La lucha por el control de la MS13

La tregua (y sus beneficios) y las diferencias en la toma de decisiones significaron una ruptura para una de las principales pandillas salvadoreñas, la MS13. En 2015 fue asesinado en la cárcel de Izalco uno de los jefes pandilleros que lideraba una revolución dentro de la pandilla. Esta es la historia por el control de esa pandilla, una de las más importantes del sistema penitenciario salvadoreño. 

Foto FACTUM/Tomada de InSight Crime

Las autoridades salvadoreñas creen que el plan para matar a Walter Antonio Carrillo Alfaro, alias “El Chory”, se fraguó dentro de la cárcel de Zacatecoluca a finales de 2015. El Chory —un cabecilla de nivel medio de la Mara Salvatrucha (MS13)— se estaba enfrentando a los jefes del grupo. Y ellos, por lo tanto, determinaron que debía morir.

La pena de muerte para El Chory fue parte de una batalla por los puestos más altos de la pandilla. El Chory había organizado reuniones para juzgar a los principales cabecillas de la MS13, la denominada “ranfla histórica”, pues El Chory y algunos otros comandantes de niveles medios creían que estaban utilizando la pandilla para su propio beneficio económico, especialmente durante una fallida tregua a la que la ranfla había llegado con las pandillas rivales y el gobierno en años anteriores.

La ranfla histórica había sido irrespetuosa con el “barrio”—un ambiguo término de la pandilla para referirse a su ethos básico—, según había dicho El Chory públicamente desde su celda en el municipio de Izalco, al otro extremo del país. Al parecer, los miembros de la ranfla habían recibido grandes sumas de dinero de los partidos políticos del país —El Chory creía que eran unos US$25 millones— como parte del quid pro quo por ayudarles a los partidos durante las elecciones.

La ranfla histórica en Zacatecoluca estaba furiosa. El Chory y sus camaradas parecían estar dispuestos a poner al descubierto la hipocresía de aquellos durante la tregua. Pero también amenazaban con destruir a la pandilla más grande y temible del país. La MS13 se había convertido en una amenaza para la seguridad nacional en El Salvador y había sido incluida en la lista del gobierno de Estados Unidos de los grupos criminales más peligrosos y ambiciosos de la región. El Chory había puesto en peligro el poder de la ranfla sobre la agrupación, así como sus anhelos de llevar a la pandilla a otro nivel dentro del mundo criminal.

Los jefes conocían la prisión y los sistemas jurídicos lo suficientemente bien como para llevar a cabo su plan de asesinar a El Chory. Y en noviembre de 2015 lograron descubrir cuándo se presentarían en las cortes de El Salvador un pandillero de Zacatecoluca y otro de Izalco, donde El Chory estaba recluido, para una audiencia de rutina. Allí, en la zona de espera de la corte, el prisionero de Zacatecoluca le pasó un mensaje escrito al prisionero de Izalco, con la orden de matar a El Chory.

Asesinar a El Chory no sería nada fácil ni gratuito. El Chory era un jefe muy respetado en una poderosa facción de la MS13, conocida como Fulton Locos Salvatruchas. Tenía 40 años de edad y había ingresado a la pandilla en Los Ángeles, de donde fue deportado a El Salvador. Un año antes, había logrado que la mayor parte de su facción de los Fulton y más de una docena de otras facciones lo apoyaran en una pequeña rebelión; además, en Izalco tenía cuatro guardaespaldas que lo acompañaban en todo momento.

El Chory también se estaba preparando para luchar. No sólo había organizado varias reuniones para hablar sobre cómo acabar con la ranfla histórica, sino que además había desplazado a los dirigentes de la MS13 en Izalco, y junto con otros pandilleros había organizado un ataque contra uno de los concesionarios de la ranfla, quemando varios vehículos y causando daños por miles de dólares. En determinado momento, comenzó a llamarse a sí mismo un “Revolucionario de la MS13”.

Divide y serás vencido

No es extraño que la lucha por el poder al interior de la MS13 se desarrollara en las prisiones salvadoreñas. Durante la última década, el sistema penitenciario de El Salvador ha sido el cuartel general de la MS13 y Barrio 18, las pandillas más grandes del país. El poder de las pandillas en las prisiones se dio como resultado tanto de malas políticas públicas como por la creciente astucia y habilidad organizacional de las pandillas.

La MS13 y su principal rival, Barrio 18, comenzaron a llegar a las cárceles de El Salvador en la época en que la violenta guerra civil entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno estaba llegando a su fin. En la década de 1980, los presos políticos, la mayoría de ellos afiliados al grupo guerrillero, habían dirigido las prisiones con resultados variados. Como un presagio de lo que ocurriría con la MS13, dos facciones del FMLN finalmente se enfrentaron entre sí.

