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¿Cuál es la mejor manera de comenzar una supuesta presidencia temporal amañada? Sabiendo que la responsable de sostener el despacho del Ejecutivo, mientras el presidente Bukele avanza ilegalmente a su reelección, representa el mayor valor de la actual administración: la defensa a ultranza de su corrupción.
Esta semana, una investigación de GatoEncerrado dio a conocer parte del revelador pasado de Claudia Juana Rodríguez, la secretaria privada de la presidencia que fue nombrada como designada presidencial el pasado 30 de noviembre.
Rodríguez, de acuerdo al reportaje, recibió $1.2 millones en cheques a su nombre mientras trabajaba como tesorera municipal de San Salvador, entre 2015 y 2018, durante el mandato como alcalde capitalino de Nayib Bukele.
Esos cheques, según la investigación, fueron sin justificación, salieron desde las cuentas públicas de la alcaldía y fluyeron casi cada mes por montos que muchas veces superaban los $25 mil.
Esa época fue fundamental para perfilar a quien se convertiría en presidente de El Salvador en 2019. Una investigación de Factum, por ejemplo, documentó la existencia de una red de corrupción en la alcaldía capitalina que beneficiaba con contratos públicos a los amigos del entonces alcalde Bukele.
Esa época fue fundamental para saber, muy temprano, que Bukele, más que luchar contra el despilfarro de los fondos públicos, se convertiría en el principal aliado de la corrupción. Y es casi imposible que si uno se siente cómodo entre tanta basura pueda oler bien.
Esta semana, además, confirmamos algo que era bastante obvio desde la designación de Rodríguez: nunca fue juramentada; al menos, no de forma pública, si optamos por creer la desfachatez del presidente de la Asamblea Legislativa, quien aseguró que la juramentación se realizó de forma privada, a oscuras, sin transparencia, de espaldas al país. La descoordinación en el ballet habitual de la propaganda -esta vez entre Ernesto Castro y Guillermo Gallegos- permitió saber que ese requisito, que aparece en la Constitución, fue pasado por alto por los empleados presidenciales que ejercen como diputados.
Es decir: el nombramiento de la designada presidencial, cuyo pasado oscuro ahora sale a la luz, y quien será la responsable de una pantomima por seis meses, mientras su jefe se convierte en dictador, fue ilegal.
Ese quizá sea uno de los pocos puntos coherentes del régimen Bukele: su vocación enfermiza en ocultar lo ilegal.
El Salvador merece saber qué hacen sus gobernantes, presidentes o tesoreras, con el poco dinero que tiene. Merece saber que lo prohibido tiene consecuencias. ¿Con cuánta corrupción nos sentiremos incómodos para dejar de callar?
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