Jorge Hernández, uno de los comunicadores más influyentes de El Salvador en la primera década de 2000, y quien controlaba los cinco noticieros con mayor audiencia del país, conspiró junto al expresidente Elías Antonio Saca, y un grupo cerrado de funcionarios, para lavar cerca de ocho millones de dólares desviados de las arcas del Estado, según una investigación de la Fiscalía General de la República.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
Jorge César Hernández Meléndez se pone de pie. Toma el micrófono y respira profundo. Está en el estrado, frente a la encargada del juzgado noveno de Paz. Hace uso de su derecho a la última palabra. Le cuesta hablar. A uno de los entrevistadores con más éxito en la televisión salvadoreña en los últimos años le cuesta hablar. Le tiembla la voz. Se queda sin aliento. Y finalmente llora.
Entre lágrimas y sollozos, Hernández intenta convencer a la jueza de que lo deje en libertad, que no lo mande a la cárcel por seis meses mientras la Fiscalía culmina la investigación en su contra: la forma en que Hernández, según el ministerio público, lavó más de 8 millones que salieron de Casa Presidencial, entonces manejada por Elías Antonio Saca, el expresidente que también está preso.
Hernández se sienta. No puede permanecer en pie. Agacha la cabeza y se escucha su llanto leve. Busca un vaso con agua y lo toma. Se pone de pie de nuevo. “Pido perdón si no se me comprenden algunas cosas, es que es la primera vez que tengo este tipo de experiencias”, explica para la jueza y se le escucha respirar fuerte en el micrófono.
–Durante este minuto y medio quiero decirle, su señoría, qué es lo que soy… yo soy un periodista que he trabajado para las principales empresas de comunicación del país, que tuve un sueño… después de llegar a lo más alto que se podía en cada una de las empresas… solo me quedaba un sueño, que era tener mis propias empresas, y eso es lo que he intentado hacer… ser un empresario, no un delincuente.
De poco servirían los sollozos.
Hernández, quien fuera el poderoso vicepresidente de noticieros de la Telecorporación Salvadoreña (TCS), está acusado de lavado de dinero dentro del esquema, según la Fiscalía, dirigido por el expresidente Saca.
La acusación formal de la Fiscalía detalla que, inicialmente, Marketing and Services S.A., una de las empresas de Hernández, recibió $4 millones 750 mil. El único autorizado para manejar la cuenta de esta empresa es Hernández. De ese monto, la Fiscalía tiene como prueba cheques que fueron emitidos directamente desde una cuenta alimentada con fondos de Casa Presidencial (Capres) hacia la empresa. Sin embargo, el monto podría aumentar ya que dos empresas más, RM S.A. de C.V. y Unicentro S.A. de C.V. (una de papel y la otra también propiedad de Hernández) recibieron fondos por $3 millones de las cuentas alimentadas con fondos públicos y luego hicieron depósitos a Marketing and Services, por lo que la Fiscalía considera que todo fue parte de un mismo plan.
Un plan que, según el relato de la testigo clave “Olimpo”, que también ha sido incluido en el proceso, fue una “asesoría” de Irving Pavel Tóchez, quien fue presidente de la Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL) durante la administración Saca y además presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) durante la administración del expresidente Mauricio Funes.
De hecho, el apellido Tóchez se repite muchas veces a lo largo de esta investigación. Irving Tóchez fue fundador de la sociedad Tóchez Fernández Limitada, quien se encargó de auditar las empresas de Saca durante su administración 2004-2009. Y dos de las cinco empresas de papel a las que Hernández, según la Fiscalía, transfirió dinero del Estado fueron fundadas ante los oficios notariales de Rosalío Tóchez, expresidente del Corte de Cuentas y tío de Irving Tóchez. En las cinco, uno de los dos titulares siempre fue Laabin Nimrod Tóchez Maravilla, otro sobrino de Rosalío Tóchez.
¿De dónde salió la cifra de $8.1 millones? Esa cifra resulta de sumar los $4.7 millones transferidos desde cuentas alimentadas con fondos de Capres hacia Marketing and Services S.A., los $3 millones transferidos a RM S.A. y Unicentro S.A., más una transferencia de $421 mil,200 realizada por RM S.A. a Marketing and Services S.A. Sin embargo, esa cifra podría resultar repetitiva ya que es parte del mismo dinero que ya había sido depositado a la primera empresa.