En 1991, como parte del proceso de paz con el gobierno gracias al cual el FMLN dejaría de ser un movimiento guerrillero para convertirse en un poderoso partido político, la mayoría de los presos políticos fueron puestos en libertad. Ese mismo año, un joven miembro de la MS13 escribió un diario desde su celda en la prisión de San Francisco Gotera —las primeras referencias a las actuales pandillas callejeras en las cárceles—. En el diario, el pandillero menciona cómo la Guardia Nacional torturaba a los prisioneros, y se refiere a los asesinatos de presos por otros reclusos.

Una vez los presos políticos salieron, las pandillas asumieron el control de las prisiones; la más emblemática de ellas estaba dirigida por un hombre llamado Bruno Ventura, alias “Brother”. Este no provenía de la mafia ni de las pandillas callejeras. Fue encarcelado por asalto armado en una tienda de electrodomésticos. Pero con una dosis de carisma y un uso selectivo de la violencia, Brother y su pandilla armada, La Raza, tomó el control de la cárcel más grande del país, La Esperanza, conocida como “Mariona”, y de gran parte del sistema penitenciario.

“Bruno podía llegar a ser violento”, le dijo un exconvicto de la MS13 a InSight Crime. “No se podía andar por ahí molestando o haciendo publicidad de la pandilla de uno. Le podían dar una paliza por eso, pero si uno no representaba ningún problema, Bruno tampoco le causaba problemas. Él quería que los presos vivieran en paz.”

En esos años ni la MS13 ni Barrio 18 eran las estructuras fuertes que son ahora. Eran clicas o células desorganizadas que, al menos dentro de los centros penales, aún medraban a la sombra de las bandas de secuestradores o asalta furgones. Eran vistos como especie de leprosos y apestados. Los acusaban de robar y drogarse sin control, de ser sucios y de ser violentos.

Durante el régimen de Brother, los reclusos conocían los límites e implementaron un sistema interno de control muy eficaz. Estaba prohibido vender droga, matar, agredir a otro reo, agredir de cualquier forma a la visita y robar. Pero si eras pandillero había reglas especiales que cumplir. No podían mostrar sus tatuajes, ni hacer grafitis. Los castigos incluían citas con el “psicólogo”, el eufemismo utilizado por los internos para referirse a un palo de madera con el que La Raza disciplinaba a quien hubiera quebrantado las normas.

Pero, con el tiempo, el poder de Bruno decayó, en parte porque la población pandillera aumentó. Al finalizar la guerra en El Salvador, el gobierno de Estados Unidos dejó expirar el Estatus de Protección Temporal, que les había permitido a los salvadoreños permanecer en su territorio durante la guerra. Estados Unidos cambió además las leyes con respecto a la deportación de exconvictos. Estos dos cambios abrieron la puerta para las deportaciones masivas. Poco después El Salvador se llenó de exprisioneros de Estados Unidos —más de 81,000 exconvictos fueron deportados a El Salvador entre 1998 y 2014, según estadísticas del gobierno de Estados Unidos—, entre ellos los pandilleros que conformarían las dos agrupaciones más grandes, MS13 y Barrio 18, que habían crecido en Estados Unidos durante ese período.

Para El Salvador —así como para sus vecinos de Honduras y Guatemala— fue muy difícil absorber a los deportados. En los barrios pobres, pronto surgieron facciones de MS13 y Barrio 18, conocidas como “clicas”. Para finales de la década de 1990, también se habían convertido en una porción significativa de la población carcelaria. Las pandillas eran enemigos acérrimos y se enfrentaban constantemente en las cárceles y los centros de detención de menores. En 1999, la violencia entre los adolescentes pandilleros en las penitenciarías juveniles, especialmente en San Francisco Gotera y Ciudad Barrios, llevó a que, hacia finales del año 2000, las autoridades trasladaran a los reclusos a cárceles separadas, de modo que el Centro de Internamiento de Menores de Tonacatepeque se convirtió en una institución exclusivamente para MS13 y El Espino para Barrio 18. Con esta separación, la idea de la segregación como una solución aceptable comenzó a arraigarse e incluso a asumir un aire de inevitabilidad.

Las peleas incluso incomodaron a Brother, quien trataba de controlar a la MS13 y Barrio 18 recordándoles al “psicólogo” cada vez que había algún enfrentamiento, así como cuando más de cuatro de sus miembros tenían una “reunión” en algún lugar. Sin embargo, cuando un juez transfirió a Brother de Mariona a la cárcel de San Francisco Gotera, en diciembre de 2002, los enfrentamientos se hicieron más intensos y regulares.

Con Bruno se fue ese orden. Como una granada sin espoleta, esa mañana el penal explotó. Se volvió loco. Una turba de reos atacaron a dos agentes de la policía antinarcóticos que hacían cateos al interior de las celdas matándolos, junto con sus dos perros de búsqueda, a puños y cuchilladas. Nada volvió a ser igual en Mariona.

