Asamblea avala detenciones por infringir la cuarentena y gobierno prohíbe el transporte público

Arena, GANA, PCN y CD también le autorizaron al presidente Nayib Bukele endeudarse con $1,000 millones más. Un día después de que la Asamblea Legislativa legalizara las detenciones y aprobara más deuda, el gobierno ejecutivo anunció medidas más drásticas para el combate del Covid-19: la prohibición del transporte público y la restricción de movilidad entre municipios y para la compra de alimentos. 

Foto FACTUM/Gerson Nájera


Fueron 56 votos a favor y 26 en contra. La Asamblea Legislativa aprobó en la madrugada de este martes 5 de mayo la nueva Ley de Regulación de Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por Covid-19, que le da legitimidad al gobierno de Nayib Bukele para mantener y sumar detenciones en centros de contención contra personas infractoras del resguardo domiciliario establecido por el órgano ejecutivo.

Fue una larga jornada legislativa, con el hermano del presidente Bukele, Karim Bukele, encabezando la negociación de parte del Ejecutivo. A la nueva ley de regulación de aislamiento se añadió la aprobación de un decreto que autoriza al gobierno a endeudarse por $1,000 millones. Sumados a los $2,000 millones aprobados anteriormente, la administración Bukele puede contraer hasta $3,000 millones en deuda, es decir, casi la mitad del presupuesto nacional aprobado para este 2020 ($6,426 millones).

El gobierno no ha explicado qué cargo ostenta el hermano del presidente, por qué negocia en nombre del gobierno o si recibe una remuneración por ello.

La noche de ese mismo martes, en cadena nacional, el presidente Bukele anunció nuevas medidas para combatir la pandemia. La más novedosa fue la limitación para la compra de alimentos: las personas podrán salir dos veces a la semana a comprar alimentos según el último dígito de su Documento Único de Identidad, o el carné de residencia en caso de los extranjeros.

El presidente, sin embargo, se guardó una medida más que no anunció en la cadena televisiva. La tarde del miércoles 6 de mayo, el gobierno informó a través de Twitter que prohibirá la circulación del transporte público a partir del jueves 7 de mayo. Ni buses, microbuses, taxis o conductores de Uber podrán circular.

La legalización de las detenciones

Los grupos parlamentarios que aprobaron la nueva ley de aislamiento: Arena, GANA, PCN y CD, en una reunión previa de la comisión política del congreso, hicieron cambios a la propuesta original que envió el gobierno a la Asamblea el jueves pasado por la noche. La redacción original era un calco de los decretos ejecutivos que ha aplicado el gobierno durante la emergencia, cuyos métodos han sido cuestionados y han sido, incluso, declarados ilegales por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Las modificaciones modulares que hicieron los diputados, principalmente los del partido Arena, fueron retirar la aplicación del Código Penal para las personas que lleguen a infringir el resguardo domiciliario para evitar los contagios. Sin embargo, los mismos legisladores de este partido dejaron vía libre al gobierno para montar “cercos sanitarios” como el ocurrido en el municipio de Puerto de La Libertad, que significó, de facto, un toque de queda por 48 horas semanas atrás, como lo denunció el diputado Rodolfo Parker.

Durante la reunión de la comisión política, el diputado René Portillo Cuadra, de Arena, interrumpió la sesión en varias ocasiones para dejar en acta que cada modificación que se le hacía a la propuesta gubernamental era basada en el mandato de la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, para sus pares del FMLN lo que se aprobaba era un permiso legislativo al presidente Bukele para continuar violando los derechos humanos.

En síntesis, la nueva ley de cuarentena mantiene la facultad de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada de El Salvador para ser árbitros, en las calles, de las personas que acuden a lugares públicos para abastecerse. En este caso, policías y soldados pueden cuestionar, sin un método aprobado por la Asamblea, ya que no se incluyó en la nueva ley, a cualquier persona que esté fuera de su vivienda.

