“Úrsula salió a tomar agua en el patio y vio a Prudencio Aguilar junto a la tinaja. Estaba lívido, con una expresión muy triste, tratando de cegar con un tapón de esparto el hueco de su garganta”
Cien años de Soledad, Gabriel García Márquez.
— Aquí, estamos humillados.
Lo dice José*, un hombre que ya pasó por su primera adultez, al describir cómo es vivir en el cantón Pajales, del municipio de Panchimalco, cuando ha habido vecinos asesinados por pandillas, desaparecidos y personas que tuvieron que huir para salvar sus vidas.. Lo dice cansado y en voz baja, como transcurren todas las conversaciones en este lugar cuando se habla de la violencia que acá ha sido ley.
Pajales es uno de los 14 cantones de Panchimalco. Está clavado entre cerros, calles empinadas y a medio terminar, con calles de concreto y de tierra, poca accesibilidad y carencias de servicios básicos. El 99% de su área es rural. Y con violencia. Mucha.
Entre 2015 y 2021, aproximadamente 320 personas fueron asesinadas en el municipio: cerca del 0.6% de su población. Sería como arrebatarle la vida a cerca de 150 mil personas en la Ciudad de México en 6 años. En este campo , donde todos se conocen, las secuelas han sido traumáticas.
En Pajales, los fantasmas del miedo coexisten con la cotidianidad: en los comentarios apagados de los pobladores al hablar del más reciente homicidio, en las viviendas abandonadas y en las miradas cabizbajas para que nadie se imagine que alguien anda de “metiche”.
José lanzó su frase luego de que un pariente suyo contará cómo ni siquiera pueden acudir al río más cercano. Tienen miedo de ser agredidos, o que los pandilleros crean que andan buscando a algún desaparecido, o que simplemente, puedan estar pasando información.
Según una de las residentes de Pajales, la violencia en el cantón empezó a respirarse más fuerte desde 2008, pero se volvió asfixiante a partir de 2012.
Otro habitante del cantón calcula en alrededor de 50 familias las que han sido desplazadas y, como prueba, muestra las casas vacías. Algunos alcanzaron a poner llave a sus puertas. Otras viviendas, de bahareque y láminas varias, empiezan a verse derruidas.
Las ruinas de las viviendas en total abandono reflejan el éxodo vivido por sus familiares.
Foto FACTUM/Jessica Orellana
Panchimalco fue noticia porque muchos se desplazaron forzadamente en mayo de 2021. A finales de ese mes, múltiples familias del caserío Servando Ortíz, del cantón Amayón, tuvieron que huir aterrorizados, dejando tras de sí sus viviendas, sus animales de corral, su ropa, sus mascotas, su vida conocida.
Servando Ortiz, al sur de Pajales, y limítrofe con el departamento costero de La Libertad, quedó vacío cuando unas 30 familias salieron, luego del homicidio de un joven. El asesinato provocó una amenaza generalizada de pandilleros a los residentes del caserío que, hasta la fecha, continúa así, fantasmal. Años antes, en un caserío aledaño, Los Córdova, otras familias debieron salir huyendo, pero sus casos no fueron denunciados ante la Policía. Solo se fueron.
Del caserío Servando Ortiz solo dos casos quedaron como constancia ante la Policía, dos personas que solicitaron la presencia de agentes para poder salir, pero la entidad no anotó ni su edad, ni su género. Salieron el 25 y el 27 de mayo de 2021. Dos casos, apenas, de más de 30 familias.
Años antes de que sus habitantes empezaran a huir en desbandada, Panchimalco ya era un municipio habitual en las noticias de nota roja, y no por casos aislados, o fortuitos. Los asesinatos, uno tras otro, calentaron el polvorín a fuego constante y provocaron desplazamientos masivos.
Los crímenes le dan la razón a la residente de Pajales que identificó 2012 como el punto de partida para que todo empeorara. En diciembre, José Rafael Ortíz Jorge, alias “el Tortuga”, fue finalmente capturado tras una búsqueda de más de tres años. A él, pandillero del Barrio 18, lo condenaron en 2013 por dos homicidios ocurridos en Panchimalco, pero lo señalaron como responsable en 19 más.
Ese mismo año un grupo de pandilleros ejecutó un crimen en Panchimalco que raya con lo inverosímil. En el casco urbano del municipio, el cantón Planes de Renderos, los pandilleros se metieron a un puesto policial en cuyas carceletas permanecía bajo custodia Francisco Alfonso Hernández Montes, otro pandillero del Barrio 18 que había decidido colaborar con investigadores y delatar a sus compañeros, bajo el nombre en clave de “Jaguar”.
Con ayuda de policías, los pandilleros ingresaron al recinto policial y masacraron al testigo.
En 2015, El Salvador fue considerado el país más violento del mundo. La tasa de homicidios promedio del país se situó en 106 por cada cien mil habitantes. El enfrentamiento directo del gobierno con las pandillas, luego de la ruptura del pacto que ambos mantuvieron para bajar las muertes violentas unos y lograr réditos políticos los otros, llenó de cadáveres el país a un ritmo brutal.
El gobierno del entonces presidente Salvador Sánchez Cerén mantuvo la postura oficial de que los supuestos enfrentamientos a tiros con los pandilleros se justificaban como legítima defensa de la Policía. Años después, la Procuraduría para los Derechos Humanos determinó que la mayoría de estas muertes fueron en realidad ejecuciones extrajudiciales.
