Un par de preguntas a la exministra Ana Orellana

El sábado pasado pregunté en mi cuenta de Twitter lo siguiente: Si les dijeran que tienen la opción de entrevistar a un funcionario, ¿a quién escogerían? Ganó el presidente Nayib Bukele; otros usuarios de la red social me comentaron que apuntarían con su lista de preguntas al ministro de Salud, Francisco Alabí. Otros quisieran tener enfrente al ministro de Agricultura, Pablo Anliker, y bombardearlo con interrogantes sobre la multiplicación de los saquitos y cajitas con alimentos.

Yo preferiría comenzar a explorar las primeras decisiones que tomó este gobierno para enfrentar la crisis sanitaria con la ministra a cargo.

Antes de haber sido relegada oficialmente a un escritorio pequeño en el Instituto Nacional de Salud, la doctora Ana Orellana ya andaba viviendo sus últimas horas en la parte de atrás del gabinete de Salud. Para muestra, esta foto del 26 de marzo que publicó el secretario de la Juventud, Salvador Alas, mejor conocido como “La Choly”, un día antes de que el presidente Nayib Bukele la removiera.

Desde inicios de marzo, el que aparecía ante los micrófonos explicando el comportamiento del virus y justificando las caóticas decisiones en los centros de contención era el viceministro de Operaciones, Francisco Alabí. A partir de la noche del 27 de marzo se sentó en la silla principal del despacho del Ministerio de Salud.

Se sentó es una figura. A Alabí el despacho no le pareció tan dignamente remodelado por su antecesora y en plena crisis de fondos rascó del presupuesto ordinario más de $50,000 para ponerle nuevo piso, techo, aires acondicionados, inodoro, lavamanos, ventanas de vidrio laminado y puertas de cedro. También había que estrenar escritorio, sillas y otros accesorios.

La viceministra Karla Díaz de Naves firmó las órdenes de compra para remozar el despacho. Sin embargo, Alabí tuvo que declarar nulo el contrato luego de que en Salud con Lupa publicamos que el encargado del proyecto de construcción y amueblamiento era el hermano de la asistente del ministro Alabí. Saltarse el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas (LACAP), aunque no fueran fondos de Fopromid, se quedó como práctica común.

El lunes 9 de noviembre empezaron los allanamientos decretados por el Juzgado Decimotercero de Paz de San Salvador para ingresar al Ministerio de Salud y al Ministerio de Hacienda, y ese día trascendió que el operativo para secuestrar documentos relevantes incluía al Ministerio de Educación (Mined). La ministra, Carla Hananía Varela, reaccionó molesta por la deshonrosa mención; el presidente la secundó con sus retuits y le agregó agrios comentarios hacia la prensa.

En realidad, las investigaciones que inició la Fiscalía General en los contratos del Ministerio de Salud deberían ampliarse a otras instituciones, como el ISSS, el ISRI o el Mined. ¿Por qué razón? Un par de ejemplos (y documentos) para entenderlo.

El Mined también realizó contrataciones directas a dos empresas que, como han consignado varias investigaciones periodísticas, incumplieron con sus entregas o se convirtieron en compras sospechosas. Shanghai Beyond, de origen chino, y la otra es Lasca Design, importadora de cerámica radicada en Miami.

Una semana después de aprobada la Ley de Emergencia, Educación le compró $132,000 a la empresa radicada en China. La orden colgada en el Portal de Transparencia no detalla a cuántas unidades equivalía ese monto.

En esta nota elaborada por El Faro pueden ver las andanzas y malandanzas del Minsal con estas dos empresas. Shangai Beyond recomendó a Lasca Design cuando no pudo cumplir con los pedidos. Algunos de los pagos enviados por el gobierno fueron calificados como “transacciones sospechosas” en la banca estadounidense.  Mientras tanto, el personal de primera línea seguía padeciendo la escasez, brindando atención y recibiendo pacientes sin el equipo de bioseguridad adecuado.

Pero también el Mined cayó en la red de instituciones que acudieron a Lasca Design. El 14 de abril, la ministra Carla Varela estaba firmando otra orden de compra por $66,000 para que el señor de las cerámicas le enviara 200,000 mascarillas. La orden de compra no tiene ninguna especificación de las características del producto.

Por el precio unitario, probablemente sean “3PLY Medical Mask” (mascarillas desechables de tres capas), igual a las que solicitó el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI) el mismo 14 de abril.

