¿Qué pasó para que una jueza decidiera rechazar tres veces la petición del Gobierno de decretar estado de emergencia en un penal? La jueza segunda de vigilancia penitenciaria tiene una respuesta: las autoridades dijeron una cosa en televisión, cuando mostraron fotos de equipo para señal wifi localizado en Cárcel de Mujeres, pero nunca presentaron pruebas del uso ilícito de ese aparato. La funcionaria judicial también habla de las consecuencias que enfrenta ahora por corregirle la plana al Gobierno en materia penitenciaria.
Foto ilustración FACTUM/Salvador Meléndez
Ana Ruth González es jueza de vigilancia penitenciaria y trabaja desde hace 39 años en el Órgano Judicial. Empezó como ordenanza, fue colaboradora, notificadora, secretaria de un tribunal y luego jueza de paz. En 2003 llegó al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de San Vicente, donde tuvo a su cargo todo lo que pasaba con los reos de mayor peligrosidad, los del penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, en La Paz. Estuvo ahí durante la tregua de pandillas de 2012. Ahora es la jueza segunda de vigilancia penitenciaria de San Salvador. Es la jueza que recientemente le puso paro a una decisión de Gobierno.
Fue ella quien anuló tres veces la decisión la Dirección General de Centros Penales (DGCP) de mantener en estado de emergencia a uno de los 28 penales del país.
El Gobierno de El Salvador decretó estado de emergencia en todas las cárceles desde el pasado 21 de junio. Prohibió las visitas, la salida de los reos de las celdas y la exposición de estos al sol. Todo es parte de lo que ha denominado plan de Control Territorial, con el que, entre otras cosas, pretende frenar los delitos que son ordenados desde las cárceles. La jueza González, que tiene a su cargo la vigilancia de lo que pasa con las internas de Cárcel de Mujeres, revocó esas medidas en tres ocasiones: el 24 de junio, el 3 y el 8 de julio de 2019. Según ella, Centros Penales no le presentó pruebas que justificaran la decisión del aislamiento total.
En televisión dijeron una cosa, pero a la hora de documentarlo hicieron otra, sostiene la funcionaria. El ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, levantó ante las cámaras una página tamaño carta el pasado 1 de julio. En ella se observaba la fotografía de dos pequeños aparatos: uno blanco y otro negro. Rivas dijo que se trataba de un router y una antena que las reclusas en Ilopango usaban para conectarse a internet. Y también dijo que hallazgos como esos justificaban la decisión del Gobierno de mantener en estado de emergencia los penales.
“Nunca presentaron pruebas de ese cableado. Hablaron del hallazgo de un router, pero ese router fue instalado por un convenio con la Universidad Francisco Gavidia para clases de computación”, señala la jueza González.
En la documentación anexada al expediente penitenciario, hay una carta de la directora del penal que explica que ese equipo ingresó en 2013 a Cárcel de Mujeres como parte de un convenio para implementar la carrera de técnico en sistemas de computación. El aparato no estaba escondido. “Es de hacer notar que la ubicación del router encontrado estaba entre el cielo falso y el techo, dejándolo en una de las esquinas del aula donde funciona el centro de cómputo del centro escolar”, escribió la directora del penal en una carta dirigida a la DGCP.
Osiris Luna, director de Centros Penales, reconoció este jueves que no presentaron pruebas a la jueza para justificar el estado de emergencia. La excusa del funcionario es que no lo hicieron para no entorpecer una investigación por el hallazgo del router y la antena.
“Eso es lo peligroso, que personas de la institución están cometiendo actos de corrupción… Dentro de Centros Penales hemos encontrado gente que puede estar prestándose a hacer este tipo de cosas. Yo no voy a entregar evidencia ahorita, porque puedo entorpecer una investigación. Hay que ser muy responsables”, dijo Luna en la entrevista Ocho en Punto, pero no contestó por qué omitieron decir cómo llegó ese aparato al penal. Revista Factum le envió preguntas al respecto a su oficina de comunicaciones, pero aún no han respondido.
El ministro de Seguridad, contrario a lo que contestó Luna, afirmó que sí documentaron que el aparato servía para ordenar delitos: “Encontramos una serie de cables que venían de una residencia cercana, y efectivamente ahí teníamos señal de internet y de ahí estaban saliendo algunas órdenes al exterior. Se lo documentamos (a la jueza) y ni aún así le importó”, afirmó.
