“Los periodistas en la Asamblea Legislativa somos vigilados al interior del recinto por agentes de la PNC”, tuiteó el 21 de julio la colega Saraí Alas, quien cubre esa fuente legislativa, en una expresión de hartazgo por el excesivo control de movimientos y vigilancia que ejercen agentes policiales sobre los periodistas de medios no oficialistas adentro del recinto legislativo.
La libertad de movimiento y la confianza de los periodistas para hacer su trabajo con total libertad ya no es la misma desde el pasado 1 de mayo cuando tomó posesión la nueva Asamblea, dominada por Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele. “Los policías se mueven donde nos movemos y hasta nos toman fotografías”, agregó Alas en su tuit. La institucionalización de esta práctica es peligrosa porque puede constituir otra forma de censura suave o provocar la autocensura en los periodistas que cubren esa fuente, que al final terminará afectando al derecho a la información de los ciudadanos.
El nuevo trato hacia los periodistas que cubren la fuente legislativa quedó en evidencia el pasado 1 de junio. La prensa no oficial fue encerrada en un corralito después del discurso del presidente Nayib Bukele, cuando él llegó por su segundo año de gobierno, para evitar que entrevistaran a otras fuentes independientes que habían llegado a la ceremonia, entre ellas, diplomáticos y políticos opositores; y también para evitar que las voces disidentes criticaran el relato que había llegado a imponer esa noche el presidente.
Sin embargo, en ese mismo evento hubo movilidad libre, sin ninguna restricción para los medios gubernamentales, youtubers y operadores de otras plataformas digitales de divulgación de contenidos propagandísticos afines al ‘bukelismo’. Ese día quedó marcado el nuevo trato para la prensa “incómoda” en la llamada Casa del Pueblo. Ese trato discriminatorio y excluyente contra los periodistas que no repiten el discurso oficial continúa hasta hoy. Saraí Alas cerró su tuit diciendo que “Periodismo libre e independiente no existe desde el pasado 1 de mayo en el primer Órgano de Estado”. Y así es: para la prensa, en general, muchas cosas siguen cambiando.
El Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registra 167 denuncias de vulneraciones a la prensa en lo que va de 2021, de las cuales, en primer lugar están las restricciones al ejercicio periodístico, como las que se realizan en la Asamblea Legislativa. Le siguen los bloqueos al acceso a la información pública. Y en tercer lugar está el acoso digital hacia quienes emiten opinión crítica o publican investigaciones que señalan errores cometidos por el gobierno actual. Las libertades de prensa y de expresión están en crisis en El Salvador, mientras el periodismo independiente es estigmatizado desde el gobierno.
Otras formas de restringir la labor de la prensa son las conferencias limitadas a tres preguntas, donde se establece que el funcionario solo responderá preguntas del tema del que ellos quieren hablar, y donde las preguntas, generalmente, son asignadas a aquellos medios cercanos o afines al oficialismo. También hay otras maneras más burdas, como tratar de impedir a cachetada limpia la cobertura periodística de un crimen, como le ocurrió al reportero Jorge Beltrán Luna, quien fue atacado por un oficial de la PNC en Apopa.
Para vigilar y controlar a algunos periodistas considerados como sus opositores, este gobierno está utilizando mecanismos usados durante los años de la pasada guerra civil. Hay cinco periodistas que han denunciado seguimientos y vigilancia; y en uno de los casos se habrían utilizado drones en sus zonas de residencia. Eso es muy peligroso, pues se están utilizando instituciones y recursos de esas instituciones para vigilar o dar seguimiento a periodistas, como ya lo confirmó el ministro de seguridad Gustavo Villatoro.
Así como ya se hizo en el pasado, no sería extraño que estén utilizando al Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) para vigilar a representantes de organizaciones sociales, entre ellos periodistas y defensores de derechos humanos. Ya el presidente dio indicios de ello el pasado 1 de junio, cuando declaró que daría el quinto paso de su estrategia de gobierno, que era comenzar a desmontar “el aparato ideológico”, en el que incluyó a los medios de comunicación críticos.
