La irresponsabilidad de Jaime Martínez y del gobierno del FMLN

Con claridad. Desde el principio. A el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén no le interesa realizar una investigación seria sobre los grupos de exterminio que están enquistados en la Policía Nacional Civil. Antes que eso, a este gobierno le interesa embarcarse en un ejercicio de hostigamiento a los periodistas y medios que hemos hablado de este problema y de las consecuencias nefastas que no atenderlo tendrá para el país.

Por partes.

Tras la publicación de Revista Factum sobre escuadrones de exterminio en la Fuerza de Reacción Especial El Salvador de la PNC, la FES, el 22 de agosto pasado, han ocurrido tres cosas:

Uno. El gobierno ha dicho que está investigando a los policías señalados cuando todo indica que no lo está haciendo. El Ejecutivo ha querido hacer ver que la captura temporal de los cuatro policías señalados en el reportaje de Factum es una muestra de buena voluntad y de compromiso. No lo es. Los policías están libres.

Dos. Los sistemas de control de la PNC siguen sin apuntar a los mandos que toleran estas prácticas y las investigaciones de la Fiscalía General al respecto siguen siendo poco menos que papel mojado. Hoy, como siempre ha ocurrido, los amagos de investigación van solo a los autores materiales, a los rangos bajos, nunca a los arquitectos del crimen.

Tres. Los funcionarios públicos han optado por mentir en su intento de equiparar al periodismo con las pandillas y, así, ocultar su política dual de pretender atacar con toda la fuerza del Estado a estas organizaciones criminales mientras debajo de la mesa pactan con fines electorales o políticos. Las mentiras son parte de un ejercicio sistemático de acoso, promovido y tolerado desde algunas oficinas del gobierno.

Me detengo en el tercer punto, el hostigamiento al periodismo, no con el afán de hacer a los autores de estas investigaciones y de los medios que las publicamos protagonistas de esta historia, sino para ahondar en la afirmación con la que empiezo esta columna: al gobierno de Salvador Sánchez Cerén no le interesa investigar el exterminio tolerado y ejecutado desde el Estado.

El plan es sencillo: repetir, a través de redes sociales asociadas a miembros de la Policía u otras oficinas estatales, que los periodistas somos enemigos de la población porque, al señalar los crímenes que se cometen desde el Estado, le hacemos el juego a las pandillas. Pero el plan no solo incluye a ejércitos de troles, páginas de Facebook o cuentas apócrifas de Twitter, también incluye a funcionarios concretos, y esto es mucho más grave.

Los troles son molestos, pero no bastan demasiados gramos de inteligencia para entender que son solo la versión más moderna de la propaganda negra, de la difusión de bulos. Otra cosa es que un funcionario, con toda impunidad, haga acusaciones como las que acaba de hacer Jaime Martínez Ventura, el director de la Academia Nacional de Seguridad Pública.

El 14 de septiembre, El Faro publicó una entrevista con Martínez:

—Hace unos días dijo en Noticiero Hechos que ‘hay periodistas que se están prestando a las intenciones de las pandillas de presentarse como víctimas’, pregunta El Faro.

—Sí, hay uno que se llama, creo que es Bryan, que según información de la Policía es un muchacho. Según dice la Policía, no lo digo yo…, responde Martínez.

—¿Bryan Avelar?, cuestiona el periódico.

—Yo no sé cómo se llama. Dicen que es un muchacho que se llama Bryan, que es periodista, saca información y que él está relacionado porque tiene un hermano pandillero preso, un palabrero. Así dicen. Entonces, si es así, ahí hay situaciones muy concretas que deben investigarse.

De las declaraciones de Jaime Martínez pueden decirse varias cosas. Son cobardes: el funcionario lanza una acusación temeraria y enseguida quiere desentenderse atribuyendo a la Policía el origen de la falsedad. Son falsas: Bryan Avelar es un periodista de Revista Factum, co-autor del reportaje sobre los grupos de exterminio en la FES; Bryan Avelar no tiene hermanos. Y son peligrosas: Martínez es, en su calidad de funcionario, vocero de las políticas públicas del gobierno de Sánchez Cerén; y lo que Martínez dice, en nombre del gobierno, es que los periodistas nos estamos prestando “a las intenciones de las pandillas”; lo dice, por supuesto, sin ser capaz de sustentar su enunciado.

En un país como El Salvador acusaciones de este tipo, falsas y arrojadizas, no son ningún juego: ponen en peligro la integridad física de la víctima de la calumnia.

Pero las declaraciones del señor Martínez también son reveladoras. Jaime Martínez nos está confirmando que la Policía utiliza recursos del Estado para investigar a periodistas. Eso, además de reafirmar la idea de que el acoso viene del gobierno, me reafirma los desvaríos tiránicos del gabinete de seguridad del presidente Sánchez Cerén; sus desvaríos antidemocráticos.

Y las declaraciones del director de la ANSP, aunque son las más explícitas, no son las únicas. Ya el vicepresidente Óscar Ortiz hizo lo propio con aquello de “tocar madera”. Y Sigfrido Reyes, de PROESA, cuando reprodujo el mensaje amenazante de una cuenta apócrifa. Y otros que han repetido, en México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o más recientemente en Washington, la mentira esa de los casos aislados y el “estamos investigando”.

De nuevo, si atendemos al enunciado de Martínez, está claro que a la PNC le interesa más investigar a Bryan Avelar -un periodista ético y responsable a quien respaldamos por completo- a Revista Factum o a otros periodistas antes que investigar a los uniformados que están acusados de matar, violar y extorsionar.

A este gobierno le interesa mantener intacta la impunidad instalada desde hace décadas para proteger a los criminales que se han turnado para vivir y delinquir desde el Estado. Y, en el camino, ha vuelto a recurrir a la vieja práctica estalinista de acusar con falsedades a quien le señala desde el ejercicio profesional del periodismo.