El expresentador de televisión fue capturado, junto a su contador, Esteban Cañas Calderón, el pasado 3 de noviembre.
Jorge Hernández junto a Esteban Cañas Calderon, su contador, ambos capturados el pasado 3 de noviembre de 2017, acusados por el delito de Lavado de Dinero y Activos, esperan en la sala de Audiencias 4-A en el Centro Judicial Isidro Menéndez. El Juzgado 9o de Paz de San Salvador, inició la Audiencia el 7 de noviembre. Foto FACTUM/Salvador MELENDEZ
Hernández llegó a ser, al menos durante la primera década de los años 2000, la cara editorial de TCS, la cadena de televisión más influyente de El Salvador. El expresentador ocupó puestos claves en la empresa de comunicaciones y desde ahí dirigió los cinco noticieros con más audiencia en el país. Al mismo tiempo, según la Fiscalía, ayudaba a lavar dinero proveniente de las arcas del Estado al presidente de turno.
En septiembre del 2012, Hernández abandonó la Telecorporación Salvadoreña en medio de una serie de rumores que sugerían una traición de parte del expresentador hacia la empresa. Su argumento, sin embargo, fue que quería dedicarse a sus propios negocios y, probablemente, a la política.
La de Hernández es la tercera fase de una investigación fiscal que, desde octubre del año pasado, mantiene en prisión al expresidente, a su secretario privado, Élmer Charlaix, su secretario de Comunicaciones, Julio Rank, y a dos empleados administrativos más de su mandato durante los años 2004-2009, entre otros.
De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía General de la República, Elías Antonio Saca, mejor conocido como Tony Saca, es el principal instigador de una red de corrupción dentro del primer órgano del Estado que desvió $246.2 millones del erario público.
Para la investigación en contra de Hernández, la Fiscalía separó cinco cuentas a nombre de Francisco Rodríguez Arteaga, entonces jefe la unidad financiera de Capres -detenido y procesado-, que sirvieron para alimentar Marketing and Services S.A. de C.V. y otras dos empresas que sirvieron para triangular fondos hacia el expresentador de televisión.
La Fiscalía sostiene que la máquina de lavar dinero de Hernández funcionó así: En un primer momento trasladó a Marketing and Services S.A. $4 millones 750 mil provenientes de cuentas de Rodríguez Arteaga, que a su vez eran alimentadas con fondos de Capres. Su otra empresa, RM S.A., recibió $2.7 millones también de las cuentas de Rodríguez Arteaga, de los cuales trasladó $421,200 a Marketing and Services S.A., aumentando así el monto de $4.7 millones a $5.1 millones. Además, la sociedad Unicentro S.A., también propiedad de Hernández, transfirió $225 mil, también provenientes de Capres, lo que haría un monto total de $5.4 millones.
Entre el 26 de julio de 2006 y el 22 de abril de 2008, Rodríguez Arteaga giró, desde su propia cuenta alimentada con fondos del Estado, 224 cheques a favor de Marketing and Services S.A. de C.V. Juntos, todos estos cheques hacen un total de $4 millones 750 mil dólares. De igual forma, esta empresa recibió $225,000 de la sociedad Unicentro S.A. de C.V., que también fue alimentada con fondos del Estados.
La investigación determinó, a través de informes bancarios, que Rodríguez Arteaga extraía hasta $750 mil en un mismo día, distribuidos en varios cheques, que iban a parar a la cuenta de la empresa de Hernández. Para disimular las huellas del dinero, Rodríguez Arteaga pedía “Cheques de Gerencia”, un servicio ofrecido por los bancos que permite no revelar el nombre del dueño de la cuenta de donde salen los fondos en realidad. Este servicio, en teoría, es una forma de garantía, para quien recibe un cheque, de que los fondos están asegurados.
Por ejemplo, el 17 de enero de 2007 Rodríguez Arteaga pidió al Banco Cuscatlán que, de su cuenta número 018-301-00-003070-7, se extrajeran $750 mil distribuidos en 20 cheques, todos a nombre de Marketing And Services Centroamérica S.A. de C.V. Los montos de los cheques oscilaban entre los $12,051.11 hasta los $65,789.00.
La teoría fiscal asegura que estos cheques fueron entregados en físico a Jorge Hernández ya que los reportes bancarios detallan que fue él mismo quien depositó la mayoría de cheques a la cuenta de su empresa. Otras personas que aparecen depositando estos cheques son Mario Turcios, Leonel Martínez Rojas y otras personas de quienes la Fiscalía no ha brindado detalles.
