Los diputados del gobernante reformaron veintitrés leyes que dan espacio a la empresa privada para tener representantes en juntas directivas de instituciones autónomas y descentralizadas del gobierno. Los empresarios siempre tendrán sillas disponibles en las directivas de estas entidades, pero no de forma exclusiva para la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP). Bukele tendrá la libertad de elegir representantes del sector privado que le sean afines a sus intereses, sin el requisito de que estos pertenezcan a la ANEP.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
La Asamblea de Nayib Bukele aprobó este jueves 3 de junio un pliego de reformas a veintitrés leyes constituyentes de instituciones autónomas y descentralizadas de gobierno, con el fin de retirar la facultad exclusiva a los empresarios agremiados en la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) de colocar representantes en las juntas directivas de estas entidades estatales.
Diez ministros del gabinete de Bukele, en una seguidilla de iniciativas de reformas de ley autorizadas por el secretario jurídico Conan Castro, instruyeron a sus diputados a que cambiaran las condiciones de selección de representantes del sector empresarial en las instituciones autónomas y descentralizadas que supervisan desde sus ministerios.
Las reformas, casi calcadas, tienen que ver con los candidatos a directivos de esas instituciones del estado que son representantes del sector empresarial. En todas, la advertencia que ha quedado impresa es que cualquiera de este sector puede proponer candidatos a directivos y no es obligación que los proponentes deban pertenecer a asociaciones de empresarios. Con ello, la facultad que tenía la ANEP de hacer propuestas de candidatos ya no es exclusiva y, por el contrario, cualquier persona o firma de este sector podrá postular candidaturas.
ANEP es un conglomerado de asociaciones de empresas salvadoreñas que fue fundado en 1966. A la fecha, según su historia institucional, aglutina a cincuenta gremiales empresariales presentes en cincuenta y cinco subsectores económicos. En ANEP están federadas más de quince mil empresas. Las reformas para las veintitrés instituciones estatales en las que participa el sector privado empresarial consignan que los proponentes de los representantes de este sector en las autónomas y descentralizadas del gobierno no tendrán la obligación de pertenecer a ninguna asociación de empresas, entre ellas la más grande del país: ANEP.
El presidente de la ANEP, Javier Simán, dijo a Factum que las autónomas y descentralizadas del gobierno “son instituciones independientes que tienen su propia directiva y su propio presupuesto”. “Ahora pasan a ser dependientes del presidente, con acceso a los fondos y sin nadie que los fiscalice, porque ellos van a designar a los directores. La participación del sector privado, al igual que la de sindicatos, universidades y el resto de sociedad civil, ha sido siempre para contribuir con nuestra experiencia y conocimientos, pero también para controlar el uso de los recursos y evitar corrupción”, dijo Simán.
El dirigente empresarial recordó que el expresidente Mauricio Funes, durante su gestión, expulsó a representantes de la ANEP de varias instituciones. “En ninguna el sector privado tiene capacidad de decidir. Lo más que hemos tenido son dos de diez directores por instituciones. Por eso el discurso incendiario de que ANEP controlaba es solo parte de su retórica, porque ANEP no controlaba. Siempre deciden los representantes del gobierno. Al final, el presidente concentra más poder y le mete mano a más recursos”, advirtió.
Simán dijo que los diputados que han aprobado esas reformas le están dando al presidente “control total” sobre esas instituciones y “acceso arbitrario” a esos recursos sin fiscalización. “Más poder. Más corrupción. Eso no afecta a ANEP. Afecta al país y a todos los salvadoreños. Esas instituciones dejan de atender a la población y se vuelven instrumento político del presidente”, puntualizó.
Bukele, por su parte, advirtió este mismo jueves desde su cuenta de Twitter que había enviado a su Asamblea las reformas para que sus diputados las tramitaran tal cual se habían redactado para darles validez legal. “He enviado 23 iniciativas a la Asamblea para remover a la ANEP de las directivas de las autónomas y ponerlas verdaderamente al servicio de la gente. Ahora, los verdaderos empresarios estarán representados en las autónomas y velarán por los verdaderos intereses de la empresa privada en su conjunto”, dijo el gobernante en las redes sociales.
El presidente de la Asamblea de Bukele, Ernesto Castro, validó lo dicho por el gobernante y añadió que la ANEP “ya no va a tener el mando que ha tenido como siempre, como queriendo manipular todo y queriendo imponer sus reglas en un lugar donde no se tienen que imponer […] Ellos ya no van a poder seguir bloqueando lo que han estado bloqueando durante años. Eso se les va a acabar”, dijo el diputado, sin hacer mayores especificaciones sobre el tipo de bloqueos y manipulaciones a los que hizo referencia.
#ElSalvador | En la sesión plenaria de hoy el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, pidió modificar agenda para que se evalúen las reformas a leyes de instituciones autónomas. A juicio del diputado actualmente responden a “intereses oligopólicos”.
