Los informes de la comisionada Presidencial Carolina Recinos y del ministro de Salud Francisco Alabí son requeridos como parte de la investigación fiscal por negociaciones ilícitas en las compras durante la pandemia. Las autoridades también han pedido a España documentación sobre el empresario Francisco Javier Sánchez Brunete Herraiz, propietario de una empresa que le vendió insumos médicos por $12 millones al Ministerio de Salud.
Foto Archivo FACTUM/Cortesía
La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador solicitó al Ministerio de Justicia de España información de la comisionada Presidencial Carolina Recinos y del ministro de Salud Francisco Alabí, como parte de la investigación contra ambos por presuntas negociaciones ilícitas en las compras hechas en 2020, durante la emergencia por la Covid-19.
La Fiscalía salvadoreña también pidió documentos e informes del empresario español Francisco Javier Sánchez-Brunete Herraiz, administrador único de Javi Performance Parts SL, la empresa de venta de repuestos para autos a la que el Ministerio de Salud salvadoreño le compró insumos médicos por $12 millones.
La solicitud de información de Recinos, Alabí y Sánchez-Brunete a España es la primera novedad de la investigación fiscal por más de $155 millones en compras públicas de insumos médicos y alimentos durante la pandemia. El trámite de asistencia internacional pone en la escena de la investigación a la comisionada Recinos, quien mueve los hilos de varias decisiones del Ejecutivo, y quien llevó la batuta del gabinete ampliado de salud al inicio de la emergencia. Ella ha defendido las contrataciones realizadas, a pesar de 17 irregularidades que la prensa salvadoreña sacó a la luz.
La investigación de la Fiscalía incluye la compra de servicios de alimentación por $549,359.41 a la excuñada de la comisionada presidencial, Blanca Judith Meléndez Portillo, expareja de Herberth Orlando Recinos, gerente de Fondeo y Cooperación de Bandesal y hermano de Carolina Recinos.
Fuentes que participan en las investigaciones confirmaron que la comisionada presidencial es “persona de interés” y que, además de ella, la Fiscalía ha pedido información en el extranjero de otros funcionarios de Gobierno.
En noviembre de 2020, fiscales anticorrupción allanaron el Ministerio de Salud y otras dependencias del Ejecutivo en busca de información que pruebe compras a sobreprecios, incumplimiento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Pública (LACAP) o beneficios indebidos para allegados de funcionarios. El delito de negociaciones ilícitas, por el cual son investigados Recinos y Alabí, puede ser castigado con penas de cuatro a ocho años de prisión, e inhabilitación del cargo.
Las compras a Sánchez-Brunete
El Ministerio de Salud (Minsal) hizo siete compras a la sociedad española que vende repuestos para autos. El Gobierno le compró 1,500,0000 mascarillas, 150 mil gabachones médicos y 300 mil caretas a la empresa administrada por Sánchez-Brunete, según un informe fiscal que tomó insumos de una auditoría de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).
Javi Performance Parts, según la Adenda No. Uno 0000098, fue eximida de la presentación de seguros y fianzas, un requisito que es exigido a los proveedores como garantía. “Por ser un proveedor del extranjero, se realizaría pago anticipado y de manera ‘excepcional’ no se exigirá la presentación de garantía de buena inversión de anticipo”, dice el documento en poder de esta revista. La adenda fue firmada por el ministro Alabí.
Una investigación del periódico digital El Faro reveló una cadena de irregularidades en los siete contratos millonarios firmados por el ministro Alabí con la empresa española: desde sobreprecios, presiones para la adjudicación, hasta documentos alterados.
Salud le compró a la empresa de Sánchez Brunete con fondos provenientes de donaciones, a través del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID), que permite obviar los procedimientos de control establecidos en la LACAP. Esa modalidad de compra, según reveló en febrero pasado el Comité de Veeduría Ciudadana, fue ocupado por el Gobierno para saltarse rigurosos controles de fondos públicos para manejar $607.1 millones aprobados por la Asamblea Legislativa.
Francisco Javier Sánchez-Brunete Herraiz, según el Registro Mercantil español, siguió moviéndose en el mundo de los negocios tras venderle insumos al Gobierno salvadoreño. El 19 de agosto de 2020, fue nombrado como administrador solidario de PROMAUTO 2020 SL, una empresa de mantenimiento, venta y reparación de vehículos de motor y proveedora de repuestos.
Días después, el 9 de septiembre de 2020, registró la empresa JSB Medical Supplier 2020 SL, para el comercio, exportaciones e importaciones de aparatos electrónicos, productos sanitarios, mobiliario de oficina, entre otros. El mismo mes también inscribió la empresa Madrid Trading Comercio 2020 SL para hacer negocios de insumos médicos y otros productos.
Alabí en la mira
El Ministro de Salud, Francisco Alabí, espera el arranque de la aplicación de la Vacuna Covid a personal médico en la Unidad Médica Atlacatl en San Salvador, el 17 de febrero de 2021.
Foto FACTUM/ Salvador Meléndez
El ministro Alabí está en el epicentro de las averiguaciones. Información de fuentes fiscales revelada en noviembre de 2020 detalló que el Ministerio de Salud le negó a la CICIES el expediente de compra de botas de hule por $225,000 que esa institución hizo a la sociedad Autodo, que tiene como presidenta y representante legal a Celina Quiñónez, quien es la tía política del ministro de Salud y madre de sus primos hermanos José Ángel, Gonzalo y Violeta Montoya Quiñónez.
Ese no fue el único negocio con el que ganó la familia de Alabí. Un reporte de la Corte de Cuentas señaló que una casa propiedad de Ángel Montoya, primo del ministro, fue alquilada para funcionar como centro de contención, pero no fue utilizada. Sin embargo, el gobierno le pagó $12,000 por el arrendamiento. El ministro reconoció el parentesco con el contratista en la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investigó el manejo de la pandemia: “en efecto, Ángel Montoya tiene una relación familiar conmigo”, dijo ante diputados y periodistas.
El ministerio que dirige Alabí ha blindado información clave de la pandemia. Le puso candado, con una reserva de siete años, a la información estadística de las compras de medicamentos e insumos médicos, los datos del comportamiento de enfermedades crónicas e infecciosas, y de la carga laboral del personal médico.
Estados Unidos puso los ojos en las compras del Gobierno salvadoreño durante la pandemia. El Informe de Derechos Humanos en El Salvador en 2020 , publicado la semana pasada por el Departamento de Estado, destaca que la prensa salvadoreña, entre junio y agosto de 2020, reportó compras gubernamentales irregulares de alimentos, equipo de protección personal y otros suministros para combatir la pandemia por coronavirus.
Esas transacciones, según cita el reporte, incluyeron la compra de $12 millones en suministros médicos a Javi Performance Parts, una empresa que presentó sus informes financieros en España por última vez en 2012, y únicamente reportó 3 mil euros, la misma cantidad con la que fue inscrita.
*Con reportes de César Castro Fagoaga
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