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“Soy la jueza más amenazada del país. No me pueden decir que estoy del lado de la delincuencia”

¿Qué pasó para que una jueza decidiera rechazar tres veces la petición del Gobierno de decretar estado de emergencia en un penal? La jueza segunda de vigilancia penitenciaria tiene una respuesta: las autoridades dijeron una cosa en televisión, cuando mostraron fotos de equipo para señal wifi localizado en Cárcel de Mujeres, pero nunca presentaron pruebas del uso ilícito de ese aparato. La funcionaria judicial también habla de las consecuencias que enfrenta ahora por corregirle la plana al Gobierno en materia penitenciaria.

Foto ilustración FACTUM/Salvador Meléndez


Ana Ruth González es jueza de vigilancia penitenciaria y trabaja desde hace 39 años en el Órgano Judicial. Empezó como ordenanza, fue colaboradora, notificadora, secretaria de un tribunal y luego jueza de paz. En 2003 llegó al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de San Vicente, donde tuvo a su cargo todo lo que pasaba con los reos de mayor peligrosidad, los del penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, en La Paz. Estuvo ahí durante la tregua de pandillas de 2012. Ahora es la jueza segunda de vigilancia penitenciaria de San Salvador. Es la jueza que recientemente le puso paro a una decisión de Gobierno.

Fue ella quien anuló tres veces la decisión la Dirección General de Centros Penales (DGCP) de mantener en estado de emergencia a uno de los 28 penales del país.

El Gobierno de El Salvador decretó estado de emergencia en todas las cárceles desde el pasado 21 de junio. Prohibió las visitas, la salida de los reos de las celdas y la exposición de estos al sol. Todo es parte de lo que ha denominado plan de Control Territorial, con el que, entre otras cosas, pretende frenar los delitos que son ordenados desde las cárceles. La jueza González, que tiene a su cargo la vigilancia de lo que pasa con las internas de Cárcel de Mujeres, revocó esas medidas en tres ocasiones: el 24 de junio, el 3 y el 8 de julio de 2019. Según ella, Centros Penales no le presentó pruebas que justificaran la decisión del aislamiento total.

En televisión dijeron una cosa, pero a la hora de documentarlo hicieron otra, sostiene la funcionaria. El ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, levantó ante las cámaras una página tamaño carta el pasado 1 de julio. En ella se observaba la fotografía de dos pequeños aparatos: uno blanco y otro negro. Rivas dijo que se trataba de un router y una antena que las reclusas en Ilopango usaban para conectarse a internet.  Y también dijo que hallazgos como esos justificaban la decisión del Gobierno de mantener en estado de emergencia los penales. 

“Nunca presentaron pruebas de ese cableado. Hablaron del hallazgo de un router, pero ese router fue instalado por un convenio con la Universidad Francisco Gavidia para clases de computación”, señala la jueza González.

En la documentación anexada al expediente penitenciario, hay una carta de la directora del penal que explica que ese equipo ingresó en 2013 a Cárcel de Mujeres como parte de un convenio para implementar la carrera de técnico en sistemas de computación. El aparato no estaba escondido. “Es de hacer notar que la ubicación del router encontrado estaba entre el cielo falso y el techo, dejándolo en una de las esquinas del aula donde funciona el centro de cómputo del centro escolar”, escribió la directora del penal en una carta dirigida a la DGCP.

Osiris Luna, director de Centros Penales, reconoció este jueves que no presentaron pruebas a la jueza para justificar el estado de emergencia. La excusa del funcionario es que no lo hicieron para no entorpecer una investigación por el hallazgo del router y la antena. 

“Eso es lo peligroso, que personas de la institución están cometiendo actos de corrupción… Dentro de Centros Penales hemos encontrado gente que puede estar prestándose a hacer este tipo de cosas. Yo no voy a entregar evidencia ahorita, porque puedo entorpecer una investigación. Hay que ser muy responsables”, dijo Luna en la entrevista Ocho en Punto, pero no contestó por qué omitieron decir cómo llegó ese aparato al penal. Revista Factum le envió preguntas al respecto a su oficina de comunicaciones, pero aún no han respondido.

El ministro de Seguridad, contrario a lo que contestó Luna, afirmó que sí documentaron que el aparato servía para ordenar delitos: “Encontramos una serie de cables que venían de una residencia cercana, y efectivamente ahí teníamos señal de internet y de ahí estaban saliendo algunas órdenes al exterior. Se lo documentamos (a la jueza) y ni aún así le importó”, afirmó.

Pero la jueza sostiene que no le presentaron pruebas de algo ilícito, o de alguna orden elaborada en el penal. En el expediente, por ejemplo, hay copias de cartas de amor que algunas privadas de libertad redactaron para sus familias, algo que a ella le parece irrelevante si se trata de justificar por qué debe suspender las visitas en ese centro penitenciario.

