“No hay lugar como el hogar”
Dorothy, El Mago de Oz
El Salvador mide 19 mil kilómetros cuadrados y tiene unos 6.5 millones de habitantes, de los cuales 26.5% están por debajo de la línea de pobreza, agravada después de la pandemia y la inflación. Penden sobre sus cuentas públicas compromisos crediticios por más de 8 mil millones de dólares.
El espacio es mínimo y por ello el desplazamiento, aunque forzado, solo es un rebote perpetuo en lugares sin salida. Las familias que se desplazan, con suerte, logran hacerlo hacia lugares que estén a más de cinco kilómetros de sus nichos de riesgo. Rina Montti, de la organización Cristosal, explica que el acceso a dinero es fundamental. Muchas personas no pueden desplazarse porque no pueden permitirse perder su trabajo. Y son estos casos, los más desesperados, los que buscan huir definitivamente.
La oficina de Fronteras y Aduanas de los Estados Unidos reportó que en los últimos 12 meses, entre octubre 2021 a septiembre de 2022, 97,030 salvadoreños fueron arrestados en la frontera al intentar ingresar de manera irregular a ese país. Podría decirse que, en promedio, cada día 265 salvadoreños huyeron del país para intentar llegar a los Estados Unidos; o que el 1.2% de la población fue expulsada en apenas 12 meses.
Pero ellos solo son una parte. Para los que no migran, pero huyen, las opciones son limitadas.
Un joven camina en entre los pasajes de la colonia Nueva Apopa, del municipio de Apopa al norte de la capital. Foto FACTUM/Jessica Orellana
“Recuperada” es el eufemismo administrativo con el que se registran las viviendas abandonadas por sus propietarios, muchas de esas veces por razones de inseguridad y violencia; o cuyos exresidentes fueron desplazados y sus viviendas ocupadas – usurpadas – por otras personas.
El 21 de abril de 2021, un aviso de periódico anunciaba un lote de propiedades a bajo costo en subasta pública. Se trataba de 20 propiedades, viviendas y terrenos, en los municipios de Soyapango, Apopa, Ayutuxtepeque y Ciudad Arce, en colonias o urbanizaciones que se repiten frecuentemente en la base de datos de la Policía como lugares de desplazamiento. 17 de las propiedades estaban calificadas como “usurpada”, las restantes tres como “desocupada”.
Tres meses después, el 15 de julio de 2021, otro anuncio de un banco detallaba la subasta pública de 27 inmuebles más, entre viviendas y terrenos. En 14 de esos casos estaban identificados como “usurpados” y en 4 más como “desmantelados”. Los municipios, nuevamente, son los que se repiten como lugares expulsores de personas.
En noviembre de 2020, otra subasta pública buscaba vender 21 viviendas: 19 identificadas como “usurpadas” y las otras dos como “deshabitadas”.
En la comunidad San Pedro de Ciudad Delgado, el área recreativa se ve en abandono por parte de las autoridades, los columpios en mal estado y exceso de maleza ha crecido impidiendo que la niñez haga uso de ellos. Foto FACTUM/Jessica Orellana
Conocer la dimensión del desplazamiento forzado en el país es complejo por diversas variables, como el miedo a denunciar, la dispersión de la información entre instituciones oficiales y no gubernamentales y porque para algunos buscar un lugar dentro de las fronteras ya no es opción. Montti explica que han atendido casos en los que una persona se ha tenido que desplazar hasta nueve veces en apenas 6 meses.
La misma Procuraduría General de la República (PGR) reconoce en los datos proporcionados mediante una solicitud de información, que su incipiente Unidad de Desplazamiento Forzado Interno atendió 153 casos entre marzo de 2020 a mayo de 2021. De estos, 15 casos tuvieron que ser salidas de emergencia del país, y el resto reubicaciones.
Las organizaciones Cristosal y el Servicio Social Pasionista (SSPAS) coinciden en que muchas personas desplazadas denuncian únicamente para contar con un registro que perfila el riesgo en el que vivían. Esa documentación puede ser incluida en un expediente de solicitud de asilo, o de refugio, en el extranjero.
