Asamblea nombra al nuevo Tribunal Supremo “Partidario”

La Asamblea Legislativa escogió a los nuevos cinco magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Destacan los vínculos partidarios, la falta de experiencia en materia electoral y un nuevo magistrado investigado por prevaricato. Organizaciones sociales demandaron que los partidos y la Corte Suprema de Justicia anulen la elección y vuelvan a presentar candidaturas, esta vez idóneas. Este nuevo TSE será el encargado de organizar las elecciones legislativas y municipales de 2021 y las generales de 2024.

Foto/Asamblea Legislativa

Dora Esmeralda Martínez de Barahona es la nueva presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por decisión de la Asamblea Legislativa. La recién nombrada magistrada fue elegida por una mayoría de diputados a pesar de que resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) prohíben que personas que tienen vinculaciones partidarias desempeñen cargos con jurisdicción. Martínez de Barahona, propuesta por el partido GANA, es esposa del abogado Santos Ulises Barahona Ventura, uno de los fundadores de GANA en 2010 quien también ha sido financista y empleado de ese partido en la Asamblea Legislativa.

Para el caso del TSE, la Sala de lo Constitucional ha reiterado en resoluciones anteriores que su jurisdicción es la electoral y sus magistrados son jueces, por lo que no pueden tener afiliaciones ni vínculos que pongan en duda su independencia judicial.

A Dora Martínez de Barahona le sigue una lista de nuevos magistrados que no escapan de las vinculaciones político-partidarias prohibidas por las resoluciones constitucionales y que los diputados no quisieron atender. Otros, por aparte, tienen investigaciones penales en su contra que los diputados tampoco quisieron tomar en cuenta para nombrarlos.

Dora Martínez de Barahona será magistrada presidenta por propuesta del partido que ganó la última elección presidencial: GANA. Su suplente será René Abelardo Molina Osorio, quien en 2012 ocupó una candidatura para ser diputado suplente de GANA por el departamento de San Vicente.

Los diputados eligieron también a Luis Guillermo Wellman Carpio, por propuesta de la coalición Alianza por un Nuevo País, integrada por Arena, PCN, PDC y Democracia Salvadoreña (DS). Wellman Carpio ha sido un asesor de confianza de Arena que ha asistido durante varios años a los jefes del grupo parlamentario de este partido. Su suplente será Marlon Harold Cornejo, quien fue candidato a magistrado de la CSJ en la última elección que hicieron los diputados a finales de 2018. Este abogado, de forma extraña, pasó de tener apoyos de los grupos parlamentarios de Arena, GANA, PCN y PDC a no tener ninguno para ser magistrado.

Por el FMLN, el magistrado propietario será el presidente saliente del TSE, Julio Olivo Granadino, un abogado de confianza de la cúpula efemelenista que dirigieron Medardo González y Norma Guevara. Mientras que su suplente será Carmen Veraliz Velásquez Sánchez.

Otros dos magistrados propietarios y dos suplentes fueron nombrados por los diputados a propuesta de la CSJ. Uno de los propietarios será Rubén Atilio Meléndez García, actual magistrado suplente del TSE. Eugenio Chicas, expresidente del TSE, aseguró en una entrevista de televisión en este mes de julio que Meléndez García fue parte de su equipo de trabajo entre 2009 y 2014. Antes de ser magistrado suplente, Meléndez García fue el oficial de información del TSE. Su magistrada suplente será María Blanca Paz Montalvo, actual magistrada suplente de Julio Olivo.

El otro magistrado propietario propuesto por la CSJ será Noel Orellana, actual gerente de operaciones legislativas de la Asamblea. Orellana tiene procesos de investigación abiertos en la Fiscalía General de la República por delitos como prevaricato. Su suplente será Sonia Clementina Liévano de Lemus, actual magistrada propietaria del TSE en sustitución de Jesús Rivas Sánchez, que fue destituido por resolución de la Sala de lo Constitucional luego de que se comprobó su vinculación partidaria con el FMLN.

El nombre de Sonia Liévano de Lemus aparece en varios documentos sobre juntas directivas de fundaciones presididas por Adolfo Salume, el secretario general del partido DS. Por ejemplo, el Diario Oficial del 4 de noviembre de 2014, cuando la magistrada ya se desempeñaba en el cargo, da cuenta de la constitución de la Fundación Visión Democrática, cuyo presidente es Salume y la secretaria es Liévano de Lemus.

