La alargada sombra del penal de Cojutepeque

Hace apenas cuatro meses que el perímetro de la vieja cárcel de Cojutepeque ha quedado huérfano de militares, se retiraron los conos para evitar el paso de vehículos por las calles aledañas y se recuperó la señal telefónica que afectaba a todo el centro del municipio, suspendida desde marzo pasado tras la declaratoria de emergencia en siete penales del país exclusivos para pandilleros. Los vecinos, cuyas casas y negocios rodean el expenal, se alegran de volver a tener señal en su celular, pero ahora les preocupa que la delincuencia pueda moverse más libremente por la zona, sin la vigilancia y los registros de los soldados. 

Un rebaño de cabras pasa por delante del antiguo penal de Cojutepeque a las 8:00 de la mañana de un lunes de agosto. La cara redonda y morena de un custodio se asoma a través de una mirilla enrejada, observando el paso del rebaño tras unas puertas exteriores pintadas de amarillo donde se leen, en negro, las palabras: Yo Cambio. El custodio dice que no está autorizado para hablar, que ahora solo cuida el espacio mientras lo vacían y las autoridades deciden qué hacer con él.

A través de la mirilla, el interior del antiguo cuartel convertido en penal se percibe luminoso y despejado, pero esa limitada perspectiva que permite comunicarse con los custodios es solo un espejismo. Durante años este centro ha sido un lugar oscuro, lúgubre y sucio, donde se han encerrado de forma precaria e inhumana a miles de hombres condenados por diversos delitos y resguardados bajo la administración del Estado.

En el penal de Cojute, como se conoce popularmente al municipio de Cuscatlán y a la cárcel, convivían más de 1,200 pandilleros en un espacio con capacidad habilitada para no más de 400 reos, según informó en junio el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto. Sin servicio básico de agua, un sistema eléctrico precario y una infraestructura ruinosa que nunca fue pensada para mantener encerrados a más de mil hombres, las posibilidades de ofrecer un encierro digno y rehabilitar a los internos eran nulas. Cualquiera que haya entrado alguna vez a esa cárcel, y contemplando su patio y celdas hacinados de hombres, todos pandilleros de la facción “Sureños” del Barrio 18, sabe perfectamente lo que vio, olió y sintió.

“Visitar Cojutepeque abre los ojos. Si yo entré ahí con un soldado y me dijo que [una de las autoridades había dicho]: “yo no pondría ni animales aquí, pero no tengo opción”. Hay una sala en Cojute[tepeque] donde a las diez de la mañana no hay luz, no puedes ver la mano enfrente de tu cara; no hay ventilación, no hay ventanas. Entonces, en el hueco en el piso a este nivel [señala más o menos un metro y medio], hay una tarima suspendida del cielo […] del plafón […] donde duerme un interno; ahí encima están las ratas, las cucas, todo ese foco de enfermedad sin mencionar los malos olores. Entonces, la situación del drenaje[…] y los peores drenajes son los penales en donde están los pandilleros […] (Especialista 2)”, son parte de los testimonios que recoge el estudio “El sistema penitenciario salvadoreño y sus prisiones”, presentado por el Instituto de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en 2015.

Ubicado en pleno centro de la ciudad, compartiendo paredes con la alcaldía municipal y en un espacio de poco más de 7,000 metros cuadrados, ambas instituciones se han disputado durante años el terreno. La alcaldía tratando de sacar fuera al penal, pidiendo a las autoridades de Seguridad que lo trasladaran, y los reos del penal abriéndose camino de forma clandestina a través de los túneles y hoyos construidos para tratar de fugarse por calles y despachos municipales.

La alcaldía de Cojutepeque, y al fondo el penal que estaba alojado en el corazón del pueblo. Foto: María Cidón

Las posibilidades de que los internos cambiaran -para bien-, como propone el programa emblema de la actual gestión de la Dirección General de Centros Penales, “Yo Cambio”, era tan remota que finalmente se decidió clausurar el lugar en junio pasado y trasladar a los 1,282 reos que lo habitaban hacia otros dos centros penales: Izalco y Quezaltepeque.

En este cambio también influyó una sentencia de la Sala de lo Constitucional a partir de un recurso de amparo solicitado por tres hombres detenidos bajo condiciones de hacinamiento en las bartolinas policiales. El amparo fue admitido y el 3 de junio los magistrados de la Sala declararon inconstitucional las condiciones inhumanas de encierro en bartolinas y penales del país. Una semana después de la sentencia, la Dirección General de Centros Penales informaba del cierre del penal y el hallazgo, a través de una investigación interna, de una estructura que introducía ilícitos y que pasaba por el director, el subdirector, custodios y empleados de la tienda institucional de la penitenciaría.

Finalmente, el 16 de junio se procedió al traslado. Al penal de Quezaltepeque (La Libertad) fueron llevados 280 reos, mientras el resto, 1,000 internos, fueron llevados al de Izalco, en el departamento de Sonsonate. Los reos tuvieron que esperar durante varias horas al interior de los buses para ser llevados a su nueva ubicación. Sus familiares les lanzaban agua en bolsas y les saludaban, según reportó ese día El Faro. Con ese traslado terminó una historia de 86 años de cárcel, los 12 últimos dedicados exclusivamente para el internamiento de pandilleros del Barrio 18.

