Dos fuentes de la Fiscalía General confirmaron a Factum la autenticidad del documento proveniente de la filtración de DDOSecrets y además confirmaron la existencia de un expediente fiscal en contra de Herbert Saca abierto en 2019. De acuerdo con las fuentes, el caso deriva de otro más grande: el del desvío de $351 millones desde Casa Presidencial durante la administración del expresidente Mauricio Funes. De este también derivaron otros casos contra Mecafé, quien ya fue condenado a ocho años de prisión en agosto pasado.

“A partir del caso Funes se obtuvo una cantidad inmanejable de información, por lo que se decidió sacar casos aparte. Mecafé aparece mencionado en un vergo (muchos) de casos y en uno de esos está directamente involucrado Herbert Saca”, dijo una de las fuentes que tuvo acceso a la investigación y que pidió reservar su nombre.

Esta no es la primera vez que el nombre de Saca Vides es vinculado a casos de corrupción. Desde 2013, una investigación del periódico digital El Faro expuso el caso de una camioneta contaminada con cocaína que lo vinculaba con una red de narcos. 

En 2016, el negocio más reconocido de Saca Vides, la importadora de vehículos HS Imports, fue allanado por la PNC y la Fiscalía en busca de pruebas sobre la corrupción durante el gobierno del expresidente Antonio Saca. En febrero de 2017, la fiscalía solicitó a la Corte Suprema de Justicia requerir información oficial a doce países para robustecer el caso penal contra el expresidente Antonio Saca. En ocho de esas doce peticiones se incluyó el nombre de Herbert Saca, el primo e influyente operador político del exmandatario condenado a 10 años de prisión por corrupción.

Y su nombre se ha repetido en diversos informes de inteligencia policial, al menos desde 2009. En estos, investigadores policiales no solo lo perfilaron como una pieza clave del clan del expresidente Elías Antonio Saca, sino con supuestos vínculos con el crimen organizado.

Sin embargo, durante al menos diez años Saca Vides se ha mantenido intocable y nunca ha sido acusado formalmente de ningún delito.

La sombra de Saca Vides y su presunta vinculación a hechos de corrupción no se ha limitado a la presidencia de su primo. En diciembre de 2018, Factum publicó una investigación que revelaba conversaciones privadas entre el expresidente Mauricio Funes y su círculo cercano. En las conversaciones, el exmandatario aseguraba que su amigo y asesor Saca Vides era el encargado de comprar la voluntad de los diputados de oposición con dinero de la partida secreta para garantizar su gobernabilidad.

Desde el primer día de su mandato, el 1 de junio de 2019, el presidente Bukele nombró en cargos importantes a miembros del clan Saca. Entre ellos el actual secretario de Prensa, Ernesto Sanabria, quien antes manejó las comunicaciones de Saca Vides y también las del expresidente Antonio Saca. Además, en septiembre de 2019, El Faro reveló la historia y una fotografía de una fiesta privada en la que se veía al presidente Bukele sentado en una mesa junto a Saca Vides en un club privado.

Dos fuentes de la Fiscalía General y dos fuentes de la PNC aseguraron a Factum que Saca Vides está relacionado a casos de corrupción durante al menos dos administraciones presidenciales. Dos de las fuentes coincidieron en que es posible que la protección de cuatro PPI asignados a él puede partir del riesgo de que sea atacado por lo que sabe. “Él ha estado metido en todo, desde el caso (del expresidente) Saca hasta en este gobierno. Cualquiera lo puede querer mandar a matar”, dijo una de las fuentes.

De acuerdo con las dos fuentes fiscales, el nombre de Saca Vides no aparece por casualidad en el documento policial obtenido por DDoSecrets y revisado por Factum. “Quien dirige la investigación es el fiscal, nunca la policía, porque se supone que es el fiscal quien conoce el caso y tiene mayor información para decidir los objetivos”, dijo la fuente. “Los principales investigados tienen casi siempre una participación directa en el delito, incluso cuando se trata de testaferros”, agregó.

El Departamento de Investigación de Delitos Financieros fue creado en 2013, luego de la aprobación de la Ley Especial de Extinción de Dominio en ese mismo año. Según dos fuentes fiscales consultadas por Factum, esta unidad se encarga de operativizar en el terreno las investigaciones fiscales y usan técnicas de investigación como ubicación de objetivos y vigilancia encubierta. Cuenta con analistas financieros que ayudan a procesar la información obtenida en los casos de lavado de dinero. “Pero la investigación siempre la lleva el fiscal. Un policía no puede decidir a quién investigar o qué pesquisas hacer. Siempre es el fiscal quien ordena las actividades a través de una dirección funcional porque se supone que es el fiscal quien entiende y conoce el caso”, explicó una de las fuentes. 

Factum consultó la base de datos proporcionada por DDOSecrets y no pudo encontrar la respuesta a la solicitud del correo de García el 1 de junio de 2020, ni en esa fecha ni en fechas posteriores. Dos días después, el 3 de junio, a las 8:37 de la noche, García reenvió el mismo correo con el cuadro anexo a Luis Ernesto Anaya Martínez, jefe de división de la DIPEDDF, sin mayores cambios. 

Una fuente de la Fiscalía General aseguró a Factum que este listado fue solicitado por un funcionario de Casa Presidencial. “Pidieron un listado de casos en los que estuvieran vinculadas personas de la vida política”, dijo la fuente. Nueve de los diez casos que aparecen en la presentación tienen como principal objetivo a exfuncionarios de gobierno, exalcaldes, exdiputados, un periodista y un director de una ONG que fomenta la transparencia y la anticorrupción en El Salvador. 

Este medio también contactó al investigador a cargo del caso a través de una llamada telefónica, pero este se negó a dar detalles al respecto.