Aunque la oposición estuviera muy bien estructurada en una fuerza política, no hay ningún chance de que gane más puestos de poder de los que el régimen esté dispuesto a cederle. Organizarse políticamente solo para obtener cargos públicos en el corto plazo puede ser una trampa que desilusione, pero puede ser esperanzador si aparte de ello se busca promover la participación política de más personas y fiscalizar y exponer desde adentro el mismo proceso electoral.
En septiembre de 2021, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) atendió y aceptó la resolución de Sala de lo Constitucional impuesta por el régimen que permite la reelección presidencial inmediata. Luego, en menos de 24 horas, el TSE comunicó su adhesión a la nueva resolución.
A la sala impuesta no le importó que la Constitución prohíbe en cuatro artículos la reelección presidencial inmediata. Maniobró más allá de la racionalidad del lenguaje para lograr su cometido: perpetuar el régimen que la engendró ilegalmente.
Eso no es todo, tres horas antes de que la sala impuesta diera a conocer su resolución, la magistrada presidenta y tres magistrados del TSE asistieron a una reunión convocada por Javier Argueta, asesor legal de la Presidencia, quien buscaba garantizar que estos atendieran la nueva disposición. Lo logró sin mucho problema.
Son esos mismos magistrados del TSE los que estarán a cargo de garantizar un proceso electoral y conteo de votos transparentes en las próximas elecciones de 2024. Es esa misma sala impuesta la que atenderá denuncias de posibles fraudes. ¿Habrá elecciones justas?
Participar en elecciones es totalmente fundamental para defender esa victoria de libertad política que nos dejaron los Acuerdos de Paz. Solo el hecho de participar ya es un avance, ya que nuestro gobierno -por mucho que lo niegue- ha imitado los pasos de Daniel Ortega, y creo que no estamos tan lejos de que aquí se apresen a candidatas y candidatos de la oposición como ocurrió en nuestra vecina Nicaragua. La pelea en las elecciones hay que darla, pero se debe tomar en cuenta que mientras las vías institucionales estén cooptadas por el régimen, no se abrirán espacios reales de poder para la ciudadanía.
El año pasado nos deja dos ejemplos en cuanto a los espacios efectivos para generar algún tipo de cambio en el ámbito político: la frustración de los planes del gobierno para celebrar el bicentenario y la postergación de la aprobación de la ley de agentes extranjeros. En el primer caso, la primera marcha masiva del 15 de septiembre pasado en contra del autoritarismo del actual gobierno dejaron sin credibilidad cualquier evento oficialista planeado. No le quedó más alternativa al régimen que organizar un evento a puertas cerradas plagado de militares. En el segundo caso, la comunidad internacional articulada expresó claramente su desacuerdo con la ley de agentes extranjeros, y es eso lo que hasta el momento la ha frenado. Dos elementos: pronunciamiento multitudinario y masivo en las calles y una comunidad internacional activa y responsable con su rol en proteger los derechos humanos universales.
*Gerardo C. Tobar es ingeniero de la Universidad Don Bosco. Politólogo y apasionado de la gestión cultural.
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