El comité de apropiaciones de la cámara baja del Legislativo aprobó el pasado 3 de mayo una partida presupuestaria de ayuda externa que incluye $10.5 millones para la Fiscalía General de la República de El Salvador, $11 millones para el Ministerio Público de Guatemala y $6.5 millones para la fiscalía hondureña.
Foto FACTUM/ Geoff Livingston, tomada de Flickr con licencia Creative Commons.
El Congreso en Washington sigue enviando, desde Capitol Hill, espaldarazos a los fiscales generales del Triángulo Norte de Centroamérica. Y esta vez lo hace con dinero, a través de paquetes millonarios de ayuda a las fiscalías de Guatemala, Honduras y El Salvador, a las cuales Estados Unidos ha tomado como aliadas directas desde los días de la administración de Barack Obama.
Cuando a principios de este mes el comité de apropiaciones de la cámara baja “marcó” -es el término que se usa en Washington para la acción legislativa de fijar asignaciones por rubros y destinatarios- el presupuesto del año fiscal 2017, incluyó apoyos específicos para las tres fiscalías, algo que no había hecho antes.
Para el caso de El Salvador, los $10 millones marcados para la Fiscalía General representan casi un 15 % de lo que la Asamblea Legislativa salvadoreña le aprobó como presupuesto para el próximo año. Y es dieciséis veces más de lo que los diputados asignaron como refuerzo presupuestario a la FGR para el próximo año.
A la fiscalía de Honduras Washington le asignó $6.5 millones. Al Ministerio Público de Guatemala, el Legislativo estadounidense le otorgó $11 millones.
Las erogaciones que los representantes en Washington aprueban no corresponden, necesariamente, con la cantidad que el gobierno estadounidense termina desembolsando. Sin embargo, según un análisis del portal especializado InSight Crime, “las erogaciones son un barómetro del nivel de apoyo que estos programas (o instancias) reciben… la ley de presupuesto aprobada es un techo”.
Cuadro de presupuestos asignados a fiscalías centroamericanas, tomada del documento de presupuesto publicado el 1 de mayo de 2017 por el comité de apropiaciones de la cámara de representantes del Congreso de los Estados Unidos.
En la asignación de recursos que hizo el Congreso no se detalla a qué rubro específico de cada fiscalía van destinados los fondos. Fuentes del Ministerio Público consultadas en San Salvador y legislativas en Washington aseguran, no obstante, que la mayor parte de los fondos servirían para reforzar la unidad anticorrupción, a la que el fiscal Douglas Meléndez bautizó como Grupo Especial contra la Impunidad (GECI) y la cual ha estado a cargo de casos como los seguidos contra los expresidentes Antonio Saca y Mauricio Funes, por sospechas de corrupción y lavado de dinero.
Meléndez se ha quejado, casi desde el principio de su mandato, de que la FGR no cuenta con suficiente apoyo financiero para llevar adelante su misión de combatir el delito o de atacar casos de corrupción. El fiscal salvadoreño incluso ha dejado entrever que la falta de recursos propios de la Fiscalía es un elemento que abona a la posibilidad de establecer en el país una comisión internacional de investigación similar a la CICIG de Guatemala.
Desde el Legislativo, el gobernante FMLN ha rechazado de forma tajante la creación de una comisión internacional en El Salvador y ha dicho que la falta de recursos de la que habla Meléndez no es “excusa” para pensarlo. “Si pobre está el fiscal de recursos… ese no es argumento”, dijo al respecto en marzo pasado la diputada de la Asamblea, la efemelenista Norma Guevara.
A la Asamblea Legislativa, encargada de aprobar el presupuesto general de la Nación, Meléndez le dijo la semana pasada que no tiene suficiente dinero para terminar el año. Guillermo Gallegos, presidente de la Asamblea, respondió diciendo que buscará que se asigne a la FGR $11 millonesde los cerca de $60 millones recogidos en virtud de un impuesto especial de seguridad cargado a la telefonía en El Salvador. El Ejecutivo salvadoreño ha privilegiado, en el destino de esos fondos, a la Policía y al Ejército.
Fuentes de la Fiscalía en San Salvador consultadas aseguran, sin embargo, que aún no está claro si, en efecto, la Asamblea reasignará el dinero ofrecido por Gallegos.
El aliado externo vs los detractores internos
Los espaldarazos a las oficinas que presiden Thelma Aldana en Guatemala, Douglas Meléndez en El Salvador y Óscar Chinchilla en Honduras habían llegado antes en forma de cartas de apoyo o declaraciones de representantes y senadores en los plenos de sus respectivas cámaras.
El apoyo del Congreso a las fiscalías centroamericanas ha ocurrido, sobre todo de la última mitad de 2016 a la fecha, en el marco de ofensivas políticas fraguadas desde los Ejecutivos o desde gremios empresariales en los tres países en contra de los tres fiscales generales.
Una de las cartas más recientes fue la que firmaron en diciembre pasado los representantes Ileana Ros-Lethinen, republicana de Florida, y Eliot Engel, demócrata de Nueva York, primera y segundo al mando del comité de relaciones exteriores de la cámara baja.
“Creemos que es imperativo que sus líderes políticos les permitan llevar a cabo su trabajo libres de interferencia alguna. Los recientes esfuerzos en la región, tendientes a interpelar o remover a los fiscales generales -o a reducir sus periodos en el cargo- envían un mensaje inquietante con respecto al apoyo que las ramas ejecutiva y legislativa están dando a la imparcialidad de sus instituciones”, dice la misiva de Ros-Lethinen y Engel, que también firmaron otros 10 congresistas de ambos partidos.