Pero la jueza sostiene que no le presentaron pruebas de algo ilícito, o de alguna orden elaborada en el penal. En el expediente, por ejemplo, hay copias de cartas de amor que algunas privadas de libertad redactaron para sus familias, algo que a ella le parece irrelevante si se trata de justificar por qué debe suspender las visitas en ese centro penitenciario.
“De los 28 jueces de vigilancia penitenciaria, solamente una jueza negó las medidas. Si tienes 28 jueces y solo uno no te respalda la decisión, ahí puedes hacer las valoraciones de por qué no lo ha dado. Yo creo que quizá es un problema que ella tiene, a lo mejor ideológico”, señaló el ministro de seguridad en una entrevista con Diana y Tony el pasado 19 de julio.
La más amenazada
La jueza segunda de vigilancia está indignada porque el ministro de Seguridad insinuó que ella resuelve con sesgos: “Me molesta que digan que es por cuestiones políticas. Soy la jueza más amenazada del país. No me pueden venir a decir que estoy del lado de la delincuencia. Yo me debo a la ley nada más”, afirmó en una entrevista con Factum.
González enumeró tres episodios que, a su juicio, le valen la etiqueta de más amenazada: en 2006 tuvo que cambiarse de casa porque llegaron a intimidarla en el lugar donde residía. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) constató que la amenaza era real, según recuerda una de las magistradas que estaban en aquella época.
“En ese año me fui a sacar una maestría. La misma Corte me sacó del país. No puede ser que hoy se me tilde que resuelvo por cuestión ideológica. Yo no estoy afiliada a ningún partido, no tengo afiliación partidaria, mis resoluciones son basadas en la Constitución”, insiste la jueza en esta entrevista donde pidió no ser fotografiada.
El año pasado sufrió una emboscada en Cárcel de Mujeres. De esto hay documentación archivada en la Corte Suprema. Un grupo de internas la quiso tomar de rehén para negociar la sectorización del centro penal, pero logró salir gracias a la advertencia de una reclusa.
“A pesar de de los vejámenes que he sufrido por la delincuencia no he cambiado mi forma de trabajar. He sido víctima, pero también soy jueza y tengo que separar ambas cosas. No me puedo prestar a ilegalidades por ser víctima”, dice la jueza segunda de vigilancia.
La jueza dice que no se siente ajena a la violencia que sufre el país, porque la ha soportado en carne propia, pero aclara que esto tampoco supone otro tipo de sesgo: “Tampoco quiere decir que voy a parcializar mis resoluciones porque les tengo miedo a los delincuentes”.
Ella era la encargada del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca en 2012, cuando el gobierno de Mauricio Funes trasladó a cabecillas de pandillas a penales con menores controles a cambio de que disminuyeran la cantidad de asesinatos, lo que se llamó tregua de pandillas.
“El expresidente mintió y dijo que quien había autorizado la salida de los reos durante la tregua fui yo. No quisiera pensar que por el hecho de ser mujer los funcionarios de la administración penitenciaria quieren vilipendiarme con mentiras”, dice la jueza.
No hay 28 jueces de vigilancia penitenciaria, como dijo el ministro Rivas. En realidad son 12, y la jueza segunda de vigilancia no fue la única que revocó la medida gubernamental. También la jueza Cuarta de vigilancia penitenciaria, Carolina Marín, anuló la decisión de Centros Penales de declarar estado de emergencia el penal La Esperanza, conocido como Mariona.
“La administración penitenciaria se ha extralimitado al decretar un estado de emergencia de dimensiones amplias… A la fecha no se cuenta con la prueba suficiente e idónea como proceder a tal medida excepcional y restringir de todos sus derechos a los reclusos, que son de baja peligrosidad”, resolvió Marín el pasado 17 de julio.
Los jueces de vigilancia penitenciaria se rigen por los artículos 23 y 24 de la Ley Penitenciaria, que les permiten confirmar, modificar o revocar un estado de emergencia. La misma ley dice que solo podrá declararse estado de emergencia en situaciones de fuerza mayor, y por un plazo no mayor de 15 días. La declaratoria del Gobierno ya cumplió más de un mes.