Una de esas masacres extralegales fue la de cinco jóvenes, supuestos miembros de pandilla, en el cantón Pajales, en agosto de 2015. La matanza fue una venganza por otras muertes que había sufrido la fuerza pública anteriormente. El 9 de abril de ese año, José Luis Martínez Miranda fue asesinado en el cantón Azacualpa, de Panchimalco. Era sargento del ejército y trabajaba en la guardia presidencial. Diez días después, otro militar fue asesinado en Pajales.
Entonces el 15 de agosto, policías y miembros del Ejército masacraron a los cinco supuestos pandilleros responsables dentro de una vivienda particular. Fotos de la matanza fueron publicadas en redes sociales afines a la Policía, echando porras por las muertes. La familia que ahí residía fue testigo de los homicidios extralegales: uno de sus miembros tuvo que huir al ser acosado por la policía, una joven fue desaparecida, y otro de sus miembros ya estaba en prisión, acusado de la muerte del sargento Martínez Miranda.
Entre 2017 y junio de 2021, la Policía registró 44 casos de limitación ilegal a libre circulación en Panchimalco, delito bajo el cual se registra oficialmente el desplazamiento forzado interno. En el mismo período de tiempo, la Policía capturó a 40 supuestos pandilleros por ese delito: 20 identificados como miembros de la MS-13 y los otros 20, del Barrio 18.
Los habitantes de Pajales sobreviven y coexisten con los nombres de los muertos y desaparecidos.
Según registros de la Policía en Panchimalco entre los años 2017 y 2021 solo hay 44 casos de limitación ilegal a libre circulación, delito bajo el cual se registra oficialmente el desplazamiento forzado interno. Foto FACTUM/Jessica Orellana
*Clara busca a su hijo desde hace más de cinco años. Desapareció una tarde, cuando fue a bañarse al río con un pariente. Ahí, los rodearon pandilleros. El pariente logró escapar y dar la voz de alerta. Clara pidió a los policías que fueran a buscarlo, pero dice que no quisieron ir. Era noche cerrada ya. “Hasta ahora no encontramos rastros de él”, dice y añade que algunos en el caserío aseguran que su hijo y el resto de los desaparecidos están enterrados justo cerca del río. Ellos no se acercan a buscar por miedo.
En un minuto de conversación más con Clara y otros residentes surgen los nombres de otros cuatro desaparecidos. También nombran a otros que tuvieron que huir después de ser asaltados, o haber sido testigos de algún asesinato. De otros más, que quedaron mutilados después de un ataque.
Los habitantes de Pajales cuentan que empezaron a pedir la presencia permanente de policías desde 2008, cuando la violencia se empezó a sentir más en las colinas de los caseríos. Sus peticiones fueron escuchadas sólo hasta 2013, cuando les enviaron policías que sólo pasaban allí temporadas, y apenas hacia 2014, instalaron una caseta policial formal.
Pero los residentes no confían en ellos. Cuando patrullan, dicen, suenan las bocinas de su moto por donde pasan, como si quisieran avisarles a los pandilleros cuando van entrando a un lugar. Algunos vecinos creen que los policías están coludidos con los pandilleros. Dicen que si no, no se entiende que no logren capturarlos, ni que estas pandillas puedan controlar el proyecto que sirve agua a la comunidad.
Pajales, con sus múltiples problemas de seguridad, también carga con una atávica escasez de acceso al agua. Un proyecto gestionado por la comunidad garantiza que sus habitantes reciban dos barriles de agua cada semana, ocho al mes, por cuatro dólares. Apenas les alcanzan para resolver sus necesidades de baño, cocina y lavado de objetos. En algunas ocasiones, dicen, son pandilleros los que están pendientes de quiénes llegan a traer el agua a las cantareras, operando las llaves.
En el cantón Pajales sus habitantes cargan con la escasez hídrica y las cicatrices de la violencia quienes acarrean el agua con cántaros desde las cantareras instalados en las calles de sus comunidades. Foto FACTUM/Jessica Orellana
Según cálculos de los mismos residentes, unas 50 familias han sido desplazadas de Pajales. Y la cuenta se alarga cuando empiezan a enumerar el resto de cantones: de Azacualpa se fueron todos, de San Isidro se fueron todos; en Girón no se han ido, porque está bien protegido por ellos mismos, los pandilleros. Del caserío Guacuchía se fueron tres familias, del lado del Potrerito otras tres. En esa zona, hace dos años mataron a un señor que cuidaba su milpa. En otra calle de acceso, mataron a otro muchacho, lo hicieron pedacitos, yo lo ví… Y así.
Algunas familias, las menos, llegan a vivir al cantón, desplazadas de otros caseríos. Les recuerdan a los pocos resistentes que aún viven en esos cantones a sus propios vecinos que tuvieron que huir. Todo les habla de sus fantasmas, las casas abandonadas, el agua que tienen que recoger cada semana, los policías que a veces se emborrachan estando de servicio, las calles polvorientas y ríspidas entre las colinas; todo les revive a sus muertos, sus desaparecidos, los que se fueron. Sus ausencias siguen ahí, agazapadas entre el abandono y el miedo.
Los habitantes de Pajales coexisten con los objetos dejados por quienes se fueron. Foto Factum/Jessica Orellana
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