La toma de decisiones efectiva en un país está en gran medida determinada —entre otras razones— por su capacidad para generar, utilizar y divulgar información rigurosa, oportuna y basada en evidencia. Esta es una realidad ineludible que decisores de política pública, así como la sociedad civil en general, no debemos obviar, especialmente en situaciones como la que atraviesa actualmente nuestro país.
El riesgo de expansión del Covid-19 en El Salvador ha develado nuevamente las debilidades estructurales de nuestros esquemas de salud y protección social, de las finanzas públicas y la gobernabilidad democrática. Aunado a lo anterior, es imposible obviar las implicaciones económicas y sociales que este escenario generará en El Salvador, donde el 28.8 por ciento de hogares viven en condiciones de pobreza multidimensional y el 64.7 por ciento de la población ocupada carece de acceso a seguridad social pública o privada (Digestyc, 2019).
El panorama vigente, por tanto, requiere una toma de decisiones oportuna, pero planificada estratégicamente; flexible a la evolución del contexto, pero con justificación técnica; expedita, pero con menos confrontación y más acuerdos en el marco de la institucionalidad; difundida con prontitud, pero con responsabilidad y sensatez.
En otras palabras, para las decisiones de interés nacional deben —al menos— tomarse en cuenta tres criterios. En primer lugar, tienen que basarse en información técnica verificable y transparente, para reaccionar oportunamente. En segundo lugar, sus medidas e implicaciones deben transmitirse a la ciudadanía de forma clara y oportuna, por medio de canales comunicacionales que consideren las condiciones de acceso a información de distintos grupos poblacionales. Finalmente, las lecciones aprendidas deben considerarse para retroalimentar estrategias futuras de políticas públicas.
Con base en lo anterior, invito al lector o lectora a que reflexionemos sobre el escenario nacional.
En los últimos días, el gobierno de El Salvador ha anunciado un conjunto de medidas para mitigar los impactos de la propagación del Covid-19. Si bien algunas decisiones adoptadas proporcionan diversas aristas de discusión y debate, en esta ocasión me concentraré en la importancia del uso de información estadística para sustentar las decisiones de interés público y su adecuada comunicación a la población.
El sábado 21 de marzo, el gobierno de El Salvador anunció —en una cadena nacional que duró una hora y 17 minutos— las medidas de “cuarentena domiciliaria”, que se ampara en el decreto ejecutivo de “Medidas de restricción temporal de los derechos de reunión y libertad de tránsito, a fin de contener la pandemia Covid-19”.
En su presentación, el presidente mostró una serie de gráficos con proyecciones alarmantes del alcance del Covid-19 en El Salvador. Estas cifras mostraban que “para el 20 de mayo, tendríamos 3,145,728 salvadoreños contagiados”, alegando que será la tendencia si “no tomamos decisiones rápidas”. Bajo este escenario, estamos hablando de que, en menos de dos meses, un poco menos de la mitad de la población salvadoreña estaría contagiada.
¿Cómo fueron estimadas estas cifras? La serie de datos se trata de una sucesión geométrica (no “matemática” ni “logarítmica”), en donde un elemento de la serie se obtiene multiplicando el elemento anterior por una constante denominada “razón de la progresión”. Sin profundizar en detalles técnicos, las “proyecciones” de las gráficas se calcularon con la siguiente función generadora:
donde el día 1 corresponde al 21 de marzo, fecha en que existían tres casos confirmados. El lector o lectora puede corroborar que, si sustituye por completo todo el numerador del exponente por múltiplos de 3, podrá replicar sin mayor problema el número de contagiados que se presentaron en las gráficas del sábado 21 de marzo.
El único supuesto que las fuentes gubernamentales han utilizado para calcular los valores de la serie —con la información disponible al público— fue que el número de casos de contagio inevitablemente se duplica cada tres días.