Pero esta no es la primera vez que cierra la cárcel, ya en 2003 se anunció un cese definitivo de labores por ser inviable su funcionamiento en pleno centro de la ciudad. Pero no se cumplió. El plan del gobierno actual es que se convierta en una delegación policial. Pero la alcaldía mantiene  fija su idea, desde hace 12 años, de construir un centro cultural en ese lugar.

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Al mediodía del viernes, algunas madres y escolares de un colegio cuyas puertas dan al costado poniente de la cárcel, compran fruta a un vendedor ambulante, un camión descarga en una venta cercana. No hay nada sospechoso, pero tampoco tranquilizador. La presencia del penal permanece, ahora sin vigilancia, en una zona donde el transitar de miembros de pandillas es una amenaza latente, según denuncian todavía los vecinos.

Ya no se ve a los militares apostados desde sus lúgubres garitones a pie de calle o vigilando desde las alturas, observando a los internos en el patio, como hacían desde el año 2010 cuando las funciones de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) se extendieron a los penales.

Para vecinos y comerciantes la situación apenas ha cambiado desde el cierre del penal, salvo por la retirada de los militares y la recuperación de la señal telefónica.

El comercio intenta seguir su curso frente el ahora expenal de Cojutepeque. Los vecinos, sin embargo, dicen sentirse inseguros. Foto: María Cidón

Una vendedora joven habla bajito sin dejar de llenar bolsas plásticas con frijoles rojos mientras los pesa, a libra por bolsa. Dice lo que ya comentaron otros antes, que la situación es igual, con o sin penal. Bueno, – se retracta – al menos ahora ya no llegan los familiares de los pandilleros presos.

“Es casi lo mismo, pero sin los militares se siente menos seguridad. Por la zona siempre pasan personas…. (pandilleros). Allá por el tiangue (zona de ventas callejeras) es peligroso, y allá sí pasan cuidando los soldados”, dice a modo de reclamo.

Esta vendedora teme que, de construirse un centro cultural para jóvenes, como propone la alcaldesa, mucha gente llegará a visitar desde otras zonas, por lo que siempre sería peligroso.  Dice que hay un centro cultural por la zona del tiangue, a donde llegan muchos jóvenes que se exponen a ser atacados. La propuesta municipal no le convence como estrategia para alejar la violencia de su rutina diaria.

Desde la fresca oscuridad que ofrecen los gruesos muros de adobe de una antigua casa se asoma un hombre de unos 50 años de edad. Vive a un costado del penal y dice que la inseguridad no se resolverá si finalmente se ubica el cuartel de la Policía en la zona, pues asegura  que entonces siempre habrá reos, con la diferencia de estar en bartolinas. Tras el cierre considera que ahora “está un poco más tranquilo, pero siempre es peligroso”, y que las visitas al penal siempre traían siempre cierta inseguridad.

“A mí me gustaría que la alcaldía lo retomara y lo convirtiera en un centro cultural”, responde en referencia a la recogida de firmas entre vecinos que se realizó hace años. Además cree que el edificio debe declararse patrimonio histórico de la ciudad.

Un hombre mayor que ha vivido por más de 60 años frente a la entrada del penal dice haber visto muchas cosas irregulares sucediendo a su alrededor.

“Desde aquí yo veía como lanzaban paquetes con droga adentro del penal, lo vi muchas veces,  por la noche se olía la marihuana esa que fumaban y salía de ese extractor en la pared”, dice señalando desde la puerta de su casa.

También recuerda haber visto una cabeza caer y rodar fuera del vehículo de Medicina Legal, después de una reyerta entre internos que en febrero de 2003 dejó dos decapitados. Cuenta que los custodios pasaban la droga escondida en tubos de pasta de dientes y que hace poco una joven madre fue detenida por ocultar los ilícitos en el cuerpo de su bebé, entre otros casos.

La buena noticia es que ya tienen señal telefónica, pero para él todo lo demás sigue igual. Eso sí, dice que viven con menor seguridad, por lo que  tiene miedo del paso de los pandilleros que viven en zonas cercanas y justifica la represión de los militares para detenerlos. “Al ser humano cuesta dominarlo”, y pone de ejemplo la labor de la antigua Guardia Nacional.

Entonces su esposa entra a la sala desde el patio, saluda amablemente y se presenta; sobre el traslado de los reos opina casi igual que él, pero agrega algo inquietante: “Para nosotros es como que estuvieran en silencio, como que siguieran ahí calladitos, sin hacer ruido”.

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Cuadros de la virgen de Guadalupe, decenas de diplomas y documentos enmarcados cubren una de las paredes de la amplia oficina de la alcaldesa de Cojutepeque. Esa pared sencilla y sin ningún refuerzo especial separa al despacho municipal, en esta ubicación después de los terremotos de 2001,  de la cárcel que albergó durante años a los pandilleros del Barrio 18.

