El banco asegura que el gobierno de El Salvador no ha cumplido las condiciones previas para recibir el dinero de ese préstamo de $109 millones ni de otro de $91 millones para financiar las fases II y III del Plan Control Territorial. Por el primer empréstito, el presidente Nayib Bukele asaltó militarmente la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020. El ejecutivo aduce cambios en el destino de los fondos que están pendientes de ser aprobados por el banco.
Foto FACTUM/Archivo
Acompañado por soldados de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), el 9 de febrero de 2020, el presidente Nayib Bukele irrumpió en la Asamblea Legislativa, se sentó en la silla del presidente de ese órgano de Estado y abrió una sesión plenaria para orar. Esa demostración de fuerza tuvo una razón, al menos en el discurso del mandatario: presionar a los diputados para la aprobación de un préstamo de $109 millones destinado a la seguridad. En concreto, para financiar la fase III del Plan de Control Territorial, la estrategia gubernamental de ese momento para supuestamente combatir a la criminalidad.
Pero ese dinero no ha llegado.
Dieciséis meses después de la ratificación de ese préstamo -hecha finalmente en junio de 2021-, El Salvador aún no recibe un centavo pese a la urgencia mostrada por el gobierno la mañana del 9F, un acto por el cual el presidente Bukele comenzó a coleccionar calificativos autoritarios. “Una alarmante violación de las normas democráticas”, lo llamó el Washington Post en su editorial del 12 de febrero de 2020.
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) no ha hecho efectivo el primer desembolso, según informó el banco a Voz Pública el pasado 8 de octubre a través de una solicitud de información y como lo ratificó Revista Factum el pasado 12 de octubre a través de la oficina de comunicaciones del banco. En la web de esa institución también se puede ver el estado de los préstamos, actualizado al 21 de septiembre.
En su respuesta, el banco esgrime estas razones: “No se ha cumplido ninguna condición previa para los desembolsos de ninguno de los dos préstamos a esta fecha. No es posible enumerar los cambios o ajustes pendientes de aprobar por el BCIE dado que aún se está en proceso de formulación y pendientes de ser oficializados”.
Respuesta del BCIE a solicitud de información sobre dos préstamos otorgados al gobierno salvadoreño. En su contestación, fechada el 8 de octubre de 2022, el banco señala que El Salvador “no ha cumplido ninguna condición previa para los desembolsos”.
Información sobre el préstamo de $109 millones, destinado para financiar la III fase del Plan Control Territorial. Este reporte del BCIE, con fecha del 21 de septiembre de 2022, señalaba que aún no se había desembolsado un centavo.
Las “condiciones previas” son una serie de prerrequisitos técnicos que debe cumplir el gobierno, o en último caso la cartera de Estado que se responsabilizará por la coordinación y la ejecución de los fondos, como presentar formalmente la solicitud, un cronograma de ejecución, compromisos por escrito de presentar informes de avances de ejecución al llegar los proyectos a un porcentaje específico, documentos publicados en el Diario Oficial, documentación que evidencie que el gobierno designó a una de sus instituciones dependientes como coordinadora y ejecutora del préstamo que se solicita y otros.
El BCIE no detalló cuáles son las condiciones previas que el gobierno salvadoreño no ha cumplido, de entre diez formalismos.
El empréstito de $109 millones se aprobó hasta el 30 de octubre de 2020 y se ratificó el 1 de junio de 2021, con los votos de la mayoría de los diputados de una Asamblea Legislativa ya dominada por el partido oficial Nuevas Ideas.
Un poco más antiguo es otro préstamo de $91 millones con el mismo banco y el mismo destino: la seguridad. Aprobado en septiembre de 2019, en el marco de los primeros 100 días de gestión, este financiamiento fue ratificado en marzo de 2020, en la legislatura anterior. Dos años y siete meses después, el BCIE tampoco ha hecho efectivo ningún pago.
El presidente Bukele junto el diputado de GANA Guillermo Gallegos durante la toma militar de la Asamblea Legislativa del pasado 9 de febrero de 2020. Foto FACTUM/Archivo
Prevención y modernización
De acuerdo con el plan inicial del gobierno, el préstamo de $91 millones está destinado a financiar la fase II del Plan Control Territorial, en concreto, a prevenir la violencia a través de la generación de oportunidades en jóvenes e inversión en las comunidades. En ese sentido, los principales rubros son: educación y capacitación de jóvenes ($30 millones), obras públicas ($20 millones) y proyectos de agua potable ($10 millones) en zonas desfavorecidas y construcción de bibliotecas ($14 millones).