El cálculo estrictamente matemático es correcto; pero, ¿qué tanta rigurosidad hay en esta metodología? En mi opinión como estadístico e investigador, es muy debatible, pues se basa en un algoritmo que se estudia en matemática de bachillerato y su único supuesto es que los contagios se duplican cada tres días. No toma en cuenta la estructura demográfica de nuestro país, que es diferente a la de países europeos; el perfil epidemiológico de la población; escenarios de contagio, deceso y recuperación de la población objetivo; la composición de los hogares salvadoreños; características territoriales, como las condiciones de acceso a agua potable y servicios de salud; el efecto de las medidas de aislamiento físico ya previamente establecidas; entre otros elementos. Lo anterior es un listado poco exhaustivo de las variables que, aunado a una metodología científica rigurosa, deben considerarse para realizar estimaciones coherentes.
A la fecha de cierre de este artículo, persiste entre la población una sensación de incertidumbre por la poca claridad de las restricciones de movilidad y de la forma en cómo se operacionalizarán las medidas de apoyo económico destinadas a “los afectados”.
La discusión sobre la pertinencia de las medidas económicas anunciadas por el gobierno en torno al Covid-19 sobrepasa los alcances de este artículo. Tampoco se busca profundizar sobre las medidas de distanciamiento físico implementadas, que en gran medida contribuyen a reducir el riesgo de contagio.
En esta oportunidad, mi propósito es llamar a la reflexión sobre la importancia de la transparencia y responsabilidad que deben tener las instituciones del Estado para garantizar el acceso, uso y divulgación de datos que “miden” nuestra realidad, con el fin de informar a la población y contener el orden público en este tipo de contextos. ¿Era prudente presentar en cadena nacional tendencias de contagio basadas en una función matemática infinitamente creciente? ¿Es una metodología confiable para proyectar la posible evolución del virus? ¿Fueron claramente comunicadas a la población las restricciones de movilidad decretadas ese día (u otro tipo de medidas en el marco de esta coyuntura)?
En una realidad nacional donde la cultura de la desinformación es cada vez más generalizada, la escolaridad promedio de la población salvadoreña ronda los siete años y, específicamente en este contexto, persiste la incertidumbre y la ansiedad, es deber de las instituciones del Estado velar por la comunicación ética y responsable de información y datos estadísticos que den legitimidad técnica y social a las decisiones de agenda nacional.
Es cierto que atender la problemática vigente requiere implementar medidas inmediatas para mitigar los efectos negativos en la población (especialmente en los grupos más vulnerables), pero ello no es mutuamente excluyente de la toma de decisiones informada, que considere asesoría técnica multidisciplinaria y con la capacidad de operacionalizar, evaluar y retroalimentar la implementación de medidas coyunturales y de políticas públicas en general.
En el mediano plazo, también es menester que El Salvador tome las lecciones que se aprendan de esta experiencia para hacer frente a posibles choques internos y externos futuros. En un país donde menos del 30 por ciento de las personas trabajadoras y solo la sexta parte de la población adulta mayor cuenta con cobertura de seguridad social, es imprescindible colocar en la agenda pública la necesidad de contar con esquemas de protección social fortalecidos, articulados, debidamente financiados y acordes al ciclo de vida y a las transformaciones demográficas de nuestro país. En esta discusión, es requisito la generación y uso de la evidencia.
Finalmente, independientemente del contexto, es imperativo que organizaciones de la sociedad civil, centros de pensamiento, universidades e instituciones académicas, medios de comunicación y profesionales debidamente acreditados contribuyamos, desde nuestras áreas de trabajo, a informar oportunamente a la población, fomentar el debate para acercar el Estado a la ciudadanía y demandar el uso efectivo y ético de los datos para la toma de decisiones.
*Carlos Eduardo Argueta es licenciado en Economía y Máster en Estadística Aplicada a la Investigación, por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Es investigador de sistemas de pensiones, mercado laboral, migración y retorno, y opinión pública. Es coordinador de Estudios de Opinión Pública y coordinador del Programa de Estudios sobre Políticas Públicas de Fundaungo. Las opiniones son de su exclusiva responsabilidad.
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