La elección de magistrados de este 30 de julio de 2019 fue controvertida por el diputado no partidario Leonardo Bonilla, quien reclamó que la mayoría de nuevos magistrados tiene evidentes vinculaciones formales y materiales con partidos políticos. “No se cumplen los requisitos”, dijo el legislador, quien no acompañó con su voto a la mayoría.

Bonilla no fue el único que denunció posibles ilegalidades en la elección y el nombramiento de los nuevos magistrados electorales. Las organizaciones Acción Ciudadana (AC) y el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) supervisaron el proceso de selección y entrevistas a los candidatos a magistrados y detectaron irregularidades sobre vinculaciones políticas y partidarias de la mayoría de los aspirantes.

José Miguel Arévalo, presidente del CEJ, en una conversación con Factum, no solo denunció los nexos que comprometen a los nuevos magistrados, también aseguró que muchos candidatos demostraron no tener ningún conocimiento de la materia electoral, lo que le parece preocupante. Eduardo Escobar, de AC, ha ido incluso más allá y ha recomendado que los mismos diputados deberían devolver las ternas de candidatos a magistrados por los partidos políticos para que entreguen nuevas candidaturas con personas idóneas.

Pero no solo los partidos políticos fueron señalados por no tomar en cuenta el estudio a profundidad de nexos que van a comprometer las funciones de los magistrados, también la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene un recurso de inconstitucionalidad en contra suya por su forma de elegir a los candidatos.

El abogado constitucionalista Enrique Anaya presentó el martes 16 de julio un recurso a la Sala de lo Constitucional, con la intención de que la sala ordene repetir el proceso y entonces se pueda hacer la deliberación y la votación de forma pública para los candidatos a magistrados. Una operación que, alega, no fue desarrollada por la Corte Plena de la CSJ, por lo que no se pudieron conocer las motivaciones de los magistrados para elegir a sus propuestas.

AC y el CEJ también denunciaron que la CSJ no ha explicado los criterios que tomó para depurar candidaturas y los puntos de evaluación que tomaron en cuenta en las entrevistas que hicieron a los aspirantes.

Los nuevos magistrados del TSE permanecerán cinco años en sus cargos. Serán responsables de administrar y juzgar las elecciones de alcaldes, diputados de la Asamblea Legislativa y diputados del Parlacen de 2021 y tendrán el desafío de organizar y supervisar las elecciones generales de 2024 (municipales, legislativas y presidenciales). La elección de estos nuevos magistrados es crucial, cuando persisten las resistencias de fuerzas políticas contra el sistema electoral actual, en el que es válido el voto cruzado para diputados, con listas abiertas, y se invierte para que los salvadoreños en el exterior puedan votar.

Los próximos magistrados, que deberán ejercer funciones desde agosto de 2019, serán jueces de unas elecciones legislativas que ocurrirán en medio de una crisis simultánea que han sufrido los llamados “partidos políticos hegemónicos” Arena y FMLN, mientras creció en los últimos años una fuerza política liderada por el actual presidente, Nayib Bukele.

Quién es quién

Rony Huezo trastabilló en el salón de entrevistas cuando intentó responder la pregunta del diputado arenero Alberto Romero. El cuestionamiento era simple para un candidato a presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE): “De su experiencia profesional, ¿qué nos podría decir que conoce de la materia electoral?”. Huezo, destituido de la Corte de Cuentas en 2013 por una resolución de la Sala de lo Constitucional por irregularidades en su nombramiento, dijo, titubeante, que como abogado conoce el Código Electoral. Como si fuera suficiente solo con enunciarlo, sobre eso ya no diría nada más. Luego, queriendo hacer un parangón con su anterior cargo como presidente de la junta directiva del Fondo Nacional para la Vivienda Popular (Fonavipo) en el gobierno de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), dijo que el TSE es como una junta directiva y que, entonces, ya tiene la experiencia para conducir la máxima autoridad electoral de El Salvador.

La respuesta de Huezo en esa entrevista que le hizo la subcomisión de selección de candidatos para el TSE, el jueves 25 de julio de 2019, se viralizó en las redes sociales. La de Huezo, que buscó la presidencia del TSE por el partido GANA, fue la respuesta más representativa, según Eduardo Escobar, de AC, de que los partidos presentaron candidatos con fuertes posibilidades de ser nombrados magistrados y que no tienen ningún conocimiento de la jurisdicción electoral.

Huezo, de hecho, partió como favorito para ser nombrado presidente del TSE a propuesta de GANA, según fuentes del partido. Pero su respuesta a la pregunta del diputado Romero hizo que la balanza se inclinara por Dora Martínez de Barahona.