Finalmente, en un acto de desesperación, la población en general le pidió al director de Mariona que sacara a una de las dos pandillas, y el director lo puso a votación: la MS13 perdió; el director transfirió a los miembros de MS13 a Ciudad Barrios, un sitio donde antes se había recluido a menores de edad, comenzando así una política de facto de separación de las pandillas dentro del sistema penitenciario de adultos.

Con estas transferencias, la prisión quedó dividida en dos: la zona de Barrio 18 y la de La Raza, que había sido el ala armada de Brother. Pronto surgió una batalla por el control. Los pandilleros de Barrio 18 eran vapuleados a diario. Recibían la peor comida y estaban recluidos en el recinto con peores condiciones. Los ánimos se fueron caldeando, los “cholos” como se les llama a los pandilleros en los penales centroamericanos, acumulaban agravios cada día. Los hombres del nuevo líder de La Raza, José “Viejo” Posada Reyes, solo esperaban el momento preciso para sacudirse a fuerza de machete a los que ellos consideraban una plaga.

Pero esa plaga tenía un plan. Los dieciocheros habían conseguido introducir armas al penal a través de sus visitas. Entre ellas una granada. El 18 de agosto del 2004 la granada estalló. Los dieciocheros se lanzaron al ataque. Fueron cazadores antes que presas. Los hombres de Posada no estaban listos. Creyeron que la abrumadora ventaja numérica les protegía de los cuchillos de Barrio 18. Ese día 34 hombres fueron asesinados en Mariona, 24 de ellos miembros de las bandas de Posada. De no ser por su pistola, el mismo Posada hubiese sido consumido por la furia dieciochera. Decenas de hombres fueron heridos de gravedad, casi todos de las huestes de Posada.

Días después, mil hombres fueron trasladados hacia otros centros penales, entre ellos 400 miembros de Barrio 18 y 600 “simpatizantes”. Algunos fueron llevados hacia Apanteos, una cárcel en el occidente salvadoreño donde tres años después se encontraron con algunos “bandosos” sobrevivientes de la masacre y terminaron lo que empezaron en Mariona. Esa vez asesinaron a 21 hombres. El otro grupo fue enviado al penal de Cojutepeque.

De esta forma, a fuerza de hundirse el machete una y otra vez entre ellos, en la carne de las bandas y en la población “civil” carcelaria, las pandillas consiguieron sus propios penales.

No hubo ninguna oposición para estos traslados; además, el creciente poder de las pandillas en el sistema penitenciario, y la potencial violencia que ello representaba, les dieron a las autoridades la justificación que necesitaban. Las cárceles de Quezaltepeque y Ciudad Barrios fueron exclusivamente para prisioneros de MS13, mientras que Chalatenango y Cojutepeque fueron asignadas como prisiones para Barrio 18. La prisión de Sonsonate quedó reservada para los “pesetas”, es decir, para los miembros retirados de las pandillas. En 2006, se intercambió la población entre Chalatenango y Quezaltepeque, y debido a la creciente población de reclusos algunos sectores de San Francisco Gotera y Apanteos se cambiaron a la MS13; al año siguiente, la recién construida cárcel de Izalco fue asignada al Barrio 18.

La política del gobierno desde el exterior de las prisiones aceleró aún más el control de las pandillas en su interior. Con la adopción de la “Mano Dura” durante la administración Flores (1999-2004) —que fue finalmente anulada por una decisión judicial- y más adelante con la “Súper Mano Dura”, el plan de seguridad de la administración Saca (2004-2009) la policía tenía el poder para detener, buscar y arrestar a presuntos pandilleros por cosas tan simples como llevar un tatuaje o por suponer que se estaba vinculado a ellas. La población carcelaria se multiplicó. En el año 2000, las cárceles de El Salvador tenían 7,754 presos; en octubre de 2016, tenían 35,879.

La separación de las pandillas en sus respectivas prisiones permitió reducir la violencia, pero también les concedió el control de facto sobre el sistema penitenciario. En la cárcel, los jefes estaban a salvo de sus enemigos, lo que les daba el tiempo y el espacio para restaurar la dirección y el control, y para establecer normas y reglamentos al interior de las pandillas. Como escribió Benjamín Lessing en un reciente informe de Brookings, esta medida les otorgó a las pandillas un cuartel general desde el cual reclutar y expandir su influencia.

“Puso a los delincuentes novatos, o que tenían poca o ninguna vinculación con las pandillas, bajo la custodia y la tutela de estas últimas”, dice Lessing refiriéndose a la política de separación de las pandillas. “Y quizá lo peor es que puso a una amplia gama de actores callejeros —cualquiera que pudiera ser enviado a la facción de alguna pandilla si era encarcelado— bajo la ‘jurisdicción coactiva’ de esa pandilla”.

