Hay más de tres mil juntas de agua que proveen el servicio a un millón y medio de personas en El Salvador. Por casi medio siglo han funcionado sin respaldo del Estado y, a veces, con este en contra. A petición de Naciones Unidas, la Asamblea las incorporó a último momento en la redacción final de la nueva Ley General del Recurso Hídrico aprobada ayer. Los representantes de las juntas reconocen esto como un pequeño logro, pero tienen más dudas que certezas.
Foto FACTUM/Archivo
Candelaria Álvarez tiene 75 años y nunca ha tenido agua potable en su casa. Su patio está lleno de cántaros, botellas y barriles en los que almacena el agua que consigue en una cantarera a unos 150 metros de su vivienda. Tampoco cuenta con acceso a saneamiento básico: servicio sanitario y sistemas para evacuar aguas negras y grises. Es habitante del cantón Los Pajales, del municipio de Panchimalco, desde los 20 años, y desde esa edad lucha por su derecho al agua.
Hasta inicios de 2021 formó parte del Comité Gestor de Agua de Los Pajales, uno de los 2,325 sistemas comunales de agua del país, también conocidos como juntas comunales de agua, juntas de agua o simplemente juntas. La cifra corresponde a un catastro hecho por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) actualizado hasta 2015. Según los voceros de estos sistemas, de 2015 a la fecha el número ha aumentado a más de tres mil. Las juntas abastecen de agua potable a más de 1.5 millones usuarios y están diseminadas por todo el país.
La historia de las juntas y su limbo jurídico inició en 1972 y casi medio siglo después parece que ha encontrado un final. El temor de muchos representantes de estos sistemas es que con la entrada en vigencia de la Ley General del Recurso Hídrico, aprobada este martes por la Asamblea Legislativa, sus costos aumenten y esto les dificulte brindar el servicio a sus comunidades.
La recién aprobada ley reconoce a las juntas de agua, aunque no las incluyó en la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), la nueva institución autónoma que concentrará en el Ejecutivo la administración de los recursos hídricos. Esta estará conformada por 14 miembros: ocho serán representantes de instituciones del Gobierno; uno será propuesto por el presidente de la República; otro será representante de la Universidad de El Salvador; tres de los organismos zonales de cuenca (nombrados por la ASA) y solo uno representará a la sociedad civil, nombrado también por el presidente del país. La nueva ley también permite que las empresas que exploten 365,000 metros cúbicos al año o más puedan obtener permisos por 15 años, renovables y sin cantidad límite de explotación.
En El Salvador, el 94% de la población tiene acceso a agua potable, en la zona urbana, mientras que en la zona rural, un 42.7%. De estos, un 25% es gracias a los sistemas comunales, con mayor presencia en las zonas rurales. En otras palabras, de los 262 municipios del país, 237 cuentan con administraciones autónomas de agua potable, es decir, son ciudadanos los que han asumido el rol del Estado de proporcionar agua potable.
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[Al colocar el cursor sobre los departamentos, muestra la cantidad de juntas de agua registradas]
Las idas y venidas del Estado y las comunidades en este tema son de larga data. En 1961 Estados Unidos promovía la modernización de los gobiernos de la región, incluido el de El Salvador. Una de las ideas de moda era la centralización de los servicios básicos en el Ejecutivo, así surgieron entidades como ANDA para proveer agua potable y saneamiento a todo el territorio. Su nacimiento suprimió a las administraciones locales de este servicio.
La distancia entre el cantón Los Pajales, en Panchimalco, y la capital, es de poco menos de una hora; pero en cuanto al acceso a servicios básicos, la distancia es de varias décadas. La cantarera con la que Candelaria Álvarez y sus vecinos se abastecen de agua potable es, por ejemplo, una conquista tras varios años de lucha.
Para 1966, Candelaria tenía 20 años de edad y se fue a vivir a Los Pajales junto a su esposo. “Cuando llegué aquí había agua dondequiera. Había una pileta de agua frente a la casa, yo de ahí agarraba para mí y para el aseo de mi hijos. Pero al tiempo se fue secando”, rememora. También cuenta que durante los años setenta los nacimientos de agua se secaron y les tocaba ir a un río para conseguir agua.
“Para ir a traer un cántaro de agua había que ir hasta el otro lado del río, nos llevábamos dos horas para ir a traer un viaje”, cuenta Candelaria.
Los habitantes del cantón Los Pajales, de Panchimalco, se abastecen de una cantarera. Candelaria Álvarez debe caminar hasta ese lugar para conseguir el recurso.
