Foto FACTUM/Gerson Nájera

Esto, por desgracia, lo veíamos venir.  Basta con tener un poco de memoria para recordar los pasos que Nayib Bukele ha seguido para matar lentamente a la Constitución y perpetuarse en el poder. Elevó a la Fuerza Armada como su brazo ejecutor en el vergonzoso asalto al Salón Azul. Cuando tuvo mayoría legislativa destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y puso en su lugar a sus lacayos. La Policía se convirtió en su cuerpo privado de vigilantes. Jubiló a los jueces no alineados y finalmente, con una Sala de lo Constitucional impuesta y genuflexa, dio el último golpe a la democracia para habilitar su reelección en 2024.

La Constitución de la República prohíbe la reelección presidencial en El Salvador. Lo prohíbe hasta en cuatro artículos precisamente para despejar la duda de cualquier admirador de las dictaduras de facto de antaño. Y Bukele, pese a no terminar la carrera de derecho, lo sabe. Lo saben también sus asesores legales que antes, desde la empresa privada, defendieron la noción de democracia que ahora desconocen a cambio de un salario.

La pregunta no es si ese texto de la Sala de lo Inconstitucional -porque llamarle resolución sería ofender a la abogacía- es legal o no. Bukele ha violado sistemáticamente la Constitución desde su llegada a Casa Presidencial y ha infectado a todos los órganos del Estado para que hagan lo mismo. Pensar a esta altura que cualquiera de sus acciones pretende respetar las leyes es un despropósito que solo genera agruras.

La pregunta tampoco es si buscará la presidencia en 2024. Desde el 9F, pasando por el 1M, Bukele ha dejado muy claro que su intención es mantenerse en el poder. Es ingenuo pensar que quien se autoproclama instrumento de Dios quiera renunciar tan pronto a los reflectores y al egocentrismo que producen los retuits. O que, desconociendo las enseñanzas de su mentor, el expresidente Saca, también maestro del expresidente Funes, abandone la rentable tarea de saquear al Estado después de un solo quinquenio.

Lo que importa responder ahora es ¿por qué la población salvadoreña debería darle cinco años más a una persona cuya capacidad para dialogar ha tenido mayor éxito con criminales? ¿Por qué El Salvador debería reelegir a una persona cuyo prontuario incluye un pacto con las tres principales pandillas del país?

En El Salvador, las pandillas son organizaciones criminales que controlan grandes partes del territorio. En los barrios y colonias funcionan como autoridades de facto, con poder de decisión sobre la vida de sus gobernados. Más que buscar una solución real, los partidos políticos del país han validado la autoridad de los pandilleros y, desde que las estructuras se convirtieron en un problema real de seguridad pública, los han buscado tanto para ponerles en la cárcel como para pedirles apoyo electoral. Lo hizo Arena. Lo hizo el FMLN. Y lo hizo también Nuevas Ideas, el partido de la familia Bukele.

Dos contundentes investigaciones periodísticas de El Faro han demostrado que Bukele no solo siguió la ruta de la negociación con criminales que inició en 2012 el expresidente Funes; en su desesperación por no perder popularidad, y sabiéndose de antemano impune, el gobierno de Bukele intentó destruir cualquier evidencia de su pacto con las pandillas. Por suerte fracasó. Gracias a esas investigaciones -razón por la cual Bukele aborrece al periodismo-, El Salvador y el mundo han descubierto que Bukele dista mucho de esa construcción que el régimen publicita a costa del erario público: es, más bien, un dictadorzuelo que perfeccionó las prácticas corruptas de los presidentes que le precedieron, con los que seguramente compartirá destino. Un escenario donde las pandillas juegan un papel protagónico.

La tregua del gobierno Funes con las pandillas dejó múltiples enseñanzas. Quizá la más importante fue la certeza de que las pandillas comprendieron su rol dentro del espectro político salvadoreño. Y como políticos aprendieron que era posible negociar con cadáveres. En 2015, ya durante el gobierno de Sánchez Cerén, y con el pacto roto, las pandillas demostraron que podían desestabilizar y regaron de sangre al país como pocas veces se había visto en las últimas décadas. Ese pacto también enseñó que las apuestas represivas no funcionan con las pandillas y que la clase política no está dispuesta a asumir el costo electoral de aceptar un diálogo sobre la mesa.

Con esas mismas pandillas pactó Bukele. La Corte Suprema de Justicia, manejada al capricho de Casa Presidencial, ya demostró lo nefasto del apretón de manos con los criminales. En una decisión que revierte el criterio previo -y las leyes- los magistrados bukelianos protegieron a dos pandilleros al impedir que fueran extraditados a los Estados Unidos. Bukele juega con fuego y no se detendrá aunque ello implique mantener hipotecada la seguridad del país. Su sed de poder le aparta de la sensatez y le demanda más cerillas para atizar las llamas.

Él, cuyo gobierno ha negociado con pandilleros, con criminales, quiere seguir siendo presidente de El Salvador. O mejor dicho: quiere seguir en Casa Presidencial, pues presidente dejó de ser cuando abrazó el camino sin retorno hacia el autoritarismo.

También es quien tiene al país en el borde del despeñadero económico. Con un nivel de deuda que se incrementa cada semana -lo que se debe es igual al 100% del Producto Interno Bruto-, sin salvavidas internacionales en las cercanías, el clan Bukele se ha entregado al nuevo emprendimiento familiar: que el Estado financie la subsistencia de un criptoactivo.

La mayor parte de la población rechaza el bitcoin. Porque no lo entiende, porque lo ve innecesario o porque piensan, basados en la amarga experiencia de haber sido robados, que únicamente beneficiará a los mismos de siempre. Es difícil predecir si el bitcoin, cuya puesta en marcha costará millones a los contribuyentes, beneficiará a la población. Lo único cierto es que asusta saber que será implementado por un gobierno mentiroso, corrupto y cuya negociación más estable no ha sido con el FMI sino con la Mara Salvatrucha y el Barrio 18.

Bukele sabe que puede violar la Constitución. Para eso corrompió al Estado. La pregunta no es si continuará imitando a Ortega, a Juan Orlando Hernández o a Chávez. La pregunta es si El Salvador, sabiendo ahora que Bukele es solo un envoltorio que saldrá caro, se lo permitirá.