Es uno de los detenidos en la Operación Jaque, presentada la semana pasada como un golpe al corazón financiero de la MS-13. Toda la documentación de los casos del pandillero retirado, director de una ONG que trabaja con fondos europeos, fue incautada durante un allanamiento. La Fiscalía, que lo acusa de atentar contra el Estado con sus denuncias, ha adelantado que no prestará atención a la documentación decomisada.
Dany Balmore Romero García es un pandillero retirado que en los últimos dos años ha documentado cerca de 140 casos de ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la Policía y el Ejército, y por eso ahora está preso. No es una exageración; la Fiscalía General de la República lo ha reconocido así. El sábado 30 de julio, después de presentar una acusación formal por actos de terrorismo y otro cargos, los fiscales explicaron el porqué de su detención: utilizar dos oenegés para atacar al Estado haciendo uso del derecho a través de instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y de organismos internacionales.
Romero fue capturado la noche del miércoles 27 de julio en un operativo policial sin precedentes cuyo objetivo principal, según la versión oficial, era golpear por primera vez la estructura financiera de la Mara Salvatrucha. Este operativo fue producto de una investigación llamada “Operación Jaque”, iniciada por la Fiscalía y Policía en 2015, a partir de dos informes policiales que señalaba que un grupo de pandilleros se estaba enriqueciendo al lavar dinero a través del transporte de pasajeros, importación de vehículos y la administración de moteles y prostíbulos.
Después de capturar a Romero, policías y fiscales allanaron su casa y se llevaron todo lo que encontraron a su paso, incluyendo tres computadoras, memorias USB, discos y cientos de documentos en los que el pandillero retirado tenía almacenados nombres, fechas y testimonios de sobrevivientes o testigos de los 140 casos de presuntas ejecuciones atribuidas a los cuerpos de seguridad.
Factum, de momento, ha tenido acceso a uno de los listados de Romero, que recoge decenas de nombres y fechas: muchos coinciden con pandilleros que murieron en supuestos enfrentamientos con la Policía y la Fuerza Armada. Los casos de Iván Urías Hernández y José Francisco González, identificados como pandilleros por las autoridades, están en esa lista. Textos publicados en sitios como La Página y Noticias El Informante, encabezados con titulares como “Pandillero eliminado tras atacar a elementos policiales en una colonia de San Miguel” o “Eliminan a cuatro pandilleros MS en San Miguel”, apuntan a que los pandilleros perdieron los enfrentamientos o que fueron ajusticiados.
Marvin Adalid Quintanilla Ramos (izquierda), un pandillero de la Mara Salvatrucha señalado de ser el cerebro financiero de la MS, junto a Dany Balmore Romero, ambos capturados por la PNC y la FGR el pasado 27 de Julio de 2016.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que Romero y la oenegé que preside, Opera, con la cual ha documentado los casos de presuntas ejecuciones, son una “línea” de los máximos cabecillas de la MS para desestabilizar al gobierno y afectar la credibilidad de los cuerpos de seguridad.
La Fiscalía asegura que ha logrado identificar a 120 personas involucradas con los negocios de la MS, para las cuales giró órdenes de captura. Del total de acusados, 28 fueron capturados entre la noche del miércoles 27 y la mañana del jueves 28 de julio, mientras que 49 más fueron intimados porque ya se encontraban en un centro penal. Los demás, hasta la fecha, siguen prófugos.
Sin embargo, aunque a la mayoría de detenidos en la “Operación Jaque” se les acusa de lavar dinero, vender droga o armas para la pandilla, los delitos de los que se le acusa a Romero son diferentes.
La actividad criminal de Romero, según la Fiscalía, era presidir Opera, una oenegé inscrita legalmente en octubre de 2014, según consta en el Diario Oficial. En los últimos años, sostiene la Fiscalía, Opera no ha parado de interponer denuncias ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Los delitos que Fiscalía le atribuye a Romero son tres: Organizaciones terroristas; Proposición y Conspiración de Actos de Terrorismo; y Proposición y Conspiración en relación a un delito de Homicidio, tres señalamientos con un potencial de hasta 50 años de cárcel.
Las justificaciones para esas tres acusaciones, contenidas en los artículos 13 y 31 de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo y el 129-A del Código Penal, respectivamente, no incluyen denuncias contra el Estado, pero esa, sin embargo, es la explicación que los fiscales dan cuando mencionan porqué acusaron a Romero.
“Se está dando un ataque legal”
Francisco Rodríguez Díaz, fiscal de la Unidad Especializada Antiextorsiones, una de las cuatro unidades que participaron en la investigación de este caso, sostiene que Romero recibió órdenes de la “ranfla” –la estructura de mando de la MS-13- para crear Opera y “atacar” al gobierno con denuncias sobre violaciones a derechos humanos.
Factum abordó al fiscal Rodríguez el sábado 30 de julio, después de una breve conferencia que dio a los medios de comunicación en la que explicó el caso tras presentar la acusación formal contra los 77 imputados de la Operación Jaque.
—Tenemos información de que se allanó la casa de Dany Romero. ¿Qué se incautó ahí?, le preguntó Factum.