Foto FACTUM/Natalia Alberto
Ese río se secó y tuvieron que buscar uno un poco más lejos. Modificaron la dinámica. La visita al río contaba con toda una planificación: las mujeres del cantón usaban un día del fin de semana para llevar la ropa, lavarla y secarla. Una noche antes hacían las tortillas que comerían en el almuerzo que preparaban a la orilla del río.
Por esos años, ANDA no pudo con la administración total del servicio en el país y varias comunidades respondieron con la autogestión. Por eso, en diciembre de 1972, el Ejecutivo creó el Reglamento de las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales. En 1980 el Gobierno intentó retomar la deuda con el sector rural a través del Ministerio de Salud con el Programa de Introducción de Agua Potable en Áreas Rurales (PIAPAR), que luego se transformó en el Plan Nacional de Saneamiento Básico Rural (PLANSABAR).
“En esos años sí estuvo regulado el tema de las juntas de agua. Las que estaban en el PLANSABAR sí tenían su propio reglamento. El problema es que cuando se da esa transición se corta todo el financiamiento que tenía el Ministerio de Salud, esto se traslada a la ANDA de regreso a finales de los ochenta, en una forma desordenada. Al hacerse ese cambio el reglamento desaparece”, explica Óscar Ruíz, hidrólogo y miembro de la Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura (ACUA).
En 1995, el Estado abandonó a PLANSABAR dejando sin gerencia a los más de 300 sistemas rurales construidos. La respuesta de las comunidades llegó casi de inmediato. Por eso en 1998, para solventar el abandono gubernamental, crearon la Asociación Nacional para Defensa, Desarrollo y Distribución Agua Rural (ANDAR). Pero tuvieron que esperar hasta el 2009 para contar con respaldo oficial a través de ANDA, que retomó el artículo dos de su ley que dice “ayudar a proveer”, y constituyó la Gerencia de Atención a Sistemas y Comunidades Rurales. El objetivo de esta era “promover procesos de fortalecimiento y capacitación de juntas de agua”.
En los noventa en El Salvador también se agudizaba otro problema social: el surgimiento de las pandillas. Estas cambiaron las rutinas de personas como Candelaria y sus vecinas: “Cuando nació eso ya era bien peligroso ir al río. Teníamos que invitar a los compañeros de vida porque ya teníamos miedo de ir”, relata.
Una vez más volvieron a cambiar de río. Esta vez optaron por uno ubicado en el pueblo. Por esos años, la comunidad gestionó un proyecto de agua para la zona con PLANSABAR, pero estos respondieron que no era viable. Y el agua no era su único problema. La mayoría de sus habitantes tampoco contaban con vivienda propia. A inicios del nuevo milenio se organizaron para lograr un proyecto de vivienda con el arzobispado. Durante la ejecución de ese proyecto, también les proporcionaron el servicio de agua por camiones cisterna, conocidos como pipas. Cuando el proyecto finalizó, ellos siguieron pagando el servicio de pipas. Este también tuvo que parar por la inseguridad. “Una vez agarraron la pipa a balazos”, dice Candelaria.
A partir de 2007 la comunidad trabajó junto a la alcaldía para gestionar un proyecto de agua potable para la zona. “Ustedes están locos”, recuerda Candelaria que les decía la gente cuando pedían las firmas para el proyecto. Finalmente consiguieron un tanque para tres cantones: Los Pajales, El Divisadero y Panchimalquito. Para la administración, crearon una directiva intercantonal y un comité gestor de agua por cantón.
En 2013, a través de la gerencia creada por ANDA, más de 800 juntas de agua fueron declaradas “Proyectos de Interés Social”, a través de un certificado de declaratoria otorgado por la Junta de Gobierno de dicha institución. Esto las exoneró del pago de impuestos por explotación del agua, e impactó directamente en la disminución de sus costos de operación. Esta dinámica se repetiría un par de veces más en la Asamblea Legislativa, pero esas mismas legislaturas que reconocieron el trabajo de las juntas, no lograron ponerse de acuerdo para la aprobación de una la Ley General de Aguas que las tomara en cuenta.
Las voces de las comunidades
Uno de los 300 sistemas de agua potable que PLANSABAR y el MINSAL dejaron abandonados a mediados de los noventa fue el del cantón Cangrejera, en La Libertad. José Dolores Romero, presidente de la Asociación de Sistemas Autónomos de Agua Potable y Saneamiento (ASAPS), recuerda que “la comunidad se vio obligada a reunirse para ver cómo levantar el sistema, porque no había agua”. Al final el sistema fue reparado y ampliado por los habitantes y la municipalidad, y ahora es administrado por la Asociación de Agua Potable de Cangrejera.
