Thelma Aldana es la fiscal encargada de los casos más grandes de corrupción destapados a ocho años de instalada la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG). Ella es artífice de las investigaciones que permitieron acusar al expresidente Otto Pérez Molina, la vicepresidenta Roxana Baldetti, y gran parte de su gabinete, por graves casos de corrupción que han supuesto un revés a la impunidad en la historia reciente de Guatemala.
Fotos FACTUM/Salvador Meléndez
Desde 2015, Aldana ha dirigido ocho grandes casos donde ya hay cientos de personas imputadas, entre ellas jueces, magistrados, diputados, jefaturas policiales y alto cargos ministeriales, pero entre los procesos abiertos y las investigaciones que continúan, la atención del país vecino se centra desde finales del año pasado en las propuestas de reformas constitucionales. Estas reformas se generaron través de un diálogo nacional sostenido durante meses. Sus propuestas fueron presentadas ante el Congreso por los tres órganos del Estado, la CICIG y el Ministerio Público.
Los cambios y sus consecuencias no son tan rápidos como la fiscal Aldana quisiera. Ella reconoce que la lucha contra la corrupción será mucho más larga. La reforma es ahora un importante escollo que sortear entre la clase política, afectada por las mismas, y el empresariado agremiado al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financiera (CACIF), que sigue haciendo el pulso al Estado en la lucha contra la corrupción.
El primer obstáculo surgió con la enmienda de la justicia ancestral para incorporarla dentro del Código Penal. Pero el CACIF, que hasta ahora apoyaba la permanencia de la Comisión Internacional en el país, empezó a rechazar las reformas constitucionales.
El bloqueo del CACIF se dirige a la reforma del artículo que reconoce la jurisdicción de la justicia ancestral. Esta semana, las etnias indígenas han pedido que se retirara de la discusión para poder avanzar con el resto de propuestas. Aldana reconoce que este es un acto loable que engrandece a la población indígena.
Hoy, empresarios, diputados y hasta el mismo presidente, Jimmy Morales, rechazan a CICIG, que ayudo a sacar del Estado a algunos de sus elementos más corruptos, y que, según Aldana, aún tiene mucho que hacer por Guatemala.
A pesar del apoyo popular que ha recibido, la fiscal general, que es parca en palabras, de estilo conciso y moderado, agradece aliviada que solo le quede un año de mandato. Ella ya ha dejado claro que no se postulará a la reelección, pues entraría en conflicto con las reformas que ha propuesto para que el cargo de fiscal general aumente de cuatro a seis años.
La fiscal Aldana visitó este jueves El Salvador para participar en el foro “Impunidad, pasado y presente”, organizado por la oficina regional en América Central del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Embajada de Canadá. En este evento se abordó el tema de la justicia transicional como una forma de combatir la impunidad en los países con altos índices de corrupción y violencia.
Entrevista con la Fiscal General de Guatemala, Thelma Esperanza Aldana, en San Salvador, El Salvador, el 9 de marzo de 2017.
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Están por cumplirse dos años del destape del caso La Línea, el arranque de todos estos casos fuertes de corrupción que algunos han calificado como “golpe blando”, ¿cómo evalúa los resultados?
Estos casos han ayudado al despertar guatemalteco. Aquella ciudadanía tolerante a la corrupción ha empezado a cambiar, desde luego falta mucho camino por recorrer porque la lucha contra la corrupción no se gana ni en 10 años. Se debe tratar de trabajar una cultura de legalidad para ir obteniendo resultados, no es fácil, la corrupción están tan enraizada en el quehacer de la ciudadanía y el Estado de Guatemala… Yo lo califico de positivo, hemos avanzado poco, pero hemos avanzado. Quizás algunos quisiéramos que hubiera reforma constitucional, del sector justicia, reestructuración del Estado, que en realidad tuviéramos las sentencias. Bueno, quisiéramos todo así de rápido, pero yo comprendo que es un proceso y que como tal no podemos dar saltos, sino que tenemos que ir paso a paso. En ese sentido mantengo mi optimismo de que algo está cambiando en Guatemala.
A poco más de un año de renovar mandato de la CICIG y con la investigación de Fulanos y Menganos de por medio, donde el hermano y el hijo del presidente Jimmy Morales están involucrados, el mandatario ha dejado de apoyar a la Comisión según unas recientes declaraciones. ¿Sin apoyo del presidente en qué situación quedaría el trabajo de la CICIG?
