Esta semana, representantes de los países del Triángulo Norte, México y Estados Unidos se están reuniendo en Miami, Florida, para una “Conferencia sobre prosperidad y seguridad en Centroamérica”. Es la primera cumbre mesoamericana que ocurre durante la presidencia de Donald Trump, y representa el momento para definir las estrategias que guiará la política estadounidense hacia la región.

Oficialmente, los líderes se juntan para abordar las causas estructurales de la migración masiva y forzada. Sin embargo, el nuevo gobierno norteamericano está impulsando una visión que seguirá generando precariedad económica e inseguridad pública en Centroamérica, a la vez que hará más vulnerables a los migrantes obligados a realizar el peligroso viaje hacia el norte.

La conferencia se ha promovido como una oportunidad para reconfigurar el Plan Alianza para la Prosperidad, documento presentado por el Banco Interamericano del Desarrollo (BID) junto con los gobiernos del Triángulo Norte a finales de 2014. El Plan se vendió como producto voluntario de los países centroamericanos, sin embargo, todo indica que EEUU tuvo mucha incidencia en su elaboración. El énfasis del Plan se encuentra en la profundización de políticas neoliberales de incentivar la inversión extranjera privada, promover la privatización a través de asocios-públicos privados, desarrollar megaproyectos de infraestructura para el comercio, establecer zonas francas, etc. En una carta dirigida a los presidentes de los países de Mesoamérica en el marco del Cumbre de las Américas en 2015, un total de 75 organizaciones de la sociedad civil advirtieron que, “el Plan refuerza las mismas políticas económicas que han resultado en inequidad y han detonado las violaciones generalizadas de los derechos laborales, un incremento de violencia hacia los liderazgos laborales y el desplazamiento forzoso de la población a través de Mesoamérica”.

Para dar impulso a la Alianza para la Prosperidad, el gobierno de Obama propuso un aumento significativo en cooperación hacia la región. El vicepresidente norteamericano describió a la nueva estrategia como un “Plan Colombia para Centroamérica”, provocando alarma en grupos defensores de derechos humanos, quienes señalaron el legado trágico del Plan Colombia en materia de violencia estatal y desplazamiento masivo.

Desde el inicio, una meta central de esta política estadounidense era la militarización de las fronteras regionales. 25% de los $750 millones de cooperación aprobados por el Congreso para Centroamérica en 2016 fueron condicionados en que los gobiernos del Triángulo Norte colaboraran con las deportaciones, “aseguraran” sus fronteras, y realizaran campañas mediáticas para disuadir a sus ciudadanos de emigrar. A la vez, EEUU comenzó a externalizar la criminalización, detención y deportación de migrantes a México a través del Plan Frontera Sur. Dicho Plan ha provocado un aumento extraordinario de deportaciones de centroamericanos detenidos en México, que desde 2015 supera las deportaciones estadounidenses; también ha hecho a los migrantes más vulnerables a asaltos, violaciones, extorsiones y secuestros, al sacarlos de las rutas establecidas hacia territorios cada vez más riesgosos. Las autoridades mexicanas, respaldadas por la cooperación norteamericana, están implicadas en abusos generalizados contra los migrantes en tránsito y los solicitantes de asilo en su territorio.

El gobierno de Obama buscó incentivar a la colaboración centroamericana con las políticas estadounidenses a través de cientos de millones en cooperación para el desarrollo. Pero el gobierno de Trump prefiere medidas más punitivitas.

En su solicitud de presupuesto para 2018, Trump propone cortar la cooperación para Centroamérica en un 39%, comparado con 2016. La propuesta reduce el presupuesto de USAID por 75% y elimina todo financiamiento estadounidense para el BID. Los servicios para refugiados se cortarían por 31%; la cooperación para México se reduciría por 50%. A la vez, el presupuesto militar se aumentaría 10%, y se construiría 74 millas de muro fronterizo con México a un costo de $21 millones/milla. El gobierno de Trump no está ofreciendo mucho a Centroamérica, pero sí está amenazando: en las semanas anteriores de la conferencia en Miami, oficiales ya sugirieron la posibilidad de eliminar el TPS.

El presupuesto de Trump tiene una clara preferencia militar, también en su política hacia Centroamérica. Todas las discusiones sobre la región han sido lideradas por el Secretario de Homeland Security, John Kelly, un exgeneral que anteriormente dirigió el Comando Sur para toda América Latina, y no por el Secretario de Estado, como se esperaría. Kelly busca presionar a México para que colabore aún más con el trabajo sucio de los gringos, tal vez a través de la capacitación de fuerzas de seguridad centroamericanas. Con la posibilidad de renegociar al TLC entre EEUU, Canadá y México, los mexicanos están más receptivos a la incidencia norteamericana. Ya en abril se anunció una nueva fuerza de tarea conjunta de control fronterizo con las fuerzas armadas mexicanas, guatemaltecas y estadounidenses en Petén, Guatemala.

La agenda de la conferencia fue hecha por EEUU, y deja claras sus prioridades. El 14 de junio, un día antes de la conferencia, el BID y el U.S. Chamber of Commerce organizó un evento con empresas transnacionales —incluyendo a Monsanto, Coca Cola y Walmart— para hablar de oportunidades de inversión en la región. El primer día de la conferencia también se dedica a buscar nuevas formas de exponer la mano de obra y los recursos naturales centroamericanos a la explotación extranjera. Para el segundo día del congreso, las actividades se trasladan a la sede del Comando Sur para tratar temas de seguridad. El Secretario de Estado sólo participará en las actividades del primer día, dejando el resto de la conferencia en las manos de los militares.

En una carta dirigida al Secretario de Estado, más de 100 organizaciones expresaron su preocupación por “la falta de consulta con organizaciones de la sociedad civil de México y Centroamérica en la preparación de esta conferencia.” Más de 30 senadores también firmaron una carta al Secretario, señalando el pésimo récord del estado mexicano en materia de derechos humanos y exigiendo que EEUU cese su colaboración con las fuerzas de seguridad de México hasta que demuestran avances sustantivos.

En lugar de cooperación para el desarrollo, el gobierno de Trump ha puesto su fe en el sector privado y las mismas medidas neoliberales que tanto han dañado a las economías centroamericanas a lo largo de varias décadas. A la vez, estamos frente a una creciente y preocupante militarización de la política estadounidense hacia la región.

Estas políticas no representan una ruptura dramática con las de su antecesor, pero sí constituyen una intensificación peligrosa de estrategias que privilegian al movimiento de capital y mercancía sobre seres humanos. Cualquier resultado que derive de la conferencia en Miami, quienes menos se beneficiarán son las mayorías de la clase trabajadora centroamericana.