 “De los 28 jueces de vigilancia penitenciaria, solamente una jueza negó las medidas. Si tienes 28 jueces y solo uno no te respalda la decisión, ahí puedes hacer las valoraciones de por qué no lo ha dado. Yo creo que quizá es un problema que ella tiene, a lo mejor ideológico”, señaló el ministro de seguridad en una entrevista con Diana y Tony el pasado 19 de julio.

Un par de zapatos al lado de ropa de pandilleros reclusos en el penal de Cojutepeque (ya clausurado), permanecen en los barrotes que cierran el techo de uno de los sectores.
Foto Ilustración FACTUM/Salvador MELENDEZ

La más amenazada

La jueza segunda de vigilancia está indignada porque el ministro de Seguridad insinuó que ella resuelve con sesgos:  “Me molesta que digan que es por cuestiones políticas. Soy la jueza más amenazada del país. No me pueden venir a decir que estoy del lado de la delincuencia. Yo me debo a la ley nada más”, afirmó en una entrevista con Factum. 

González enumeró tres episodios que, a su juicio, le valen la etiqueta de más amenazada: en 2006 tuvo que cambiarse de casa porque llegaron a intimidarla en el lugar donde residía. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) constató que la amenaza era real, según recuerda una de las magistradas que estaban en aquella época.

“En ese año me fui a sacar una maestría. La misma Corte me  sacó del país. No puede ser que hoy se me tilde que resuelvo por cuestión ideológica. Yo no estoy afiliada a ningún partido, no tengo afiliación partidaria, mis resoluciones son basadas en la Constitución”, insiste la jueza en esta entrevista donde pidió no ser fotografiada.

El año pasado sufrió una emboscada en Cárcel de Mujeres. De esto hay documentación archivada en la Corte Suprema. Un grupo de internas la quiso tomar de rehén para negociar la sectorización del centro penal, pero logró salir gracias a la advertencia de una reclusa.

“A pesar de de los vejámenes que he sufrido por la delincuencia no he cambiado mi forma de trabajar. He sido víctima, pero también soy jueza y tengo que separar ambas cosas. No me puedo prestar a ilegalidades por ser víctima”, dice la jueza segunda de vigilancia. 

La jueza dice que no se siente ajena a la violencia que sufre el país, porque la ha soportado en carne propia, pero aclara que esto tampoco supone otro tipo de sesgo: “Tampoco quiere decir que voy a parcializar mis resoluciones porque les tengo miedo a los delincuentes”.

Ella era la encargada del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca en 2012, cuando el gobierno de Mauricio Funes trasladó a cabecillas de pandillas a penales con menores controles a cambio de que disminuyeran la cantidad de asesinatos, lo que se llamó tregua de pandillas.

El expresidente mintió y dijo que quien había autorizado la salida de los reos durante la tregua fui yo. No quisiera pensar que por el hecho de ser mujer los funcionarios de la administración penitenciaria quieren vilipendiarme con mentiras”, dice la jueza.

No hay 28 jueces de vigilancia penitenciaria, como dijo el ministro Rivas. En realidad son 12, y la jueza segunda de vigilancia no fue la única que revocó la medida gubernamental. También la jueza Cuarta de vigilancia penitenciaria, Carolina Marín, anuló la decisión de Centros Penales de declarar estado de emergencia el penal La Esperanza, conocido como Mariona. 

“La administración penitenciaria se ha extralimitado al decretar un estado de emergencia de dimensiones amplias… A la fecha no se cuenta con la prueba suficiente e idónea como proceder a tal medida excepcional y restringir de todos sus derechos a los reclusos, que son de baja peligrosidad”, resolvió Marín el pasado 17 de julio.

Los jueces de vigilancia penitenciaria se rigen por los artículos 23 y 24 de la Ley Penitenciaria, que les permiten confirmar, modificar o revocar un estado de emergencia. La misma ley dice que solo podrá declararse estado de emergencia en situaciones de fuerza mayor, y por un plazo no mayor de 15 días. La declaratoria del Gobierno ya cumplió más de un mes.

Un grupo de jueces reclamó por los efectos del estado de emergencia de carácter indefinido, y pidió a la Corte que intercediera ante el Ejecutivo para no caer en ilegalidades. Solo en las primeras dos semana fueron suspendidas 369 diligencias judiciales por la declaratoria.

El presidente del país Nayib Bukele tuiteó el pasado 18 de julio que levantaría escalonadamente la emergencia: “Los reos podrán recibir sol, ir a talleres, a las granjas penitenciarias y recibir clases”. Lo tuiteó un día después de que la jueza cuarta de vigilancia notificara que revocaba la emergencia en el penal Mariona, y cuando ya otros jueces habían  aplicado el mismo correctivo en los penales de Ilopango, Apanteos, Metapán y Ciudad Barrios.

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