Vivir en precariedad en El Salvador es resignarse a dos realidades: aguantar en un lugar donde caminar por la calle equivocada puede ser una sentencia de muerte, o huir. La escapada puede ser a escasos kilómetros, mínimos, como la dimensión misma del país. El desplazamiento forzado interno es una realidad que sobrepasa las 4 mil personas entre los años 2016 y 2022, según datos oficiales . Es una cifra considerable, si se toma en cuenta que la gran mayoría no denuncia por miedo y que el país finalizó por la vía política su conflicto armado interno desde hace 30 años. Aquí se huye para apenas sobrevivir.

Las personas que huyen cargan con sus tristezas enfrentando un sistema que les negó el reconocimiento durante años. Han sido – y son – incómodos a los gobiernos de turno: la prueba en carne viva del fracaso en las políticas de seguridad y de cómo, en la realidad desde hace mucho tiempo, el Estado es tan ausente como padre irresponsable en decenas de municipios.

Los desplazados forzados internos existen en El Salvador por decenas de miles aunque su presencia se minimice. Son poco más de 4 mil según la Policía, que los resguarda en su huída, pero no en su seguridad; pero son cerca de 200 mil al año, según otras organizaciones. Los municipios expulsores se repiten, como mínimo, durante la última década: Soyapango, Mejicanos, Apopa, Colón, Ilopango y otros más. Y los que huyen son jóvenes con familias incipientes.

El desplazamiento forzado interno apenas fue reconocido en El Salvador desde enero de 2020 y solo después de que la Corte Suprema de Justicia fallara a favor de seis personas que buscaron un amparo constitucional para que su realidad como desplazados fuera reconocida. La Sala de lo Constitucional estableció que a estas familias se les violaron sus derechos fundamentales por la falta de seguridad material y de protección familiar.

La Sala de lo Constitucional concluyó que se afectaron los derechos de 33 personas que conformaban los núcleos familiares de los denunciantes. 33 personas que tuvieron que huir para salvar la vida porque a seis de ellas las habían amenazado. El fallo judicial ayuda a hacerse una idea de la dimensión del problema, cuántas vidas quedan afectadas por cada denunciante principal que debe huir por amenazas.