. La securitización del manejo de la crisis sanitaria que ha dejado narrativas xenofóbicas en contra de las personas migrantes como posibles portadoras del virus, un mayor despliegue de fuerzas de seguridad a cargo del trato con migrantes y la ralentización de diferentes procesos judiciales a favor de la atención de su situación humanitaria han incrementado la exposición a violaciones a sus derechos y diferentes formas de discriminación. Asimismo, el impacto de estas crisis en el bienestar de la población salvadoreña residente en los países de destino ha reducido su capacidad para apoyar el desarrollo de proyectos migratorios exitosos. Esta población también presenta una condición de vulnerabilidad socioeconómica frente a la crisis de la Covid-19. Según datos de la American Community Survey 2018, el 16.3 por ciento de la población nacida en El Salvador que se encuentra en Estados Unidos vivía bajo la línea nacional de pobreza y el 34.0 por ciento no tenía cobertura de un seguro médico, mientras que en la población nativa era solo el 12.9 por ciento y el 7.20 por ciento, respectivamente (United States Census Bureau, 2020).
En este contexto, el abordaje del futuro de la curva migratoria necesita que, en primer lugar, se pase de una agenda pública basada en la protección mínima del “derecho a no morir por la Covid-19” a la garantía del derecho al desarrollo, el cual abarca, entre muchas cosas, el NO tener que migrar como única opción aceptable de provisión de bienestar y, especialmente, NO tener que hacerlo de manera irregular, proteger los derechos fundamentales de los que ya se fueron y no revictimizar a los migrantes deportados.
En segundo lugar, se deben cambiar los tiempos estratégicos sobre los cuales se toman decisiones y se proponen soluciones. El abordaje de estas crisis no debería girar exclusivamente en función del corto plazo dictado por la salida de la cuarentena (sin considerar una estrategia contingencial por un posible repunte de contagios, como ha sucedido en otros países), la obtención de reconocimientos simbólicos internacionales o la disputa de preferencias sociales ante las elecciones de 2021. La fuerza de arrastre de esta múltiple crisis es tal que afectará la trayectoria de vida de las diferentes generaciones, desde las que aguardan por nacer en el vientre de sus madres hasta las que están sobre la frontera de los 60 años. La amplitud y profundidad de este arrastre amerita que, al menos, se abran de manera permanente espacios multidisciplinarios para la discusión de políticas públicas multigeneracionales basadas en evidencia científica y se fomenten diálogos transparentes con representantes de múltiples sectores para la toma de acuerdos sociales legítimos que permitan recuperar el bienestar perdido, pero también transformar progresivamente el modelo de desarrollo hacia un esquema menos vulnerable y excluyente.
En tercer lugar, se debe introducir una mirada más intergeneracional. El manejo de la crisis debe configurarse (y evaluarse) en función del futuro que se está construyendo con las decisiones y acciones del hoy. ¿Es uno donde la necesidad de irse sea aún mayor? ¿Es uno donde los que no puedan irse deban no solo cuidar a sus familiares dependientes, sino también lidiar con una alta carga tributaria por culpa de la deuda pública mal gestionada por las generaciones antecesoras? ¿Es uno en donde las responsabilidades para salir de la crisis, así como sus beneficios, son repartidos de forma más equitativa? ¿Es uno en donde se han logrado pagar las deudas sociales del pasado y asegurar una vida más decente para las generaciones que vienen?
El futuro no debe verse como una simple promesa basada en buenas intenciones e ilusiones. Es un compromiso que se materializa a partir de los hechos del pasado y el presente. De este modo, las acciones del hoy que ignoren las exclusiones políticas, económicas y sociales solo aumentan el riesgo a que se repita el pasado emigratorio ya vivido, pero con mayor precariedad.
Referencias bibliográficas
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR (2019). Time Series of Populations Statistics. UNHCR Statistics Database. Ginebra: Naciones Unidas.
Banco Mundial (2020a). PovcalNet Database. Washington D.C.: Grupo del Banco Mundial
Banco Mundial (2020b). Annual Remittances Data (updated as of Apr. 2020). Washington D.C.: Grupo del Banco Mundial
Corporación Latinobarómetro (2018). Base de datos del Latinobarómetro. Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro.
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (2019a). International Migrant Stock Database Revision 2019. New York: Naciones Unidas.
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (2019b). World Population Prospects 2019. New York: Naciones Unidas.
Grupo del Banco Mundial; Özden, Ç.; Parsons, C.; Schiff; M. y Walmsley, T. (2011) ‘Where on Earth is Everybody? The Evolution of Global Bilateral Migration, 1960-2000. Global Bilateral Migration Database. En World Bank Economic Review 25(1):12-56
United States Census Bureau (2020). 2018. ACS 1-Year Estimates Selected Population Profiles. Washington, DC: Gobierno de los Estados Unidos.
Velásquez, A. (2020). Reflexión sobre las causas de la migración internacional “forzada” en El Salvador. Conferencia realizada en la Sesión 1 del Foro sobre Migración y Desarrollo, por OXFAM El Salvador y FUNDECSO. San Salvador, 21 de enero de 2020. San Salvador: FLACSO El Salvador.
*Adriana Velásquez es relacionista con estudios de Maestría en Ciencias Políticas y de Maestría en Ciencias Sociales. En 2017 fue convocada por las Naciones Unidas como experta de América Latina y el Caribe en temas de migración y desarrollo para la consulta del Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Ha realizado diferentes investigaciones para el SICA, la CEPAL, el PNUD, la UNESCO, la UCA, la Universidad Don Bosco, FUNDAUNGO y FLACSO El Salvador.
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