El Ministerio de Obras Públicas (MOP), según el contrato, es el responsable de coordinar los proyectos y los fondos de este préstamo, que está destinado a la mejora de infraestructura variada en barrios y colonias vulnerables. La Oficina de Información y Respuesta (OIR) del MOP también ha confirmado que no ha habido ningún desembolso. “No se ha iniciado la ejecución de los proyectos porque el BCIE no ha autorizado el cambio de los proyectos”, respondió la OIR a una petición de Voz Pública. Al explicar las razones, el ministerio argumenta que “se está a la espera de que el BCIE y el Ministerio de Hacienda oficialicen los ajustes para iniciar la construcción de los proyectos”.
Con el préstamo de $109 millones está previsto el financiamiento de equipos e infraestructura como parte del plan de “modernización” de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada. Incluye inversión en vehículos, videovigilancia, equipo médico y táctico, entre otros. El responsable de la coordinación de los proyectos y del dinero de ese empréstito es el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Tampoco ha habido ni un centavo de desembolso de este préstamo del BCIE y por el cual el presidente Bukele violó con la fuerza militar la independencia del órgano legislativo el 9 de febrero de 2020.
El BCIE tiene una Política para la Prevención del Lavado de Activos, que también está incluida en los contratos que ha firmado con el gobierno salvadoreño y de los que no ha desembolsado los fondos. En esa política, se habla de que el banco se compromete a garantizar que sus contrapartes, es decir los países o entidades gubernamentales a quienes financia, no se encuentran dentro de actividades de lavado de dinero o de financiamiento del terrorismo (LAFT). Incluso, el banco tiene una lista propia de “contrapartes prohibidas”, que se refiere a que no puede negociar préstamos con instituciones que sean dirigidas por funcionarios o en las que trabajen empleados que tengan relación o sospechas de relación con actividades de LAFT.
Para mantener sus negocios limpios a través de esta política, el banco se asegura de que “se deberán identificar señales de alerta de LAFT y características catalogadas como de mayor riesgo de LAFT de conformidad con estándares internacionales, con el propósito de realizar medidas de debida diligencia mejorada. Asimismo, se deberá considerar en el proceso de debida diligencia las listas de entidades y jurisdicciones sujetas a sanciones”.
Revista Factum consultó con el BCIE si para mantener su política de antilavado toma en cuenta listas de personas sancionadas o bloqueadas en el extranjero, como las listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Pero al cierre de esta nota, no hubo una respuesta de la oficina de comunicaciones del banco.
De hecho, tres funcionarios salvadoreños se encuentran actualmente en las listas de la OFAC. Martha Carolina Recinos de Bernal, comisionada presidencial de Operaciones de Gabinete de Gobierno; Osiris Luna Meza, director de Centros Penales, una institución adscrita al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública; y Carlos Amílcar Marroquín Chica, director de Reconstrucción del Tejido Social, están mencionados dentro de las listas de la OFAC y también son incluidos en la lista Global Magnitsky, referida a personas que han participado en graves violaciones a los derechos humanos y delitos de corrupción en sus países. Contra estos tres funcionarios, el gobierno estadounidense ha prohibido a sus ciudadanos mantener relaciones comerciales y negocios de todo tipo, so pena de ser procesados por la justicia de ese país.
Factum también cuestionó al BCIE si estos tres funcionarios se encuentran dentro de la Lista de Contrapartes Prohibidas del banco y si esta es, además, otra de las razones por las que no ha habido desembolsos de estos préstamos dirigidos para el Plan de Control Territorial del gobierno de Bukele. El banco tampoco respondió a este cuestionamiento.
Un antiguo oficial de la embajada de Estados Unidos en El Salvador asegura que para elaborar el listado de la OFAC se toma en cuenta las investigaciones que demuestran la vinculación de la persona con una actividad criminal comprobada por la fiscalía de cada país. “En el caso de El Salvador por la anterior fiscalía, ya que la actual ha obstaculizado cualquier investigación en ese sentido”, apunta el exoficial, quien pidió no ser identificado.
“Esta lista sí tiene una fuerte influencia en la decisión de los organismos bancarios en congelar o poner en stand by el dinero”, añade la fuente al consultarle sobre la relación entre los funcionarios identificados en la misma y la no otorgación de fondos vinculados al área de seguridad.
