En el año 2015 se inició un proceso de revitalización del Centro Histórico de San Salvador, cuando Nayib Bukele aún era alcalde de la ciudad capital. Desde entonces, se notó que cualquier supuesta buena intención para revitalizar el Centro Histórico pasaba por decisiones autoritarias e inconsultas. Ese proceso se inició sin las autorizaciones respectivas de la entonces Secretaría de Cultura de la Presidencia, que en aquel entonces gobernada por el FMLN, partido por el cual Bukele era, precisamente, el alcalde de San Salvador. A Bukele no le importó la opinión del ente que, por excelencia, debe resguardar y conservar el patrimonio cultural de El Salvador, y procedió a realizar todo tipo de intervenciones, ignorando las opiniones de Secultura.
La revitalización de cualquier centro histórico es importante para la comunidad y para todo país. Sin embargo, ese proceso debe considerar las principales características del rescate del patrimonio cultural, como lo son la preservación, el mantenimiento y el respeto por el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, lo cual incluye la preservación de la arquitectura y de los lugares que guardan las historias de la ciudad y del país. Cualquier proceso de revitalización también debe evitar la gentrificación, el desplazamiento forzado y el clasismo.
Después de casi diez años del inicio del proceso de revitalización del Centro Histórico de San Salvador, lo que empezó como un proceso inconsulto —pero aceptable desde el punto de vista del reordenamiento— está culminando, a finales de 2024, en la construcción de una ciudad excluyente, elitista, clasista, sin ningún tipo de respeto por el patrimonio cultural, enfocada en un tipo de turismo de consumo donde los grandes beneficiados serán los nuevos propietarios o arrendatarios de los edificios que conforman el Centro Histórico.
Bajo la excusa de la revitalización, poco o nada se hizo para la conservación del patrimonio arquitectónico. Lejos de ello, se han demolido edificios protegidos por la UNESCO, como el de la Biblioteca Nacional; o cuadras enteras, como la titulada A6 del Decreto Legislativo 680 del 21 de agosto de 2008, instrumento jurídico que protegía todos los edificios de esa cuadra, entre otros edificios de otras cuadras. Al igual que en 2015, todas estas demoliciones e intervenciones se han realizado sin tomar en cuenta la opinión de expertos, pues, en realidad, el Ministerio de Cultura del primer mandato de Bukele y de este segundo mandato inconstitucional no ha ejercido más que un papel de cómplice en la destrucción del patrimonio cultural salvadoreño. Y es que, bajo la misma excusa de la revitalización, la preservación del patrimonio arquitectónico es lo menos importante para las autoridades.
La Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador (APLAN) es la entidad encargada de “proteger, preservar y regular un área delimitada del Centro Histórico de San Salvador, declarándola zona cultural, turística y de desarrollo para el fomento de actividades e inversión de capital”, según el Decreto 707 de la Asamblea Legislativa, publicado en el Diario Oficial el 17 de abril de 2023, el cual ya ha sufrido algunas reformas. Sin embargo, en la práctica, APLAN no es más que un instrumento para agilizar el proceso de conversión del Centro Histórico en una especie de centro comercial o zona rosa. En efecto, todas las directrices, tanto emitidas por escrito como de forma verbal a propietarios y arrendatarios del Centro Histórico, tienen como objetivo una remodelación de los edificios y de los locales que está más relacionada con la atracción de turismo extranjero que con la protección o preservación del patrimonio cultural. A pesar de que dentro de sus procesos sancionatorios se cuidan de advertir a propietarios y arrendatarios que deben proteger y conservar el patrimonio cultural de edificios y locales, en realidad lo que les interesa es que estos luzcan de acuerdo con una apariencia propia de cualquier zona rosa o centro comercial de una ciudad, es decir, un contexto donde prevalezcan los locales de lujo más que los edificios tradicionales propios de cualquier centro histórico de cualquier país del mundo.
Con ello, por supuesto, vienen las demás consecuencias de la búsqueda de esa apariencia: la gentrificación, el desplazamiento forzado de vendedores ambulantes, la prohibición de ciertos tipos de negocios, como los mayoristas y otros tipos de negocios que no están en armonía con el clasismo con el cual se está edificando el nuevo Centro Histórico, convirtiéndolo en un gran centro comercial donde las empresas multinacionales lucirán sus marcas.