Cuando aquella carta se hizo pública, la fiscal guatemalteca Aldana y el comisionado Iván Velásquez, jefe de la CICIG, habían recibido ataques de sectores afectados por sus investigaciones, algunos apoyados por líderes políticos del país.
Douglas Meléndez, fiscal general de El Salvador. Foto FACTUM/Archivo
En El Salvador, Meléndez era objeto de ataques provenientes, sobre todo, desde la izquierda política.
Nayib Bukele, alcalde de San Salvador por el FMLN, emprendió una campaña en sus redes sociales acusando a Meléndez de no ser imparcial en sus investigaciones y de ser objeto de una investigación de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos; esto último es falso. Bukele es objeto de una investigación abierta por Meléndez por sospechas de contrataciones ilegales en la alcaldía y es mencionado en otro como posible participante de una red de piratas informáticos a la que se acusa de plagiar la marca del periódico La Prensa Gráfica.
El FMLN incluso ha llevado su incomodidad a Washington, el epicentro del mayor apoyo político que parece tener Meléndez desde que asumió el cargo a principios de 2016, en sustitución de Luis Martínez, quien está preso acusado de corrupción.
En septiembre pasado el diputado y dirigente efemelenista Blandino Nerio viajó a la capital estadounidense para visitar varias oficinas del Congreso. Su agenda: quejarse del fiscal general y, en específico, de investigaciones abiertas contra el exministro de Defensa Atilio Benítez por supuesto tráfico de armas y contra José Luis Merino, alias “Ramiro Vásquez”, otro líder del FMLN señalado de traficar armas para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Poco después de aquella visita, el canciller efemelenista Hugo Martínez nombró a Merino viceministro de Inversión Externa, con lo que lo revistió de inmunidad.
Uno de los principales argumentos de los detractores de Meléndez es que no ha procedido con firmeza contra miembros del partido Arena, en la oposición, acusados de beneficiarse del desvío de fondos proveídos por Taiwán durante la presidencia de Francisco Flores.
Gotas de paciencia
A Meléndez le reconocen en Washington que ha sido el único fiscal que ha llevado ante los tribunales del país a expresidentes acusados de corrupción y que ha intentado dilucidar el esquema financiero de la pandilla MS13.
También ha sido punto a favor del fiscal salvadoreño la investigación abierta contra Luis Martínez y el caso por corrupción que abrió contra el empresario Enrique Rais, quien en la actualidad es prófugo de la justicia y ha sido amigo personal de Merino. Rais ha sido, en Estados Unidos, objetivo de investigaciones de la DEA.
La designación de $10.5 millones a la Fiscalía, solo medio millón menos que su similar guatemalteca -que es en Washington ejemplo de éxito-, habla de dosis de apoyo que ya trascendieron a la administración Obama, la cual hizo de la lucha anticorrupción uno de sus principales narrativas en la relación con el Triángulo Norte de Centroamérica.
En los pasillos de la capital estadunidense, no obstante, hay quienes dicen que a Meléndez le siguen faltando condenas en firme y que su perfil ha bajado mucho en los últimos meses. “La apuesta por las fiscalías centroamericanas sigue, pero dependerá mucho de sus resultados”, dijo a Factum un exfuncionario del Ejecutivo consultado en Washington.
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1 Responses to “Congreso de Estados Unidos asigna $28 millones a fiscalías del Triángulo Norte”
Muy interesante, precisamente por que ahora la ayuda se hace del conocimiento general, no obstante dicho Ministerio Público siempre a recibido apoyo extranjero en especies, por llamarle así. La intención es muy clara, utilizar un Estado que combata -reprima – la corrupción (aunque en su mayoría de casos no la pueda probar), para con ello generar confianza en un población desesperanzada y sin futuro, con el fin de que esta sienta que las autoridades funcionan, para con ello, iniciar un clima de seguridad que evite los éxodos masivos o singulares de ciudadanos centro americanos hacia dicho país. Surgen muchas dudas con relación a este tipo de soportes, pues al denominarse “ayuda” al menos la legislación salvadoreña la conoce como Donación extranjera que se tiene que hacer vía Cooperación internacional, y que aunque no haya ningún convenio o protocolo establecido para que se materialice dicha ayuda, ese dinero, de igual manera tiene que pasar por los canales legales del Estado, es decir Cancillería, Ministerio de Hacienda, Asamblea Legislativa. Se vuelve cuestionable como el Ministerio Público se queja continuamente de falta de presupuesto para combatir el delito -o ciertos delitos-, mientras otras carteras de Estado, hacen totalmente evidente como notorio, ni siquiera el mal uso, sino el despilfarro de dinero que generan en sus presupuestos. Los Jueces de la república por ejemplo, poseen un ingreso extra mensual denominado “gastos de representación”, que ronda por los cuatrocientos dólares mensuales o más -sin retenciones de impuestos-, pero la pregunta razonable, es: y a quien representan los Jueces para recibir ese ingreso extra?. Al hacer una matemática de primer grado, donde expondríamos, cuantos jueces reciben esa cantidad y cual es el total de esa cantidad al año, nos daría una cantidad increíble de ahorro, y que gastos como ese, que consisten en el mal uso de fondos públicos para conseguir una ventaja de forma secreta y privada, son totalmente superfluos. De esa misma manera, se espera que esa ayuda no pase desapercibida por las carteras de Estado a la que esta obligada a transitar, ya que con ello, se traduciría, en que si esta entra en forma clandestina, se estaría combatiendo corrupción con corrupción y quedaría abierta la puerta para aquellas manos traviesas, que un día ante el ojo público y que esos hechos aún continúan impunes, dijeron: Que efectivamente se habían recibido esas donaciones, y que las mismas se había distribuido en sacos llenos de dinero. Es decir, soltar una oveja en la jauría de lobos.