Prodisa, la contratista estrella de los Juegos Centroamericanos, ha sido denunciada por una de sus subcontratistas por extorsión y estafa. Según una empresa salvadoreña, Prodisa, de propietarios mexicanos, le retuvo casi medio millón de dólares, en concepto de soborno, por haberle dado un contrato para hacer una estructura metálica del Gimnasio Nacional. Un juzgado de lo Civil ordenó un embargo de las cuentas de Prodisa mientras se resuelve el caso. La empresa mexicana está actualmente incapacitada por la DOM para ser contratada en obras públicas en El Salvador.
Fotoilustración: Mariana Matal
La empresa salvadoreña Construcción de Obras de Ingeniería Civil y Electromecánicas (Cocyem) denunció ante la Fiscalía General a la mexicana Promoción y Distribución Cinco, S.A. de C.V. (Prodisa), que ganó un contrató por $18 millones para la remodelación del Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda. La acusación es por los delitos de extorsión, estafa, tráfico de influencias, apropiación y retención indebidas, ya que, según Cocyem, Prodisa no le entregó una parte del pago de las obras para las que la subcontrató porque se lo exigió en concepto de soborno.
Prodisa fue la contratista estrella de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, realizados en julio pasado. Se llevó la mitad del monto que gastó el Gobierno en infraestructuras deportivas. El Instituto Nacional de los Deportes (Indes) le adjudicó contratos por más de $50 millones, a pesar de que en algunos casos incumplía requisitos de ley para ser contratada en el país.
Cocyem asegura que Prodisa le ha retenido el pago de más de $400 mil por considerarlo una “comisión indirecta”. Es decir, un soborno a cambio de haberles subcontratado. El pasado 24 de agosto, el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San Salvador decretó un embargo preventivo en las cuentas que Prodisa aún tiene por cobrar con el Estado salvadoreño, mientras se resuelve el caso.
La denuncia contra la compañía extranjera fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el abogado representante de Cocyem, pero no ha sido la única estrategia utilizada para lograr que les paguen. La empresa salvadoreña también tramitó una audiencia de conciliación ante el Juzgado Primero de Paz de San Salvador, pero no obtuvo resultados porque Prodisa no accedió a conciliar. La versión de la empresa mexicana es que Cocyem no cumplió con la totalidad del contrato.
Revista Factum tuvo acceso a los documentos de la denuncia y del proceso de conciliación en el Juzgado Primero de Paz, así como a algunas fuentes conocedoras de los procesos de contrato de los Juegos.
La acusación es contra cinco personas relacionadas con la empresa mexicana. Cocyem denunció en julio de 2023 al salvadoreño Luis Bernardo Tévez Rivas, quien se inscribió como representante legal de Prodisa en El Salvador en el Registro de Comercio; y a los mexicanos Carlos Hernández Ortega, identificado como gerente de Prodisa en El Salvador; Ricardo Serrano, José Antonio Juárez Ramírez y José Luis Rosas.
La comisión “indirecta”
Prodisa fue beneficiada con los dos contratos más grandes para los Juegos Centroamericanos: el del Gimnasio Nacional y el del Estadio Jorge Mágico González. El Indes se los adjudicó en la sesión del 20 de abril de 2022, tres meses antes de que estuviera inscrita legalmente en el país, violando el artículo 358 del Código de Comercio, y siguiendo el mismo patrón de adjudicación de contratos sin cumplir la ley que el INDES realizó con la empresa colombiana La Vianda.
Para cumplir con el contrato de remodelación del Gimnasio Nacional, Prodisa subcontrató a empresas locales, entre ellas Cocyem, aunque la instalación deportiva no estuvo lista para los juegos. El 2 de febrero de 2023, Prodisa subcontrató a la constructora salvadoreña para hacer una estructura metálica envolvente por un total de $987,366.12, según consta en un documento firmado por el mexicano Carlos Manuel Hernández Ortega y el representante de Cocyem.
Según la denuncia en la Fiscalía, el dueño de Cocyem tenía un trabajador de confianza, a quien se le llama “Paco” en el documento y que corresponde a José Antonio Juárez, también de nacionalidad mexicana, quien le confesó haber negociado, a sus espaldas, para ganar el contrato con Prodisa.
