La violencia de género es imparable. Hasta noviembre de 2017, en El Salvador se registraron 429 feminicidios, de acuerdo con datos del Instituto de Medicina Legal (IML). Es decir, que una mujer fue asesinada cada 18 horas. Aunque falta conocer las fatídicas cifras de diciembre, las noticias con que finalizamos y recibimos el nuevo año auguran una situación escalofriante: el caso de Lorena Beatriz Hernández, una policía asesinada por su pareja sentimental (también policía), en la subdelegación de Mejicanos; y la desaparición de la policía Carla Mayari Ayala Palacios, el 29 de diciembre, luego de ser lesionada por un policía del GRP, en un hecho bastante confuso.
En el primer caso, de acuerdo a una publicación de La Prensa Gráfica, un testigo asegura que antes de ser asesinada, ella fue golpeada por el policía Néstor Alfonso Mejía Coto, ante la presencia de sus colegas. Según el relato de un reo detenido en la Subdelegación de la Policía Nacional Civil (PNC) en Mejicanos, Mejía Coto le dio puñetazos y la agarró del cabello. Al leer este tipo de noticias, una se pregunta qué pasó por la cabeza de los hombres cuando vieron que Mejía golpeaba a su compañera de trabajo, sin intervenir. Una se pregunta si pasará igual fuera de la institución policial y se cuestiona, aun más, qué tipo de personas están a cargo de la seguridad e investigación de los delitos. Las mismas preguntas aplican para Carla Mayari, quien casi tendrá un mes de desaparecida, al igual que el agente Juan Josué Castillo Arévalo, quien es acusado de balearla, ante la presencia de tres policías más. En ambos casos, la fiscalía sospecha de manipulación en la escena del crimen o de encubrimiento.
A estos casos se suma la reciente noticia de que cinco policías violaron a una agente en un rancho de playa. Los tres delitos han ocurrido en recintos de la Policía Nacional Civil (PNC).
El informe “Estado y situación de la violencia contra las mujeres en El Salvador 2017”, presentado en noviembre, revela que a partir de 2015 la violencia feminicida “ha tenido una escalada alarmante”. En ese año se reportaron 574 asesinatos de mujeres; y el año siguiente fueron “524, superando en más del 50 % a los 217 asesinatos reportados en 2013 (año con el menor número de mujeres asesinadas desde la entrada en vigor de la LEIV)”.
La Ley especial integral para una vida libre de violencia contra las mujeres (LEIV), en su artículo 9, literal “b”, tipifica la violencia feminicida como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado; conformada por el conjunto de conductas misóginas que conllevan a la impunidad social o del Estado, pudiendo culminar en feminicidio y en otras formas de muerte violenta”.
Hace unos días, en una entrevista radiofónica, comenté el caso de Lorena Beatriz. Aún no se sabía que era un feminicidio ni se había tipificado el delito como tal. Sin embargo, por lo leído en las noticias, expliqué al entrevistador que todo apuntaba a que era un feminicidio. El entrevistador me pidió explicarle varias veces la diferencia entre homicidio y feminicidio. Esto me llevó varios minutos. Le respondí que el feminicidio es cometido, la mayoría de las veces, por el compañero sentimental o un familiar. Y que al feminicidio le preceden hechos de violencia, es decir, el victimario ya ha agredido verbal, psicológica o físicamente a la víctima. Eso me hizo reflexionar sobre lo poco que entendemos la naturaleza de estos crímenes y sobre lo insensibles que somos ante la violencia, sobre todo ante la violencia de género. Esa es parte de la herencia maldita que nos dejaron doce años de conflicto armado y del patriarcado.
El informe del Isdemu consigna, además, que “El Salvador continúa en un estado de epidemia —tal y como se ha reportado en informes anteriores— de acuerdo con los estándares establecidos por la Organización Mundial de Salud, debido a las altas tasas de mujeres asesinadas”. Sin embargo, pareciera que a las autoridades la violencia —no solo la de género— les preocupa poco, en un país donde a diario se comete un promedio de doce o más homicidios. En 2016, de enero al 11 de octubre, las autoridades registraron 4,311 homicidios y solo en 727 casos hubo condenas, de acuerdo con una noticia publicada por Diario El Mundo ese año.
La escalada de violencia sexual
Sin embargo, el feminicidio no es el único problema, si usted es mujer en este país. Los delitos contra la libertad sexual registran cifras escalofriantes: en promedio, la Fiscalía General de la República (FGR) recibe anualmente 6 mil denuncias de mujeres víctimas (menores y mayores de edad). Y esta es una estadística negra u oscura, porque no todas las víctimas de delitos interponen la denuncia. En 2013, la FGR contabilizó 6 mil 728 denuncias de este tipo; en 2014, 6 mil 357; en 2015, 5 mil 573; y, en 2016, 5 mil 970.