En las últimos semanas, las autoridades de la Alcaldía de San Salvador han cerrado negocios, como bares y otros tipos de comercios, bajo la excusa de la ausencia de permisos de funcionamiento. Sin embargo, algunos de los propietarios de estos inmuebles o locales aseguran que sí tienen los permisos respectivos. El cierre y desalojo de estos negocios es una prioridad para el proceso acelerado de gentrificación. Y es que, en estos momentos, ya no importa si los propietarios o arrendatarios poseen o no los permisos; en estos momentos, lo menos importante es la ley, ya que el Gobierno Central, por medio de la Alcaldía de San Salvador, necesita el pronto desalojo de todos esos negocios que, de acuerdo con su visión clasista del Centro Histórico, dan una mala apariencia a su público objetivo: los extranjeros y los salvadoreños de clase media o clase alta.
Pero no solo las multinacionales se beneficiarán de esta conversión, sino también la familia del presidente inconstitucional, pues ya se sabe que han comprado edificios para convertirlos en restaurantes de lujo. Los bitcoiners también se han visto beneficiados con este nuevo enfoque elitista; investigaciones recientes de Factum han demostrado que han comprado varios edificios en lugares clave del Centro Histórico, seguramente para convertirlos en lugares de lujo que sean atractivos para la nueva aristocracia que inundará el otrora centro del pueblo.
Como abogado en el libre ejercicio de la profesión, he defendido a arrendatarios de locales en el Centro Histórico y he sido testigo directo e indirecto de las presiones que se ejercen contra propietarios y arrendatarios para reconstruir sus edificios o locales de conformidad con las directrices que persiguen darle un enfoque elitista al Centro Histórico, para volverlo atractivo a un turismo más relacionado con una clase económica alta que con el tradicional pueblo que circula en cualquier centro histórico de cualquier país latinoamericano. Las presiones de desalojo se disfrazan de procesos sancionatorios en los que propietarios y arrendatarios poco o nada pueden hacer debido a la gran cantidad de requisitos y de remodelaciones que se deben ejecutar, inversiones de dinero que no todos pueden realizar debido a su precariedad. La redacción de las leyes que regulan el funcionamiento y los permisos o autorizaciones que otorgan las autoridades también contribuye al proceso de gentrificación y desalojo, pues en las mismas regulaciones se prohíben ciertos tipos de negocios en detrimento de otros, como restaurantes u hoteles. Por su parte, las personas encargadas de ejecutar las leyes, entre bambalinas, tratan de convencer a los propietarios de edificios y locales de vender sus propiedades. Esta es la realidad del “nuevo” país que se está construyendo: un El Salvador que no es para salvadoreños, sino para la nueva oligarquía y los extranjeros.
En realidad, la revitalización de un centro histórico puede ir de la mano con la modernidad; un ejemplo de ello es Antigua Guatemala, que, a pesar de que está llena de marcas multinacionales, respeta la arquitectura original de sus edificios coloniales. Pero no es el caso del Centro Histórico de San Salvador, que ya se está convirtiendo en una nueva zona exclusiva de la ciudad donde el pequeño comerciante y la pobreza no tienen cabida.
Con esta revitalización y este reordenamiento, en realidad, lo que el Estado está haciendo es una gentrificación que responde a un clasismo propio del presidente y sus hermanos, y un desplazamiento de los pobres que, al final, provoca la instauración de una nueva identidad, una identidad que busca más el reemplazo de salvadoreños por extranjeros, o el reemplazo de salvadoreños pobres por salvadoreños de clase media o clase alta, buscando el esnobismo de parecer más una ciudad de lujo que un centro histórico, que poco a poco se está convirtiendo más en un centro comercial o en una zona rosa.
Así pues, el Centro Histórico de San Salvador no es más que la versión en pequeño de la visión de El Salvador de este régimen dictatorial: un El Salvador que esconde bajo la alfombra roja la pobreza, las torturas y las muertes en las cárceles por el régimen de excepción, y el resquebrajamiento del Estado de derecho y de la democracia. Es el El Salvador de las apariencias, de los renders y los espejismos. Es el El Salvador que ya no es para los salvadoreños.
*Alfonso Fajardo nació en San Salvador, en 1975. Es abogado y poeta. Miembro fundador del Taller Literario TALEGA. Su cuenta de Twitter es: @AlfonsoFajardoC.
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