El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha declarado como Presidente y Vicepresidente a la fórmula presidencial que actualmente ostenta esos cargos, consolidándose así el Golpe de Estado que provocó la dictadura, iniciada el 1 de mayo de 2021 con la destitución inconstitucional de la Sala de lo Constitucional y el Fiscal General de la República.
De esta manera, el TSE –al contrario de lo que su lema refleja– no ha consolidado la democracia sino la dictadura. Pero esto se veía venir: el TSE no parecía ser un obstáculo robusto a la candidatura inconstitucional, pues sus Magistrados han demostrado que solapadamente están a favor del régimen al darle validez a una sentencia de una Sala de lo Constitucional derivada de ese Golpe de Estado.
La esperanza, entonces, estaba en los partidos políticos de oposición, pero estos cometieron todos los errores posibles: participaron en las elecciones presidenciales, aún sabiendo que la candidatura oficialista era inconstitucional. Si en lugar de ello hubieran tratado de activar la carta democrática de la Organización de los Estados Americanos (OEA), quizá tuviéramos alguna esperanza de recuperar la democracia a mediano plazo; pero con su participación legitimaron las elecciones y, por consiguiente, el triunfo de la fórmula oficialista. Prueba de ello son las múltiples felicitaciones por el triunfo de parte de Presidentes y organismos internacionales.
Por otra parte, las elecciones legislativas se vislumbraban como la única manera de recobrar un equilibrio democrático mediante la reinstauración de frenos y contrapesos –al tratar de evitar la mayoría calificada de Nuevas Ideas–, pero debido a las reformas ilegales, impuestas a menos de un año de las elecciones, en las que se cambió el sistema de conteo de votos de la fórmula Hare a la de D’Hondt, esa meta se veía lejana, pues esta nueva fórmula beneficia a los partidos mayoritarios, como ya pudimos constatar. Aún así, el oficialismo no ha logrado los 58 diputados que vaticinaron, aunque en la práctica no deja de conformarse un sistema político de partido único, como en cualquier dictadura.
La buena noticia es la reelección de la diputada Claudia Ortiz. Ella sola vale por cinco diputados. No obstante, con todas las irregularidades que ha habido en las elecciones legislativas, es buena noticia que los partidos de oposición hayan decidido presentar recursos o solicitudes de nulidad, pues con ello demuestran coherencia. En una potencial repetición de las elecciones legislativas, no sería descabellado vislumbrar una circunstancia como la sucedida en Guatemala, con el partido Semilla, que contra todo pronóstico obligó a una segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Esa sorpresa se debió, ante todo, al hartazgo de la gente frente a la casta política tradicional, un desgaste que, pese al apoyo mayoritario de la ciudadanía salvadoreña al oficialismo, ya se empieza a reflejar en la población. Guardando las distancias y, por supuesto, el tipo de elecciones, insisto: los partidos políticos de oposición tienen mucho qué ganar y poco qué perder con solo la interposición de un recurso de nulidad, independientemente de la decisión que tome el TSE.
Pero más allá de los resultados que dé el recurso de nulidad ya interpuesto, la realidad es que tenemos un presidente electo inconstitucional y, nuevamente, una mayoría calificada. En este escenario, la pregunta obligada es: ¿y ahora qué? Dice el dicho: “piensa mal y acertarás”. Y es que tomando en cuenta la manera maquiavélica de actuar de este régimen, es fácil descifrar lo que posiblemente se viene en los próximos meses. Para empezar, la Asamblea Legislativa actual podría reformar la Constitución para permitir una reelección presidencial inmediata indefinida. La próxima Asamblea Legislativa, también con la mayoría calificada, ratificaría esas reformas y, con ello, no tendríamos una dictadura –pues ya la tenemos–, sino más bien la instauración de un caudillismo populista o, peor aún, una suerte de monarquía barata, propia de las repúblicas bananeras.
Es evidente que lo que deseaban era la erradicación total de la oposición, como lo verbalizó el presidente electo, pero inconstitucional. De manera tal que insistirán de todas las maneras posibles para “pulverizar” a la disidencia, al mejor estilo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en Nicaragua. Este es el panorama que enfrentamos y que las mayorías de la votación han permitido.
Frente a este escenario, lo único que va quedando, sobre todo para los partidos políticos de oposición y para la poca sociedad civil organizada, es convencer a la comunidad internacional de que El Salvador ya vive un régimen político dictatorial. Una vez El Salvador sea catalogado como una dictadura, la democracia podrá reinstalarse de forma paulatina. Por supuesto que, si las grandes mayorías continúan apoyando esta dictadura, la comunidad internacional hará caso omiso a cualquier iniciativa de catalogar a El Salvador como un régimen dictatorial. Hay que comprender que las reglas de la democracia se han roto: al haber cambiado la forma de gobierno, la esperanza de derrocar la dictadura en elecciones libres es una fantasía, sino que le pregunten a Daniel Ortega. Crear liderazgos en los partidos políticos de oposición y en la sociedad civil, ir encausando de forma activa el descontento de la población, fortalecer el periodismo independiente y usar todas las armas que puede ofrecer la resistencia, son los caminos que habrá que transitar de aquí en adelante.
*Alfonso Fajardo nació en San Salvador, en 1975. Es abogado y poeta. Miembro fundador del Taller Literario TALEGA. Su cuenta de Twitter es: @AlfonsoFajardoC.
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