También pudieron aumentar sus oportunidades de ganar dinero, como una manera de cubrir los altos costos legales y de cumplir con la necesidad de mantener a sus familias por fuera de las cárceles. Los cambios dieron lugar a la extorsión sistemática de las cooperativas de autobuses y taxis, los servicios de gas propano y otros servicios de distribución, las tiendas locales, y muchos otros blancos de las extorsiones. El impacto fue inmediato y profundo. La Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) estima que la extorsión aumentó en 1,402 % entre 2003 y 2009. Este dinero creó una cadena de la que se alimentaban los jefes de las pandillas, las clicas y sus familias, así como policías, guardias y administradores en el sistema penitenciario. Es decir, las pandillas encontraron la formula perfecta a raíz de la segregación en el sistema carcelario.

Tras el encarcelamiento masivo, las prisiones llegaron a ser centrales para las vidas de los pandilleros y para su ethos. Hacia 2015, de todos los presos en los centros penitenciarios salvadoreños, un tercio eran miembros de las pandillas, según un estudio realizado por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) y el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP). A partir de ese momento, las pandillas, y no los presos políticos ni los delincuentes menores, serían quienes controlarían el sistema penitenciario de El Salvador.

Organizar de adentro hacia afuera

Las cárceles les sirven a los pandilleros para diversos propósitos. Para los jefes de las pandillas, las prisiones son un lugar desde el cual pueden continuar sus operaciones criminales, estar relativamente a salvo de los ataques y ampliar su propia cartera financiera gracias a nuevos contactos y oportunidades. Para los demás miembros, ir a la cárcel es un rito de paso y una forma de ascender en la jerarquía de la pandilla. El sufrimiento común de estar dentro de las prisiones proporciona cohesión y solidaridad. Proporciona además un punto de partida para el contacto con el exterior, la comunidad y los grupos religiosos, a los cuales les sobran las razones para denunciar regularmente las deplorables condiciones en las cárceles.

Los investigadores de InSight Crime no pudieron ingresar a las cárceles durante este proyecto de investigación debido a restricciones por parte del gobierno, pero Martínez pasó varios meses en 2011 en Ciudad Barrios, donde domina la MS13, como parte de un estudio que publicó con Luis Enrique Amaya en el Anuario de Investigaciones de la Universidad Francisco Gavidia; InSight Crime visitó la cárcel de Cojutepeque en el 2012, donde Barrio 18 tiene el control. El penal fue cerrado en 2016. Las cárceles tienen muchos problemas comunes. Tanto en la prisión de Cojutepeque como en la de Ciudad Barrios, los presos duermen en pequeños cuartos donde cuelgan hamacas e instalan otros improvisados camastros unos sobre otros. Celdas diseñadas para 10 presos tienen hasta 50. Y hay problemas de ventilación e iluminación. Un exconvicto dijo que varios presos enloquecieron debido al hacinamiento y la falta de luz.

Los servicios de salud son casi inexistentes, y los pandilleros a menudo son enviados a los hospitales públicos en las últimas etapas de la deshidratación, la anemia o el delirio. Reciben alimentos casi exclusivamente de fuera de la prisión. Pasan la mayor parte de su tiempo en mugrientas zonas de recreo, donde practican deportes o simplemente se reúnen. Hay una pequeña sala de artes y oficios en cada instalación, pero ninguna cárcel tiene programas de capacitación para el trabajo o contacto regular con psicólogos.

Nuestras observaciones coinciden con lo que los expertos han escrito sobre las condiciones en las cárceles. Después de visitar las cárceles en 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) describió, entre otras cosas, cómo la inadecuada eliminación de residuos generaba enfermedades; los presos eran obligados a utilizar sus manos para comer, y la iluminación y la ventilación eran insuficientes. Un informe del Departamento de Estado en el año 2011 y un reciente informe de la Defensoría para los Derechos Humanos confirmaron estos resultados.

La tregua

La tregua de pandillas en El Salvador combinó lo noble y lo malévolo. Fue más una interrupción de la violencia que una tregua como tal —un intrincado proceso que contó con la participación del Ministerio de Seguridad, la policía, funcionarios de las prisiones, diversos mediadores, estamentos de la Iglesia Católica y la Organización de Estados Americanos (OEA), con la intención romper las cadenas de venganzas que se habían presentado por años entre las pandillas. Parte de este toma y daca tiene que ver con el control del territorio donde las facciones de MS13 y Barrio 18 pueden vender drogas y extorsionar. Pero también hay una gran parte que es simplemente inercia, producto de décadas de enfrentamientos, que se ha convertido en parte integral del ethos de las pandillas desde por lo menos la década de 1990.

La tregua logró interrumpir la violencia por un tiempo. Las tasas de homicidios disminuyeron precipitadamente cuando en marzo de 2012 el gobierno trasladó catorce jefes pandilleros de la prisión de Zacatecoluca a otras cárceles, con lo cual se dio inicio a la tregua. Allí, los dirigentes de las pandillas pudieron reafirmar su control sobre los jefes de niveles medios que se habían mantenido firmes mientras la ranfla histórica estaba en Zacatraz. Las órdenes llegaron a las calles también: los homicidios debían detenerse, o al menos reducirse sustancialmente; la ranfla estaba de nuevo en el poder. Negociar la tasa de homicidios fue la macabra carta de las pandillas en sus conversaciones con los representantes del gobierno, liderados por un exguerrillero Raúl Mijango y el obispo Fabio Colindres.

