La Fiscalía ordenó este jueves 9 de enero la detención del expresidente de la Asamblea Legislativa por el FMLN, Sigfrido Reyes, su hermano, su socio y su esposa. Pero el exdiputado no está en El Salvador y no tiene una ubicación identificada. Detuvieron también a casi una decena de personas que han estado involucradas con Reyes.
Foto Archivo FACTUM/Salvador Meléndez
El expresidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes es requerido desde el pasado jueves 9 de enero de 2020 por la Fiscalía General de la República (FGR), que lo acusa de lavado de dinero, estafa agravada y peculado. La Fiscalía y la Policía Nacional Civil (PNC) montaron un operativo de arresto de casi quince personas, entre las que se encuentra, como principal implicado, el exdiputado del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Hasta este jueves a la medianoche, la Fiscalía reportó la detención de diez personas, entre ellas la esposa del exdirigente efemelenista, Susi Melba Rodríguez. Reyes, sin embargo, reportó la Fiscalía, no está en el país desde noviembre del año pasado, por lo que se considera prófugo.
También declaró prófugos al hermano de Sigfrido Reyes, Earle René Reyes; a su socio, Byron Enrique Larrazábal; y a quien fue su asistente en la Asamblea Legislativa y también en Proesa, Karla Beatriz Recinos.
La Fiscalía informó sobre los tres delitos que le imputan a Reyes. En el caso de las otras personas detenidas, el fiscal general, Raúl Melara, en una conferencia de prensa este viernes 10 de enero, mencionó algunos nombres como el de la exesposa de Byron Enrique Larrazábal, Sonia Inés Morales, y uno de sus hijos. Las acusaciones en estos casos son por uno o dos de los delitos que acumula el exdiputado. Susi Melba Rodríguez, dijo el fiscal jefe de la unidad contra la corrupción, Germán Arriaza, fue detenida por lavado de dinero.
Rodríguez fue capturada el jueves en su casa de la colonia Satélite de San Salvador. La PNC también hizo un allanamiento en la residencia. La Fiscalía aseguró que tenía el aval del Juzgado Noveno de Paz de San Salvador para hacer la captura y el allanamiento. El abogado Jonathan Martínez, quien acudió a la vivienda de Rodríguez mientras era detenida, dijo que la PNC “engañó” a Rodríguez para que saliera de su casa y poderla detener, puesto que en ese momento no había llegado la orden de allanamiento del juzgado. El FMLN, mientras tanto, emitió un comunicado en que calificó de “persecución” la detención de Rodríguez, quien denunció con antelación que estaba siendo seguida y hostigada por personas desconocidas antes de su arresto.
El fiscal Arriaza explicó que el caso por el que sospecha que se cometieron los tres delitos es el de las irregularidades en la compraventa de cinco terrenos que negoció la empresa Terrein, S.A. de C.V., propiedad de Sigfrido Reyes y de su socio entonces, Byron Larrazábal, con el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), en febrero de 2014. Los lotes están ubicados en la residencial Greenside, de Santa Elena, en el municipio de Nuevo Cuscatlán.
En 2014, una investigación del periódico La Prensa Gráfica reveló que Reyes y Larrazábal resultaron beneficiados con la compra de los cinco terrenos del IPSFA en Nuevo Cuscatlán, cuyo precio les fue reducido en alrededor de 190 mil dólares en total. Los socios pagaron 440,500 dólares al contado. El IPSFA vendió propiedades porque se encontraba en crisis financiera debido a un déficit de dinero entre lo que recibía de los cotizantes y lo que tenía que entregar a los militares pensionados. Hasta que el sistema colapsó y desde 2016 las pensiones de los militares se pagan con dinero de los impuestos.
La investigación se amplió y se descubrieron proyectos urbanísticos de la misma empresa del entonces presidente legislativo y su socio, que a la vez era su asesor en la Asamblea, en los departamentos de Sonsonate y San Salvador. El fiscal general Melara apuntó que la Fiscalía detectó transacciones de dinero ilícito entre la empresa Terrein con otras empresas del consorcio de las dos familias, como Eko-Lime y Lubbex, en las que los propietarios eran, indistintamente, los hermanos Reyes y Byron Larrazábal. En el caso de Lubbex, tuvo un contrato con la autónoma INE, dependencia de la CEL, en la administración de Manuel Chacón, durante la presidencia de Mauricio Funes.
Melara y Arriaza explicaron que se trata de dinero que el consorcio obtuvo producto de irregularidades con instituciones del Estado, como en el caso del IPSFA. “Esta estructura movió alrededor de 6 millones de dólares en operaciones ilícitas”, dijo el fiscal general. Añadió que hay jefaturas del IPSFA que son investigadas por haber reducido, sin ninguna justificación, el precio de sus propiedades para que la empresa de Reyes y Larrazábal pudieran comprarlas.
En abril de 2015, otra investigación periodística reveló que Reyes utilizó la Asamblea Legislativa para que siete personas con terrenos embargados en Chalatenango pudieran comprar sus propiedades con facilidades. Entre los siete beneficiarios estuvo Sonia Inés Morales, exesposa del socio de Reyes, Byron Larrazábal. El beneficio consistió en que el terreno embargado de los Larrazábal, por más de 285 mil dólares, iba a ser vendido a ese mismo precio, pero con cuotas máximas de 30 dólares mensuales, hasta que se terminara de completar el total.
