Los desalojados.
Los vendedores del centro.
Las víctimas del régimen de excepción.
Los médicos que trabajan en el sector público.
Las abogadas que denuncian arbitrariedades.
Los proveedores a quienes no les han pagado.
Las maestras que temen perder su escalafón.
Estas y muchas más personas de otros sectores tienen miedo. El miedo a expresar públicamente lo que piensan, su descontento o sus críticas, por temor a las consecuencias.
No es casualidad que cada vez sean menos las personas que se atreven a cuestionar o a denunciar con nombre y apellido frente a un micrófono o una cámara.
¿De qué libertad habló, entonces, Nayib Bukele en su más reciente intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas?
Fiel a su estilo, donde se presenta como ejemplo a seguir, llenó su discurso de numerosas y muy elaboradas falsedades. Fue una bofetada para los representantes de los países a los que Bukele les adjudicó la erosión de la libertad de expresión, países de occidente a los que humilló hasta tratarlos como aprendices de pruebas supuestamente ya superadas por su Gobierno.
Bukele, convenientemente, omitió que su administración ha adoptado prácticas delictivas para callar a voces críticas: desde el Régimen de Excepción como una amenaza siempre latente; hasta el uso de software espía para vigilar a quienes simplemente ejercen su derecho de acceso a la información pública.
El contraste entre lo que dijo y lo que ocurre es drástico. El mismo día que el presidente le hacía creer al mundo que en El Salvador se respeta la libertad de expresión, una periodista que cubría una protesta fue coaccionada por un policía para que borrara sus fotografías.
Y el comisionado presidencial para los Derechos Humanos y la libertad de expresión, al que le pagamos un salario para defender esa libertad, lejos de condenar, justificó la acción.
El comisionado Andrés Guzmán dijo y se desdijo sobre ese hecho. Se refirió a una Ley de Protección de Datos Personales que en el país no existe. Ha apelado a la Constitución de la República para justificar la mordaza y también para justificar que funcionarios bloqueen a ciudadanos en redes sociales.
Conviene recordarle al abogado Guzmán que desde septiembre de 2010, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema estableció que funcionarios públicos, como él, deben estar abiertos a la crítica y que no pueden usar de excusa la invasión a su privacidad para evitar las críticas y la fiscalización de la ciudadanía.
En esa resolución, la Sala fue rotunda respecto al escrutinio. Dijo que “aquellas personas que influyen en cuestiones de interés público se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente y, consecuentemente, se ven expuestos a un mayor riesgo de sufrir críticas, ya que sus actividades salen del dominio de la esfera privada”. Pero parece que el comisionado todavía no ha hecho esta lectura.
La libertad de expresión es también tener acceso a información. Porque solo de esa manera la ciudadanía toma mejores decisiones. ¿De qué libertad de expresión hablan Bukele y sus funcionarios cuando han hecho de su gestión un refugio repleto de secretos?
Bukele sabe que para gobernar a su antojo y perpetuarse en el poder necesita sostener la ilusión más allá del paisaje de sus recientes y misteriosos cafetales.
Para continuar gobernando “al estilo Bukele” –violando derechos, normas e incluso tratados internacionales firmados por el país– es necesario controlar los alcances del espejismo en tiempo y forma, pero también en lugar.
Para eso es necesario dar discursos absurdos ante la ONU.
Para eso es necesario mentir.
Para eso es necesario hacer un comercial interminable donde olvida a quienes no pueden expresarse.
Foto/Casa Presidencial de El Salvador
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