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El IAIP coquetea con la corrupción

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) es una institución clave para la lucha contra la corrupción y el avance en materia de acceso a la información pública desde sus inicios. Ha sido gracias a la exigencia de la sociedad civil y a los comisionados de la primera generación que en la mayoría de sus resoluciones evidenciaron independencia y su misión: generar avances en la materia obligando a las instituciones estatales a adoptar y promover la transparencia.

Los avances en el derecho de acceso a la información no han sido fáciles de lograr, ha sido una lucha liderada conjuntamente entre ciudadanía y el IAIP en el ejercicio de este derecho fundamental. Por años, han sido varias instituciones públicas las que continuamente se han opuesto y resistido a transparentar su gestión y el uso de fondos públicos.

Para forzar a cambiar las prácticas de opacidad en las instituciones, la ciudadanía ha hecho uso de diversas herramientas y estrategias como denuncias ante el IAIP, en los medios de comunicación, redes sociales, publicación de informes de diversas organizaciones de sociedad civil con el fin de exponer el avance en la materia y visibilizar las malas prácticas arraigadas en algunas instituciones como la Asamblea Legislativa, Corte de Cuentas, Ministerio de la Defensa Nacional, Corte Suprema de Justicia y Presidencia de la República.

Respecto a la Presidencia, me detengo a hacer un recuento de su reiterada negativa para transparentar su gestión y tratar de esconder los abusos de poder que se han dado en su interior como esconder información sobre el mal manejo de fondos públicos y que en los últimos años han sido de notoriedad pública las investigaciones por lavado de millones de dólares. Lograr obtener información en esa entidad ha requerido hacer uso de la institucionalidad y herramientas que habilita la LAIP, como el recurso de apelación o el proceso sancionatorio para exigir el cumplimiento de nuestro derecho a saber para casos como la compraventa del edificio de Ciudad Mujer-Colón por la falta de transparencia y claridad en  alrededor de 3.5 millones de dólares, información sobre la Comisión Especial Investigadora de Reos Políticos Desaparecidos, auditorías internas, información de graves violaciones a derechos humanos, el documento de los Acuerdos de Paz, gastos en publicidad, información de costos de viajes de directores y personal de las diversas secretarías, los viajes del expresidente Funes y la ex primera dama Pignato y el caso en el que los documentos fueron destruidos. Ante esto, por un proceso de amparo, la Sala de lo Constitucional (2009-2018) ordenó su reconstrucción y se certificó la resolución para que la Fiscalía General de la República iniciara la respectiva investigación.

Este caso de “los viajes de Funes” ha sido tan emblemático, porque recuerdo las artimañas utilizadas por personas como Luis Javier Portillo Solano, quien fungió como representante legal del presidente la República, y Pavel Benjamín Cruz, oficial de información de la Presidencia ―que también ostentaba doble cargo: uno como oficial de información y también como director de transparencia, o por lo menos este último, antes del nuevo gobierno de Bukele, aún lo ejercía―,  ambos  contribuyeron con sus conocimientos técnicos a mantener en opacidad la gestión de la Presidencia. Sus actuaciones han dejado una huella negativa en la sociedad civil, han sido piezas claves para obstruir constantemente el acceso a la información de la ciudadanía durante el período de gobierno del FMLN.

Recientemente, se ha dado a conocer que la trama con uno de estos personajes no terminó con el cambio de gobierno, sino que simplemente ha cambiado de cancha y el 10 de junio de 2019 Portillo Solano inició labores como director ejecutivo en el IAIP a través de un proceso de contratación directa que ha sido irregular y con poca transparencia. La justificación de los nuevos comisionados, no oficial, es que se trata de un cargo considerado de confianza.

Este, al parecer, no es el único proceso de contratación que está causando ruido de posible corrupción en la institución y que abona a las decisiones erradas y sin sustento técnico que los nuevos comisionados están tomando. Otro proceso está evidenciado en acta con referencia IAIP-A1-3.18/2019 de fecha 6 de mayo, en la que deciden reiniciar el proceso de contratación de plazas para técnicos en capacitación, para el que ya existía un proceso avanzado y en etapa final. Pareciera que quieren favorecer a personas de su confianza y eso puede empezar a empañar la imagen del IAIP con nepotismo y amiguismo.

Ante estos hechos recientes, todo parece indicar que, en primer lugar, el pleno de comisionados no quiere entender y no le interesa que sea cual sea el tipo de cargo o plaza a contratar, todo proceso debe hacerse público, participativo y de manera transparente. Segundo, por ser la institución garante del acceso a la información están obligados a promover la transparencia activa, incluso a ser el ejemplo de la promoción de la cultura de transparencia; tercero, la idoneidad de Portillo no está demostrada, su historial le precede y pone en duda que contribuya a fomentar la transparencia en el IAIP. Además, a su carrera profesional se le suma una inhabilitación como notario salvadoreño, según consta en el acta de la CSJ del pleno del 3 de abril de 2018 por la causal de falsedad, que genera aún mayor preocupación en la sociedad civil.

Estas irregularidades causan una alerta de que se avecinan posibles retrocesos en el IAIP y, por ende, en el acceso a información. Es un llamado para que organizaciones de sociedad civil como el Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información, el Consorcio por la Transparencia, el Grupo Gestor de la Función Pública, Ciudadanos por una Corte Independiente, organizaciones de derechos humanos, sector académico, periodistas y la ciudadanía en general continuemos ejerciendo una contraloría y vigilancia del funcionamiento de las instituciones públicas, principalmente del IAIP, y exijamos a los comisionados René Eduardo Cárcamo, Claudia Liduvina Escobar Campos, Alirio Cornejo Najarro, Daniela Huezo Santos que deben cumplir los compromisos asumidos desde que se postularon para ser comisionados de esta institución. El cargo no es para tener poder y beneficiar a sus cercanos o amigos, es para servir a su país y a la ciudadanía, quienes somos los titulares de la cosa pública, y por ello estamos esperando una explicación y que rectifiquen las decisiones erradas.

Señores comisionados, hagan la diferencia y no se sumen a la gran cantidad de funcionarios o exfuncionarios que han contribuido a expandir y arraigar la corrupción en las instituciones estatales. No permitan que la única institución que goza de credibilidad sea alcanzada por la corrupción.


*Xenia Hernández Castro es abogada salvadoreña, especialista en derecho al acceso a la información pública.

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