Al pasar las semanas, según la denuncia, el propietario de Cocyem empezó a ser contactado por dos mexicanos que le exigían un soborno, al que llamaban “comisión indirecta”. Se trataba de Rosas y Serrano. Los nombres no le eran desconocidos. Durante la firma del contrato, el empresario salvadoreño preguntó a Hernández Ortega por qué en el documento aparecía una persona como contacto de su empresa que él no reconocía. El mexicano le dijo que no era relevante, que no le prestara atención. El nombre era el de Rosas, con su correo electrónico y número de teléfono.
La denuncia ahonda en cómo supuestamente Rosas y Serrano acosaron al empresario salvadoreño por teléfono exigiéndole dinero durante varias semanas con amenazas de muerte. Le pedían el 20% del contrato. El empresario accedió a uno de los pagos para, según la denuncia, lograr apaciguar a los extranjeros y bajo la idea de frenar la solicitud de sobornos, pero pidió que quedara registrado en un recibo porque necesitaba justificar cualquier salida de dinero de Cocyem por fines de auditoría y de pago de impuestos.
Durante la entrega del dinero, según la denuncia, tanto Rosas como Serrano se jactaron de su amistad con Hernández Ortega y aseguraron que este era cuñado de Serrano. La denuncia explica que, después de este pago, el propietario de Cocyem logró que “Paco” confesara que había negociado una coima a sus espaldas con Rosas y Serrano para que les dieran el contrato.
La denuncia plantea que cuando el empresario salvadoreño acudió a tratar de exigir explicaciones a Hernández Ortega por los desembolsos que hacían falta, este se negó a cancelarle, pese a que la obra para la que fue contratada Cocyem, según el denunciante, ya había sido finalizada.
Según el relato, Hernández Ortega estaba enojado porque no habían querido “pagarle a su cuñado (Serrano) y a su amigo”. “Por lo que el señor Carlos Mauel Hernández Ortega de Prodisa le dice que él lo puede destruir, y mandar a la cárcel si se le antoja, y que le vale verga lo que haga, que él es amigo de Yamil Bukele y puede hacer lo que quiera, y que cualquier cosa se arreglen con su abogado, el señor Luis Bernardo Tevez Rivas”, relata la denuncia.
Después de esa reunión, llevada a cabo en junio de 2023, Prodisa dejó de contestar llamadas y de depositarles dinero, añade el documento.
Revista Factum solicitó la postura oficial del Indes a través de su encargado de comunicaciones, quien hizo llegar una respuesta vía escrita a través de mensajería instantánea. Las respuestas enviadas, dijo, pertenecían al presidente del Indes, Yamil Bukele. Este sostuvo que el Indes escuchó a ambas empresas y ahondó en lo que cada una ha dicho sobre el contrato. Reiteró dos veces que, como Indes, no pueden intervenir en un asunto comercial privado.
Sobre el señalamiento que el dueño de Prodisa aseguraba ser amigo del presidente del Indes, respondió: “Son contratistas del gobierno y al tener obras emblemáticas, se mantiene el contacto con los mismos, pero ese tipo de comentarios están fuera de lugar y no tienen base alguna sobre la realidad. Un periodista serio no debería hacer caso a este tipo de comentarios…”
Prodisa tenía registrada su dirección en el edificio Insigne, en la colonia San Benito de San Salvador. Ahí fue notificada la empresa y su representante legal, Tevez Rivas, de la audiencia de conciliación, pero cuando el notificador judicial llegó, la empresa ya había desmontado la oficina.
El 27 de julio de 2023, cuando finalmente se realizó la audiencia únicamente con presencia de Tevez Rivas, Prodisa manifestó que no estaba dispuesta a conciliar y el caso se cerró para esa sede judicial. Pero un mes más tarde, el 24 de agosto de 2023, el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San Salvador decretó el embargo preventivo de las cuentas por pagar que el Indes aún tiene con Prodisa.