Arena retiró por completo las sanciones establecidas en el Código Penal para los infractores. Ahora, las personas que según el gobierno violen el resguardo domiciliario serán penadas con sanciones administrativas y sanitarias, pero no cárcel, ni tampoco serán investigadas por la Fiscalía. Los diputados también obligaron al gobierno de Bukele a someter a pruebas de COVID-19 a las personas detenidas en un plazo no mayor a doce horas.

Las pruebas y los diagnósticos serán hechos por médicos. Ellos, así lo aprobó la Asamblea, serán quienes decidirán si las personas regresan a sus casas o serán trasladadas a centros de contención.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su resolución de habeas corpus 148-2020 ordenó que en el caso de que la Asamblea aprobara una ley para el confinamiento de personas, se deberá entender la cuarentena en centros de contención como una medida que solo podrá aplicarse “cuando no exista un medio menos grave para lograr su finalidad” ya que la remisión a estos centros es una “alternativa última o extrema”. La Asamblea, sin embargo, le dio facultad al gobierno de Bukele de mantener a policías y soldados como la primera línea de decisión sobre si una persona debe ser llevada a examinarse de COVID-19 para buscar el confinamiento en centros de contención.

De hecho, los 56 diputados que aprobaron la nueva ley determinaron en la redacción que incluso una persona que resulte negativa en la prueba del virus puede ser enviada a centros de contención si así lo decide el personal médico. Los legisladores, sin embargo, no describieron ningún método para ello.

“Ahora la Asamblea Legislativa va a terminar siendo la responsable de la irregularidad en la ejecución de las medidas, porque todos hemos sido testigos que hemos dictado leyes pero en la práctica hemos visto una absoluta violación a la Constitución. Cómo es posible que con esa experiencia se haya dado más poderes”, reclamó el diputado Rodolfo Parker.

Sin buses, taxis ni Uber

La jornada del miércoles 6 de mayo fue accidentada para la secretaría jurídica de la Presidencia, encabezada por el abogado Conan Castro. Al mediodía, la cuenta de Twitter de Casa Presidencial subió el decreto ejecutivo 22, que, según había dicho el presidente, funcionaría como «reglamento» de la ley aprobada por la Asamblea Legislativa un día antes.

Esa versión del decreto 22 fue borrada por Casa Presidencial. En ella -Factum guardó una copia antes de ser eliminada- Presidencia no permitía el funcionamiento de las gasolineras, la vigencia del decreto era de 17 días (y no 15 como había anunciado Bukele en la cadena) y prohibía el transporte público.

Poco antes de las 4 de la tarde, la cuenta de la Presidencia subió una nueva versión del decreto 22, firmada por el ministro de Salud Francisco Alabí. En esta se mantenía la prohibición para la circulación del transporte público de pasajeros pero se incluía algunos cambios: la vigencia del decreto será de 15 días, las gasolineras podrán funcionar a diferencia de las industrias que fabrican bebidas alcohólicas, consideradas

Además del transporte, los dos puntos centrales del decreto 22 se mantuvieron intactos en ambas versiones: el gobierno limitará la movilidad («los ciudadanos no podrán movilizarse del municipio de su residencia hacia otro municipio, salvo para dirigirse a su lugar de trabajo…») y regulará los días para comprar comida, medicamentos y visitar los bancos. Los ciudadanos, según el decreto, podrán ir a los supermercados o mercados dos veces por semana, mientras dure el decreto, según el último dígito de su DUI.

La información a cuentagotas con el transporte público no se limitó a los errores en la cuenta presidencial. Cuatro horas más tarde, en conferencia de prensa, la jefa del gabinete Carolina Recinos aseguró que la prohibición para el transporte público también afectaría a los taxis y al servicio Uber. Después, el presidente, de nuevo en Twitter, aseguró que el gobierno garantizaría el transporte para el personal sanitario al igual que para las personas con enfermedades crónicas.