Lo que los jefes de las pandillas recibieron a cambio sigue siendo un misterio, y se ha convertido en un asunto polémico entre las pandillas y en un caso criminal para el actual gobierno. En mayo de ese mismo año, la Fiscalía General detuvo a varios funcionarios que habían facilitado las conversaciones, las transferencias entre prisiones y otros elementos logísticos de las negociaciones, argumentando que trasladaron ilegalmente a los presos, les permitieron reunirse ilegalmente, y también de manera ilegal les pagaron dinero a los negociadores y les dieron beneficios a los jefes de las pandillas. El funcionario más prominente involucrado en el caso es el actual ministro de Defensa, David Munguía Payes, quien, en calidad de ministro de Seguridad y Justicia en ese momento, fue el artífice de la tregua junto con Mijango. La Fiscalía dice que unos US$2 millones de fondos del gobierno fueron usados ilegalmente, parte de los cuales se destinaron a los jefes de las pandillas para pagar comidas rápidas, televisión por cable, videojuegos y bailarinas eróticas para las pandillas.

No se sabe con cuánto se benefició la ranfla directamente de la tregua. Se mencionan desde televisores de pantalla plana para sus familias, hasta $30.000 al mes por su participación. No ha surgido ninguna evidencia para establecer esta última cifra, pero varias personas que trabajaron en la tregua dijeron que el dinero fue depositado en cuentas de los principales jefes de las pandillas. Este dinero, según estas fuentes, no llegó a los jefes de los niveles medios, y mucho menos a los miembros de nivel raso, que en algún momento comenzaron a preguntarse lo que ganarían como resultado de las conversaciones en los altos niveles y de los traslados de prisión de sus dirigentes.

La ranfla histórica aprovechó la tregua para reorganizar sus fuerzas. Al interior del sistema carcelario había una jerarquía clara cuyas órdenes fluían desde donde estuviera la ranfla que se encontraba negociando la tregua hasta los miembros de rangos inferiores en las otras cárceles. Por fuera, la MS13 creó cuatro bloques principales de este a oeste y agrupó los programas y las clicas bajo dichos bloques como una manera de facilitar la comunicación con la ranfla histórica. Esta reorganización parecía obedecer a una mentalidad empresarial o de guerra. De hecho, estos bloques hicieron que la MS13 se pareciera más a los antiguos bloques de la guerrilla del FMLN que a un grupo de matones callejeros.

Con la tregua, la ranfla histórica se reafirmó a sí misma. Los jefes de la MS13 en Zacatecoluca fueron trasladados a Ciudad Barrios y, con el fin de abrir espacio para ellos, otros jefes fueron trasladados a la prisión de San Francisco Gotera. Este fue un claro mensaje para los jefes de nivel medio de que la ranfla estaba de nuevo a cargo. A Ciudad Barrios llegaron tres televisores de pantalla plana, de modo que los miembros de la MS13 que todavía se encontraban allí podían ver desde dibujos animados hasta el campeonato de fútbol de la liga española. La ranfla en Ciudad Barrios también utilizó el poder que le otorgó la tregua, y regularmente pedía comida de Pollo Campero, que les era llevada a la prisión. Luego hubo también fiestas, a veces con prostitutas, quienes hacían recordar a los pandilleros cómo era esta en un barrashow.

Esquema de jerarquía de la MS, según investigación de la FGR

Los contrastes en el sistema penal eran muy marcados. San Francisco Gotera se convirtió en una especie de ático a donde la pandilla enviaba a sus disidentes con la esperanza de que esa distancia y aislamiento ahogara sus voces disidentes. Ciudad Barrios, por el contrario, era como el palacio presidencial, donde se daban las reuniones importantes y los encuentros diplomáticos. En Ciudad Barrios, los pandilleros recibieron a Miguel Insulza, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, y tuvieron misas celebradas por Luigi Pezzuto, representante del Vaticano en El Salvador. En San Francisco Gotera, la MS13 se tuvo que conformar con unos televisores y consolas de PlayStation nuevos, que más tarde fueron confiscados y destruidos por la policía. En un extremo del país, una pandilla celebraba su triunfo, mientras que en el otro extremo la otra pandilla esperaba su momento.

El irrespeto al barrio

El descontento comenzó poco después de los primeros traslados de prisioneros entre Zacatecoluca, Ciudad Barrios y San Francisco Gotera. Se realizaron varias reuniones. Walter Antonio Carrillo Alfaro, alias “El Chory”, el líder de Fulton que llegaría a ser un insurgente clave dentro de laMS13, estaba en San Francisco Gotera y participó en esas reuniones.