La forma de depositar los cheques era pausada, esto con el propósito de levantar menos sospechas, según la Fiscalía. Los 20 cheques emitidos el 17 de enero del 2007 Hernández los depositó en las cuentas de su empresa en tres días, entre el 19 y el 22 del mismo mes, según la investigación.
De los $5.4 millones que en total llegaron a las cuentas de Marketing and Services S.A., provenientes de fondos públicos, esta los repartió hacia diez destinos diferentes: ocho empresas, la cuenta personal de Jorge Hernández y otros a quienes la Fiscalía no ha identificado.
La empresas a las que se repartió el dinero proveniente de Capres son: Garantía en Dirección Empresarial (GDE S.A. de C.V.), Oficina Salvadoreña de Servicios Administrativos (OSAD S.A. de C.V.), Group Corporation S.A. de C.V. ; Investment Group (Ingroup S.A de C.V); RM S.A. de C.V.; Unicentro S.A. de C.V.; Grupo Samix S.A. de C.V. y Promotora de Comunicaciones S.A. de C.V. Estas dos últimas, propiedad del expresidente Saca.
La investigación de la Fiscalía sugiere que Hernández recibió dinero público de una red liderada por el expresidente Saca, y que parte de ese dinero, después de pasar por empresas del expresentador, terminó en empresas del expresidente.
Los montos repartidos a cada empresa son: $773,500 a GDE S.A. de C.V.; $617,500 a OSAD S.A. de C.V.; $611,000 a Group Corporation S.A. de C.V.; $827,000 a Ingroup S.A. de C.V.; $421,200 a RM S.A. de C.V.; $651,000 a Unicentro S.A. de C.V.; $162,000 a Grupo Samix S.A. de C.V.; y $1 millón 62 mil a Promotora de Comunicaciones S.A. de C.V. Además, de las cuentas de Marketing and Services salieron $724,120 que serían parte de un 16% que, según la FGR, Hernández se quedaba de cada transacción como parte de sus beneficios.
Esquema de desvío de los recursos públicos que involucra, según la FGR, al expresidente Saca, sus exfuncionarios y uno de los más influyentes comunicadores de El Salvador: Jorge Hernández. Foto FACTUM/cortesía FGR.
La máquina de lavar dinero
Este desfalco al Estado salvadoreño es el más grande registrado en la historia reciente; incluso supera a los más de $15 millones que, según la Fiscalía, desvió el ya fallecido expresidente Francisco Flores Pérez, predecesor de Saca, también del partido ARENA. Ninguno de los dos millonarios desvíos fue detectado por las entidades encargadas de regular el uso de los fondos públicos. En el caso de Saca, según los fiscales, el camino estaba libre de alarmas gracias a que, el mismo día que llegó al poder, el exmandatario aprobó un reglamento que le permitía hacer uso discrecional de los fondos sin tener que dar explicaciones.
Para realizar este millonario desvío, la red del expresidente Saca diluyó el dinero a través de pequeños depósitos (a veces de cientos de miles de dólares) a cuentas de personas particulares o de empresas privadas, algunas de estas propiedades del mismo Saca o de sus allegados. Buena parte del dinero también fue cambiado en efectivo para borrar el rastro que solo puede ser detectado a través de transferencias bancarias.
En la primera parte de la investigación, la Fiscalía dejó ver en grandes trazos la manera en que se desviaron los fondos de Capres, donde los principales involucrados eran Saca, Charlaix, Rank y dos administrativos. En la segunda etapa detalló cómo el dinero fue a parar al grupo radial Samix; y en esta tercera fase sale a la luz los detalles de cómo se lavaron $7.7 millones a través de Marketing and Services, una empresa propiedad de Jorge Hernández. El expresentador, sin embargo, es solo uno de muchas personas involucradas.
Un equipo de diez fiscales de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), liderado por Mario Huezo, ha seguido la pista de los $246.2 millones desviados desde Capres durante la administración Saca. Los fiscales aseguran que la extracción del dinero estaba planeada desde el primer día de su mandato, cuando el expresidente aprobó un reglamento que le permitiría gastar indiscriminadamente el dinero de Casa Presidencial sin tener que dar explicaciones a la Corte de Cuentas de la República.