Yo creo que es importante el apoyo que el señor presidente de la República le debe dar a la Comisión Internacional contra la Impunidad. Claro que ha sido una herramienta muy importante para el país, de apoyo al trabajo del Ministerio Público, de tal manera que esperaríamos que reflexione el señor presidente, yo sé que es un ser humano y que no es fácil especialmente cuando el hijo de uno resulta perjudicado por una investigación. Pero ojalá que él, como jefe de la nación, como líder nacional, pueda separar este problema de familia con la necesidad de dar el apoyo político a la Comisión Internacional contra la Impunidad.
¿Tiene motivos el presidente para temer ser señalado por corrupción como sucedió con su hermano y su hijo?
No sé, eso habría que preguntárselo a él. Yo no tengo la menor idea de qué preocupación pueda tener él.
Usted dice que acepta vivir con las amenazas que recibió en 2015, se apoya en su fe en Dios y el servicio a su patria ¿ha llegado a pensar si ese peligro puede ser para toda la vida?
No me cabe duda que es de por vida, menos mal que ya me queda poco, porque si tuviera 30 años diría que por dios, serán tal vez 40 años de vivir así. Yo creo que lo que me queda de vida tendré que saber que día a día mi vida corre peligro, eso conociendo cómo funcionan las estructuras criminales en Guatemala no me cabe la menor duda.
Hablando de amenazas y presiones, un diputado, Armando Melgar Padilla, del partido de gobierno, señaló estar recibiendo presiones del Ministerio Público para apoyar las reformas constitucionales, ¿cómo califica este tipo de aseveraciones a la institucionalidad? ¿Cree que pueden degenerar en otro tipo de ataques?
Yo ya me pronuncié al día siguiente que lo hizo el Ministerio Público a través de la secretaría general. El diputado Melgar Padilla puede estar tranquilo, no hay presión del ministerio público, los que deben estar preocupados son los asesinos, porque nuestras investigaciones son las que nos deben ayudar a establecer quiénes son los autores materiales de la muerte del papá del diputado Melgar Padilla, y si hay autores intelectuales también deberíamos llegar hacia a ellos. Y es un hecho que ocurrió en el 2012, hay dos expedientes abiertos, hay condena a una persona y la defensa presentó un recurso de apelación, la Sala de Apelaciones confirmó. La defensa presentó una apelación, la Corte Suprema de Justicia ordenó el reenvío, porque el juez que dictó la sentencia no valoró un medio de prueba que a juicio de la Cámara Penal puede ser determinante a la hora de resolver. Entonces retrotrae el proceso para que se analice el medio. Ese es un caso que se está tramitando desde 2012, que ahora la Cámara de los Penal haya resuelto así no tiene nada que ver con las reformas constitucionales. Y el otro caso es por robo de propiedades que llevaba la Fiscalía contra el crimen organizado, el año pasado vi que llevaban asesinato, entones yo quité el expediente y lo pasé a la Fiscalía de Vida. Había otra audiencia en noviembre, que no se realizó por causas ajenas y el órgano jurisdiccional la reprogramó para un día antes de que los diputados vieran por tercera vez, creo yo, lo de las reformas constitucionales. ¿Dónde está la presión para el diputado? Yo la verdad no sé…
¿Siendo un diputado oficialista cree que es una estrategia del gobierno, conociendo la posición actual del presidente Morales sobre la CICIG?
No tengo ni la menor idea, y de verdad no entiendo la declaración del diputado, nunca la entendí, no la comprendo, no tengo idea de qué está hablando.
¿Cómo afecta el giro de la CACIF distanciándose de la Comisión Internacional por las reformas constitucionales en materia de justicia?
Tengo buena comunicación con el sector privado del país y hemos hablado abiertamente sobre reformas constitucionales y hemos llegado a una conclusión: en el tema de jurisdicción indígena yo no los voy a convencer y ellos no me van a convencer a mí porque cada cual tiene su posición. En lo que coincidimos con el sector privado es en la necesidad de fortalecer el sistema judicial de Guatemala.
Ayer las autoridades de las 23 etnias solicitaron retirar la reforma para no entorpecer al resto de propuestas que consideran más urgentes ¿Qué implica la justicia ancestral en Guatemala?