Conocido como El Chory, probablemente una tropicalización de “shorty” (o pequeño), Carrillo Alfaro era un pandillero de la vieja escuela. Entró a la MS13 con 14 años de edad, durante la década de 1990 en la ciudad de Los Ángeles. Desde entonces le ha entregado su vida a la pandilla.

Chory fue en los últimos años uno de los representantes de la clica Fulton Locos Salvatrucha, una clica de “clase alta” dentro de la MS13. Esta célula, a diferencia de las demás clicas originadas en el centro de Los Ángeles, se formó en el Valle de San Fernando. Ellos tienen un pasado distinto a las demás clicas. Mientras en sus inicios aquellas estaban conformadas por jóvenes refugiados, muy pobres, los Fulton fueron chicos de un club de carros Low Riders que se volvieron traficantes y extorsionistas de traficantes. No pasaron, al menos no con el mismo furor, por el periodo “stoner”, es decir, cuando los mareros se volvieron locos por el heavy metal y el satanismo.

Las discusiones en esas reuniones giraron en torno a si la ranfla histórica le estaba faltando al respeto al “barrio”. Para la pandilla, el barrio significa mucho más que un vecindario. Es la base de su ethos, el medio alrededor del cual se organiza a sí misma y a sus miembros. Estar en el barrio es entregarse a la pandilla. No hay nada que esté por encima del barrio, porque el barrio es la pandilla. Cuando la ranfla comenzó a beneficiarse directamente de la tregua, sin incluir al resto de la pandilla, estaba irrespetando al barrio. Y cuando la ranfla comenzó a utilizar a la pandilla para sus intereses personales, también estaba irrespetando al barrio.

La ranfla histórica manejó este descontento severamente, al parecer castigando a muchos miembros de nivel medio de la MS13. Irónicamente, su argumento era el mismo: estos jefes de nivel medio estaban irrespetando al barrio. Con el tiempo, sin embargo, la capacidad de la ranfla para mantener a raya a sus jefes de nivel medio disminuyó. Y cuando la tregua se rompió, a finales de 2013, se hizo imposible. El resultado ha sido catastrófico para un país que todavía lucha con los remanentes del conflicto interno. La violencia aumentó tanto que El Salvador fue considerado el país con más homicidios en el planeta sin estar en guerra.

Esto se debe, en parte, a que la violencia comenzó a darse en varios niveles y en múltiples escenarios, incluyendo las cárceles del país. Allí había luchas entre las pandillas y de unas contra otras. Y también había enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las pandillas. El Salvador comenzó a parecer un país en guerra otra vez. Entre enero de 2015 y agosto de 2016 fueron asesinados 90 miembros de la policía, así como 24 miembros de las fuerzas armadas, según informó El Faro. Durante el mismo período, según El Faro, 694 presuntos pandilleros murieron en enfrentamientos con la policía, la cual tiene luz verde para disparar ante la menor provocación.

La violencia le cobró un precio alto a la MS13. Los pandilleros rasos y los mandos de nivel medio de la MS13 sufrieron el embate de sus rivales y de la policía, que intentaba erradicarlos de su territorio. El “irrespeto” al barrio por parte de la ranfla se hizo mucho más real para los pandilleros que permanecían en las calles. Para estos chicos, que nunca han puesto pie en Estados Unidos y que deben vivir con los $15 semanales que la pandilla les asigna para alimentos, el irrespeto al barrio por parte de los jefes se volvió más doloroso. Su desprecio por sus jefes se deriva, en parte, de su creencia de que son tratados como ciudadanos de segunda clase, que tienen que cruzar un umbral mucho más alto que sus antecesores para ganar estatus en la pandilla, lo cual incluye un sangriento período de iniciación.

Sin lugar a dudas, la ranfla histórica de la MS13 en El Salvador proviene en gran medida de Estados Unidos. Y muchos de sus miembros asumieron su papel como jefes debido en gran parte a su condición de deportados. El más prominente de ellos es Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, alias “El Diablito de Hollywood”. El apelativo de Hollywood es una referencia a su programa, pero El Diablito es el presunto jefe de toda la MS13 en El Salvador. Con frecuencia, cuando se hace referencia a la ranfla histórica se habla de El Diablito y sus 12 apóstoles.

Las rivalidades de El Diablito dentro y fuera de la pandilla, así como su ambiciosa agenda criminal y política, también han llevado a la pandilla a un momento crítico, como dicen las autoridades salvadoreñas y estadounidenses. Él ha estado vinculado a los intentos de aumentar la participación de la MS13 en el mercado internacional de las drogas, así como en algunos de los concesionarios de la ranfla, cuyos ingresos son para los jefes de las pandillas. El Diablito también negoció con los partidos políticos del país para recibir dinero a cambio de votos, según dicen los investigadores. Esos dineros supuestamente se repartieron entre los cabecillas, no entre los pandilleros rasos —otra afrenta para el barrio.

La sangrienta guerra en las calles, la repartición unilateral de las ganancias de la tregua y la caótica aplicación de la normativa del barrio motivaron a jefes como El Chory a realizar más reuniones. La rebelión estaba tomando fuerza.