A las 11:34 de la noche, media hora antes de la entrada en vigencia de las nuevas medidas, el gobierno publicó un nuevo decreto, esta vez el 23, también firmado por el ministro Alabí, para pretender regular la falta de transporte público. Según esta disposición, «la administración pública y los empleadores privados autorizados para funcionar deberán proveer el transporte para sus trabajadores, desde el lugar de su residencia a su lugar de trabajo y viceversa, sin ningún costo».

Noche de combos y madrugones

La madrugada del martes, luego de la aprobación de la nueva ley de cuarentena, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, diputado por el PCN, cerró la sesión plenaria. En espera había 17 diputados para hablar, según reclamó el legislador efemelenista Schafik Hándal. El cierre sorpresivo hizo que los parlamentarios del FMLN reclamaran a voz viva a Ponce, ya que no les dio el derecho de argumentar sus votos en contra de la ley. “Pacto de corruptos”, gritaron en coro, durante más de un minuto, mientras golpeaban sus curules. En el Salón Azul de la Asamblea, estaban Ernesto y Conan Castro, secretario privado y secretario jurídico de la Presidencia, quienes hablaban con los diputados areneros que se les acercaban, como Carlos Reyes, el jefe de ese grupo parlamentario, Marcela Villatoro y Gustavo Escalante.

“Esta es una noche de combos y madrugones”, advirtió el diputado Parker. Esos combos y madrugones a los que se refirió el legislador fueron la aprobación de la nueva ley de cuarentena, votada después de la medianoche, en el amanecer del martes 5 de mayo, y la siguiente aprobación de una nueva deuda por 1,000 millones de dólares para financiar, según el gobierno de Bukele, la reactivación económica del país. Los 1,000 millones de dólares en deuda se aprobaron a las 3:29 de la madrugada del martes.

La deuda, según el gobierno, servirá para costear los acuerdos que lograron el gobierno y la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), como la apertura de créditos para micro, pequeños y medianos empresarios, incluidos emprendedores, y el pago por parte del gobierno del 50 por ciento de los salarios para empleados del sector privado.

Los diputados del FMLN y PDC que estuvieron en contra de la nueva deuda reclamaron que ya existía una autorización previa para que el gobierno de Bukele se endeude con 2,000 millones de dólares y que en esa cantidad se incluyó en un principio la reactivación económica del país. Con esta aprobación, para la que hubo también 56 votos a favor, y 25 en contra, el gobierno tiene permiso para endeudar al país con $3,000 millones. Por el momento, la deuda adquirida no llega a 500 millones. Sin embargo, el gobierno tiene fondos propios disponibles del presupuesto, ya que el Programa Anual de Inversión Pública fue paralizado por orden del ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. Este programa contiene todos los proyectos del órgano ejecutivo en un año que se sostienen con fondos propios, es decir con impuestos, sin recurrir a deuda pública.

La Asamblea también aprobó una ley de protección para los empleados del sector privado, mediante la cual el gobierno entregará un subsidio a los trabajadores de empresas que “constaban en el registro del Seguro Social con menos de cien empleados reportados en la última planilla presentada entre los meses de diciembre de 2019 y febrero de 2020” y cuyos ingresos anuales por ventas en bruto sean iguales o menores de 7 millones de dólares.

Mientras tanto, la Sala de lo Constitucional debe dirimir sobre la constitucionalidad de la nueva ley de protección de derechos de las personas durante la emergencia, ya que fue vetada por el presidente, pero luego fue ratificada por la Asamblea. Esa ley tiene carácter de especial, es decir que prima sobre otras leyes regulares, y prohíbe las detenciones arbitrarias y remisiones a centros de contención sin el debido proceso.

La ley de cuarentena aprobada en el congreso este martes terminará sus efectos el próximo 19 de mayo. El decreto ejecutivo 22, sin embargo, estará vigente hasta el 21 de mayo.

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