“La población habla de que la Policía se ha convertido en una nueva pandilla porque no hay confianza”

La represión policial y militar ha aumentado durante los últimos meses en Mejicanos, Ayutuxtepeque y Cuscatancingo, los municipios de trabajo del Observatorio de Derechos Humanos “Rufina Amaya”, que durante 2015 recibió siete casos de tortura.

Fotos FACTUM/Salvador Meléndez

Verónica Reyna, subdirectora del Observatorio de Derechos Humanos Rufina Amaya del Servicio Social Pasionista (SSPAS),  señala que el clima de zozobra en estas zonas ha empeorado con la implementación de las medidas extraordinarias de seguridad, donde la población que vive en zonas asediadas por pandillas ve a los cuerpos de seguridad como una nuevo grupo criminal. La psicóloga señala que el actual plan ha significado, en buena medida, la criminalización de los jóvenes, muchos que no tienen relación con las pandillas que controlan los territorios.

 ¿Cuál es el principal cambio que se ha dado en el último informe, el de 2015, respecto a violaciones de derechos humanos que registra el Observatorio?

Nosotros, que somos una organización pequeña, que recogemos entre 35 y 45 casos al año de violaciones a derechos humanos por cuerpos de seguridad, en el 2015 recogimos siete casos de tortura. Entonces es significativo que en una zona geográfica tan pequeña, con 45 casos en ese año, hayan sido siete casos de tortura; los cuales no se habían recogido (antes) en esa cantidad, solo hubo un caso en todo 2014. Hemos recibido comentarios y rumores sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales en distintas zonas de Cuscatancingo, Mejicanos y Ayutuxtepeque, pero ninguna persona ha tenido el valor o el interés de presentar el caso, por el mismo miedo que puede haber de la persecución de la Policía o Defensa.

Y esas denuncias por ser violaciones de derechos humanos,  ¿quedan sin registrar ante las instituciones públicas?

Sí, la mayoría de la gente no quiere denunciar al ser la misma Policía la que los ha agredido, aunque hay varias vías: puede ser ante la PDDH (Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos), que la gente siente un poco más de confianza; o puede ser ante la Inspectoría General de Seguridad Pública, que es casi la misma Policía; o ante la Fiscalía, si es más grave. La mayoría de la gente no quiere poner la denuncia, pero sí hemos tenido algunos casos donde la gente decide poner la denuncia, (y) nosotros le explicamos un poco los efectos que puede tener, lo positivo y lo negativo, porque tampoco queremos mentirle a la gente que se arriesga a denunciar a una situación tan compleja de violencia. Y la persona decide.

Entrevista a Verónica Reyna del Observatorio de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS) de El Salvador, el 7 de diciembre de 2016.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez

El problema con las denuncias es que rara vez avanzan; básicamente es dejar un registro de que sucedió, pero no hay mayor respuesta de las instituciones. En este momento hemos creado un espacio de revisión de casos junto con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. El ministro ha dado el espacio a las organizaciones de la sociedad civil para revisar casos de posibles abusos por parte de la Policía, y tenemos la presencia del secretario de responsabilidad profesional de la Policía, que es el comisionado Marroquín, el encargado de las tres unidades de control interno de la Policía, quien revisa que se cumpla con los manuales y procedimientos, así como la revisión de faltas administrativas dentro de la Policía y los casos de posibles delitos que hayan cometido (…) Mi valoración personal del espacio, sin embargo, es que tiene que trabajarse a profundidad. No queremos que sea un espacio solo para revisar casos concretos,  no se trata solamente de resolver los casos que nosotros podamos presentar, sino mas bien de cambiar toda una estructura interna que no está funcionando o que no está teniendo resultados a nivel de controles internos de la Policía y la sociedad civil.

¿Cuáles son los casos más graves que han registrado en el último año?

Hemos tenido casos de tortura, en estos casos no se ha puesto denuncia, entonces tampoco puedo hablar con mayor detalle de cómo han sido, pero sí hemos identificado casos de golpes fuertes por varios agentes de la policía fuera de la calle, digamos en un predio baldío. También detención arbitraria y características de tortura dentro de bartolinas que incluye casos muy similares a las que ocurrían durante los años 80 del conflicto armado: choques eléctricos, inmersión de la cabeza en agua, jugar con el gatillo de la pistola apuntando a tu cabeza y lo que siempre se ha dado: golpes sistemáticos e incluso hemos registrado casos donde han amarrado a la gente de los pies en bartolinas, los choques eléctricos, en el cuerpo pero también en genitales. (…) Tenemos dos partes bien distintas de El Salvador, una donde no hay pandillas, si no otro tipo delitos: venta de drogas, crimen organizado, trata de personas, etc. Y otro donde hay presencia de pandillas y pareciera que el único mal es ese, pero la población está hablando  de tener una nueva pandilla, que la Policía se ha convertido en una nueva pandilla porque no hay confianza mínima en atender una situación de seguridad por parte de ellos.