El poder de la Ranfla

Normalmente, el Chory no debería haber estado en Izalco. Durante años, la prisión había estado reservada para Barrio 18. Cuando Barrio 18 se fragmentó en el 2009, Izalco fue dividida entre las facciones de los Revolucionarios y los Sureños de dicha pandilla. El Chory y varios de sus compañeros de la MS13 fueron trasladados allí en el año 2015, como parte de los intentos por revertir las decisiones tomadas en los primeros años del siglo con el fin de separar a las pandillas en sus respectivas cárceles. Aquello fue un reconocimiento implícito de que la estrategia de separación de las pandillas había fracasado.

El traslado de El Chory le permitió expandir su rebelión, que había ganado fuerza tras el fin de la tregua y el tremendo aumento de la violencia. La ranfla histórica también fue transferida de nuevo a Zacatraz en enero de 2015, donde sus esfuerzos por exhibir su poder demostraron lo frágil que era su mando sobre la MS13. Cuando varios importantes miembros de la ranfla histórica, como El Diablito, trataron de organizar una huelga de hambre para obligar al gobierno a realizar otra tregua, sus compañeros en Zacatraz se negaron a participar, según fuentes judiciales. Algunos dirigentes que habían permanecido en Zacatraz incluso dejaron de hablar con quienes habían negociado la tregua. Dado que hubo varias amenazas, las autoridades aislaron a varios jefes de la ranfla, incluyendo a El Diablito.

La insurrección seguía creciendo. Cuando otros ranfleros que habían apoyado la tregua fueron trasladados a Izalco a principios del 2015, El Chory convocó a una reunión, según un informe de inteligencia salvadoreña al que InSight Crime tuvo acceso, durante la cual expulsó a los jefes por no ser fieles al mantra de los rebeldes: “la pandilla no se vende ni se entrega”.

El Chory y otros jefes también motivaron a varias clicas y programas, entre ellos el de Sancocos, uno de los programas más conocidos en El Salvador, para que se unieran a la rebelión. Se pasaban mensajes conocidos como “wilas” (o “cometas”) y el grupo comenzó a llamar abiertamente al “juicio” de la ranfla en Zacatecoluca por irrespetar el barrio. Algunos de ellos pedían también la conformación de un frente unido con las otras pandillas rivales —lo que implicaba reconfigurar las divisiones entre las pandillas, que habían tenido un origen común en Los Ángeles siendo leales a una poderosa pandilla de prisión en Estados Unidos llamada la Mafia Mexicana.

En julio de 2015, El Chory y sus camaradas se declararon a sí mismos como una nueva ranfla. Según la acusación de la Fiscalía General contra varios miembros de la pandilla, El Chory también comenzó a llamarse a sí mismo “Revolucionario de la MS13”. Durante el mismo mes, las autoridades interceptaron una orden escrita que provenía de Izalco e iba dirigida a los pandilleros que estaban en las calles. El mensaje había sido enviado por algunos jefes de nivel medio de la pandilla, como El Chory, y con él se convocaba a más reuniones, esta vez entre quienes estaban fuera de las cárceles donde reclamaron por la sublevación de las clicas en la calle. Según una investigación de la Fiscalía General sobre la pandilla, en el momento más álgido al menos otros 13 programas prometieron su apoyo a la Fulton y a El Chory.

Para entonces, la ranfla histórica en Zacatecoluca sabía lo que estaba sucediendo con El Chory y otros jefes de nivel medio de la MS13 e intentó solucionar el asunto. La ranfla es poderosa aún. Mantiene la lealtad de la mayoría de clicas y ha logrado, desde las cárceles, hacerse respetar y ser temida por la mayoría de la MS13. Enviaron sus propios mensajes a los jefes de niveles medios. Algunos de ellos eran conciliatorios, pero otros eran amenazantes. Uno de esos mensajes fue enviado por El Diablito directamente a El Chory, al parecer mediante un pastor evangélico que pensó que estaba facilitando la posible reapertura de las conversaciones para una tregua. El mensaje era que El Chory consultara el pasaje bíblico de Juan 8:31: “Si permanecéis en mi palabra, seréis mis verdaderos discípulos”.

Ya El Diablito se había expresado y con él la vieja guardia de la pandilla, pero El Chory no les prestó atención a la advertencia. La insurrección continuó, y, en el mes de noviembre, la fatal wila, que ordenaba atacar a El Chory en Izalco, se pasó entre los presos que estaban en la corte y finalmente llegó a Izalco. Además de El Chory, la wila pedía disciplinar a unos 70 miembros del programa de Fulton. Los agentes de inteligencia salvadoreños dijeron que la wila indicaba realizar  ataques más directos contra las fuerzas de seguridad y sus familiares como medio para presionar para que se diera otra tregua.