El caso de Rony Huezo fue emblemático, pero no el único. Huezo y Dora Martínez de Barahona no estuvieron en la terna original que presentó el presidente de GANA, Andrés Rovira, a la Asamblea Legislativa.

Los tres candidatos a magistrados propietarios que había lanzado GANA eran Gerardo Hernández Rivera, Jaime Salvador Rivera Andino y Hemerson Stanley Serrano Lemus. Dos legisladores de GANA, Mario Tenorio y Guillermo Gallegos, adversaron la terna. Tenorio, consultado por Factum, reiteró que el Directorio Nacional de su partido no cumplió un convenio de elegir candidatos por mutuo acuerdo entre el grupo parlamentario de GANA y la cúpula de ese partido. Tenorio dejó ver que la terna de Rovira fue inconsulta.

Los dos diputados, fundadores de GANA, lograron convencer a los demás legisladores de su partido de unirse para forzar a cambiar la terna, aseguraron dos fuentes de este partido. Y lo lograron. El pasado 18 de julio, Rovira firmó un acta en la que se establecieron varios cambios en la terna de candidatos para magistrado presidente del TSE y la de suplente.

La modificación consistió en sustituir a Jaime Salvador Rivera Andino por Dora Esmeralda Martínez de Barahona y a Hemerson Stanley Serrano Lemus por Rony Huezo Serrano. También la terna para magistrado suplente se modificó. En la original estaban inscritos Ana Guadalupe Concepción Vásquez Batarsé, Rodrigo Antonio Barahona Escalante y Miguel Guillermo Deras Funes. Vásquez Batarsé fue sustituida por René Abelardo Molina Osorio, el excandidato a diputado suplente de GANA por San Vicente que llegó directamente para ser nombrado magistrado suplente.

Documento donde GANA propone el cambio de sus candidatos para el TSE

El secretario general que no decidió

El FMLN, mientras tanto, hizo una propuesta de candidatos que gozó de la tolerancia del nuevo secretario general de ese partido, el exvicepresidente de la República Óscar Ortiz. Aunque nunca fue consultado.

Los candidatos propuestos por el FMLN fueron elegidos por ese partido en los últimos días del mandato de la cúpula saliente, dirigida por el exsecretario general Medardo González y la exsecretaria general adjunta Norma Guevara. La decisión fue tomada por esa dirección política y las ternas para propietario y suplente fueron publicadas el 20 de junio de 2019, apenas tres días después de la elección interna en que Ortiz resultó con más votos para ser el nuevo secretario general.

La comisión electoral efemelenista no le dio el gane a Ortiz sino hasta el 25 de junio, luego de un atrofiado escrutinio. Y el nombramiento oficial como secretario general fue el 7 de julio siguiente. La terna para el TSE no pasó por la decisión de la nueva dirección del partido. Tres fuentes en el FMLN aseguraron a Factum que la decisión de la antigua cúpula de proponer la terna sin la venia de Ortiz se debió a la intención de plantar una “verdadera” vigilancia en un TSE que desde agosto será presidido por la magistrada de GANA, el partido que usó el actual presidente de la República —enemigo declarado del FMLN para algunos militantes— para participar en las elecciones de febrero de 2019.

La intención de ignorar a Ortiz, dijeron, tuvo su base en una supuesta conexión “amigable” que continúan señalando algunos sectores en el FMLN entre el exvicepresidente y Nayib Bukele. Por ello, según las fuentes, la cúpula de Medardo González y Norma Guevara propuso al actual presidente del TSE, Julio Olivo, como candidato a la reelección como magistrado propietario —aunque ya no como presidente.

Olivo goza de la confianza de la “vieja guardia” del FMLN para ser vigilante de que las decisiones en el TSE no se inclinen a favor de la nueva fuerza política hegemónica, comentaron las fuentes efemelenistas, pese a su administración controversial al frente del tribunal en los últimos cinco años.

Y aunque toleró que lo dejaran de lado en esa decisión, Ortiz no ocultó el enfado y escribió en su cuenta de Twitter el 26 de junio, un día después de que lo declararon ganador de las elecciones internas del FMLN: “El 7 de julio emprendemos una nueva marcha, donde las decisiones se tomarán desde la base. Pero debemos marchar dejando atrás lo que nos frena, debemos eliminar todo lo que nos hizo tropezar, debemos dejar atrás las viejas prácticas que nos alejaron del camino correcto”. Al pie de su mensaje, colocó la imagen del titular de una nota periodística: “Ortiz no participó en selección de terna para el TSE”.

