Los sospechosos en el régimen de Bukele

En la guerra contra las pandillas que ha declarado Nayib Bukele, las bartolinas policiales no solo encierran pandilleros. La reacción del gobierno desde el último fin de semana de marzo, cuando más de 70 personas murieron asesinadas en El Salvador, se ha llevado de encuentro a personas que no tienen vínculos con criminales. La decisión de dejar a juicio de policías y soldados quién es sospechoso de ser pandillero o colaborador de pandillas han llenado las celdas con cualquiera. En las redes sociales, un victorioso Bukele se jacta de miles de detenciones de supuestos delincuentes. En la vida real, hay personas que cometieron el error de estar en el lugar y en el momento equivocado.

Fotos FACTUM/Gerson Nájera

La suerte del profesor Morataya no ha podido ser peor. Salió de su casa en Ciudad Delgado para ir a la tienda que está cerca cuando le salieron al paso policías y soldados. Al profesor Morataya los policías lo cuestionaron. Lo interrogaron sobre qué andaba haciendo en la calle. Para qué había salido de su vivienda. Qué estaba planeando. Luego los uniformados no preguntaron más y se lo llevaron detenido. Le quitaron el dinero que llevaba en sus bolsillos. No importó que no tuviera ninguna relación con pandillas. Ni que fuera maestro de escuela. Ni que solo haya salido a comprar a la tienda cerca de su casa. Era 27 de marzo a la 1 de la tarde. El régimen de excepción que ordenó Nayib Bukele, presidente de El Salvador, apenas tenía unas horas de vigencia y había que hacerlo cumplir: detener a cualquiera que a las autoridades les pareciera sospechoso.

No importó que Morataya no solo fuera profesor de un centro escolar de su municipio, sino que se tratara del mismo subdirector.

Historias como la suya se han repetido desde que se hizo efectivo un régimen de excepción que le dio potestad plena a policías y soldados de sitiar colonias y de detener a cualquier persona sin mediar razón. La causa de ese régimen de excepción se remonta al sábado 26 de marzo, el día en que se registró el mayor número de personas asesinadas en El Salvador en más de dos décadas. La respuesta inmediata del gobierno de Bukele, además del régimen, fue asegurar que apretó el puño en los centros penales y racionó la alimentación a los reos; publicar videos de detenciones violentas de pandilleros; atacar a las organizaciones protectoras de los derechos humanos, a la comunidad internacional y al periodismo, y señalarlos como “socios” de los criminales.

La policía publicó en su cuenta de Twitter cientos de capturas en los primeros tres días. Con el hashtag #GuerraContraPandillas, que adoptó el gobierno de Bukele, por la cuenta policial desfilaron detenidos a los que les adjudicaban delitos de toda índole, para crear la imagen de un combate frontal a las pandillas. En realidad, no todos fueron detenidos por estar relacionados con los numerosos asesinatos del 26 de marzo.

Revista Factum verificó que la Policía Nacional Civil informó sobre 556 detenciones, entre el 26 y el 28 de marzo. De ellas, en 125 casos no especificó los delitos que les atribuía a los capturados, aunque en la mayoría de ocasiones solo expresó que se trataba de pandilleros. Los pandilleros capturados fueron en mayor parte miembros de la MS-13, cuando la policía así lo detalló, puesto que en 264 casos no aclaró a qué grupo criminal pertenecían los detenidos. De las más de 500 capturas reportadas en esos primeros tres días, solo 74 personas fueron señaladas como responsables directas de la cadena de asesinatos del 26 de marzo.

Desde entonces y hasta ahora, las autoridades anuncian con tono triunfal miles de capturas de sospechosos. Cientos por día. La policía aseguró que hasta el jueves 7 de abril a las 5 de la mañana detuvo a 7,467 personas. Entre esos miles está el profesor Morataya, junto a otros detenidos por cualquier arbitrariedad, a quienes se los llevó la vorágine de las detenciones masivas a manos de policías y soldados. Al profesor lo detuvieron por ser sospechoso. O por parecerlo para ellos.

“Hemos identificado patrones que siguen instituciones de seguridad, especialmente la Policía Nacional Civil, a la hora de detener personas. Básicamente, los sospechosos son jóvenes que viven en zonas de alto riesgo, con pocos recursos económicos y con niveles bajos de escolaridad. Aunque en las estrategias de redadas han arrasado con todo”, dice Húber Romero, de Azul Originario, una organización que contribuye a la cultura de paz y a la prevención de la violencia en poblaciones vulnerables.

Después de acudir a la PGR, esta madre abordó un bus y llegó a “El Penalito” para ver si allí tenían detenido a su hijo, pero en las listas no encontró su nombre. No tiene información sobre su paradero. Foto FACTUM / Gerson Nájera

Azul Originario hizo un estudio en 2021 sobre detenciones arbitrarias en El Salvador. Entre sus conclusiones destacan que detrás de los criterios de policías y militares para determinar que una persona es sospechosa de ser delincuente hay “clasismo”, por el lugar en donde reside, y “racismo”, debido a su aspecto físico, su forma de vestir, su corte de pelo y su color de piel, inclusive.

