El ministro de Salud opera una clínica sin permiso para funcionar

Francisco Alabí atiende en una clínica de reducción de peso que no cuenta con la licencia de funcionamiento que emite el Consejo Superior de Salud Pública. El ministro fundó su empresa en octubre de 2020, junto a una amiga que ganó dos contratos del Ministerio de Salud para administrar las redes sociales del Hospital Saldaña.

FOTO FACTUM/Salvador Meléndez


La clínica privada de reducción de peso del ministro de Salud de El Salvador, Francisco José Alabí Montoya, no está registrada en el Consejo Superior de Salud Pública (CSSP), la institución que da las licencias de funcionamiento tras verificar el cumplimiento de requisitos técnicos, sanitarios y de bioseguridad de quienes brindan servicios médicos. El consejo autoriza a las clínicas que cumplen las condiciones indispensables para garantizar la conservación de materiales, insumos y medicamentos. 

Para una clínica médica o consultorio, no tener autorización del Consejo de Salud Pública equivale a que un restaurante no cuente con el permiso sanitario del Ministerio de Salud para la preparación y venta de alimentos; o a que una persona con licencia particular conduzca un camión sin tener licencia pesada. 

Bariatric Center y Clínicas Curen son los dos nombres con los que se publicita la clínica del ministro Alabí ubicada en la 79 avenida norte, #422, en la colonia Escalón, San Salvador. Ese lugar,  donde el funcionario y cinco profesionales más ofrecen sus servicios, no está registrado en la base de datos actualizada de establecimientos de salud autorizados por el Consejo, un registro público que tiene su base en el literal “e”  del artículo 14 del Código de Salud.

El ministro de salud constituyó Bariatric Center S.A. de C.V. el 23 de octubre de 2020,  en medio de una pandemia que saturó los hospitales públicos. La registró en el domicilio en la 79 avenida norte, donde ahora da las consultas con un rótulo de Curen . Según datos del Registro de Comercio, él es el administrador único propietario y representante legal de esa sociedad. Su amiga, y además contratista del Ministerio de Salud, Karen Marielos Rivas Landaverde, es su socia. El ministro no sólo emprendió en plena pandemia por coronavirus, sino que lo hizo con alguien que obtuvo dos contratos en la institución que él dirige.

Antes de que Alabí registrara su empresa, entre 2018 y el 25 de noviembre de 2020, la clínica Curen estaba ubicada dos cuadras arriba del lugar donde está hoy, siempre en la 79 avenida norte, pero en el número 615  de la colonia Escalón. Esa dirección aún permanece detallada en la página de Facebook de Curen. Los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2020, un mes después que el ministro fundara Bariatric Center, Curen avisó a sus usuarios que regresaban renovados tras el cierre por la pandemia.

“Nos trasladamos para poder atenderte de la mejor manera”, dice un mensaje colocado en las redes sociales de la clínica. La dirección publicitada corresponde a Bariatric, la clínica de Alabí. 

Radiología, nutrición, urología y cirugía laparoscópica son los servicios médicos que brinda la clínica que atiende únicamente bajo la modalidad de citas. En las instalaciones también funciona un laboratorio clínico. Por las distintas especialidades que posee, características y servicios que brinda, el establecimiento debería tener una licencia de funcionamiento como clínica médica. Sin embargo, no está en las 42 categorías de tipos de establecimientos de salud que registra el Consejo.  Los consultorios que sí están autorizados suelen colocar esa licencia de funcionamiento, que tiene un número correlativo, en la recepción de los establecimientos.

Para cumplir con todos los requisitos legales, una clínica de especialidades debe tener médicos y licenciados en laboratorio clínico o nutrición autorizados por su junta de vigilancia respectiva.  El propietario o representante legal debe gestionar con el Consejo Superior de Salud el permiso para funcionar como conglomerado de especialistas. El CSSP da esa autorización tras una inspección en las instalaciones.  Revisa el portafolio de servicios de las clínicas, sus horarios de atención, áreas de recepción, servicios sanitarios, iluminación, ventilación, manejo de desechos bioinfecciosos y área de limpieza.  El ministro Alabí no cuenta con esa licencia.