—Prácticamente vehículos, computadoras, teléfonos, documentación y soportes de almacenamiento que pueden arrojar información acerca del manejo de la fundación. Esto no por ser fundación sino por ser un medio de la pandilla, un instrumento, una persona jurídica a la orden de la pandilla, creada por la pandilla para efectos de hacer sus operaciones desde esa línea.
—Algunos allegados al detenido y el mismo Dany Romero hablan de que se incautó una serie de documentos en los que tenía información sobre casos de ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la Policía…
—No. Realmente, como le digo, esa información que está en respaldo en la computadora va a ser parte de la investigación a profundizar. Si a esta persona se le encontraran estas situaciones habría que investigar la veracidad de esos informes, tomando en cuenta que está documentado en la investigación de que la fundación precisamente es parte de la actividad terrorista que tenía la pandilla como línea de atacar al sistema desde la fundación a través de denuncias a Derechos Humanos de lo que se escuchó infundadamente.
—¿Atacar a la Policía con denuncias a los derechos humanos?
—A las instituciones, en general, la pandilla las ataca no solo desde el choque, es decir, con armas. Eso también se está dando y es una línea de la pandilla, pero también se está dando un ataque desde un aspecto legal.
—Si en estos documentos que se le incautaron a Dany Romero existieran casos reales de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Policía, ¿ustedes van a abrir una investigación sobre estos casos?
—No.
—¿Entonces ustedes creen que todo lo que está ahí, en esos documentos, es falso?
—Realmente… hay que investigar. La tarea de Fiscalía es investigar. Lo que sí le puedo dar claridad es que hay una línea no de Dany ni de la fundación Opera sino que de la estructura de liderazgo de la (Mara) Salvatrucha, es decir, de la ranfla en penales y en libertad de que esa fundación sirva como otra línea de ataque al Estado. Un ataque haciendo procesos legales en contra de policías y soldados en materia de derechos humanos no solo a nivel nacional sino que internacional. Es una línea de la pandilla.
—¿Entonces ustedes parten de que los casos documentados son falsos?
—El tema de la veracidad, si son reales o no… debería ser tema de cada caso en concreto que se denuncie. Pero en general es una línea de la pandilla eso. No es una aspiración transparente de justicia sino una línea del liderazgo de la (Mara) Salvatrucha para estar en contra del Estado. Eso es.
El fiscal dio por terminada la entrevista y se retiró hacia las oficinas del Juzgado Especializado de Instrucción “A”, donde estaba presentando el requerimiento contra Dany Romero y los otros 76 imputados por el caso “Operación Jaque”.
Este fue el esquema que presentó la FGR sobre los acusados de pertenecer o favorecer a la MS-13. Foto tomada de la presentación de la Fiscalía General de la República.
Según estadísticas de la PNC, a partir de 2014 el número de pandilleros muertos en enfrentamientos armados se disparó al menos al triple respecto al año anterior. A inicios de julio, el director policial aseguró que en los primeros seis meses de este año 318 pandilleros habían muerto en supuestos tiroteos con policías.
Ese mismo año se comenzaron a hacer cada vez más notables escenas de estos supuestos enfrentamientos en los que se veían pandilleros con disparos en la cabeza por lo que varios medios de comunicación pusieron en duda la versión oficial.
El 22 de julio del 2015, el periódico digital El Faro publicó el primer caso que documentaba ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Policía en el marco de las medidas contra las pandillas impulsadas por el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén.
En este caso, según apunta la investigación, un grupo de agentes del Grupo de Reacción Policial llegó al casco de la finca San Blas en horas de la madrugada del 26 de marzo del mismo año y ejecutaron a ocho jóvenes, entre ellos dos que no eran pandilleros.
El 25 de octubre del ese mismo año, el periódico La Prensa Gráfica reportó un segundo caso de presuntas ejecuciones sumarias cometida el 15 de agosto por policías, esta vez en el cantón Pajales del municipio de Panchimalco.
Para esta investigación, La Prensa Gráfica solicitó las autopsias de los pandilleros abatidos y comparó la versión oficial con la interpretación de la prueba documental, evidenciando varias incongruencias que sugerían una escena de ejecución extrajudicial.
Casi un año después de la primera publicación, el 26 de abril del 2016, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, emitió un informe en el que confirmó lo dicho por los dos periódicos: la policía cometió ejecuciones extrajudiciales al menos en dos ocasiones y que en ambos casos hubo negligencia en las investigaciones. Pero no solo eso, también dijo que la Procuraduría ha abierto 30 expedientes de supuestas ejecuciones extrajudiciales cometidas por los cuerpos de seguridad. Hay más de 100 fallecidos ligados a esos 30 casos, explicó entonces el procurador.
El pandillero activista
Romero es un pandillero “calmado” de la MS que se ha dedicado durante los últimos diez años a trabajar en proyectos de prevención de violencia y rehabilitación de pandilleros, así como a documentar casos de violaciones a derechos humanos dentro del sistema penal, en el cual él mismo pagó una condena de diez años por el delito de homicidio.
