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Cooptación del Estado

De eso se trata el caso que involucra al empresario Enrique Rais y al ex fiscal general de la República, Luis Antonio Martínez. Por lo escuchado hasta ahora al actual jefe del Ministerio Público, Douglas Meléndez, el contubernio podría resumirse así: Martínez usó la oficina encargada por Constitución de investigar el crimen para, a cambio de dádivas, favorecer los intereses personales y comerciales del empresario. Eso ya lo había dicho el periodismo, la revista Factum y el periódico digital El Faro. Hoy eso está al centro de una de las investigaciones criminales por corrupción más importantes de los últimos tiempos.

En la vecina Guatemala hay causas penales similares, más grandes aún por la calidad y número de funcionarios y exfuncionarios del Estado allá involucrados. Fueron el Ministerio Público de Guatemala, su fiscalía, y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (la CICIG) las que investigaron la red de corrupción en cuya cabeza están el expresidente Otto Pérez Molina y su ex vicepresidenta Roxana Baldetti. CICIG y MP llamaron al caso Cooptación del Estado.

En julio pasado, el jefe de CICIG, el comisionado colombiano Iván Velásquez, me explicó así el secuestro del Estado guatemalteco por estructuras criminales amparadas en la corrupción oficial: “…La Cooptación es la expresión de una estructura profunda… que podría expresarse con los sectores de poder… que ha permitido darle continuidad a la captura del Estado”. En corto: las instituciones al servicio de criminales organizados amparados por criminales políticos.

De eso se trata el caso salvadoreño: de la captura del Estado. Y en este caso en particular, de acuerdo a las sospechas de la Fiscalía General, protagonizada por el exjefe del Ministerio Público. Sí, del ex fiscal general, pero también de la clase política que lo eligió, lo protegió, lo defendió y lo quiso reelegir.

Por lo que sabemos hasta ahora de los pesquisas encabezadas por Meléndez, los indicios apuntan a que Rais y Martínez fabricaron prueba, obstaculizaron investigaciones e intercambiaron dádivas –Meléndez no ha hablado aún, explícitamente, de dinero, pero sí de otro tipo de dádivas, como los vuelos gratis que Martínez y su equipo hicieron en aviones del empresario– para montar e inventar, casos y acusaciones con el fin de avanzar la agenda del dueño del negocio de la basura. La trama, si se juzga por los arrestos hechos hasta ahora, implicaron a jueces de la República y al menos un perito de Medicina Legal. En corto, de nuevo, a funcionarios que participan en toda la cadena de la investigación criminal y la procuración de justicia. Eso se llama cooptación del sistema judicial.

No fueron solo Martínez y su familia quienes viajaron en los aviones de Rais. También volaron ahí, entre otros, Edgar Isaías Márquez Argueta, Mauricio Antonio Yánez Morales, Tovías Armando Menjívar Tovar y Roberto Avilés Fuentes. Los tres primeros eran lugartenientes de Martínez y tomaban decisiones en los casos que implicaban a Rais; el último era el asesor de comunicaciones.

Por ahora, esta trama no incluye a políticos en el sentido estrictamente penal. Pero los políticos sí están relacionados con Rais y Martínez de varias maneras.

Enrique Rais ha tenido protección política de un líder del FMLN, José Luis Merino, quien también ha viajado en sus aviones y a quien el empresario se ha referido en correos electrónicos como amigo y aliado. Factum reveló que Merino y toda la cúpula de Alba-Petróleos, la empresa construida en parte con capital venezolano y administrada por funcionarios y ex funcionarios del partido FMLN, viajaron varias veces en esas aeronaves.

En los aviones de Rais también viajó el presidente de la República cuando era presidente electo. El 5 de abril de 2014 Salvador Sánchez Cerén aterrizó en El Salvador a las 12:56 p.m. a bordo del avión matrícula N440KM procedente de Honduras, de acuerdo a un informe de la Dirección General de Aeronáutica Civil y Navegación Aérea de aquel país, certificado en el expediente que el Tribunal de Ética Gubernamental abrió contra Martínez (Factum tiene copia de ese informe). El N440KM sería incautado luego en la Florida y en él un perro entrenado encontraría rastros de narcóticos.

Que Sánchez Cerén haya viajado en ese avión no significa que haya cometido un delito, pero sí implica una obligación política y otra moral, o al menos debería de implicarlas. Como jefe de Estado y ante la certeza de que Merino, su correligionario y colega en el FMLN, ha tenido una relación estrecha con Rais, el presidente debería, al menos, expresar su apoyo a una investigación sólida. El presidente es, ante todo, el jefe de Estado, no de un partido: su cargo se debe al buen funcionamiento del Estado.

Sería sano que el presidente, el jefe del Ejecutivo, expresara su apoyo a la voluntad mostrada por el fiscal general hasta ahora en casos como el de Rais y Martínez. Después de todo, el gobierno de Sánchez Cerén ha sido tajante al decir, en cuanto foro nacional e internacional ha podido, que El Salvador no necesita un mecanismo como CICIG, entre otras cosas porque las instituciones funcionan. Hasta ahora, y desde que yo tengo memoria al menos, la Fiscalía no ha funcionado. Hoy hay indicios de que sí puede funcionar; respetar e incentivar esos indicios es, solo, coherencia política.

Hasta ahora, los voceros del partido en el gobierno se han limitado a decir que los casos por corrupción abiertos contra sus miembros o socios son campañas mediáticas, complots políticos, shows o, en la más trasnochada de las variaciones, intentos de golpe de Estado. El otro argumento es que esta Fiscalía se está concentrando en casos que atañen a la izquierda. Que un diputado o un funcionario del Frente lo digan puede tomarse como un lugar común de la política local. Que lo diga el coordinador general cabe también dentro del guion esperable. Pero al presidente se le tiene que exigir más.

Es cierto que Enrique Rais empezó a penetrar al Estado cuando Armando Calderón Sol era presidente, a través del Banco de Fomento Agropecuario, liderado entonces por Raúl García Prieto, dirigente arenero. Y es cierto que todo el sistema judicial estaba ya tan podrido como está ahora, que Rais resolvió entuertos judiciales entonces de formas poco claras, y que García Prieto logró fugarse (luego lo arrestaron). Nadie ha dicho que la cooptación del Estado inició en 2009, pero por lo que sabemos ahora es claro también que no culminó ese año, cuando la izquierda ganó; el cáncer, más bien, siguió ensanchándose.

Con las capturas de Enrique Rais y Luis Antonio Martínez, si el fiscal general Meléndez hace bien su trabajo y presenta acusaciones sólidas, el Estado salvadoreño puede enviar a la ciudadanía una clara señal de que, a pesar de lo penetrado que está por la corrupción, aún tiene formas de sanarse. Por ahora, de casos como este y del impacto que tengan las persecuciones penales, hechas desde el debido proceso, a corruptores y corruptos pende la única posibilidad real y visible de que esa sanación ocurra.

 

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