A Julio Olivo lo acompañaron otros dos candidatos en la terna: Víctor Manuel Deodanes Renderos y Jonatan Michel Sisco. Y Carmen Veraliz Velásquez Sánchez, la nueva suplente de Olivo, participó junto a María Petrona Pineda de Mena y Elvira Yanneth Ramírez Garay.

El expresidente del TSE, Julio Olivo, durante las pasadas elecciones de 2018. Olivo, propuesto por el FMLN, pasará cinco años más en el tribunal. Foto FACTUM/ Salvador MELENDEZ

Los últimos

El partido Arena fue el último en presentar a sus candidatos, el miércoles 24 de julio pasado, a solo días de que los actuales magistrados dejaran sus cargos. Aunque dos fuentes parlamentarias de Arena indicaron que la tardanza se debía a que estaban escogiendo a los más idóneos, los abogados respaldados por el partido de derecha tampoco se alejaron de los señalamientos de vinculaciones político-partidarias.

La terna de los candidatos propuestos por Arena la integraron Celina Escolán, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia y exsuperintendenta de Competencia en los años de la presidencia de Antonio Saca, de Arena, actualmente condenado por lavado de dinero y peculado. También fue asesora jurídica de la Alcaldía de San Salvador en la administración de Norman Quijano, también de Arena.

Julio Valdivieso, exviceministro de Transporte y candidato a diputado por Democracia Salvadoreña (DS) en el año 2015, fue otro candidato a magistrado propietario. El partido DS en el que participó Valdivieso es dirigido por Adolfo Salume. Este grupo político formó una coalición con Arena, PCN y PDC, que se llamó Alianza por un Nuevo País, y que llevó a Carlos Calleja como candidato a la Presidencia para las elecciones de 2019. Salume, un empresario cuyo partido participó en coalición con Arena, sin embargo, ha mantenido cercanía desde años con quien fue su adversario político para las elecciones presidenciales: Nayib Bukele.

Por ejemplo, Salume aseguró en octubre de 2014 que ya se tenía un convenio firmado entre Bukele y su partido DS para formar una alianza para las elecciones municipales de San Salvador de 2015. Salume, según una nota colgada en el sitio web de DS, aseguró entonces que fue el secretario general del FMLN, Medardo González, quien desautorizó la alianza. Casi cinco años después, el día de la toma de posesión de Bukele, el 1 de junio de 2019, Salume estuvo entre los invitados que compartieron con el nuevo mandatario dentro del Palacio Nacional.

Este empresario y dirigente político comparte junta directiva en varias sociedades con la recién reelegida magistrada Sonia Clementina Liévano de Lemus.

Pero los diputados eligieron al tercer candidato de la terna arenera: el reconocido asesor Luis Guillermo Wellman Carpio.

La terna para magistrado suplente, por decisión previa de la coalición, la manejó el PCN. Este partido propuso a Guadalupe Medina, magistrada propietaria saliente, Walter Marvin Recinos Solís y Marlon Harold Cornejo Ávalos. En el caso de Medina, ella intentó ser seleccionada en las ternas de la CSJ, pero la corte no la tomó en cuenta. El PCN, allegado a Medina desde 2014, la incluyó en su terna para suplente. Pero tampoco fue elegida.

“El Tribunal Supremo Electoral es un tribunal que imparte justicia en materia electoral. Es indispensable que las personas que ocupan estos cargos sean personas que no van a responder a intereses partidarios”, recalcó José Miguel Arévalo, del CEJ.

Pero los diputados de la subcomisión rechazaron las sugerencias de las organizaciones sociales.

La vinculación política y partidaria no solo fue evidenciada por el pasado reciente de varios candidatos a magistrados del TSE, ya sea como militantes partidarios, exfuncionarios de gobierno o candidatos a cargos de elección popular, también se pudieron constatar sus nexos por sus aportes financieros a los partidos políticos.

Noel Orellana, por ejemplo, según el listado de financistas de partidos políticos publicado por el Ministerio de Hacienda, aportó 26,000 dólares al PDC en el año 2006.