Video @GVichez pic.twitter.com/IdqztN0V8Q— Revista Factum (@RevistaFactum) June 3, 2021
En la sesión plenaria de este jueves, diputados de Nuevas Ideas, el partido de Bukele, sintetizaron sus intervenciones en acusar a la ANEP de haberse tomado puestos en las directivas de las instituciones gubernamentales para “robar” o para hacer “negocios personales”, pero no mostraron evidencias en sus alocuciones.
El diputado Rodrigo Ávila, de la opositora Arena, advirtió que la empresa privada solo tiene un representante por cada una de esas instituciones públicas y estos no tienen poder de decisión contra una mayoría de directivos o comisionados que son nombrados por el gobierno. Sin embargo, mencionó que la presencia de la empresa privada en las autónomas y descentralizadas del gobierno sirve para que esta sea observadora y ejercer contraloría social sobre las decisiones de los gobiernos.
“Lo que se está haciendo es quitar la transparencia de las instituciones públicas. En las autónomas, el poder de decisión no lo tienen los representantes de los sectores que no son del gobierno. Ahora, al representante del sector privado lo va a nombrar, en el caso de ANDA, el ministro de Obras Públicas, quien sigue las órdenes del presidente y, por ende, allí van a poner a alguien que al final va a hacer lo que le digan que haga”, expresó Ávila. El legislador arenero agregó que lo que decidieron los diputados de Bukele no es el poder de decisión en las instituciones públicas, sino el retiro del control social y de la transparencia. “¿Qué se quiere ocultar? ¿Qué se quiere callar?”, cuestionó.
Las reformas llegaron a la Asamblea de Bukele como iniciativas firmadas por los ministros responsables de cada autónoma o descentralizada. De esa manera, la ministra de Economía, María Luisa Hayem, propuso las enmiendas de las leyes que rigen el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), el Banco Central de Reserva (BCR), el Consejo Nacional de Calidad (CNC), la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa), la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget).
Mientras que el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, envió otro pliego de reformas de las leyes de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), de la Autoridad de Aviación Civil (AAC), de la Autoridad Marítima Portuaria (AMP) y del Fondo de Conservación Vial (Fovial). El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, envió las órdenes de Bukele a sus diputados para cambiar las leyes del Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión (Fosep) y del Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal).
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, envió el dictado de Bukele para reformar las leyes del Fondo Social para la Vivienda (FSV) y del Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo). El titular del ramo de Salud, Francisco Alabí, firmó la orden para cambiar la ley del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI). La ministra de Desarrollo Local, María Ofelia Navarrete, pasó las enmiendas para la ley del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL). Y el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, envió las reformas para el Fondo Ambiental de El Salvador (Fonaes).
La ministra de Turismo, Morena Valdez, mandó los cambios para la ley del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU). La viceministra de Trabajo, Maritza Calderón, firmó la orden de Bukele para cambiar la ley del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (Insaforp). Y el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain Hananía, hijo de la ministra de Educación, Carla Hananía, envió el dictado para reformar la Ley de Acceso a la Información Pública en lo referente al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Las veintitrés reformas dejaron establecido que los representantes del sector privado en esas instituciones podrán ser postulados por cualquier persona o sociedad de ese sector, sin necesidad de pertenecer a asociaciones empresariales.
Otra reforma calcada en el pliego de modificaciones para las veintitrés instituciones son las causales de remoción de los elegidos. Con estas causales, Bukele y sus ministros se autorizarán a sí mismos, con la venia de sus diputados, para destituir a los actuales representantes del sector empresarial en esas entidades públicas y podrán colocar a sus nuevos elegidos.
Con este movimiento político, Bukele concretó su discurso de restar poder a sectores que no le son afines y que son considerados por él como opositores enemigos, como lo dejó claro en su discurso de dos años en el gobierno que hizo desde su Asamblea, frente a sus diputados, el pasado martes 1 de junio, al mencionar a una oligarquía en El Salvador que perdió el poder y que está luchando por recuperarlo. Bukele, sin embargo, se ha acercado a grandes empresarios en busca de respaldo. De esta manera, ha podido alejarse y atacar, bajo el silencio de otros sectores empresariales, a representantes del sector privado como Javier Simán, quien actualmente preside la ANEP.
De hecho, este mismo jueves circuló en periódicos impresos una aclaración del Grupo Empresarial Simán para desligarse de las opiniones políticas de Javier Simán, que han contrariado las decisiones y los discursos de Bukele. A lo que Simán respondió que todo el discurso contra la ANEP y contra él tiene el propósito de debilitarlo y dividir al sector privado. “(La aclaración que hizo el Grupo Empresarial Simán) es parte de la misma estrategia de desprestigio a tu servidor para debilitar la ANEP”, aseguró.
Con las reformas, los diputados de Bukele dejaron la puerta abierta al gobernante para que elija a las personas representantes del sector del empresariado salvadoreño que integrarán las autónomas y descentralizadas y que, según lo advirtieron con antelación, no pertenecerán a la ANEP.
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