En Curen cada médico factura de manera individual. La factura de Alabí detalla su número en la  junta de vigilancia y tiene una dirección en Santa Tecla con el nombre de una residencial que en el mapa se ubica en Lourdes, Colón. 

El Consejo Superior de Salud Pública está integrado por siete juntas de vigilancia de los gremios de profesionales de salud: médica, odontológica, enfermería, laboratorio clínico, psicología, químico farmacéutica y medicina veterinaria.  Su misión central, según el artículo 68 de la Constitución, es velar por la salud del pueblo.

El Código de Salud, que es como la biblia para los médicos y dicta todas las reglas, establece en el literal “d” del artículo 14 que es competencia del Consejo el registro de los establecimientos de salud, su cancelación y cierre por causas legales. Las autorizaciones tienen una vigencia de tres años. Ese procedimiento es avalado luego de cumplir los requisitos técnicos administrativos según el tipo de lugar donde se brindan servicios. En El Salvador están inscritos 4,818 establecimientos de salud, de los cuales 2,020 funcionan en San Salvador, según el registro público actualizado.

Los datos del propietario o la sociedad, croquis de ubicación y de distribución del establecimiento también son solicitados para el registro. Los costos de trámite de apertura son de $114.29 en concepto de derechos de inscripción inicial. Después se paga un segundo arancel de licencia y anualidad que puede tener un precio entre  $34.28 y $171.43, costo que puede ser distinto dependiendo del tipo de establecimiento a abrir. La inspección con la que se completa el trámite es efectuada por el Consejo en un plazo máximo de 15 días hábiles luego de ser aceptado el formulario de solicitud de apertura de establecimientos de salud.

Revista Factum buscó a tres doctores para que comentaran qué significa que el funcionario que dirige el sistema público de salud tenga que una clínica privada que opera sin licencia, pero los tres declinaron opinar del tema por temor a represalias. También se buscó al presidente del Consejo Superior de Salud Pública, Daniel Quinteros, para preguntarle sobre el tema, pero no atendió las llamadas ni los mensajes a su teléfono celular.

Tres parejas bailan en medio de la pista de una boda que se celebra en un hotel de San Salvador. Es 15 de febrero de 2020, no hay distancia física porque en El Salvador aún no se reporta ningún caso de coronavirus. Los bailarines se juntan para hacerse una selfi. La novia, la modelo Vanessa Herrera conocida en el mundo de la farándula como “Baby Pikachu”, y el novio, el famoso cirujano plástico Rolando Aguirre, se abrazan y sonríen. La otra pareja, el ministro de Salud Francisco Alabí y su amiga Karen Marielos Rivas Landaverde, también se acerca para salir en el ángulo. 

Finalmente, el doctor Hervin Recinos, asesor de despacho del Ministerio de Salud, presiona su teléfono celular e inmortaliza el recuerdo que luego compartirá en Instagram. “La boda del año. Que el amor dure por siempre”, se lee en la publicación. 

Un mes antes de esa fiesta,  el Ministerio de Salud le adjudicó un contrato a la licenciada en Mercadeo Karen Marielos Rivas Landaverde, la amiga del ministro Alabí y su socia en  Bariatric Center. El contrato fue por un monto de $5,400 para llevar el manejo de las plataformas digitales del Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar Saldaña «Dr. José Antonio Saldaña”, en Los Planes de Renderos. 

El ministro Alabí y Rivas han trabajado de cerca en los últimos dos años. En julio de 2020, Rivas Landaverde ganó un segundo contrato en el Hospital Saldaña por la misma cantidad $5,400  y sumó a su cuenta $10,800 para levantar la imagen del hospital público que a inicios de la pandemia fue conocido por ser el primer centro de contagio, debido a que las personas con Covid-19 compartieron habitaciones junto a pacientes que no tenían el virus. 