En su última memoria de labores, el CONNA reporta que en 2016 “el observatorio del MINED sobre los Centros Educativos Públicos de El Salvador, identificó que en el 5.18 % de los centros escolares, 23 los directores tuvieron conocimiento de que alguno de sus estudiantes sufrió algún tipo de violencia sexual dentro o fuera de su centro escolar. Se identificaron 141 casos de estudiantes en los que la agresión fue realizada por un miembro de su familia (53.0 %), 49 por otros agresores (18.42 %) y 76 sin especificar (28.6 %). La edad promedio de los agresores es de 33 años y la más frecuente 40 años”.
2017 cerró con malas noticias. En el caso conocido como “Gordo Max”, Max González y tres hombres más fueron declarados inocentes del delito de pagar por sexo con menores de edad porque a los tres jueces no les convenció la edad de la víctima. Ya la investigación de El Faro, publicada el 31 de enero de 2017, nos revelaba que el 90 % de las violaciones a menores queda impune “con jueces que llegaron a justificar que la menor ‘aparentaba ser toda una señorita’ o que confiaron en la buena intención del agresor y procuraron con su sentencia que víctima y victimario formaran un hogar”. Un avance fue que en la Asamblea Legislativa se aprobará el decreto 754, que prohibe las uniones y matrimonios con personas menores de edad; otro hito para El Salvador fue que María Teresa Rivera, quien fue liberada de prisión en 2016, luego de que anularan su condena por homicidio agravado, recibiera asilo en Suecia, luego de que la FGR presentará un recurso contra ella.
Sin embargo, la deuda con las mujeres salvadoreñas y con sus familias sigue siendo grande para las personas a cargo de las políticas públicas en nuestro país. Todavía no sabemos si se investigará el caso de Eugenio Chicas; Evelin Beatriz Hernández Cruz fue condenada a 30 años de prisión por el homicidio agravado de su recién nacido, en un caso plagado de dudas; y un tribunal confirmó la sentencia de Teodora del Carmen Vásquez de Saldaña a 30 años de prisión por el homicidio agravado en su hija recién nacida.
Pero volviendo al caso de Lorena Beatriz, la resolución del juez de Mejicanos es una esperanza en un sistema de justicia tan misógino. Su decisión de que el caso sea público y no tenga reserva —como solicitó la Fiscalía— también es un gran avance, ya que necesitamos saber quiénes están a cargo de nuestra seguridad y de la investigación de los delitos. La policía ya cuenta con instrumentos especializados para evitar y atender la violencia de género. Por ejemplo, el protocolo para el abordaje de la violencia y discriminación por razones de género contra las mujeres al interior de la Policía Nacional Civil y el Manual de funcionamiento de la Red de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos de Mujeres que laboran en la PNC.
54 % está a favor del aborto cuando la vida de las madres está en riesgo
En esta época de abrazos, sonrisas y promesas, en esta coyuntura, cuando quienes aspiran a ocupar una curul “escuchan” las necesidades de toda la población, también es momento de reflexionar sobre la reforma al artículo 133 del Código Penal, que criminaliza el aborto desde 1998. La más reciente encuesta del Barómetro de las Américas revela que el 54 % de las personas salvadoreñas “está de acuerdo en que se aborte cuando la vida de las madres está en riesgo”. La pregunta fue realizada por vez primera por Lapop y consignada en la base de datos del estudio Cultura política de la democracia en El Salvador y en las Américas 2016/2017: un estudio comparado sobre democracia y gobernabilidad, que hacen Fundaungo y la Universidad de Vanderbilt desde 1999, para el caso de El Salvador.
Asimismo, los resultados de esta pregunta indican que del 54 % de las personas que están a favor del aborto cuando la vida de las madres está en riesgo, el 57.10 % son hombres, 53.86 % profesa la religión católica, y la mayoría tiene una preferencia política de centro (38.83 %) y centro derecha (20.30 %). De hecho, el porcentaje más bajo (11.09 %) corresponde a las personas de izquierda.
La muestra utilizada para esta encuesta fue de 1 mil 551 personas, representativa a nivel nacional; y el margen de error, de 2.5 %. La mayoría de las personas que están a favor del aborto en esta causal (27.94 %) ha estudiado de siete a 12 años y reside en el área urbana (33.35 %).
La despenalización del aborto en El Salvador inició su discusión después del 11 de octubre de 2016, cuando Lorena Peña, entonces presidenta de la Asamblea Legislativa, solicitó la modificación del artículo 133 del Código Penal para que no se castigue a las mujeres salvadoreñas que quieran interrumpir el embarazo en cuatro causales relacionadas con la salud y vida y con violencia sexual. En la web de Seguimos Unidos se ha obtenido el apoyo de 1 mil 417 personas, quienes están a favor de la interrupción del embarazo en estos cuatro casos. Penalizar el aborto es otra forma de violencia de género, de acuerdo con expertos de la ONU.
- Metzi Rosales Martel es investigadora y docente universitaria. Además trabajó 12 años como periodista. Desde hace cinco años funge como docente (hora-clase) de investigación cualitativa en la Escuela de Comunicación Mónica Herrera; así como también trabaja como facilitadora en las Academias Sabatinas Experimentales de la Universidad José Matías Delgado-Mined, cargo en el que imparte investigación.
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