Un grupo de jueces reclamó por los efectos del estado de emergencia de carácter indefinido, y pidió a la Corte que intercediera ante el Ejecutivo para no caer en ilegalidades. Solo en las primeras dos semana fueron suspendidas 369 diligencias judiciales por la declaratoria.
#ElSalvador El Juzgado Cuarto de Vigilancia Penitencia revocó el estado de emergencia en el penal La Esperanza, conocido como “Mariona”, por considerar que no existe respaldo jurídico para continuar con esa acción.
— Revista Factum (@RevistaFactum) July 19, 2019
El presidente del país Nayib Bukele tuiteó el pasado 18 de julio que levantaría escalonadamente la emergencia: “Los reos podrán recibir sol, ir a talleres, a las granjas penitenciarias y recibir clases”. Lo tuiteó un día después de que la jueza cuarta de vigilancia notificara que revocaba la emergencia en el penal Mariona, y cuando ya otros jueces habían aplicado el mismo correctivo en los penales de Ilopango, Apanteos, Metapán y Ciudad Barrios.
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4 Responses to ““Soy la jueza más amenazada del país. No me pueden decir que estoy del lado de la delincuencia””
El salvadoreño promedio quiere soluciones mágicas a sus problemas, más no sabe (o no quiere saber) que toda acción de cualquier Órgano del Estado debe estar dentro del marco legal. Y es el caso que nuestro Presidente con tal de salir de super héroe ante el vulgo ordena medidas populistas y fuera de la ley aunque después tenga que rectificar. Claro, lo rimero lo hace con bombo y platillo, pero lo segundo lo hace al más conveniente silencio.-
-No creo que las “condenas públicas” que la jueza percibe como “amenazas” tengan una connotación e inminencia reales, la gente detesta a los jueces porque su trabajo no contribuyó a resolver los problemas del país, y pueden contrastarlo con lo que quieran pero la gente no lo percibe así. Además un juez de vigilancia es un juez que practica una arítmetica básica para crear una ficción de control… Más bien, algunos jueces de vigilancia se han lucrado y/o beneficiado políticamente de su posición frente a la situación jurídica de un reo prominente, y son demasiado amigos y hasta directivos de asociaciones de abogados mafiosos… jajajaja aunque sea un pleonasmo. No, dejen de hacerse las víctimas, jueces. Uds no hicieron su trabajo. Obviamente, se requiere controlar de forma eficiente los centros penales, y cómo, sin beneficiar a los reos. Se hacen responsables los periodistas de las luces verdes que serán emitidas y apagarán la vida de jóvenes inocentes y no tan inocentes? piensan en ello al escribir? Estado Constitucional de Derecho, versus Estado Controlador, y la gente les dirá: “control”.
Criticaron al.gobierno del.frente y los de arena, ahora, tienen una camada de.verdaderos inconpetentes que nutren la ignorancia de las.generaciones post guerra, que nada saben de la.historria de.nuestro pais, la ignorancia o falta de.conocimiento principalmente de Dios, es la.razon por la que el.pueblo de Dios, percio, y muchas.veces.
Cuantas veces perecera el salvador por falta de.conocimiento.
Que bien por la jueza que propone y justifica el cumplimiento de la ley penitenciaria y no se somete a la moda presidencial vigente. También me queda claro que algunos de los mensajes del presidente son rápidos acomodos a situaciones adversas a sus decisiones previas, que no se conocen y pretenden por ello mantener la iniciativa ante la sociedad que lo aplaude todavía.
Este es apenas una hoja más en el voluminoso libro de ilegalidades cometidas, tanto contra prisioneros del sistema de justicia como de empleados despedidos con todo y estigma generado. En su venganza personal contra la dirigencia del FMLN, el presidente apunta y dispara en ráfaga, generando víctimas que no tienen nada que ver con la clara actitud de venganza política del actual presidente de un “país tercermundista” como dijo en algún momento. Por ello, ese estigma laboral generado en contra de muchas de las personas “despedidas” , es algo que no se sentía en el país desde los años 80, cuando el inicio de la guerra civil hizo pasar segundo plano y casi olvidar conductas sociales vigentes y presentes desde hace muchos años. No cabe duda que no es bueno el camino legal recorrido hasta ahora por el ejecutivo, tanto en materia de seguridad como en la parte administrativa laboral.