Pero El Chory y sus camaradas no se dejarían intimidar. En diciembre, él conspiró con otros jefes para lograr que los pandilleros que estaban libres quemaran varios autos de un concesionario dirigido por el principal lugarteniente de El Diablito, Marvin Adaly Quintanilla Ramos, alias “Piwa”. Piwa es un pandillero joven de una clica pequeña, de Ilopango, San Salvador, llamada Criminal Gánster. Este chico en poco tiempo se había vuelto el delegado de El Diablito por cuya boca hablaba la ranfla a los pandilleros en la calle.

Al igual que El Diablito, Piwa es un astuto operador que, además de ayudar a la ranfla, estaba construyendo su propio imperio político y económico a partir de su puesto oficial en la alcaldía de la ciudad de Ilopango. De hecho, Piwa está en el centro de la tormenta política relacionada con lo que habrían recibido los ranfleros a cambio de su ayuda durante las elecciones presidenciales y también después de ellas. Según dice la acusación de la Fiscalía General contra él y muchos otros pandilleros, Piwa recibía $400 al mes de la alcaldía de Ilopango.

La duplicidad de Piwa es ilustrativa de por qué muchos desconfían de las pandillas: al mismo tiempo que recibía este sueldo del gobierno, también recolectaba presuntamente dinero de cada una de las clicas para comprar armas provenientes de México; además, según la acusación de la Fiscalía General, estaba facilitando el entrenamiento de dos miembros de cada clica que harían parte del “Grupo Élites de Choque” de la pandilla.

La acusación señala que Piwa fue además uno de los que dio “luz verde” para matar a El Chory “por haber expuesto la idea de depurar la ranfla histórica de la MS, y por haber señalado que se habían apropiado de dinero recibido de la tregua”.

Ese plan tuvo que darse a una velocidad y una fuerza abrumadoras. Y por eso a la 1 de la tarde del 6 de enero de 2016, armado con machetes y cuchillos improvisados, el grupo de choque les tendió una emboscada a El Chory y a sus guardaespaldas. Las autoridades de la prisión dijeron que solamente les tomó unos pocos minutos para acorralar y machetear a El Chory y a dos de sus guardaespaldas hasta darles muerte. Uno de los guardaespaldas sobrevivió, pero quedó gravemente herido.

¿El fin de los Revolucionarios de la MS13?

Después de que El Chory y sus dos guardaespaldas fueran asesinados, los funcionarios de la prisión acordonaron a Izalco y a otras cárceles con el fin de aislar a unos 80 miembros de la Fulton que estaban encarcelados allí y distanciarlos de sus camaradas. Pero ya se había enviado otro mensaje: la ranfla histórica todavía tenía el poder y la capacidad de matar a jefes tan respetados como El Chory. Varios miembros de la Fulton posteriormente le pagaron a Piwa más $40,000 por los carros que habían destruido en su concesionario, según dice la acusación de la Fiscalía General.

Pero las venganzas ya habían comenzado. El 25 de enero, la novia de El Chory fue asesinada. El 28 de ese mismo mes Marvin Osmín Roble fue asesinado en el penal de Ciudad Barrios. Conocido como “El Gato”, también era de los Fulton.

Dentro y fuera de las cárceles, varios pandilleros que habían participado en la rebelión también fueron asesinados o disciplinados, según dice la acusación de la Fiscalía General. Los corredores que habían apoyado la rebelión fueron castigados. Las órdenes de El Diablito eran claras: “que bajaran a toda la gente que tuvo acercamiento o indicios con quienes anduvieron haciendo el posible atentado”.

Las recriminaciones y conspiraciones contra el programa de Fulton se han extendido por varios meses. Pero no está claro si la rebelión ha terminado completamente. Varios videos sobre conversaciones de los pandilleros con jefes políticos de los dos partidos mayoritarios han vuelto a generar preguntas sobre el quid pro quo entre los jefes de las pandillas y los políticos, así como sobre los presuntos pagos que nunca fueron compartidos con los jefes de los niveles medios ni con los pandilleros rasos. El gobierno está adelantando además casos contra jefes de la MS13 como Piwa.

Mientras tanto los Fulton siguen inquietos. “Las cosas no quedarán así. Chory era un monstruo, pero era nuestro monstruo”, dijo una veterana de la clica de Fulton a InSight Crime.

De hecho, el 22 de enero, un año después del asesinato de Chory en Izalco, tres Fulton mataron a Juan Carlos Hernández, un reo y líder de los Hollywood. El asesinato fue llevado a cabo con cuchillos hechizos en la prisión de Zacatecoluca, muestra que los enfrentamientos continuarán, y el frente de batalla seguirá siendo el mismo: las cárceles de El Salvador.

*Este texto fue publicado originalmente en InSight Crime, y se reproduce con autorización. Ha sido editado para mejor comprensión. Steven Dudley es codirector de InSight Crime. Juan José Martínez d’Aubuisson es un antropólogo establecido en El Salvador y colaborador de la Revista Factum. James Bargent también participó en esta investigación. Foto principal por Manu Brabo, AP.