El abogado y exprocurador de los Derechos Humanos David Morales insiste en la negativa de las autoridades para entregar los registros militares, prueba clave para definir las responsabilidades de los 18 altos mandos de la Fuerza Armada señalados.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
Uno de los principales obstáculos en la investigación del caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños es la falta de información oficial de los archivos de la Fuerza Armada sobre las operaciones militares que se realizaron entre el 11 y 13 de diciembre de 1981, en el norte del departamento de Morazán.
Mientras continúan las audiencias públicas donde están declarando testigos y familiares de las víctimas de la que se conoce como la masacre más grande de América Latina, la acusación particular que ejerce Tutela Legal y el abogado David Morales insiste en la negativa de las autoridades para entregar los registros militares, prueba clave para definir las responsabilidades de los 18 altos mandos de la Fuerza Armada señalados en este caso, incluido el exministro de la Defensa de esa época, José Guillermo García.
Este caso histórico logró un avance decisivo en septiembre de 2016, cuando el juez Jorge Guzmán Urquilla, del Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, decidió volver a abrir el proceso tras la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. Este paso ha obligado a la Fiscalía General de la República a involucrarse activamente en el caso. Pero un año después de iniciar el proceso judicial –critica Morales, abogado y exprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos-, la Fiscalía no ha solicitado la detención de los acusados y ni siquiera ha requerido como parte del proceso judicial que el actual ministro de la Defensa, David Munguía Payés, entregue la información de la operación Rescate, en la que se masacró a más de mil personas en solo tres días.
Los acusadores particulares del caso El Mozote y zonas aledañas dicen que llevan más de 10 años, desde 2006, solicitando información sobre el operativo militar de la Fuerza Armada. ¿Es la misma ocultación que señalan ahora por parte del ministro Munguía Payés o ha cambiado desde entonces?
La acusación particular ya señalaba nombres de responsables de público conocimiento, habían sido identificados por el informe de la Comisión de la Verdad y las investigaciones de Tutela Legal del Arzobispado. Este conjunto de oficiales que integraban el Alto Mando de la Fuerza Armada o eran comandantes del Batallón Atlacatl ya fueron acusados desde ese momento con la formalidad del caso y se requería que el juez solicitara información relacionada con el operativo a los archivos militares. El juez en aquel momento resolvió algunos incidentes procesales, pero realmente la resolución donde deniega la procedencia de reabrir el caso tardó varios años. En la medida que no aceptó la reapertura del caso, al estar archivado por amnistía, el juez tampoco solicitó la información, fue hasta 2016 que reabre y el caso está activo cuando retoma las solicitudes de información de la acusación y solicita la información a la Fuerza Armada. Y tenemos esa lamentable respuesta en el sentido de que no existe absolutamente nada, ningún registro de operativo, de las unidades que participaron, no solo del Batallón Atlacatl, que no hay ni una nómina completa de los militares, ni siquiera la planilla de soldados.
Como acusadores particulares ya anunciaron que habría una nueva solicitud de información sobre los operativos militares, ¿en qué consiste?
La semana anterior hemos solicitado un nuevo requerimiento al comandante general de la Fuerza Armada –el presidente Salvador Sánchez Cerén- para solicitar mucha documentación de normativa militar y planes militares que debieron haber existido por mandato de ley, por mandato de la entonces vigente Ley Orgánica de la Defensa Nacional, que databa de 1961. Es una solicitud bastante reciente y estamos a la espera de si procede, tenemos la expectativa que el juez resuelva favorablemente y requiera esta información.
Entrevista con el exprocurador de Derechos Humanos de El Salvador, David Morales, quien habla sobre el juicio de la masacre de El Mozote, el 3 de octubre de 2017.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
Pero ya se había hecho una solicitud y se obtuvo respuesta sobre los integrantes del Alto Mando de la Fuerza Armada y del Batallón Atlacatl…
Sí, fue remitida al juez a solicitud de la acusación y al comandante general de la Fuerza Armada, que es el presidente de la república, que responde a través de la Secretaría para Asuntos Legislativos y Jurídicos. Pero la secretaría se basa en el informe del ministro de la Defensa Nacional, del ministro David Munguía Payés. Presentan la nómina de oficiales de Alto Mando y del Batallón Atlacatl aún con vida, pero sobre la información del operativo dicen que es totalmente inexistente y no han encontrado absolutamente nada en el archivo general de la Fuerza Armada ni en los archivos de las unidades involucradas. Incluso tienen la contradicción de que informan qué unidades participaron de operativos en el norte de Morazán, pero no hay ningún archivo de las operaciones. Claro, las unidades que participaron son de público conocimiento, la Fuerza Aérea de El Salvador, la Brigada de Artillería, la Tercera Brigada de Infantería con sede en San Miguel y el Centro de Instrucción de Comandos, que era el cuartel de San Francisco Gotera, después el Destacamento Militar Número 4.
