Once homicidios diarios al inicio del año. Nueve policías asesinados durante 2019. El gabinete de Seguridad culpa a las pandillas y ofrece una solución: endurecer las medidas que supuestamente han servido para disminuir la violencia.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
El vigilante privado acomoda su escopeta. Pone las manos sobre el trozo de metal y dispara la frase: “Los derechos humanos nos tienen así”. Su interlocutor, un taxista que aguarda en el parqueo del centro comercial Feria Rosa, en San Salvador, no está de acuerdo y le responde con su propia teoría: “Nombre, si dicen que las cárceles están vacías. Eso debe ser”. Los dos hombres buscan una explicación a lo que ha pasado este viernes 18 de enero en El Salvador: cuatro policías, un estudiante de periodismo y otros 10 salvadoreños asesinados en el lapso de 24 horas. La discusión tiene lugar frente a una de las casas del presidente de la República, donde dentro de una hora el Gabinete de Seguridad intentará dar una explicación, o justificación, a la escalada de violencia a dos semanas de la elección presidencial.
Del otro lado de la calle, en la sala de conferencias de Casa Presidencial, un equipo de protocolo ha dispuesto cinco sillas y cinco micrófonos. Los periodistas acuden puntuales. Pero la conferencia empezará una hora después de lo previsto, y con un invitado que no figuraba en la convocatoria oficial: el nuevo fiscal general de la República, Raúl Melara.
Los encargados de protocolo adicionan diez sillas en la tarima y los funcionarios ingresan en fila india a las 6:14 de la tarde. Se sientan ordenados, desde la izquierda, de la siguiente manera: el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, en su traje de fatiga; el fiscal general, con su saco negro; el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, con una camisa azul; el ministro de Defensa, David Munguía Payés, también en traje de fatiga; y el director de Centros Penales, Marco Tulio Lima. Detrás de ellos hay otros once hombres: seis directores policiales y cinco militares de la confianza de Munguía Payés, entre ellos el jefe del Conjunto II de Inteligencia del Estado Mayor, David Iglesias Montalvo, procesado por ser parte de una red criminal enquistada dentro del Ministerio de Defensa.
El ministro de Seguridad arranca con palabras de condolencia para las familias de los nueve empleados de la Policía que fueron asesinados en las primeras dos semanas de 2019. Culpa de esos ataques a las pandillas. Los llama ataques cobardes. Dice que los pandilleros lo hacen para lograr dos objetivos: que el Gobierno del FMLN les conceda beneficios penitenciarios, como ya lo hizo una vez durante la administración de Mauricio Funes, y para que se “relaje” la guerra declarada contra ellos desde la implementación de las medidas extraordinarias en los principales penales del país. Esta vez, a diferencia de las explicaciones que precedieron esta conferencia, no dirá que el incremento de ataques obedece a la cercanía de las elecciones.
“Esperamos dar los resultados de forma inmediata y que esta situación la logremos parar cuanto antes. En ningún momento estamos considerando acceder a las pretensiones de asesinos y criminales. Por el contrario, vamos a endurecer, y vamos a someterlos a medidas de persecución penal y penitenciarias más duras y más rígidas”, advierte Landaverde.
Las medidas actuales impiden la salida de reos a diligencias judiciales. Hay bloqueo de antenas telefónicas en las cárceles y los reclusos no pueden recibir visitas de familiares. Esas condiciones que fueron calificadas como “espantosas” por Agnes Callamard, la relatora especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, durante su visita a El Salvador en febrero del año pasado. Pero al Gabinete de Seguridad le parece que esas medidas, que pese existir desde 2016 aún son llamadas extraordinarias, se pueden endurecer todavía un poco más. “Ya los estamos esperando con los brazos abiertos en los centros de máxima seguridad para someterlos al régimen que ameritan”, agrega el ministro de Seguridad, para avistar el trato que les espera en los penales a los pandilleros involucrados en los ataques.
El fiscal general, que por primera vez se sienta a la mesa con el Gabinete de Seguridad en una conferencia, dice que la institución que dirige no tiene idea de qué es lo que está causando esta sucesión de ataques. No se casa con la versión de que la por la coyuntura electoral. “Como Fiscalía nos corresponde investigar los homicidios más allá de las motivaciones. Es muy temprano decir que sea por tema electoral o por otro motivo”, se limita a decir.
Cotto y Ramírez Landaverde piden que la población tome partido. Que declare su apoyo para la Policía y que haga público su repudio para estas agrupaciones. “Los buenos estamos en el mismo lado. Quienes están cometiendo esto con intereses oscuros son las pandillas y es a ellos a quienes debemos repudiar pública y enérgicamente”, es el llamado de Cotto, quien ha explicado que ordenaron la suspensión de licencias y vacaciones para todo el cuerpo policial.
189 salvadoreños fueron asesinados en los primeros 17 días de enero, un promedio de 11 homicidios diarios. El Gobierno se ha jactado de la reducción de homicidios, una reducción que no ha acabado con la epidemia, pero sí permitió cerrar 2018 con 3,340 homicidios casi la mitad de los 6,657 homicidios de 2015. El Gobierno, en diferentes momentos, ha dicho que la reducción se debe a la implementación de las medidas extraordinarias de seguridad, y a algo que llaman operatividad policial. Ante la pregunta de por qué quieren reforzar una política que no garantiza una reducción sostenida de crímenes, el ministro responde que nunca le han dato todo el crédito de la reducción a las medidas extraordinarias, pero que sí han sido una “factor clave” en la estrategia gubernamental porque están convencidos que están usando una fórmula integral que también lleva una dosis de prevención.
“Hemos tenido situaciones de alza, pero que hemos logrado neutralizar. A través de esos periodos de alza que hemos tenido, vamos a ver esas cimas, pero aun cuando esas cimas se dan la tendencia es positiva… Hemos tenido periodos similares y los hemos parado”, matiza Landaverde.
Más preguntas afloran en la conferencia: ¿Cuál es la autocritica? ¿Van a decretar Estado de sitio? ¿Cuál será el tratamiento para estos terroristas? ¿Las órdenes salieron de los penales? ¿Es un plan exclusivo de la MS-13? El ministro, ante la insistencia de los periodistas, se niega a reconocer que se trate de un nuevo plan de las pandillas para atacar a los agentes. Repite que es una amenaza vieja, que “que la venimos arrastrando desde 2013”. Esta vez insistirá en que las pandillas buscan presionar al Gobierno para que flexibilice su política de seguridad, pero reitera su declaratoria: no darán un paso atrás.
De regreso en el centro comercial, el vigilante, dice que el Gobierno “dejó que esto se saliera de control” y que, para él, el único remedio que queda es que el “Ejército se encargue de todo”. Cuenta que trabaja como vigilante privado desde 2001, pero que ya está considerando buscar otro tipo de trabajo. Mientras lo cuenta recibe una llamada en su pequeño Alcatel negro. Es su jefe. Le dice que debe hacer una ronda en otro sector del centro comercial porque hay algo sospechoso. El vigilante vuelve a acomodar su arma y abandona la conversación.
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