Un recorrido por colonias y barrios de los municipios de Ciudad Delgado, Apopa y Mejicanos, reconocidos como expulsores en datos oficiales de la policía, evidencian el problema de la usurpación de viviendas de familias desplazadas y cómo las autoridades de seguridad lo sabían.
Residentes en las colonias Nueva Apopa, Habitat Confien, San Pedro, Jardín y otras, confirman que a partir de la puesta en marcha del régimen de excepción por parte del gobierno de El Salvador, desde el pasado 27 de marzo, esos lugares fueron “barridos”. Se refieren así a las capturas masivas de miembros de pandillas – y de los que no lo son – que la Policía y el Ejército ejecutó bajo la sola sospecha de serlo. Barridos. Como si de hacer limpieza se tratara.
Y los vecinos confirman que, una vez que los arrestos agotaron la búsqueda de personas con antecedentes judiciales y penales, la sospecha de ser pandillero y las denuncias anónimas, los policías empezaron a capturar a las personas que habían tomado posesión de las viviendas que habían sido abandonadas por familias desplazadas. Las usurpadas.
El último reporte sobre las Tendencias Mundiales sobre Desplazamiento de 2021, de la Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas (UNHCR, en inglés) informó que más del 50% de las aplicaciones de asilo en los Estados Unidos procedieron de solo cinco países: Venezuela (14%), Honduras (10%), Guatemala (12%), Cuba (7%) y El Salvador (8%).
A pesar de que públicamente, la retórica gubernamental del Ejecutivo y de sus aliados legislativos ha negado la incidencia de la violencia de diversas variables, enfocándose nada más en la reducción de homicidios; a nivel externo, en por lo menos un informe, el gobierno salvadoreño ha reconocido el problema del desplazamiento forzado interno. A medias.
La aceptación no parece fortuita. El Salvador se adhirió desde 2019, año de inicio de la gestión Bukele, al acuerdo del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), una de las herramientas del Pacto Mundial sobre Refugiados. La adhesión implicó el compromiso de trabajar de forma regional con las causas del desplazamiento forzado.
En noviembre 2021, Bukele recibió la visita y sostuvo una reunión privada con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, quien también visitó uno de los proyectos estrella del gobierno: el Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (CUBO), para el cual la agencia internacional ha brindado una parte del financiamiento.
Grandi fue guiado en esta visita por el director de Tejido Social, Carlos Marroquín, quien ha sido señalado en investigaciones periodísticas de ser el enlace entre el gobierno y las pandillas, en su pacto de reducción de homicidios a cambio de supuestos beneficios carcelarios.
Tres meses después de ese encuentro, el 2 de febrero de 2022, Corea del Sur otorgó un fondo de 2 millones de dólares para atención de desplazados, en programas planificados para ser ejecutados por el gobierno y ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Apenas mes y medio después de recibir este apoyo de la cooperación surcoreana, el gobierno de Bukele gestionó la aprobación del decreto de Régimen de Excepción, con el declarado objetivo de combatir a las pandillas, que ha dejado un número indeterminado de arrestos y muertes de personas inocentes, y que lleva más de siete meses prorrogándose. Las capturas masivas están generando ya más desplazamientos, con al menos una veintena de casos registrados por organizaciones de la sociedad civil, según confirmó Johanna Ramírez, del SSPAS.
Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública, aseguró que el régimen de excepción ha frenado el desplazamiento forzado, según el periódico oficialista Diario El Salvador el pasado 20 de agosto. Sin embargo, la Policía registró 610 casos de limitación ilegal a la libre circulación, delito bajo el cual se explican los desplazamientos forzados, solo entre junio y julio de 2022, cuando el régimen de excepción tenía al menos tres meses de estar vigente. A la institución se le solicitaron los datos con detalles tales como fechas exactas, lugares, municipios, pero negó la información bajo la excusa que estaba bajo reserva.