Estamos pidiendo certificación de la normativa existente, recordemos que las fuerzas armadas no actúan libremente, ni en forma caótica, son cuerpos muy disciplinados, muy bien estructurados que operan jerárquicamente desde las decisiones de los mandos militares. Basta leer la legislación actual, la vigente o la anterior o la de cualquier otro país. Este tipo de operaciones de exterminio de la población civil se perpetraron bajo esa lógica, no eran hordas de soldados que bajo efectos de las drogas andaban dispersos en el campo, mucho peor en una zona donde había presencia guerrillera.
El Batallón de Infantería Atlacatl ingresa en un despliegue de diferentes compañías, de diferentes caseríos, dentro de un radio de respaldo del despliegue de infantería de la Tercera Brigada y el Centro de Instrucción de Comandos con respaldo pleno durante todo el operativo de la Fuerza Aérea y previo a una fase de lo que ellos llamaban ablandamiento o ataques primero desde la artillería. Un solo comandante de estas unidades no tenía capacidad por sí solo de llevar adelante un operativo de este tipo, sino que este tipo de operaciones combinadas con muchas unidades solo era posible a través de la coordinación de la Fuerza Armada, que no puede activarse si no es por instrucciones del propio ministro de la Defensa y realizan el despliegue de cientos de hombres que requieren alimentación, avituallamientos, munición, capacidad de comunicación entre sí, etcétera, lo cual supone también un enorme movimiento administrativo.
Es información esencial, estamos pidiendo que toda la normativa y los planes cuya existencia requería la ley vigente en ese momento sean requeridos. Aunque también consideramos que el tribunal y la Fiscalía debe investigar qué proceso efectivamente ha llevado adelante el ministro Munguía Payés para declarar que la información es inexistente, porque si hay información destruida esto también puede suponer nuevos delitos para ocultar la información. No basta con que el ministro diga que la información no existe, debe demostrar con qué procedimientos, con qué archivos y con qué personal estuvo realizando la búsqueda y debe informarlo al tribunal e incluso declararlo si es citado.
¿Entonces van a esperar que sea la misma Fiscalía, a la que señalaron recientemente ante la CIDH por no investigar en este caso, la que lleve el peso de requerir esa información sobre la destrucción o no existencia de los archivos militares?
Con el rol de acusación particular tenemos una estrategia que no podemos compartir públicamente y estaremos en las medidas de nuestras capacidades aportando toda la prueba a nuestro alcance; pero, ninguna acusación particular puede equipar su capacidad de investigación, de recolección de información que puede tener el aparato de la Fiscalía de la República. Históricamente la Fiscalía y los fiscales generales actuaron en el caso de El Mozote y otros para entorpecer y bloquear la investigación, amedrentar testigos y oponerse a la reapertura.
A partir de la sentencia de la Sala de lo Constitucional de 2016, no hay excusas jurídicas. El fiscal general actual vive un escenario nuevo, él no puede invocar ninguna excusa jurídica para no actuar, tiene la obligación y lo ha reconocido. Ahora nos puede parecer positivo que no lo bloqueen, que el fiscal general designe un equipo mínimo para llevarlo adelante y que este equipo de tres fiscales está actuando en las audiencias de manera positiva. Los fiscales han tenido en las audiencias un rol activo, favorable a obtener información en la amplitud de los testimonios, pero no han realizado hasta hoy ninguna petición formal para impulsar la investigación, no han requerido información militar. Esta inactividad debe superarse, el rol de la Fiscalía no puede ser sustituido por el juez. No es argumento suficiente el que no tengan recursos, ya la prueba forense está incorporada al proceso, no se requiere una inversión en investigación científica forense porque ya está realizada y es muy contundente.
¿Qué credibilidad puede tener el ministro de la Defensa al sostener que no tiene información sobre unas operaciones que fueron tan cruciales durante el conflicto armado interno?