El ISRI emitió una orden de compra a favor de Lasca Design por $24,750 para adquirir 750,000 mascarillas a $0.33. Esta institución es la que estuvo en el ojo del huracán en mayo, cuando trascendió los altos niveles de contagio que existían ya en todo el Asilo Sara. “El virus alcanzó a 46 trabajadores que, según los relatos, se enfermaron porque no contaban con el equipo de protección adecuado”, explicó Revista Factum en su reportaje titulado “Así se coló el virus en el Asilo Sara”.

¿Cuántos ancianos murieron allí? El dato oficial es desconocido. La Asamblea Legislativa no pudo avanzar en su intento de investigar el manejo de casos en el principal asilo del país, ya que los funcionarios se negaron a asistir a las convocatorias de los diputados.

Shanghai Beyond y Lasca Design también aparecen en los registros de compras directas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Para la primera empresa se emitió el código OC-001/2020 el 27 de marzo; y para el contrato con la segunda, el OC-049 /2020, el 18 de abril. Por eso es que la Fiscalía debe ir a tocar las puertas de las oficinas de compras en muchas otras instituciones públicas.

Pero aunque Ana Orellana salió por la puerta de atrás en las primeras semanas de la emergencia nacional, no estuvo ajena a las contrataciones cuestionadas que ahora son auscultadas por la Fiscalía y forman parte del berenjenal que hizo el gobierno con las compras por la pandemia de Covid-19.

¿Cuál sería la primera pregunta que le haría a la doctora Orellana?

El día que a usted la despidieron como ministra de Salud (27 de marzo) firmó la orden de compra directa No 104/2020 con Shanghai Beyond por $990,000 para adquirir 3 millones de mascarillas. ¿Por qué firmó ese contrato si un día antes había participado en la reunión del consejo directivo de Fosalud, donde se expuso la necesidad de abastecimiento de insumos y se indicó que esa empresa no daba garantías y que incluso había riesgo de estafa? A continuación, un extracto de ese punto en la reunión:

Copia del acta de la reunión de la junta directiva de Fosalud realizada el viernes 26 de marzo a las 2:00 p.m. La compra se realizó a la segunda opción, por dudas de los antecedentes y condiciones de Shanghai Beyond.

Segunda pregunta: ¿Por qué obvió las sospechas que había expuesto un día antes el personal de Fosalud sobre las exigencias y la procedencia de esa empresa china y el Minsal decidió comprarle casi un millón de dólares? El consejo directivo de Fosalud, por unanimidad (es decir, con su mano levantada), aprobó más de $300,000 de insumos médicos a la segunda opción, una empresa de origen nicaragüense con representación en El Salvador, para no arriesgarse con la empresa china. Incluso pagaron a $0.35 cada mascarilla (dos centavos más de lo que ofrecían los chinos). ¿Usted no tuvo otra alternativa más que firmar este contrato millonario a favor de Shanghai Beyond? En esa reunión de Fosalud se dijo que la Dirección Nacional de Medicamentos había sugerido comprar a esa empresa. ¿Usted recibió esas indicaciones (de quién exactamente)?

Y ya luego tendríamos que navegar por los primeros meses de luna de miel en el  gabinete del presidente cool, el Plan Nacional de Salud escondido y las horas difíciles en las que tuvo que preparar la defensa para la interperlación que realizaron los diputados a ella y al presidente de Anda, Frederick Benítez, por la crisis de agua a inicios del año.

Por último, sería conveniente preguntarle por qué el Instituto Nacional de Salud (INS), del que ahora forma parte, no ha dado ningún aporte investigativo para entender el comportamiento de la Covid-19 en El Salvador. “Generamos información científica que contribuye a identificar los riesgos que afectan la salud de la población salvadoreña”, dice la misión del INS. ¿Dónde están esos aportes? Ningún científico de ese organismo ha sido encumbrado por el presidente Bukele o el ministro Alabí como guía para explicar sus decisiones. ¿No cree que hace falta un abordaje técnico para aprovechar mejor los escasos recursos? Sobre todo, porque muchas de las decisiones (sin ayuda de la ciencia y de la educación) han costado vidas, cinco veces más de las que reporta la cifra oficial del Ejecutivo y que no puede ocultar el Registro Nacional de Personas Naturales.


*Cecibel Romero es periodista desde 1996. Ha trabajado como editora en Canal 12, La Prensa Gráfica y la plataforma periodística regional Connectas. Periodista de Salud con Lupa. También imparte talleres y cátedras de periodismo de investigación y comunicación digital.

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