El ministro de Salud Francisco Alabí junto a Karen Rivas Landaverde, contratista del Ministerio de Salud. FOTO FACTUM/Cortesía

Los dos contratos número 90/2020 y  234/2020 fueron firmados bajo la modalidad libre gestión y contratación directa respectivamente, y tuvieron una vigencia de tres meses cada uno. La libre gestión es una forma de contratación que permite un procedimiento simplificado de selección y contratación sin comparar ofertas para obtener un mejor precio. 

El primer contrato, adjudicado el 10 de enero de 2020, a favor de la amiga del ministro de Salud fue avalado por la entonces directora del Hospital Saldaña la doctora Carmen Guadalupe Melara de García. El pago fue dividido en tres desembolsos mensuales de $1,800 cada uno. El día del baile en el lujoso hotel, Karen Rivas ya recibía una remuneración de la cartera de Salud dirigida por Alabí. 

El segundo contrato otorgado a Rivas, bajo la modalidad de contratación directa sin ningún concurso público que permitiera obtener mejores precios y ofertas, fue otorgado a la amiga del ministro el 20 de julio de 2020, cuando el Hospital Saldaña era señalado por negarle la información a los familiares de los pacientes contagiados de coronavirus.

Las contrataciones tenían como tarea central publicitar el hospital cuestionado por decenas de viajeros. Las tareas eran “realizar a través del contratista el manejo y gestión de medios y movimientos digitales, así como también la realización de Community Manager para el manejo de cada Red Social y Plataformas digitales. Los servicios de manejo de publicidad de plataformas digitales, tienen como objetivo promover y divulgar las buenas acciones que el Hospital a través de su Dirección realiza”, según la cuarta cláusula del contrato. 

El manejo de las redes sociales Twitter e Instagram y página web, diseño ilimitado de piezas, desarrollo de un manual de marca y conceptualización del contenido también eran otras de las tareas asignadas para la contratista, la amiga del ministro Alabí. 

La elaboración de herramientas que permitieran un “filtro de groserías, manejo efectivo de crisis en redes, elaboración de microcápsulas de videos para redes sociales, lives, GIF e historias en plataformas digitales”  también fueron los materiales solicitados de parte del único hospital nacional especializado en tratamientos de enfermedades respiratorias, y que tiene a su cargo la cobertura de los habitantes de los municipios de la zona sur de San Salvador.  

De esas tareas, Karen Rivas solo cumplió una: la creación y alimentación de la página de Facebook del Saldaña. Un barrido digital realizado por esta revista revela que  la amiga del ministro no cumplió con lo pactado, el Saldaña no tiene redes sociales en  Instagram, Twitter, ni tampoco sitio web. 

Únicamente está disponible una página de Facebook donde en los períodos estipulados en la contratación fueron compartidas 95 publicaciones propias. La mayoría de materiales disponibles son republicaciones del Ministerio de Salud. 

El precio de los servicios profesionales brindados por la amiga del ministro de Salud son más altos de los precios promedio del mercado, pues según cotizaciones de publicaciones diarias, en empresas de marketing digital, combinando fotografía y diseño, interacción con usuarios, manejo de línea gráfica de redes sociales y reporte de visitas cuestan $550 mensuales. 

Karen Rivas recibió su último pago del Ministerio de Salud en septiembre de 2020.  En ese mes registró su empresa de publicidad: Creativo S. A. de C.V. con la dirección en el pasaje Basilea, casa 8, Urbanización Condominio residencial Bosques de Suiza, Santa Tecla. Y un mes después fundó la empresa Bariatric Center con su amigo el ministro de Salud.

Fachada de la clínica donde atiende el ministro de Salud, la cual no cuenta con la autorización de funcionamiento del CSSP. FOTO FACTUM/Gerson Nájera

Alabí se hizo empresario en octubre de 2020, cuando el número de casos de coronavirus sobrepasaba los 32,000 confirmados.  La sociedad anónima con la que junto a su amiga se estrenó como empresario, según la información detallada en el Registro de Comercio, administra clínicas que prestan servicios médicos por medio de profesionales especializados y autorizados.

Bariatric Center fue inscrita como empresa el 23 de octubre de 2020 en un proceso cuyos trámites fueron completados por el Centro Nacional de Registros en una semana. La empresa recibió el aval para ser constituida tres días después del inicio del trámite. 