Otra de las juntas de agua del departamento de La Libertad es la de Huizúcar, fundada en 1990, que garantiza el agua potable a más de dos mil personas. “Nosotros no tenemos ganancias. Con el consumo que las familias pagan damos el mantenimiento al sistema”, comenta Evelyn Monge, representante de esta junta.
El artículo 93 de la nueva ley dice que “todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que utilicen aguas nacionales deberán pagar anualmente su valor mediante el canon por uso o aprovechamiento, el canon por vertido”. Y en el artículo 95 están los siete criterios para establecer el canon, sin nombrar excepciones para las juntas de agua.
El Foro del Agua –que agrupa a 40 organizaciones, nueve mesas territoriales y 150 juntas de agua– plantea que las juntas tendrán que pagar, porque la ley no detalla excepciones fuera del uso doméstico.
“Si nos cobran igual que a una empresa que obtiene ganancias por extraer el agua, es un impuesto que se le trasladaría a cada familia y aumentaría sus costos de vida”, advierte Monge.
Un poblador la comunidad Hacienda San Diego, La Libertad, que se dedica a vender los viajes de recolección desde una de las cantareras en ese lugar, llena varios cántaros.
Foto FACTUM/ Archivo
En el municipio de Suchitoto, en Cuscatlán, existen 34 sistemas de agua autónomos. El presidente de la Asociación de Sistemas Comunitarios de la Juntas de Agua de Suchitoto, Nelson Ayala, cuenta que este trabajo inició en 1987 y que pasaron de tomar el agua de vertientes a contar con pozos profundos. “Las juntas hacemos un papel que no nos toca a nosotros, le toca al gobierno. Estamos a la expectativa de cómo queda esa ley. Si hay necesidad de hacer acciones de presión las haremos”, afirma.
¿El fin de la exclusión?
En un giro inesperado en la sesión final, los miembros oficialistas de la comisión legislativa que redactó la Ley General del Recursos Hídrico cambiaron de parecer sobre las juntas de agua. Durante casi medio año ignoraron la petición de incorporarlas en la ley. Lejos de reconocer su trabajo, hasta hubo ataques a estos sistemas.
Una de las sesiones que mejor ilustra la posición que hubo sobre las juntas es la del 21 de octubre de 2021, cuando la comisión ad hoc recibió a la representación de organizaciones sociales y academia. Estos expresaron la necesidad de incorporar a las juntas de agua como figura y en los permisos del uso del agua.
Tras esta participación, los diputados también recibieron a personeros del Ejecutivo, entre ellos la ministra de Vivienda y ex alcaldesa de Nuevo Cuscatlán, Michelle Sol de Castro, quien durante su intervención dijo: “[Como alcaldesa] pude ver cómo en las comunidades de escasos recursos las juntas de agua se tomaban la atribución que ellos querían para el cobro de agua y les cobraban ocho dólares mensuales a cada familia. Aparte que ni siquiera había un control de calidad del agua”.
También el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, habló contra las juntas en esa ocasión: “Nosotros hemos visto, incluso con el presidente de ANDA, algunos casos donde muchas veces hasta la misma junta o la misma entidad privada ha vendido a empresas privadas el agua. Este tipo de cosas no puede estar ocurriendo. Entonces como lo venden, solo llega a ciertas horas en algunos sectores”.
Tras esa intervención, el diputado por Nuevas Ideas, Saúl Mancía, tomó la palabra y dijo que la comisión entendía “la función de las juntas de agua en algunas municipalidades con la prestación del servicio”. Luego las reconoció como parte de la organización comunitaria. “Pero también se tiene que regular, porque no podemos estar permitiendo que a la gente le llegué agua contaminada con un sistema de servicio artesanal. También que se abuse con los precios cuando a veces, muchas veces, estas juntas de agua han estado dando un servicio al doble de lo que lo brinda ANDA”, señaló el legislador.
Dos meses después, el lunes 20 de diciembre, la narrativa oficialista sobre las juntas cambió, en respuesta a una carta enviada por dos relatores del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que pedía abordar el derecho al saneamiento, tomar en cuenta a las juntas de agua y revisar el permiso de 15 años que habían otorgado a las empresas para la explotación del agua. Esto último no fue modificado en la ley. De hecho, las empresas podrán obtener permisos por un plazo de vigencia de hasta quince años cuando el volumen solicitado sea igual o mayor de 365,000 metros cúbicos por año sin cantidad máxima de explotación.