Estos rasgos que a una persona la convierten en sospechosa para las autoridades son confirmados por un agente policial que habló con Revista Factum con la condición de no ser identificado. Frente a la Procuraduría General de la República, en el centro de gobierno, este agente ha llegado para acompañar a otros policías que están presentando a un detenido para que le asignen un abogado público. Es un día de semana dentro del régimen de excepción de Bukele.

“Un indicio que uno mira es la apariencia de la persona. Por ejemplo, si se le ven tatuajes, uno lo que tiene que hacer es verificar que no sean alusivos a pandillas. ¿Y cómo se descarta eso? Mediante la intervención de la persona. Igual con la vestimenta, en ocasiones, no siempre, y dependiendo de la zona. Es que todo depende de la circunstancia, el momento y el lugar”, dice el agente policial, mientras espera al detenido para llevarlo de vuelta a las bartolinas.

Azul Originario y otras organizaciones como el Servicio Social Pasionista y Cristosal presentaron el pasado 5 de abril un informe de denuncias de detenciones arbitrarias y otros abusos cometidos por policías y militares en las calles desde que empezó el régimen de excepción decretado por los diputados de Bukele el 27 de marzo. Entre ese día y el 4 de abril, estas organizaciones de derechos humanos contabilizaron 26 víctimas de abusos de autoridad. Entre esos abusos sobresalen tres personas que sufrieron lesiones, seis que fueron intimidadas y 16 detenciones arbitrarias.

Una mujer busca información afuera la PGR sobre un familiar detenido, el 7 de abril de 2022. Foto FACTUM/Gerson Nájera

El informe de estas organizaciones, que recoge solo los casos que han llegado hasta ellas, también incluye denuncias de ocho personas que han sufrido vulneraciones de sus derechos en los lugares de detención. Otra estrategia de las autoridades, que ha sido recogida en un protocolo oficial de actuación para policías y militares, ha sido sitiar las “zonas rojas” de las que habla Húber Romero. En esos lugares también hay denuncias ciudadanas de abusos que se cometieron en los primeros días del régimen de excepción.

El lunes 28 de marzo, por ejemplo, policías y soldados derribaron la puerta de la casa de la madre de Delfina López en el Distrito Italia, del municipio de Tonacatepeque, en San Salvador. La señora de 74 años recibió a la fuerza a los agentes y a los militares en su casa. Era una revisión de casa por casa. “Es horrible, la asustaron. Han pasado cosas injustas todo ese día. A un muchacho bien trabajador se lo llevaron porque se puso a defender a una mujer que la llevaban arrastrada”, cuenta la residente del Distrito Italia.

La policía y el ejército sitiaron esta y otras zonas como la colonia San José del Pino, en Santa Tecla. Al menos ese lunes, las salidas de sus casas estaban prohibidas para los habitantes. Eso les impidió a los adultos salir a trabajar, y los niños y jóvenes se quedaron sin ir a estudiar. En el Distrito Italia impidieron caminar libremente por los pasajes y las clases fueron suspendidas durante toda la semana en los cuatro centros educativos ubicados allí. El punto de microbuses situado en el complejo habitacional fue trasladado a otro lugar.

En los días siguientes, los empleados residentes en las zonas sitiadas tuvieron que mostrar una carta de sus empleadores con los detalles de su lugar de trabajo y actividades laborales, como ocurrió durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus en el 2020, para poder tener permiso de salir a trabajar.

Las bartolinas, según los informes policiales, se abarrotaron con personas detenidas. Uno de los lugares de detención más concurridos han sido las instalaciones frente a la Fuerza Naval, en San Salvador. Allí han entrado cientos de capturados, jóvenes, adultos y hombres que rozan la tercera edad. Muchos miembros de pandillas, pero otros fueron a parar allí por detenciones arbitrarias.

Ante el hacinamiento en las bartolinas, Bukele ordenó que todos los detenidos, sin ser aún vencidos en juicio, fueran trasladados a penitenciarías en donde se encuentran reos ya condenados. Esto con el fin de seguir llenando las celdas provisionales con nuevos detenidos. El profesor Morataya fue llevado al centro penal de Izalco, en Sonsonate. Allí se encuentra detenido actualmente.

Muchos familiares de personas capturadas bajo el régimen de excepción desconocían todas las constancias que deben reunir para demostrar el arraigo. Este documento es un requisito que pide la PGR para darle seguimiento a los procesos de cada privado de libertad. Foto FACTUM/Gerson Nájera

Maritza, una mujer de más de 60 años, revisa los listados de detenidos trasladados a Izalco que la policía pegó en los muros del Penalito, como les llaman a las bartolinas frente a la Fuerza Naval. Dice que está confiada en que su hijo saldrá libre sin mayor problema, porque su hijo es alcohólico y que el día que lo detuvieron en la colonia Zacamil, de San Salvador, estaba borracho fuera de su casa. “Así lo trajeron, como es alcohólico, me lo agarraron en la calle y lo trajeron para acá”, cuenta la madre.