En este caso y otros similares, el actual ministro ha sostenido que la información fue destruida o no existe. Es una tesis que han sostenido anteriores ministros de Defensa en solicitudes similares, que no existe. Podemos entender que tratándose de un aparato organizado de poder criminal que tenía la capacidad de perpetrar estos crímenes, que después los altos cargos de la Fuerza Armada fueron ocupados por oficiales que tenían relación con este aparto organizado, de hecho, el personal operativo que dirige la matanza de El Mozote es un miembro de la famosa Tandona, Natividad Cáceres Cabrera. Entonces este grupo está involucrado en la matanza de los jesuitas, Elba y Celina y otros crímenes que se les atribuyen. De tal manera que este aparato dentro de la Fuerza Armada perpetró los crímenes y debió tener, si así se lo propuso, ciertas capacidades de destrucción de la prueba. Esto podría haber pasado, pero es inverosímil que no exista ningún tipo de indicio, se trata de una operación de gran envergadura donde se asesinó a cientos de personas y miles de víctimas entre familiares y personas desplazadas. Y demostraría dos cosas: que la Fuerza Armada no ha tenido voluntad después de 25 años de los Acuerdos de Paz de investigar estos crímenes de lesa humanidad o se involucró en la desaparición u ocultamiento de esta información.
Entrevista con el exprocurador de Derechos Humanos de El Salvador, David Morales, quien habla sobre el juicio de la masacre de El Mozote, el 3 de octubre de 2017.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
Los abogados defensores de los militares señalados sostienen que ha habido masacres contra militares, se supone que tienen esos archivos, esos registros. ¿Entonces sí tienen lo de los militares masacrados por la guerrilla, pero no de las matanzas de civiles?
Sí, son contradicciones. Si hubo crímenes de lesa humanidad cometidos por la guerrilla, pues también hay una obligación del Estado de investigarlo y así lo ha dictado la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía tiene la obligación de impulsar estos casos. Y entiendo que algunas organizaciones también han pedido investigar los vinculados a la guerrilla del FMLN. Hablar de estos casos en ningún momento invalida las peticiones de justicia de las víctimas de El Mozote, al contrario, las refuerza. No es objetivo pensar que todos los crímenes de guerra podrán ser investigados, ni siquiera llega a procesar un porcentaje importante de los homicidios de la actualidad, pero el sistema penal tiene la capacidad de llevarlos adelante, al menos en diversos casos ejemplarizantes de la guerra civil, independientemente del bando que fuera, y permitir que un proceso de la tan postergada justicia transicional se vaya abriendo puertas hacia la reconciliación con ese pasado.
¿Han pensado como acusadores particulares en la posibilidad de que se dé un fallo similar al de la finca San Blas, en el que se reconoció que fue una ejecución cometida por la Policía, pero la Fiscalía no pudo individualizar al autor? ¿O como en el fallo por el caso de la tregua, en el que el juez reconoció que era un plan orquestado por el gobierno del expresidente Mauricio Funes, pero eso ni siquiera fue planteado por la investigación fiscal?
Sería una situación muy lamentable, no solo de revictimizar a personas cuyo sufrimiento impactó a expertos internacionales que venían de ver situaciones de graves crímenes en otras latitudes. Recuerdo que algunos expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense nos decían: sí, venimos de ver situaciones muy duras, de personas que les han asesinado a dos o tres familiares directos, pero aquí nos hablan de 16, 20, 25 familiares directos. La semana pasada declaró una sobreviviente que perdió a más de 30 miembros de su familia directa, sus hermanos con todo su grupo familiar, sus padres…Y aquí no es un crimen perpetrado por particulares, lo perpetraron autoridades del Estado cuyo mandato era proteger a la población. Que un Estado no investigue este tipo de casos, como ya lo estableció la sentencia de la CIDH, es una grave violación a los derechos humanos. Que esto pase a 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz, con más de dos décadas de inversiones millonarias en el órgano judicial y la Fiscalía General… es inaudito.¿Qué mensaje damos a las víctimas del presente si el exterminio de más de mil personas y el asesinato de más de 500 niños nos es indiferente? Y seguimos declarando como Estado, héroe al comandante que perpetró esta matanza, que es el teniente coronel Domingo Monterrosa. Y seguimos tratando con privilegios, aun cuando debe comparecer ante el tribunal, al jefe número uno que coordinó la matanza que es José Guillermo García, el exministro de Defensa, a quien ni siquiera se le ha ordenado una detención provisional, ni esta ha sido solicitada por la Fiscalía. ¿Qué mensaje estaríamos dando si esta es la misma actitud del Estado de 1981 que ejercía el terrorismo, del Estado de 1993 que dictó la amnistía?
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