Las otras noticias de 2019

¿Qué más marcó la agenda en 2019? El envío de información confidencial del IAIP a Casa Presidencial, la decisión de una cámara que tocara a una niña no es delito y la tregua que recibieron los salvadoreños beneficiarios del TPS.

Foto FACTUM/Salvador Meléndez


Un año para el olvido en el acceso a la información

El presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), René Cárcamo, durante una firma de convenio de cooperación con una empresa, el 31 de octubre de 2019.
Foto FACTUM/ Salvador MELENDEZ

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) puso en riesgo la credibilidad que se había forjado en sus primeros seis años de existencia.  En la primera quincena de junio de 2019, compartió a la Presidencia de la República información confidencial de los ciudadanos que usaron su portal. Y a pesar de que la ley prohíbe divulgar los datos personales de los solicitantes de información, funcionarios del Gobierno de Nayib Bukele presionaron al IAIP para que continuara enviando esos reportes.

El portal desde donde se trasladó la información fue creado por la extinta Secretaría de Transparencia y Anticorrupción. El Instituto lo empezó a administrar desde mayo de 2019. La Unidad de Tecnología del IAIP concluyó, de manera tardía, que ese portal ya traía una tarea programada para generar reportes para la Presidencia, y fue hasta entonces que paró el envío.

El presidente del IAIP, René Cárcamo, fue el primero en enterarse del traslado de información. No lo comunicó a los demás comisionados. Se reservó esa información y empezó a interceder ante los técnicos del Instituto para que continuaran generando nuevos reportes para un ente al que debía fiscalizar. Fue hasta septiembre de 2019 que el resto de comisionados se enteró de lo ocurrido y responsabilizó a Cárcamo de haber comprometido la independencia del IAIP.

Revista Factum publicó en noviembre el audio de la sesión donde los comisionados cuestionaron a Cárcamo. En esa reunión el jefe de tecnología reconoció ante los titulares del IAIP que se había parado el envío de reportes, pero que Cárcamo lo estuvo presionando para que diera más información a la Presidencia a cambio, según él, de más presupuesto para la institución. Una semana después de la publicación, Cárcamo renunció al cargo.

La Fiscalía General de la República ha iniciado una investigación para determinar quién inició con la filtración y qué datos fueron enviados a la Presidencia. El Instituto había prometido una auditoría externa para sacar sus propias conclusiones, pero esto ha quedado en suspenso hasta que finalice la investigación penal.

La presión al IAIP no fue el único signo de oscurantismo que dio el Ejecutivo. La administración Bukele cambió a 18 oficiales de información pública en los primeros seis meses de Gobierno, algo que rompe con los criterios dictados por el mismo IAIP, que en el pasado ha dicho que los oficiales de información no ocupan cargos de confianza porque son técnicos.

La Presidencia también empezó a reservar información que antes era pública. No reveló, por ejemplo, quién pagó un viaje a México del viceministro de Seguridad y director de Centros Penales, Osiris Luna. La ciudadanía exigió ese dato desde Twitter hasta las oficinas de acceso a información pública del Gobierno. Pero el Ejecutivo prefirió usar artimañas para saltarse la ley y esconder esa información.

Un fallo judicial contra la niñez

El Magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz (derecha) llega a la Cámara Primero de lo Penal en el Centro Judicial Isidro Menéndez en San Salvador, el 6 de noviembre de 2019. Escalente ha sido beneficiado por el Sistema de Justicia para evitar la cárcel.
Foto FACTUM/ Salvador MELENDEZ

El 2019 será recordado por la jurisprudencia que dictó que, bajo ciertas circunstancias, sí está permitido que un adulto toque los genitales de una niña.

En noviembre, la Cámara Primera de lo Penal resolvió que  tocar los genitales a una niña de 10 años, hecho atribuido al magistrado de lo Civil Eduardo Jaime Escalante, no es constitutivo de delito porque no hubo violencia de por medio, por la breve duración del tocamiento y porque este se produjo sobre la ropa de la víctima.

