El caso de Cecilia Puente Díaz representa parte de los problemas de organización que mostró el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a lo largo del reciente fin de semana, en ocasión de las elecciones municipales y legislativas en El Salvador. Ella afirma que —contra su voluntad— fue una de las personas que el TSE había elegido para apoyar en las juntas receptoras de votos, pero a falta de dos días para las elecciones le notificaron que su apoyo ya no sería requerido. Eso sí, no pudieron aclararle la gran duda que muchas personas tenían ante esta situación: “¿tendría que pagar multa”. Lo contradictorio fue que hoy, domingo, cuando acudió para votar, le pidieron que esperara, ya que “no había quién pudiera atenderla”, por falta de personal en su JRV.