Guadalupe Serrano de Martínez ostenta el cargo desde 2006, ese año hubo una fuga de 38 reos. Los internos abrieron un boquete a través de una celda, en el costado poniente de la cárcel.

“Los 10 años que tengo de estar acá siempre se oyó un martillazo en la pared. Aquí siempre que venía alguien al despacho y preguntaba: ¿qué es eso? Los reos que están martilleando para preparar la fuga (…) Varios túneles ha de tener ese penal y cuestiones malévolas…”, dice la alcaldesa.

La alcaldesa de Cojutepeque contempla la pared de su despacho que la separa de la cárcel. Foto: María Cidón.

Un plan de fuga similar fue detectado tres años después durante una requisa en el penal. Las autoridades descubrieron que los reos habían construido un túnel para ir a dar a un salón de la alcaldía, en la zona que señala la alcaldesa, y que solo les faltaban 50 centímetros para llegar, informó en 2009 La Prensa Gráfica.

El antiguo cuartel de Cojutepeque, ubicado entre la 6ta avenida norte y 6ta avenida sur, en el barrio San Juan, se construyó originalmente en 1912 para albergar la Comandancia Departamental. Esa dependencia militar no tenía el rango de otras edificaciones como las de El Zapote (San Salvador) o el cuartel de Santa Ana, sino que era de ese tipo de “casas con grandes corredores y patios traseros, que con el tiempo se fueron adecuando y construyendo más obra física, facilidades higiénicas, dormitorios y otras facilidades”, señala el capitán retirado y escritor especializado en temas de seguridad y militares, Herard Von Santos.

Detalle de una inscripción en la fachada de la exprisión que funcionaba en Cojutepeque. Foto: María Cidón

En 1930 fue inaugurado como un nuevo penal bajo el gobierno del expresidente de Pío Romero Bosque, según consta en una placa colocada a la entrada del penal, cerca del suelo. Tras pasar por diversos usos a lo largo de su historia civil y castrense, finalmente el 6 de junio de 1996 se entregaron las instalaciones del Destacamento Militar N°5 (DM-5) al Ministerio de Justicia para albergar exclusivamente a los reos que por primera vez ingresan a un penal, detalló Von Santos.

Las oficinas municipales y el penal comenzaron a compartir ubicación tras los terremotos de 2001. Los sismos dejaron el antiguo edificio de la alcaldía completamente en ruinas, por lo que ésta se trasladó al antiguo destacamento militar.

En 2003, el primer director de Centros Penales, Rodolfo Garay Pineda, anunció el cierre del penal por considerarlo un peligro para la ciudadanía de Cojutepeque y como parte de un proceso de clasificación de internos a escala nacional, informaba ese año el Diario de Hoy. La decisión se daba a conocer tras un amotinamiento reciente durante el cual dos internos fueron decapitados.  En esa ocasión nació el proyecto de readecuación del centro para convertirlo en un espacio destinado a las artes. Pero el penal no tardó en retomar su función, y en 2004 pasó a ser ocupado exclusivamente por miembros de la pandilla 18.

Tras 86 años de historia, la población consultada es escéptica sobre el próximo destino de ese viejo cuartel, pero lo más importante para muchas personas es que la señal telefónica ha vuelto, la misma que nunca se interrumpió al interior del centro, según dicen algunos vecinos, algo que ha reconocido el director de Centros Penales, Rodil Hernández, en numerosas entrevistas realizadas tras la aplicación de las medidas extraordinarias de seguridad.

El plan de crear un centro cultural por parte de la alcaldía se mantiene. La alcaldesa asegura haber reclamado la propiedad del terreno del antiguo penal para construir un centro cultural e invertir cerca de $500 mil en la nueva infraestructura.

“Ese centro penal en algún tiempo fue propiedad de esta alcaldía, y le estoy hablando de más de 80 años, que un alcalde lo cedió para cárceles simples, no existía esta cantidad de reos que ahora existe. Ahora, después que se ha logrado el desalojo de esta clase de reos que tenían acá en Cojutepeque, nosotros le hemos pedido al gobierno central a través de sus instituciones (…) que analicen bien el futuro de esa instalación (…) Cojutepeque no cuenta con un centro cultural, no lo tenemos y al ver este espacio que llena los requisitos para tener un centro de convenciones”, dice la alcaldesa.

Pero el director de la Policía, Howard Cotto, manifestó otros planes tras el desalojo del penal “existe una fuerte posibilidad de que pueda ser usado por la subdelegación de la Policía Nacional Civil de Cojutepeque, porque ahora tenemos un inmueble que no reúne las condiciones necesarias para tener ahí a toda la gente, y además existen otros locales que podríamos ubicar ahí”, expresó durante una entrevista en televisión. Sin embargo, indicó que habría que reconstruir el edificio, pues las instalaciones actuales del antiguo penal no son las más adecuadas para el uso policial.

Según la oficina de Comunicaciones del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, las autoridades ya han dado el aval para que se construya una nueva delegación policial, pero por el momento los habitantes y trabajadores de los contornos del penal continúan viviendo en la zozobra.

FOTO PRINCIPAL: SALVADOR MELÉNDEZ/FACTUM