El artículo 11 de dicho reglamento especial establecía que los documentos de respaldo de los gastos “destinados a Inteligencia” podían ser “sustituidos por un certificado de cumplimiento”. La presidencia, según la Fiscalía, elaboró recibos simples en páginas de papel bond con montos totales de los gastos y así obtuvo el visto bueno de la Corte de Cuentas.
La Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado (AFI) establece la forma en que deben administrarse las cuentas bancarias donde es depositado el dinero a cada institución. Según el reglamento de dicha ley, la Presidencia de la República debe tener una cuenta principal de la cual deben fluir fondos hacia otras dos: una para pagos de salarios y otra para pago de bienes y servicios.
Cuando el expresidente Saca llegó al poder, la cuenta a la que eran depositados los fondos públicos era la N° 590-055722-2 “Cuenta Subsidiaria Institucional del Tesoro Público, Presidencia de la República”, abierta en el Banco Agrícola, la cual fue cerrada pocos meses después. Sin embargo, el 07 de julio de 2004 se abrió otra cuenta con el mismo nombre, esta vez en el Banco Citibank El Salvador, S. A., ahora Banco Cuscatlán de El Salvador, S. A. El número de la cuenta era 018-301-000023877. De esta cuenta, según la Fiscalía fueron desviados los más de $240 millones sin levantar ninguna alerta.
Esta cuenta madre era administrada por tres personas, quienes tenían firma acreditada para girar cheques. El banco exigía la firma de al menos dos de estas personas para poder extraer dinero de la cuenta. Dos de esas tres personas fueron capturadas junto al expresidente Saca por este caso: Francisco Rodríguez Arteaga, entonces jefe de la Unidad Financiera Institucional (UFI) de Casa Presidencial; y Jorge Alberto Herrera Castellanos, el Tesorero Institucional. De la tercera persona con firma autorizada no se había dicho nada hasta el momento. Este es Luis Mario Rodríguez Rodríguez, el entonces Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República y actual Director de Estudios Políticos de Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), uno de los principales tanques de pensamiento de la derecha del país.
En el requerimiento de la segunda fase de la investigación, la fiscalía sostiene “las personas que tenían firmas autorizadas para manejar ambas cuentas eran tres, pero los dos que intervinieron en los hechos son Herrera Castellanos y Rodríguez Arteaga”. El nombre de Luis Mario Rodríguez no había sido mencionado sino hasta este último requerimiento contra el expresentador Jorge Hernández. En este documento el nombre del directivo de FUSADES aparece una vez, en un cuadro donde están las firmas autorizadas de la cuenta madre.
En lugar de crear dos cuentas, para salarios y servicios, la administración Saca desvió el dinero a doce cuentas corrientes: diez a nombre de Rodríguez Arteaga y dos a nombre de Pablo Gómez, el contador privado de la Presidencia.
De estas cuentas, el dinero fue distribuido a al menos 266 destinatarios, entre los que se encuentran personas naturales, empresas e incluso al partido ARENA. Una de esas empresas es Marketing and Services S.A. de C.V., propiedad de Jorge Hernández.
Un agente de Fuerzas Especiales custodia a Jorge Hernández y a Esteban Cañas Calderon, ambos capturados el pasado 3 de noviembre de 2017, acusados por el delito de Lavado de Dinero y Activos, conversan en la sala de Audiencias 4-A en el Centro Judicial Isidro Menéndez.
Foto FACTUM/Salvador MELENDEZ
“Yo no soy político, no tengo nada que ver”
La jueza lo mira desde su enorme asiento, la espalda echada hacia atrás y la mano sosteniendo la quijada. Al lado de Hernández, su abogado, presto a alcanzarle el vaso con agua.
–Yo quiero decirle aquí… con toda dignidad… que yo, delincuente, nunca he sido. Nunca he participado en ninguna actividad ilícita. No tengo ningún antecedente penal. Nunca…
Hernández ha sido demandado en dos ocasiones por presuntamente apropiarse de cuotas laborales de empleados de sus medios de comunicación Diario La Página y Órbita TV.
–Quiero decirle que soy inocente, que nunca he conocido al señor Rodríguez Arteaga, no sé quién es. Yo nunca me he reunido con él. Creo que los políticos deben responder por sus actos, pero yo no soy político, no tengo nada que ver. Soy un salvadoreño más.
Después de escucharle, la jueza decidió que Hernández y su contador fueran enviados a prisión preventiva.
Opina