Dos periodistas extranjeros fueron las víctimas más recientes de los caprichos del presidente. Entre ellos está el caso del mexicano Daniel Lizárraga, quien a pesar de ser un periodista latinoamericano muy reconocido, vio cómo el gobierno argumentó que no pudo demostrar su profesión y decidió expulsarlo. Cuando fue expulsado del país, Lizárraga daba los toques finales a la investigación de El Faro donde se revelan las fortunas del clan Bukele y sus amigos. El segundo periodista afectado fue el estadounidense Román Olivier Gressier, cuyo permiso de trabajo fue denegado por no encontrarse en el país en el momento de la resolución. Ambos periodistas laboraban para uno de los llamados “medios incómodos” que son atacados con frecuencia por el presidente y su séquito de funcionarios. Ambas decisiones son burdas y tienen el propósito de obstruir al buen periodismo, el de investigación, el que incomoda al poder.
Este año se ha cerrado más el grifo del flujo de las libertades de prensa y de expresión. El retroceso en las garantías de estas libertades afectó a medios de comunicación y periodistas en particular. Desde la presidencia se continúa deslegitimando al papel de la prensa como institución garante de la democracia, mientras los batallones de ‘bukelistas’ y troles atacan a través de espacios digitales a quienes no repiten la propaganda gubernamental. La cereza en el pastel fue el reciente cierre del programa de entrevistas República, de Canal 33. Esto ocurre a tres meses después de la salida de ese mismo canal del programa Focos. El argumento ha sido el mismo: reacomodo en la parrilla de programación. Sin embargo, con la salida de ese canal de ambos programas se cierra la oportunidad para que la ciudadanía tenga acceso a informarse de manera independiente y con la profesionalidad que caracterizaba ambos programas.
Por el contrario, el aparato de propaganda oficialista se va fortaleciendo. El gobierno de Bukele tiene a su disposición a Diario El Salvador, Canal 10, Televisión Legislativa, Radio El Salvador, Radio Legislativa y Cadena Cuscatlán como medio de propiedad estatal y conducción gubernamental. A ellos se suman diversas cadenas de medios privados que son controladas por el Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab). Se trata de Grupo Órbita y Grupo Sámix. En total, suman una docena de medios que funcionan como cajas de resonancia a la propaganda gubernamental. La clave para ellos, parece ser, es fortalecer la narrativa única de la propaganda gubernamental e ir obstruyendo y apartando del camino al periodismo crítico.
Así están las cosas en el Día del Periodista para El Salvador, un día en el que no tenemos que celebrar más que la resistencia de aquellos que aún en condiciones difíciles de permanente acoso, cierre de las fuentes de información, retrocesos en el acceso a datos, vigilancia y estigmatizaciones, siguen haciendo su trabajo con responsabilidad profesionalismo y entrega a la ciudadanía. Nunca ha sido fácil hacer periodismo del bueno, pero hoy es más difícil. Ojalá no tengamos que igualar las condiciones cruentas de nuestros colegas vecinos de Nicaragua y Honduras, donde están pagando con sangre su verdadero amor a la patria.
En las noticias de última hora se insinúa que habrá cambios en esta conducta viciada y antidemocrática emulada desde el Ejecutivo, pero quién le creería a alguien que se ha caracterizado por mentir constantemente, por engañar incluso a la comunidad internacional, por irrespetar acuerdos con ellos durante sus reuniones.
Este Día del Periodista no queremos falsas felicitaciones oficiales; no queremos falsos gestos de reconocimiento; queremos acciones reales de respeto al periodismo como institución necesaria para la democracia; queremos respeto a nuestra dignidad profesional y personal; queremos libertad plena para ejercer nuestro rol; queremos un cambio de actitud real.
No queremos más ataques, vigilancia ni mentiras.
*Serafín Valencia es el relator para la libertad de expresión de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
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