Pese a estos golpes de mesa, el gobierno sí reconoce ante la diplomacia de agencias internacionales más desplazamientos. Bastantes más. En el último informe anual de Marco Integral Regional de Protección y Soluciones para las Américas (MIRPS (2021), se establece que El Salvador tenía hasta junio de 2021 un total de 71,500 personas bajo condición de desplazamiento forzado interno, basado en datos del gobierno y de ACNUR. Pero ese número es el mismo plasmado en el estudio “Caracterización de la movilidad interna a causa de la violencia en El Salvador”, publicado por el Ministerio de Justicia en 2018, con estadísticas que analizan el período 2006-2016.
El informe fue uno de los pocos esfuerzos por reconocer la gravedad del desplazamiento forzado interno en el país. Parcialmente al menos, ya que usa la denominación de “movilidad interna” en vez de desplazamiento, explica que el origen del fenómeno es “multicausal”; y la mayor parte de cifras plasmadas están en porcentajes y no en números brutos.
La cantidad de 71,500 desplazados internos ya existía como conclusión desde 2018. Si el punto de partida fue ese informe para el ingreso del país al MIRPS, implica que el gobierno del presidente Nayib Bukele no ha actualizado las estadísticas de salvadoreños obligados a huir.
El documento del MIRPS de 2021, por su parte, explica que los desplazamientos se debieron a violencia, la pandemia por Covid-19, violencia de género y cambio climático. De 621 mil personas desplazadas en Centroamérica y México, 582 mil buscaron su destino en los Estados Unidos.
Los capítulos que explican el contexto por país reseñan que en El Salvador hubo 61 casos en los que personas desplazadas internas decidieron denunciar ante una “autoridad competente”, es decir, la Policía o la Fiscalía. 61 frente a 71,500 que se reconocen. No es ni el 0.1% de los potenciales casos.
En varias de las colonias expulsoras visitadas sus habitantes, dicen, ahora respiran más tranquilos, con la vigencia del régimen de excepción. Reconocen que las capturas masivas de pandilleros les han dado tranquilidad, pero también reconocen los múltiples arrestos arbitrarios, de personas que no formaban parte de ninguna estructura criminal.
Otros, como en la colonia Habitat Confíen, de Ciudad Delgado, prefieren echar tierra sobre el problema. Una mujer de avanzada edad responde preguntas mientras espera, sentada, unas tortillas.
—¿Ahora está más calmado por acá?
—Acá siempre ha sido calmado.
— ¿Pero hace años hubo bastantes familias que se tuvieron que ir, verdad?
— Los únicos que se han ido acá han sido los muertos.
Una mujer permanece afuera de su vivienda en la colonia Habitat Confíen. En los datos de la Policía quedaron registrados seis casos de desplazamiento en esta comunidad, entre los años 2017 y 2021. Foto FACTUM/Jessica Orellana
No es cierto. Sus residentes, que ahora dicen caminar más tranquilos, hablan a baja voz cómo sacaron a varias familias y los pandilleros se apropiaron de esas casas. Ahí fueron arrestados. Lo mismo sucedió en la colonia San Pedro, del mismo municipio. A otro señor, años atrás, le dieron 24 horas para abandonar todo.
En la base de datos de limitación ilegal a la libertad de circulación de la Policía quedaron registrados seis casos de personas desplazadas de la colonia Habitat Confíen, entre los años 2017 y 2021.
Johanna Ramírez, del SSPAS pone el acento en la continuidad del problema: no solo siguen existiendo los casos de desplazamiento forzado interno, pese al régimen. Los perpetradores están cambiando. O acentuándose más; ya que en años anteriores ya hubo casos de huídas a causa de abusos policiales. De 74 casos atendidos en 2022 por esa institución, 25 se ha tratado de familias desplazadas por el régimen de excepción. Han terminado huyendo para no ser arrestados por la Policía por el solo hecho de vivir en colonias estigmatizadas por la violencia.
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