El acoso sistemático que sufren los y las periodistas en El Salvador por parte del presidente de la República y algunos miembros de su gabinete es un hecho al cual el mismo presidente se ha encargado de darle notoriedad. Ya en varias de sus intervenciones y hasta en sus cadenas nacionales, dedica tiempo y esfuerzo a agredir y humillar a algunos periodistas, olvidando la dignidad del cargo que ostenta en representación de todos los ciudadanos de este país.
Por otra parte, algunos miembros de su “clan”, que parecen no entender las responsabilidades y límites que tienen las personas que ocupan cargos públicos, se comportan como adolescentes inmaduros y malcriados; pero, sobre todo, con estas conductas, tanto el presidente como otros funcionarios del ejecutivo vulneran una serie de normas que protegen la libertad de prensa en el país.
El artículo 6 de la Constitución garantiza la libertad de prensa y plantea frente a los poderes públicos una doble obligación: la de garantizar su ejercicio libre; es decir, implementar medidas idóneas para protegerla y facilitar su ejercicio, así como una obligación de respeto, que implica abstenerse de adoptar actitudes o acciones que puedan limitarla. En materia de protección legal a la libertad de prensa, se suman a nuestra norma suprema dos tratados internacionales que también imponen obligaciones a los funcionarios de garantizar y respetar la libertad prensa: el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Representantes de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), con quienes conversé recientemente, informan que en 2020 se registraron 128 agresiones de diversos tipos en contra de periodistas, muchas de ellas provenientes de funcionarios y de las fuerzas del orden.
Por otra parte, la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investigó las denuncias de ataques y acoso en contra de periodistas y medios de prensa en el país emitió a finales de 2020 una serie de conclusiones muy, pero muy preocupantes, en las que se da por comprobado el acoso sistemático que sufren varios periodistas por parte del presidente de la República y otros funcionarios del ejecutivo, que a juicio de la comisión, en algunos casos, podría ser constitutivo de delitos; por lo que, entre las recomendaciones adoptadas, se acordó certificar los hallazgos a la Fiscalía General de la República. Esta comisión legislativa también recomendó aprobar cuanto antes una ley de protección a periodistas.
Sumado a lo anterior, el pasado 3 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó a cabo una audiencia especial sobre el deterioro de la libertad de prensa en el país, en la que también participó el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. Los representantes de la sociedad civil y de los periodistas que participaron en la audiencia expusieron la gravedad de la situación, que incluye abusos de poder de parte del gobierno de El Salvador, como utilizar auditorías de Hacienda para intimidar a medios particularmente críticos, como El Faro. Los periodistas de Revista Factum también denunciaron interceptaciones ilegales de sus comunicaciones, entre otras formas de acoso, y periodistas de Gato Encerrado denunciaron el robo sufrido en su domicilio por parte de una de sus periodistas durante el cual solo se robaron artículos menores, su computadora y demás instrumentos de trabajo, así como el despido de su trabajo en el ejecutivo de la madre de una periodista de este medio, luego de que esta última publicara un artículo crítico sobre el gobierno. La representante de las mujeres periodistas denunció la especial violencia y acoso digital que sufren las periodistas que critican o muestran su desacuerdo con alguna decisión presidencial, que en algunos casos ha llegado hasta amenazas de muerte, de violación y de daño físico.
La CIDH externó su preocupación ante las denuncias formuladas, mientras que los representantes del estado no encontraron argumentos para justificar las actuaciones del ejecutivo.
Los ataques a los periodistas y a la libertad de prensa por parte del gobierno no es un problema solo de los periodistas. Es un problema que, si todavía no nos afecta a todos, no tardará en hacerlo. Los líderes de tipo autoritario necesitan silenciar a sus críticos más fuertes para engañar más fácilmente a la población, para mentir libremente sin tener quién exponga la verdad. La libertad de prensa es un escudo protector contra la desinformación. Si no nos unimos todos para defender la libertad de prensa en el país, pagaremos un precio mucho más alto del que ahora podemos imaginar.
*Lilliam Arrieta es investigadora en temas de transparencia, lucha contra la corrupción, libertad de expresión y funcionamiento de la justicia en El Salvador. Catedrática universitaria desde hace 17 años. Anteriormente trabajó nueve años en la Corte Suprema de Justicia. Es abogada y notaria, doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y licenciada en Ciencias Jurídicas de la UCA.
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