Curiosamente, un día antes de la audiencia, el 26 de julio, la Dirección de Obras Municipales (DOM) decidió incapacitar a Prodisa como contratista sin ninguna explicación de por medio. Su nombre aparece entre seis contratistas inhabilitados en la página oficial de la DOM y la incapacidad estará vigente por cinco años. Eso sí, la incapacitada es la sucursal salvadoreña, no la empresa mexicana.
La otra versión
Revista Factum se contactó vía telefónica con Luis Bernardo Tevez Rivas. Según este, Cocyem no cumplió a cabalidad la obra para la que se le contrató y ese es el motivo de la falta de desembolso de los fondos. “Yo me he contactado numerosas veces con su abogado, para que nos sentemos y hagamos números, y si se les debe, se les paga”, aseguró.
De acuerdo a esta versión, Cocyem habría estado utilizando los desembolsos del proyecto para gastos no relacionados con él. “Hemos visto una cuenta donde se le habían hecho los desembolsos y solo entraba ese dinero con otro tipo de gastos”, dijo Tevez Rivas. Según él, Prodisa incluso tuvo que asumir un pago de planilla que era obligación de Cocyem. “Hay una infinidad de gastos, retiros, que no sabemos a qué corresponden”, añadió.
Tevez Rivas dijo que “este señor en su desesperación ha acudido a numerosas instancias, pero no le han prosperado. La audiencia en lo civil no le prosperó”. Cuando esta revista le comentó que se tuvo acceso a la resolución del Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San Salvador, Tevez Rivas dijo, “la vamos a apelar. Ya estamos trabajando en la apelación”.
Tevez Rivas se quejó del descrédito que la denuncia le ha implicado a Prodisa y a él, y la llamó “acusación calumniosa”. “Imagínese que hasta a mí me han denunciado en mi carácter personal”, manifestó. Cuando se le preguntó sobre su inscripción en el Registro de Comercio como representante legal de la empresa, explicó que él se limitó a ejercer labores de apoderado legal únicamente para la inscripción de Prodisa, y que luego no ha estado involucrado en ninguna de las reuniones, ni firma de los contratos; aunque segundos antes había hablado como parte de la compañía.
Tevez Rivas optó por no referirse a la versión de Cocyem del cobro de sobornos. Dijo que se reservaría contestar ya que “es parte de las pruebas que se van a presentar”.
El supuesto intento de soborno, según otra documentación del caso, implicó vincular a una tercera empresa como la subcontratante de Cocyem: Santaló, una empresa mexicana y que supuestamente es administrada por Rosas. Pero esta compañía desapareció rápido del mapa.
Revista Factum ha tenido acceso a un audio de una llamada de 20 minutos y 43 segundos de duración. Al inicio de esta, uno de los interlocutores se identifica como “Luis Tevez” y manifiesta que llama a nombre de Rosas y Santaló. Otra persona que habla en nombre de Cocyem dice que la empresa salvadoreña accedió a entregar el dinero por el acoso y las amenazas, y no porque existiera un contrato de por medio. Casi al final de la comunicación telefónica, la persona que se identificó como Luis Tevez explica: “Para ponérselo en buen salvadoreño, por recomendación de don Paco, y no me lo tome a mal, ocuparon al señor Landaverde y a su empresa como prestanombres. Ellos iban a quedarse con una comisión y los costos indirectos iban a pasar a Santaló”.
Se consultó a Tevez Rivas sobre esa llamada vía mensajería instantánea y este únicamente comentó “Desconozco esos audios y no, las cosas no fueron así (sic)”.
Consultados respecto al conflicto, la empresa mexicana Prodisa hizo llegar un comunicado vía correo electrónico en el que afirman que esperarán la resolución de los tribunales locales.
Revista Factum también consultó a la Fiscalía sobre la denuncia interpuesta por Cocyem, pero la encargada de comunicaciones no contestó los mensajes.
El hacedor de empresas
Prodisa y La Vianda, dos empresas extranjeras vinculadas al desarrollo de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, no son las únicas empresas en las que Tevez Rivas ha estado involucrado. Su nombre aparece bajo distintos cargos en 58 empresas, según datos del Registro de Comercio. Las más recientes, vinculadas al negocio de las criptomonedas como Energía Masiva, S.A. de C.V., inscrita el 15 de noviembre de 2022; y GNPCI El Salvador, S.A. de C.V., que hasta julio de 2023, aún estaba en trámite para su inscripción.
