La preocupación por cómo se gobierna el país ha crecido rápidamente en los últimos meses. Algunos hechos, solo de las últimas semanas, que llevan a esa preocupación: el ministro de Hacienda presentó un presupuesto muy malo para consideración de la Asamblea Legislativa, el cual levanta muchas preguntas y deja en evidencia —una vez más— la debilidad de nuestras finanzas públicas. La Fiscalía allanó las instalaciones de varias dependencias públicas alegando signos de corrupcion en las adquisiciones que se efectuaron durante la pandemia. Se volvió a utilizar indebidamente a los cuerpos de seguridad para impedir el trabajo de los otros poderes del estado, incrementando la confrontación del ejecutivo con ellos. El gobierno continuó negando información completa y clave, alejándose cada vez más de la tan necesaria transparencia. El presidente del Banco Central de Reserva fue obligado a renunciar por dar la información que debía brindar de acuerdo con la ley. Los desastres naturales volvieron a azotar al país. Las desgracias y las muertes aumentaron, exponiendo las malas politicas ambientales y la casi nula capacidad de respuesta del estado.
Las elecciones en los Estados Unidos dieron la victoria a la oposición del aliado del presidente Bukele, poniéndolo en apuros y obligándolo a repensar su estrategia con nuestro principal socio. La pandemia ha seguido cobrando demasiadas víctimas y ha dejado en evidencia el fracaso de las acciones del gobierno en el área de salud. Ministros se negaron a prestar testimonio ante la Asamblea, incumpliendo la ley. La publicidad del ejecutivo sigue culpando a “los mismos de siempre” de los males del país, aunque ellos se identifican cada vez más con esas viejas prácticas y, ante esa realidad, el gobierno acude más a las amenazas y mentiras.
Ante estos, que son solo algunos de los hechos recientes que confirman la incapacidad del actual gobierno y su negativa para corregir el rumbo de su administración, surge la necesaria preocupación ciudadana: ¿Cómo logramos una mejor gobernanza? Algunos hechos recientes en países hermanos y en el nuestro nos dan indicaciones valiosas en esa búsqueda.
En el Perú, los políticos tradicionales destituyeron al presidente Vizcarra y pusieron a uno de los suyos. El pueblo se sublevó e impidió al recién electo continuar. Solo un político con reconocida trayectoria, Francisco Sagasti, logró ser nombrado como presidente interino. Este ha calmado al pueblo con una promesa y una acción. Dados los acontecimientos recientes, más le vale cumplir la promesa. El presidente interino removió la cúpula de la policía tras las violaciones a los derechos humanos que estos cometieron y prometió que su presidencia será temporal hasta las nuevas elecciones. La ciudadanía se sublevó ante lo que considera fue una ruptura a la independencia de poderes, causada por grupos políticos vinculados con corrupción y conflicto de intereses.
En nuestro país, el expresidente del Banco Central de Reserva, Nicolás Martínez, cumplió con lo que él considera un mandato de ley y acudió a la Asamblea a informar sobre las finanzas del país, aunque ello haya sido contra la voluntad del ejecutivo, que trataba de ocultar información. Lo anterior llevó a su remoción del cargo de presidente. Con su actitud, el expresidente Nicolás Martínez dio un ejemplo de buen funcionario público que debe cumplir con la ley por encima de las órdenes de sus superiores, a la vez que salvó la necesaria institucionalidad de una agencia clave del gobierno.
Una Guatemala harta de la corrupcion frenó un presupuesto símbolo de injusticia social y de mal manejo de las finanzas públicas. Lo hizo por medio de protestas sociales que desembocaron en mayores protestas y peticiones, en las que se incluyó la remoción del presidente. Desafortunadamente, algunas protestas desembocan en violencia. El presupuesto fue solo el detonante para una población cansada de que sus derechos básicos sean pisoteados y de la corrupción que rodea al gobierno.
En Guatemala, como en El Salvador, los desastres provocados por los huracanes Eta e Iota dejaron al desnudo la malas políticas ambientales y una corrupción que lo ha permeado todo, que ha creado incompetencia y que ha desviado recursos lejos de las necesidades básicas de la población. Todo ello incrementó las protestas y el descontento en la ciudadanía, levantando el peligro de una mayor revuelta social.
Estas experiencias recientes de nuestro continente nos enseñan que no se deben ignorar las preocupaciones ciudadanas. Hacerlo tiene un costo muy alto. Los signos de esas preocupaciones en nuestro país son todavía mayores que en varios de los mencionados. Pero en los ejemplos citados, no fueron los gobiernos los que cambiaron; fue la ciudadanía la que obligó al cambio. Eso es lo que falta en El Salvador: una ciudadanía organizada y unida que obligue al necesario cambio.
El expresidente del banco central dio un buen ejemplo para nuestros funcionarios públicos al señalar que su deber no era hacia su jefe, sino hacia la nación y su pueblo. La acción insignia del presidente del Perú de remover la cúpula de la policía enseña que los derechos humanos deben ser inviolables.
Los daños causados por los huracanes nos demuestran que debemos tomar el medio ambiente en serio y de una manera integral. Ello implica mayor presupuesto para que el Ministerio de Medio Ambiente pueda educar y dar incentivos contra las malas prácticas, así como fomentar las buenas, revisar nuestras políticas ambientales en nuestra agricultura, aprobar la ley de aguas, obligar al buen manejo de los desechos sólidos, etcétera. En el medio ambiente como en salud debemos priorizar la prevención y las necesidades básicas de las mayorías por encima de los espectáculos políticos y los efectos mediáticos, aunque esto no tenga tantos réditos políticos inmediatos.
Latinoamérica, y el triángulo norte de Centroamérica en especial, le presentan un desafío y una gran oportunidad a la administración del president electo de Estados Unidos, Joe Biden. Para desarrollar una verdadera asociación con nosotros, Estados Unidos no puede seguir ignorando las malas prácticas de nuestros gobiernos. Al revés, debe apoyar los movimientos ciudadanos que tengan el valor de enfrentarlos y que ofrezcan rutas alternativas basadas en soluciones democráticas y de respeto al estado de derecho.
*Mauricio Silva ha trabajado por más de 40 años en administración pública. Ha sido director y gerente de varias instituciones en El Salvador y experto en el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
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