Funcionarios salvadoreños incluidos en lista de sanciones OFAC de los Estados Unidos.
Préstamos incluidos en el presupuesto
En el sitio del Ministerio de Hacienda, en la sección de Datos Abiertos y en la Ley de Presupuesto, se pueden conocer más detalles sobre los fondos de los préstamos. Dada la distribución de esos recursos externos en el plan de gastos anual, el gobierno ya contaba con los desembolsos del BCIE desde inicios de año.
Para 2022, el Ministerio de Justicia y Seguridad tiene asignados $64.1 millones y el Ministerio de Defensa, otros $22.1 millones, todo proveniente de los fondos del banco. Las instituciones, si bien no son las únicas, son las que más fondos tienen programados de esos préstamos. De esos montos, al mes de agosto, el primero tenía programada una ejecución de $28.2 millones en tanto que Defensa preveía invertir $11 millones. A la fecha, sin ningún desembolso hecho por el BCIE, la inversión es cero.
A mediados de 2021, el Gobierno anunció la construcción de 64 Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO) en tres años como parte de la fase II del plan de seguridad. En el presupuesto actual, por ejemplo, hay una partida de $15.5 millones para ese fin del empréstito con el BCIE. Pero, hasta el pasado mes de agosto, esos fondos no habían llegado a manos del gobierno. Carlos Marroquín, incluido en las listas de sanciones y personas bloqueadas de la OFAC de Estados Unidos, es el titular de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, a cargo de los CUBO.
Un viejo préstamo sin ejecutar
La suspensión de desembolsos de préstamos del BCIE a El Salvador incluye un tercer contrato, antiguo, suscrito en octubre de 2013, durante la administración presidencial de Mauricio Funes, por $71 millones y dirigido a la inversión en centros penales. Este fondo también está sin ejecución, según la información de Hacienda.
El préstamo, en este caso, sí tuvo desembolsos por parte del BCIE y fue ejecutado en su mayor parte en la administración de Salvador Sánchez Cerén. Con esos fondos se construyeron granjas penitenciarias, la fase III del penal de Izalco y los llamados centros de detención menor.
A este préstamo pertenecen también $16.2 millones incorporados al presupuesto actual del Ministerio de Justicia y Seguridad que están distribuidos en dos rubros principales: $7.9 millones para la ampliación y equipamiento del Centro Penal de Izalco, fase 2, y $8.1 millones para la construcción y equipamiento de cocinas industriales en distintos centros penales. El resto, $250,000, está destinado al rubro de fortalecimiento institucional. Pero hasta agosto pasado, la ejecución de los fondos restantes era cero, porque, al igual que los otros dos préstamos para seguridad, quedó suspendida porque no hubo desembolso del BCIE.
“Se informa que el proyecto ha avanzado en la ejecución de todos sus componentes. Ciertamente, hay un remanente por desembolsar, el cual está en proceso de reformulación en cuanto a su uso y proceso de adquisiciones…”, afirmó el banco sobre un proceso que, como los anteriores, está pendiente “de ser aprobado por las autoridades pertinentes del BCIE”.
La falta de apoyo del BCIE está dejando la inversión pública de esos ministerios en el aire para este año. Solo para el ramo de Justicia y Seguridad, los préstamos mencionados representan el 73 por ciento de los fondos a gastar (se calcula sobre $87.7 millones y no se toma en cuenta los de penales, que son $19.9 millones). En el caso de Defensa, esos $22.1 millones representan el 92.5 por ciento de la inversión total de ese ministerio para 2022. Todo ese dinero no ha sido desembolsado.
No ocurre con otros financiamientos
Los préstamos del BCIE para otras áreas como economía y obras públicas tienen un comportamiento distinto a los de seguridad.
El préstamo para financiar el Programa de Construcción y Rescate de Escenarios Deportivos (Prodeporte) por $115.2 millones se formalizó en julio del año pasado y ya recibió el primer desembolso. El empréstito para el viaducto en el tramo de Los Chorros está por recibir los primeros fondos toda vez que, como dijo el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, el proceso de licitación está en marcha.
Otros préstamos firmados por las mismas fechas relacionados con el apoyo económico por el impacto de la Covid-19 empezaron a recibir fondos un par de meses después y, de hecho, a estas alturas están por liquidar con el banco.
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