El periódico El Faro publicó una investigación sobre otros negocios que hizo Reyes, también con terrenos, bajo el nombre de otra empresa en la que él participó con su hermano, Earle René Reyes, y Byron Larrazábal: Eko-Lime. Esta empresa compró en noviembre de 2013 ―cuatro meses antes de los negocios de Terrein con el IPSFA― once terrenos en el occidente de El Salvador. El vendedor de las propiedades fue Asmel Arturo Bercián, conocido como el Coronel Bercián, con antecedentes en el tráfico de cocaína en Guatemala y El Salvador. Más adelante, en 2016, Eko-Lime vendió los mismos terrenos a uno de los hijos de Bercián. De hecho, Melara anunció que entre los capturados el jueves también se encuentra Manuel Antonio Bercián, hijo del coronel.
Reyes estuvo en la lupa de la Corte de Cuentas de la República de aquel entonces, que informó que haría una auditoría sobre la compraventa de terrenos al IPSFA. El resultado fue que no hubo hallazgos de irregularidades. Esa Corte de Cuentas estuvo presidida por Jovel Humberto Valiente, quien luego fue destituido por una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por sus evidentes nexos partidarios con el partido GANA, en aquel entonces socio político del FMLN en la Asamblea Legislativa.
El fiscal Arriaza dijo que en el caso de la Corte de Cuentas, también hay involucrados: Nohemy Candelaria Rodríguez, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz de Reyes. “En esa auditoría, no obstante los equipos técnicos informaron que había irregularidades que reportar, la encargada de esa auditoría solicitó los papeles de trabajo y elaboró un informe en el que estableció que no existían hallazgos.
El Tribunal de Ética Gubernamental también absolvió a Reyes de culpas tras las investigaciones. Y lo mismo hizo la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, dirigida por Marcos Rodríguez, que aseguró que tras indagar en el IPSFA tampoco encontró irregularidades.
Reyes salió librado en las investigaciones mientras su partido político gobernó El Salvador, hasta el 31 de mayo de 2019.
El ex presidente de la Asamblea Legislativa y ex presidente de PROESA, Sigfrido Reyes, (primero de izquierda a derecha) durante la Toma de Posesión de Salvador Sánchez Cerén, el pasado 1 de junio de 2014, en San Salvador, El Salvador. Foto Archivo FACTUM/ Salvador MELENDEZ
El revés
El fiscal general actual, Raúl Melara, pidió a la Corte de Cuentas en septiembre de 2019 que se volviera a hacer una auditoría sobre los negocios de terrenos en Nuevo Cuscatlán que hizo Reyes y su socio con el IPSFA. Dos meses después, en noviembre, la corte le reportó a la Fiscalía que sí encontró irregularidades y que, en realidad, la empresa de Reyes y Larrazábal adquirió los cinco lotes por 103 mil dólares menos. La corte le advirtió a la Fiscalía que no hubo ninguna justificación válida por parte del IPSFA para haber rebajado sus precios al entonces presidente de la Asamblea Legislativa. En ese mismo mes de noviembre de 2019 Reyes abandonó el país, sospecha la Fiscalía.
La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) también investigó el patrimonio de Sigfrido Reyes y Susi Melba Rodríguez. Revista Factum reveló en junio de 2018 una controversial resolución de Probidad en el caso de Reyes: la sección, dirigida por Carlos Pineda, quien tuvo que someterse al escrutinio de diputados pues aspiró a ser magistrado de la CSJ ese mismo año, entregó un proyecto de resolución con dos vertientes. La primera era absolutoria, pues, según Pineda, Reyes no pudo justificar más de 200 mil dólares en su patrimonio. La disponibilidad financiera del exdiputado y su esposa, sin embargo, sobrepasaba la cantidad irregular. Y para el director de Probidad eso fue suficiente para elaborar también una resolución absolutoria en la que no se hallaron indicios de enriquecimiento ilícito, aunque Reyes nunca justificó los más de 200 mil dólares irregulares. Pero el mismo documento tenía una advertencia: si los magistrados decidían que el superávit de Reyes y Rodríguez no era suficiente para descartar la falta de justificación y entonces sí había indicios de enriquecimiento ilícito, se necesitaba una nueva redacción del fallo de Probidad.
El caso se congeló, en parte por las aspiraciones de Pineda a ser magistrado, y desencuentros que tuvieron los magistrados acerca de las investigaciones de la Sección de Probidad. Fue hasta julio de 2019 que la CSJ determinó que sí había indicios de enriquecimiento ilícito en el caso de Sigfrido Reyes y ordenó un juicio civil contra él y su esposa. La Fiscalía, hasta la fecha, no ha presentado la acusación formal en las cámaras de lo civil. Antes prefirió acusarlo por la vía penal, por otros casos que ha arrastrado el exdiputado efemelenista.
“Ahora se desata la más burda persecución política contra mi persona y mi familia”, escribió Reyes el jueves por la noche desde su cuenta de Twitter, tras la detención de su esposa.
La Fiscalía presentará el caso contra la red de Sigfrido Reyes, su hermano, Earle René; su socio Byron Larrazábal y Karla Beatriz Recinos este domingo 12 de enero en el Juzgado Duodécimo de Paz.
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