Entonces, ¿han identificado nuevas formas de violencia en El Salvador?

Hay una publicación de Incide (Instituto Centroamericano de Investigaciones para el Desarrollo y el Cambio Social) que habla de nuevas formas de violencia. Yo no estoy de acuerdo del todo con que existan nuevas formas de violencia, lo que creo es que han incrementado ciertas formas de violencia, o que se han visibilizado. Por ejemplo, el tema del desplazamiento forzado se está visibilizando porque en 2014 se identificó la violencia como segunda causa de migración, que no estaba antes en esa posición (…) pero ahora, por la agenda política internacional y nacional, se está viendo más. El gobierno no quiere reconocer que hay desplazamiento forzado en El Salvador,  incluso están más en la línea de posicionar este nuevo delito que han creado que es el de amenazas por desplazamiento, y querer analizar el desplazamiento forzado desde ahí. Nosotros como SSPAS no estamos de acuerdo porque eso implica no reconocer todas las necesidades de atención que tienen las víctimas de un problema que se da de manera generalizada en el país.

Y por otro lado creo que ha habido un incremento en las vulneraciones de derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad, la Policía y la Fuerza Armada, no solo en la cantidad sino en la modalidad porque los maltratos y los golpes, las discriminaciones en la calle a los jóvenes y las detenciones arbitrarias han sido, desde hace años, como el Plan Mano Dura, el Plan Super Mano Dura, que han sido la cúspide de querer golpear a esas comunidades; pero, ni siquiera esos planes han tenido las características que tiene el plan actual, que aunque ahora se llama Medidas Extraordinarias, no tiene nada de extraordinarias porque es lo mismo de siempre; y, segundo, tienen más de un año de estarse aplicando porque esto empezó en enero de 2015, al mismo tiempo que se lanzó el Plan El Salvador Seguro. Esta sí ha sido una estrategia represiva muy fuerte y donde se han lanzado mensajes desde el presidente, vicepresidente y encargados de seguridad de golpear a las pandillas; que otra vez caemos en ese discurso que son el único enemigo en temas de seguridad del país e incluso llamar al exterminio y a la limpieza social.

Entrevista a Verónica Reyna del Observatorio de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS) de El Salvador, el 7 de diciembre de 2016.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez

En abril pasado tuvieron una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) * y la oportunidad de que estuviera ahí el canciller Hugo Martínez, ¿qué efectos ha tenido?

Nosotros solicitamos en la audiencia la participación de la sociedad civil dentro del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC). Estaba participando la Concertación Feminista pero no había organizaciones que trabajaran el tema de prevención de violencia y seguridad pública. Incluso, el decreto que da vida al Consejo no menciona a las organizaciones sociales. Habla de iglesias, empresas privadas, pero no de organizaciones sociales. (…) Esto lo que hizo, a través de la Embajada de España, es que se promoviera el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil dentro del Consejo. Por parte del canciller no habíamos recibido ninguna invitación hasta la fecha. (…) Nosotros de manera institucional no estamos participando por una decisión política del SSPAS, porque consideramos que se ha convertido en un espacio decorativo donde se llega a informar sobre lo que se ha hecho y lo que se va a hacer, pero no se consulta; donde hay muy poco diálogo realmente y donde incluso se termina aprobando, entre comillas, decisiones o medidas que el Consejo no está apoyando. Incluso que va en contra de los objetivos y enfoques que tiene el plan El Salvador Seguro. Algunas de las medidas extraodinarias, o el uso de la Fuerza Armada, no está contemplado por el Plan El Salvador Seguro, pero se ha querido mostrar como algo que acompaña a este plan. Entonces no vemos en el Consejo un caso real de incidencia por parte de los sectores de la sociedad.

Verónica Reyna tiene 33 años. Es licenciada en Psicología por la UCA y desde 2015 es la subdirectora del Observatorio de Derechos Humanos “Rufina Amaya”. Durante cuatro años ha realizado trabajo comunitario y de educación para la paz con jóvenes desde el SSPAS. Es feminista y activista en derechos de la mujer, LGBTI y juventud.

*En la audiencia del SSPAS ante la CIDH se presentó el testimonio de un joven que en 2016 fue víctima de la represión policial en Mejicanos. Se puede escuchar aquí.