Ambas empresas comparten la misma dirección junto con otras dos en las que Tevez Rivas tiene participación. Consultado al respecto, confirmó que esa dirección era la de su oficina, y aseguró que utilizar esta estrategia es habitual cuando “los clientes lo solicitan porque aún no tienen oficinas”.
Gráfica que muestra todas las empresas en las que Luis Bernardo Tévez ha tenido participación.
Revista Factum consultó a un abogado mercantil sobre qué tan común es que un abogado, o una persona natural, registre muchas empresas a su nombre. El abogado prefirió permanecer en el anonimato, pero opinó que es un acto bastante común en el derecho mercantil. Inscribir una empresa, dijo, no implica que la persona tiene algún tipo de decisión en ellas.
En el caso de Tevez Rivas no solamente ejerció funciones de inscribir las sociedades, o de apoderado legal. En 14 ocasiones ejerció las funciones de representante legal, en 16 fue nombrado como director suplente y en otras 7 como administrador único propietario. Es decir, puestos de toma de decisión.
Al menos dos abogados que conocieron a Tevez Rivas durante su trabajo en despachos legales lo reconocen como abogado. En sus redes sociales, de hecho, Tevez Rivas ha recibido felicitaciones para el Día del Abogado, el 30 de junio. Revista Factum consultó la lista completa de abogados y notarios autorizados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para ejercer la profesión e identificó que Tevez Rivas no está autorizado como abogado. El mismo Tevez Rivas confirmó que no es abogado autorizado.
Por eso resulta extraño que un contrato del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel y la empresa Corporación Noble, S.A. de C.V. de 2020 reseñe a Tevez Rivas como notario. La adjudicación fue por un monto de $40,216, el 10 de junio de 2020, para proveer insumos quirúrgicos y cardíacos.
En el documento se reseña literalmente que Corporación Noble comprobaba su registro legal como empresa a través de varios documentos, entre ellos: “Testimonio de Escritura Pública de Modificación al Pacto Social de la sociedad, otorgada en la ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, a las ocho horas del día catorce de marzo de dos mil diecinueve, ante los oficios notariales de Luis Bernardo Tevez Rivas la cual se encuentra inscrita en el Registro de Comercio al Número Cien del Libro Cuatro Mil Cuarenta y Siete del Registro de Sociedades, el día tres de mayo de dos mil diecinueve”.
Tevez Rivas ha tenido cargo de administrador único suplente en esa empresa. Según su versión, hubo una equivocación en ese contrato. “Esa fue una mala redacción de ese contrato”, justificó vía mensajería instantánea. Una versión parecida es la que sostuvieron desde Corporación Noble. Una persona que se identificó como la gerente, pero no brindó su nombre, aseguró que el contrato probablemente había sido “mal relacionado”, y que las personas que trabajaron en ese momento ya no están.
Las ondas expansivas de los juegos
Revista Factum publicó a inicios de julio de 2023 un estimado de gastos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. De lo que no consta información en dichas actas, y el Indes se ha negado sistemáticamente a revelar, son los fondos públicos gastados en los actos de inauguración y clausura; así como la cantidad pagada al DJ internacional Marshmello.
Una solicitud de información contestada a Revista Factum el pasado 13 de julio de 2023 da detalles de contratos para el uso de luces, decoración, pebetero, entre otros. Aunque se solicitó el costo de contratación del músico internacional, el Indes no envió tal información, ni tampoco una justificación al respecto.
El conflicto entre Prodisa y Cocyem es solo una parte de diversos cuestionamientos sobre los Juegos. El evento no tuvo a tiempo al menos tres escenarios deportivos y posteriormente tuvo señalamientos de parte de atletas sobre la improvisación de algunas de las locaciones. Dos meses después de finalizado el evento, la estructura que Cocyem hizo ya empezó a ser retirada del Gimnasio Nacional para el próximo desarrollo de Miss Universo en el país.
*Con reportes de Loida Martínez Avelar
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