Esta revista trató de hablar con el ministro sobre los detalles de su empresa:  ¿A qué horas ejerce en el sector privado?, ¿tiene tiempo para hacerlo aunque su trabajo como ministro de Salud sea demandante?, ¿no le parece que tiene un conflicto de interés al ejercer en lo privado y ser el encargado de promover las políticas públicas de salud?, ¿vende servicios de salud a Bienestar Magisterial o Seguro Social?. Esas y otras preguntas fueron enviadas al correo electrónico del ministro y también se intentó contactarlo vía telefónica.  Sin embargo, hasta el cierre de esta publicación no se tienen respuestas del funcionario.

Karen Rivas, amiga y socia de Alabí y contratista de Salud, tampoco ha respondido respecto a la sociedad. Se le buscó en la dirección de su empresa en la residencial Bosques de Suiza en Santa Tecla, pero la propietaria de la vivienda informó que dejó de vivir allí en noviembre del año pasado, un mes después de registrar su empresa en esa dirección. “Seguido vienen a buscarla y a dejar correspondencia, pero siempre les digo que ya no vive aquí”, dijo una persona en esa vivienda. 

Hasta este momento no se ha podido constatar si alguna de esas empresas han sido contratadas para brindar servicios al gobierno, pues los ministerios no han compartido en el Portal de Transparencia los detalles de las contrataciones públicas  hechas en 2021.

Lo público y lo privado

Francisco Alabí es uno de los funcionarios más promovidos por el presidente Nayib Bukele. Se especializó en cirugía general y laparoscópica, una técnica menos invasiva y que utiliza pequeñas incisiones, en 2016 en el Hospital Nacional Zacamil, que tiene a su cargo la atención de la población de la zona norte de San Salvador.  Después obtuvo una nueva especialización en cirugía para la obesidad y enfermedades metabólicas en el Hospital General de Tláhuac, en Ciudad de México en 2018. 

Paralelo al ejercicio de sus funciones administrativas al frente de la institución que rige las políticas de salud en El Salvador, el doctor Alabí también tiene tiempo para operar en seis hospitales privados. El funcionario atiende a sus pacientes a partir de las 4:00 de la tarde.  Su especialidad bariátrica está en auge en El Salvador, por problemas de obesidad o por estética. Balón gástrico, bypass gástrico y la manga gástrica son las tres operaciones de reducción del estómago que ofrece el funcionario, junto a un equipo de profesionales. Las tarifas que cobra por esos procedimientos médicos oscilan entre los $6,000 y $12,000. 

El abogado José Marinero, especialista en derecho administrativo, señala que  existe una incompatibilidad entre la práctica médica privada de Alabí con la función pública a la que le está siendo “desleal” en medio de una pandemia. 

La Ley de Ética Gubernamental, que se aplica a todos los servidores públicos permanentes o temporales, remunerados o ad-honorem, es clara en el artículo 6 y literal G al recalcar que los funcionarios tienen prohibido “aceptar o mantener un empleo, relaciones contractuales o responsabilidades en el sector privado, que menoscaben la imparcialidad o provoquen un conflicto de interés en el desempeño de su función pública”. 

“Me cuesta creer que un ministro que tiene la atribución de implementar y darle seguimiento a las políticas de salud, y además lo está haciendo en un contexto de crisis sanitaria global, tenga tiempo para dedicarle a su práctica privada. Eso quiere decir que el ministro o ya resolvió todos los problemas de salud del país, acabó el combate contra la pandemia, y es tan eficiente que ya terminó todos los encargos y ya tiene tiempo para dedicarse a la práctica privada”, comentó Marinero a Revista Factum. 

«Lo público es mejor que lo privado 🇸🇻💪”, escribió el ministro de Salud  en su cuenta de Instagram el 15 de mayo de 2021. Acompañó su pensamiento con una fotografía de una cirugía de cáncer de páncreas en un hospital público. Una contradicción para un funcionario que en medio de una crisis sanitaria fundó una empresa para brindar servicios privados y que, además, atiende en una clínica que no cuenta con los permisos de rigor.

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