“Aunque se trate de un tocamiento producido en una zona anatómica localizada en la región púbica del cuerpo, si este es de carácter instantáneo, si se produce sobre la ropa de la víctima, aprovechando un descuido de ésta y en un lugar que hace imposible que el grado de invasividad corporal sea mayor por ser un lugar público, transitado aún en horas del día; la conducta carece de la gravedad y trascendencia suficiente para lesionar la indemnidad sexual”, sentenciaron los magistrados Martín Rogel y Guillermo Arévalo Domínguez en un fallo que benefició al magistrado Escalante.

La decisión despertó numerosas protestas ciudadanas que abandonaron las redes sociales. Grupos ciudadanos fueron al centro judicial, a la Asamblea Legislativa y a plazas públicas para criticar la decisión que determinó que tocar a una niña no era delito.

Según la acusación fiscal, la niña estaba jugando con un amigo de siete años, a las 5 de la tarde del lunes 18 de febrero de 2019, en un pasaje de la residencial Alta Vista, cuando Escalante, que trabaja en una cámara ubicada en Santa Tecla, se le aproximó, la agarró de los hombros, le tocó la vulva y luego salió corriendo.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al magistrado del delito de agresiones sexuales, que implica una condena entre ocho y 12 años de cárcel. Pero la Cámara cree que, ante la fugacidad del hecho, el funcionario debe ser procesado por  actos contrarios a las buenas costumbres y al decoro público, una falta que supone una sanción menor: una multa máxima de $295 en caso de condena.

Tras el fallo, la Asamblea Legislativa modificó el Código Penal para que un «tocamiento impúdico» sea reconocido como agresión sexual y castigado con 12 años de cárcel.

Una tregua para los tepesianos

Protestas contra Trump de beneficiarios del TPS. Foto/cortesía

Un fallo judicial dio un respiro a los tepesianos en 2019. Estados Unidos anunció la validación de permisos de trabajo hasta el 4 de enero de 2021 para 408,036 beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), entre ellos más de 200 mil salvadoreños. La decisión respondió a la orden preliminar de la Corte Federal de California que dirime el tema.

No  se trata una concesión del xenófobo gobierno de Donald Trump. Es el resultado de una resolución de la Corte Federal de California que conoce el caso Ramos versus Nielsen, en el cual la joven estadounidense de 15 años, Crista Ramos, denunció que el fin del TPS significaría la separación de ella y su madre, una salvadoreña que migró cuando tenía apenas 12 años. Este proceso es lo único que detiene que se consume la decisión de Trump de eliminar el TPS.

El Gobierno salvadoreño lo anunció con toda la vanidad posible. Lo presentó como si se trataba de una extensión del programa o  como un premio a la simpatía del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Pero no. No es un triunfo para los tepesianos que continúan abogando por una solución permanente. Lo que en realidad significa es que los salvadoreños tendrán 365 días para abandonar Estados Unidos si la corte decide darle la razón a Trump. El plazo es mayor al que tendrían otros países que están en vilo por el mismo tema. Porque no fue solo para El Salvador. Tepesianos de cinco países más (Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán) tienen permiso de trabajo extendido hasta enero de 2021.

En Washington entendieron una cosa y en El Salvador comunicaron otra. Bukele, acompañado con el embajador de Estados Unidos Ronald Johnson, difundió un video para hacer el anuncio. La embajada en el país publicó: “el embajador Ronald Johnson expresó que este se da como un reconocimiento de los logros y buen trabajo del gobierno del presidente Bukele”. Y no es para menos. El Gobierno salvadoreño ha intentado congraciarse con Estados Unidos cada vez que ha podido. Lo ha cortejado con discursos y con acuerdos. En 2019 firmó un acuerdo en el que osó llamarse “país seguro” para recibir a solicitantes de asilo expulsados por Estados Unidos. Dio concesiones en seguridad fronteriza. Y no puso un solo pero a los mensajes de desprecio del gobierno estadounidense hacia los salvadoreños migrantes.

Jonathan Blitzer, reportero de la prestigiosa revista New Yorker, dio luces del revés que sufrió para la diplomacia salvadoreña antes del tan publicitado anuncio: “Para ser claro, antes de firmar el nuevo pacto con los Estados Unidos, el gobierno de El Salvador pidió a la administración Trump la extensión del TPS para salvadoreños… El gobierno de Estados Unidos lo rechazó. Los salvadoreños firmaron el acuerdo de todas maneras. ¿Qué poder de negociación tiene ahora Bukele que no haya tenido antes?”

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