“En su mayoría, los sospechosos son personas jóvenes, aunque en este régimen de excepción han detenido también a personas mayores. Estas personas tienen características y rasgos en común: viven en zonas rurales o en zonas urbanas empobrecidas, tienen un código de vestimenta con el que la policía los asocia a grupos criminales”, dice Tatiana Alemán, de la organización Los Siempre Sospechosos de Todo, que también ha estudiado las detenciones policiales a detalle.

Ser pobre y residir en lugares vinculados a pandillas, convierte de inmediato a las personas en sospechosas, dice Alemán. “Tienen un determinado color de piel, con rasgos faciales indígenas y afrodescendientes, lo cual es comprobable con las fotografías de los detenidos que publica la policía. Por eso no vemos que derriban puertas en residenciales donde no hay pobres”,agrega.

Las organizaciones internacionales que han acompañado las denuncias de salvadoreños detenidos por arbitrariedades del régimen de Bukele han pedido al gobierno que respete los derechos humanos en su combate al crimen. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, WOLA y otras reconocen que la violencia social y las violaciones a los derechos humanos en El Salvador son problemas “de larga data” y que se recrudecen por la ausencia de políticas integrales y transparentes de seguridad pública. Todo ello afecta directamente la vida de las personas, sobre todo, “de sectores que viven en situación de mayor desigualdad y vulnerabilidad”.

El Salvador: @nayibbukele parece confirmar que los arrestos contra supuestos miembros de pandillas no están basados en pruebas.

Simplemente arrestan a quien parece pandillero.

Primero arrestan, luego tuitean y quizás después investigan.

¿Creen que esto protege a la población? https://t.co/6FlM8xbflu

— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) March 30, 2022

La regla de conducta ignorada

El respeto a los derechos humanos y el trato cortés a todos los ciudadanos están incluidos en el protocolo de actuación para policías y militares que emanó del decreto de régimen de excepción del 27 de marzo pasado. Revista Factum tuvo acceso al documento en el que se instruye a agentes policiales y soldados que “siempre se atendrán al irrestricto respeto a los derechos humanos, sin infringir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; ni podrán invocar la orden de un superior o circunstancias especiales como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

El protocolo también ordena que durante el desarrollo de las misiones todo el personal “deberá brindar un buen trato a la población, debiendo ser amable y cortés, poniendo en práctica las relaciones con la comunidad”. El documento fue elaborado para adoptarse en el régimen de excepción. Pese a este protocolo de actuación, las mismas autoridades filtraron videos de personas sospechosas detenidas que han sido abusadas verbal y físicamente, lo que ha contado con el visto bueno del gobierno.

Una madre del Distrito Italia revisa los documentos que debe presentar en la PGR para la defensa de su hijo. Los familiares de detenidos deben pagar por los servicios de un notario para probar los arraigos domiciliares, familiares y económicos. Este documento legal, desconocido y poco comprendido para ella, representa un gasto que no tenía contemplado. Foto FACTUM/Gerson Nájera.

La abogada Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista, habla de un trato desigual en la aplicación del régimen de excepción. La población más afectada es la que está estigmatizada por la pobreza, dice Reyna. La abogada recalca que están ocurriendo detenciones arbitrarias, cateos forzosos en casas, revisiones constantes, malos tratos y limitaciones a la libre circulación en zonas que tienen presencia de pandillas: “Entonces ahora la población no solo tiene que lidiar con la violencia de los pandilleros, sino que también con los abusos que ocurren por parte de la policía y el ejército”, dice.

Pero, peor aún, “el presidente incluso está amenazando al órgano judicial para que mantenga detenidas a esta gran cantidad de personas que han sido privadas de libertad en estos días y esto rompe con las garantías procesales”, recuerda la abogada, y explica que no hay certezas sobre si las detenciones tienen fundamentos o investigaciones de fondo que lleven a una persona a convertirse en sospechosa.

El profesor Morataya sigue en el penal de Izalco. Su familia ha denunciado el caso y está recibiendo asesoría gratuita de abogados que colaboran con las organizaciones protectoras de derechos humanos. No ha tenido el apoyo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que para el régimen de excepción ha asegurado que supervisa las actuaciones de las autoridades. Aunque todas las denuncias de abusos de policías y soldados están siendo recogidas y publicadas por organizaciones ciudadanas. Hasta el momento, es una incógnita si esa procuraduría ha iniciado investigaciones por violaciones a los derechos humanos a partir del régimen de excepción.

La suerte de Morataya no ha sido buena. En 2020 también engrosó los centros de contención que montó el gobierno de Bukele para privar de libertad a personas que, supuestamente, infringieron la cuarentena domiciliaria obligatoria durante la pandemia por coronavirus. Estuvo desde el 5 de abril hasta el 26 de mayo retenido. Cincuenta y un días alejado de su familia, que espera que esta vez salga pronto de la cárcel y regrese a trabajar.

Con reportes de Loida Martínez Avelar

*Los nombres del profesor Morataya, de Delfina López y de Maritza no son los reales, para proteger la identidad de las víctimas.