El Gerente de Operaciones de la Asamblea Legislativa, Noel Orellana (izquierda) junto al presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Noel Quijano González, del partido ARENA, durante una Sesión Plenaria, el pasado 20 de julio de 2018.
Foto FACTUM/ Salvador MELENDEZ

Asuntos pendientes

Noel Orellana, en los últimos años, cruzó el cargo de gerente de operaciones legislativas con el de miembro presidente del Tribunal del Servicio Civil (TSC), una designación hecha por los diputados para Orellana desde el año 2000 hasta 2018, cuando terminó su último período de tres años (2015-2018). Por ley, el presidente del TSC es elegido por los diputados, mientras que los otros dos miembros con los que se comparte el tribunal son designados uno por la CSJ y el otro por la Presidencia de la República.

Ha sido en este cargo de presidente del TSC que Orellana ha acumulado denuncias ante la CSJ y la Fiscalía General de la República por posibles delitos como prevaricato. De hecho, la investigación penal por prevaricato sigue abierta, según documentos en poder de Factum.

Documento de junio de 2019 que hace constar que hay dos investigaciones abiertas en la Fiscalía contra Noel Orellana, nuevo magistrado del TSE.

En agosto de 2017, la Corte Plena de la CSJ decidió abrir un proceso administrativo sancionatorio contra Orellana y se ordenó que se le notificara. Factum consultó con Orellana y este aseguró que “nunca” se le notificó “oficialmente” sobre ese proceso. “Tuve conocimiento de forma extraoficial que se había presentado algo administrativo en mi contra, pero poco le podría decir porque, como le digo, oficialmente nunca se me notificó nada”, dijo el funcionario.

La CSJ propuso dos ternas de magistrados propietarios integradas la mayor parte por funcionarios que ya se desempeñan en el TSE. Por ejemplo, los otros dos candidatos que acompañaron a Noel Orellana fueron Miguel Ángel Cardoza, magistrado propietario saliente del TSE, y Julio Emilio Portillo García, apoderado del TSE.

La terna de suplentes para Orellana, Cardoza y Portillo la compusieron José Lucas Chinchilla Hernández, Giovanni Alberto Rosales Rosagni y Sonia Clementina Liévano de Lemus.

Sonia Clementina Liévano de Lemus, junto con los entonces magistrados Julio Olivo (izquierda) y Miguel Ángel Cardoza. Foto FACTUM/ Fernando Romero.

En la otra terna para magistrado propietario por la CSJ los candidatos fueron Ronald Oswaldo Avilés López, asesor jurídico del TSE; Louis Alain Benavides Monterrosa, secretario general del TSE; y Rubén Atilio Meléndez García, magistrado suplente del TSE quien ahora será propietario. Los candidatos a magistrado suplente de esa terna fueron María Blanca Paz Montalvo, quien ya es magistrada suplente y fue reelegida; Karla María Rosales Hernández y Juan Gilberto Cardona Jiménez, exfiscal electoral que se propuso como candidato a fiscal general de la República en 2012 y en 2015.

Contra la Sala de lo Constitucional

La subcomisión legislativa entrevistó a los candidatos a magistrados el jueves 25, viernes 26 y lunes 29 de julio. El guion de preguntas que montaron los diputados incluyó, entre otros temas, conocer las percepciones de los aspirantes sobre las resoluciones de la Sala de lo Constitucional dirigidas a la evolución del sistema electoral salvadoreño en cuanto al voto cruzado, la despartidización del tribunal o el voto en el exterior.

Eduardo Escobar, de AC, y José Miguel Arévalo, del CEJ, creen que los diputados usaron esas preguntas como un medidor para detectar candidatos que están a favor o en contra del sistema actual de elecciones, con las reformas producidas a raíz de las resoluciones de la sala, pese a las incomodidades de los diputados que denunciaron en su momento una invasión de poderes de parte de la sala a la labor legislativa.

Escobar y Arévalo dijeron también que las respuestas de la mayoría de los candidatos, de reproche a las decisiones de la sala, les causaron preocupación por estar en contra de avances como el voto cruzado para diputados. Pero, por otro lado, consideraron que algunos candidatos respondieron con ataques a la Sala de lo Constitucional para buscar “congraciarse” con los diputados.

“No creo que sea un guion malo. Creo que querían indagar cuál es su posición. Eso lo hicieron también para la elección de la Corte Suprema de Justicia. El problema es que estos cuestionamientos lleguen a servir de parámetros para descartar candidatos”, dijo Escobar.

El grupo de organizaciones que supervisaron el proceso de elección de magistrados del TSE advirtieron que los partidos políticos se exponen a que después de la elección de magistrados, dadas las irregularidades y la falta de idoneidad de la mayoría de los nombrados, tengan que responder a recursos de inconstitucionalidad por los nombramientos.