El diputado por Nuevas Ideas, Christian Guevara, dijo que el tema se había usado políticamente: “con este artículo (41), que es una propuesta de Nuevas Ideas, le estamos dando el valor a estas juntas, que sobrepasan las 2,000 en todo el país, para que tengan el reconocimiento jurídico necesario, algo que ni ARENA ni el FMLN se los dieron en ningún momento y que hoy han buscado utilizarlos”.
Las modificaciones propuestas por Nuevas Ideas quedaron detalladas en tres artículos, el nueve, el 41 y el 71 de la ley. En el nueve, está la definición de una junta de agua. Mientras que en el 41 establecen que las juntas deben prestar “el servicio de agua potable a la población” y “garantizar el tratamiento de sus aguas residuales”. Respecto a los permisos a las juntas, el artículo 71 determina que “tendrán un plazo de vigencia de hasta quince años, las cuales podrán ser renovadas previo estudio técnico, ordenado y supervisado por la ASA (Autoridad Salvadoreña del Agua)”.
Algunas de estas propuestas, antes fueron presentadas por las organizaciones, pero no fueron recibidas por los diputados de la comisión que estudiaba el anteproyecto. Mucho antes, durante la discusión del articulado, la diputada por el FMLN, Dina Argueta, propuso un artículo de “autorización de poblaciones rurales”, pero su incorporación solo contó con un voto: el de la parlamentaria.
Antes de esta ley, hablar de las juntas de agua encerraba una ironía: aunque más de un millón y medio de salvadoreños recibía agua potable administrada por estas, no existían jurídicamente. Ahora la ley les mencionará, pero la administración comunal del agua es hecha por asociaciones, organizaciones, oenegés y asociaciones de desarrollo comunal sin un marco regulatorio específico.
El coordinador del Foro del Agua, Carlos Flores, considera que la incorporación de las juntas en la ley es un “avance insuficiente”. Para él, la definición de estas en el artículo 41 es “bastante ligera” y sin “ningún alcance”, y advierte que las obliga a garantizar el saneamiento cuando ni ANDA lo hace. “Si hasta este momento ANDA, que tiene todo el respaldo del Estado, no garantiza el derecho a la depuración, sino al alcantarillado únicamente; y ahora la ley te dice que las juntas de agua con el apoyo técnico del Estado tienen que garantizar el derecho al agua y al saneamiento. Es una cuestión salida de orden”, cuestiona Flores.
Sobre los permisos, el coordinador del Foro del Agua dice que “sin duda mejora la condición que las juntas tengan permisos de hasta quince años, pero es insuficiente porque todavía se sigue viendo a las juntas de agua como potenciales pagadores”.
Para este reportaje Revista Factum buscó la opinión de ANDA y la de diputados de Nuevas Ideas. Las solicitudes de entrevista no fueron respondidas ni se pudo abordar a los diputados en la Asamblea Legislativa.
“Si bien es cierto fueron incorporadas en concepto y se les da un permiso de hasta 15 años, la plataforma ciudadana había presentado un capítulo especial donde los plazos eran hasta por 50 años prorrogables y se les daba un régimen económico especial, porque no se puede tratar a las juntas con los mismos parámetros que se aplicarán a otros sectores; sin embargo, eso no se hizo”, señala la diputada efemelenista Dina Argueta.
Ella considera que Nuevas Ideas y sus aliados terminaron aceptando que se habían equivocado en el contenido de la ley que habían discutido inicialmente.
La Alianza Nacional contra la Privatización del agua, también conformada por varias organizaciones, dará su postura hoy, pero desde ayer adelantó que la ley aprobada “legaliza la injusticia hídrica, favorece el robo y despojo del agua en los territorios”.
Los habitantes del cantón Los Pajales almacenan agua en tanques, barriles, cántaros y botellas porque no tienen acceso al servicio en sus viviendas.
Foto FACTUM/Natalia Alberto
Las juntas de agua están a la expectativa de cómo se les aplicará la Ley General del Recurso Hídrico. Mientras ese reconocimiento no vaya más allá de una mención, están a expensas de las autoridades de turno, como es el caso de la junta de agua de Los Pajales, que en los últimos años firmó un acuerdo con ACUA para desarrollar un proyecto de agua residencial en la zona. En la Semana Santa de 2021 empezaron a zanjear y a poner las cañerías. Candelaria Álvarez esperaba tener agua potable en su casa finalmente a los 75 años.“Ya llevábamos el ochenta por ciento de avance cuando fue el cambio de alcalde. El nuevo nos mandó a decir que paráramos, que él lo iba a continuar con su gente”, cuenta. Desde entonces, el proyecto está en pausa.
*Con reportes de Carmen García y Natalia Alberto
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