Su trabajo como activista ha sido avalado por organizaciones internacionales, incluso ha sido financiado por estas, y su captura supuso la preocupación del mismo embajador del Reino Unido en El Salvador.
La historia de Romero y la organización Opera comenzó a finales de los noventas. Romero se inició en su pandilla a los 16 años de edad. Según él mismo cuenta, se crio en un hogar desintegrado, luego de que su padre abandonara a su madre, a él y a sus dos hermanos para irse huyendo hacia Guatemala. A los 24 años, en 1996, Romero fue condenado por el delito de homicidio en un hecho confuso en el que, según él, estuvo presente de forma circunstancial y no intencionalmente. Entonces fue cuando conoció el trabajo de Opera, un proyecto de rehabilitación de reos surgido como un experimento académico de la carrera de psicología de la Universidad de El Salvador.
Tras cumplir su condena, en 2006, Romero dice salió “calmado”, no activo en su pandilla, y directo a trabajar con Equipo Nahual, una oenegé dirigida por el psicólogo Wilson Alexander Alvarado. Equipo Nahual básicamente era para entonces un equipo de psicólogos que generaban espacios de diálogo en las comunidades para discutir sus preocupaciones sobre seguridad relacionadas con la actividad delictiva de pandillas.
Romero, en breves conversaciones con Factum tras su captura, durante la presentación en tribunales y la audiencia de imposición de medidas, ha dicho que compartió los casos documentados con otras oenegés para que le ayudaran a depurar los casos.
El pandillero no se atreve a mencionar cuáles son las oenegés internacionales que lo ayudan, puesto que en febrero del 2016 fue enlistado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), lo que significa que el gobierno estadounidense prohíbe cualquier tipo de cooperación de organizaciones de ese país con Romero.
OFAC acusó a Romero de ser jefe de una clica de la MS, de boicotear los esfuerzos del gobierno en el combate a la MS-13, así como de planear homicidios de policías y militares. En junio de este año, la historia de Romero fue retomada por The Wall Street Journal, que recogió un correo electrónico que el pandillero envió a OFAC para intentar salir de la lista. “No he hecho nada fuera de la ley ni nada que esconder”, escribió Romero, según el artículo titulado “La lucha ‘frustrante’ para salir de la lista de sanciones de Estados Unidos”.
Pese a la detención y a ser incluido en la lista de OFAC, Romero aún sigue teniendo crédito con las personas que han trabajado a su lado. Todos los consultados para esta investigación, desde académicos, directivos de oenegés, representantes de embajadas – que hablaron bajo condición de anonimato- dijeron que no se habían equivocado al trabajar con Romero.
A través de esta investigación se ha logrado identificar a algunas organizaciones que trabajaron con él, entre ellas Statecraft, una ONG británica dependiente de un Instituto que lleva el mismo nombre.
Statecraft, según lo explica su pagina web, se encarga de desarrollar programas de apoyo gubernamental en temas de democracia y gobernabilidad, así como en el área de seguridad, con trabajo para prevención de la violencia de pandillas. La oenegé trabaja en El Salvador desde 2011.
La relación entre Romero y Statecraft fue lo que llevó a que el embajador británico en El Salvador, Bernhard Garside, se pronunciara “preocupado” ante la captura de Romero el jueves 28 de julio. “Preocupado que @PNC_SV ha arrestado ex-pandillero que está trabajando con ONG británico para la paz en ES”, escribió el diplomático en su cuenta de Twitter. Al ser cuestionado sobre la desvinculación real de Romero con la MS, el embajador Garside respondió también desde su cuenta: “Si nunca lo dejó (de ser pandillero) estaba viviendo una mentira increíble los últimos ocho años”.
Preocupado que @PNC_SV ha arrestado ex-pandillero que está trabajando con ONG británico para la paz en ES pic.twitter.com/IWX8JOLIEw
— Bernhard Garside (@HMAGarside) 28 de julio de 2016
Si bien la embajada británica en El Salvador nunca ha tenido un vínculo directo con Romero, Statecraft sí, y esta ONG es de completa confianza de la embajada y del gobierno británico a tal punto que recibe financiamiento para trabajar temas de prevención de violencia y rehabilitación de reos en varios países del mundo.
Romero, que enfrentó esta semana la audiencia de imposición de medidas, permanecerá detenido los siguientes seis meses. La Fiscalía solicitó que fuera enviado a la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca. El defensor de Romero, sin embargo, dijo que su cliente sería enviado al penal La Esperanza (Mariona), una versión que al cierre de esta nota no pudo ser comprobada.
| Foto principal: Dany Romero (derecha), junto Marvin Quintanilla, Piwa, detenidos en la Operación Jaque. Foto: Salvador Meléndez. |
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2 Responses to “Fiscalía busca condenar a expandillero que ha denunciado más de 100 ejecuciones extrajudiciales”
vaya, vaya; lo que lagente honesta , humilde y de buenas intenciones y voluntad nunca logran estas oportunidades. El Salvador esta podrido y necesita un acido que disuelva tanta maldad.