Claro, pero esa es una lección que nos están dando las autoridades indígenas. Porque, si nosotros indígenas y autoridades ancestrales somos el problema de ustedes, nos hacemos a un lado y discutan el fortalecimiento del sistema de justicia. Siempre la autoridad ancestral nos da lecciones de vida y el mensaje es clarísimo, muy claro.
¿Cree que realmente la justicia ancestral es algo que afecta a los intereses del CACIF o es solo una manera de buscar la piedra en el zapato al tema de las reformas?
Eso es lo que vamos a ver de ahora en adelante, ya que las autoridades indígenas manifestaron que no tienen problema con que se retire de la discusión donde se debatía sobre la jurisdicción indígena, ahora vamos a ver cuál es la posición de todos los sectores.
De todas las reformas del sector justicia propuestas por el Diálogo Nacional para la Reforma de la Justicia ¿cuál es la reforma que usted destacaría como la más urgente?
Todo es urgente porque tenemos un proceso de selección de funcionarios del sector justicia que ya no funciona, y que nos ha obligado a quienes hemos estado en estos puestos a cabildear y a reuniones con personas que ahora están detenidas. Eso nos da una muestra clara de que el crimen organizado estaba siempre detrás de las elecciones de las cortes, del fiscal general, y de hecho yo fui nombrada por el jefe de La Línea (expresidente Otto Pérez Molina). Ese mensaje también lo tenemos que leer muy bien y de ahí la necesidad de reformar el sistema de elección de las autoridades judiciales, pero también separar la función administrativa de la Corte Suprema de Justicia es imperativo, para que se dedique a dictar las resoluciones porque esa es la función principal de un órgano jurisdiccional y dejar a un ente administrativo para que la Corte no se distraiga en parqueos, movimiento de personal, procesos administrativos que son importantes, pero no para distraer la atención. Todos los artículos de la propuesta de reforma constitucional son urgentes y prioritarios y van a ayudar a fortalecer el sistema de justicia.
¿Dentro de los avances que ha proporcionado el apoyo de la CICIG, antes no tenía siquiera un centro de escuchas telefónicas, cuáles son esos avances que aquí en El Salvador ya tiene y que en Guatemala solo se pudieron lograron con el apoyo de la Comisión?
Lo que sucede es que este fortalecimiento a los métodos especiales de investigación inició justamente cuando llegó la CICIG a Guatemala, en 2007, cuando se logró la creación de la Sala de Escuchas Telefónicas, la conformación de la DAC, que es la Dirección de Análisis Criminal , pero también por medio de CICIG se logró la reforma a la Ley Contra la Delincuencia Organizada, y se incorporaron figuras tan importantes como el colaborador eficaz, que nos ha servido en los casos que ahora llevamos Ministerio Público. El comisionado (Iván Velásquez) y yo estamos usando las herramientas que la comisión internacional nos ayudó a formar desde que se instaló en el país.
Hace poco un grupo bipartidista de congresistas en Estados Unidos reiteró su apoyo a CICIG, al MP y a los otros dos fiscales del Triángulo Norte; entiendo que es un apoyo valioso en un ambiente en que la clase política se niega a ser investigada, pero ¿no teme a que esos apoyos y los del embajador Robinson puedan ser vistos como injerencia externa? En El Salvador el partido en el gobierno ya usa esa palabra para calificar a la embajadora estadounidense.
No, yo siempre he dicho que mientras el gobierno del Partido Patriota robaba, la cooperación internacional estaba ahí. Creo que con eso explico todo. El gobernante y sus ministros, casi todos están presos, estaban robándole al pueblo guatemalteco, a cooperación internacional que estaba dando apoyo al Ministerio Público, a los tribunales ¿Qué clase de apoyo? Equipo, capacitaciones… Eso no puede ser injerencia, además en el Ministerio Público mi agenda la tengo yo, y yo le doy mi agenda a mis cooperantes. Les digo: muy agradecida, si me cooperan en esto, si me cooperan en aquello…Tengo un plan estratégico que la cooperación internacional conoce y entonces acoplamos la cooperación internacional a ese plan estratégico hecho por el ministerio público.
Aquí en El Salvador se ha discutido mucho durante el último año y medio, a partir de los resultados en la lucha contra la corrupción que obtuvieron en Guatemala, sobre la conveniencia o no de la CICIES para El Salvador.
Claro, y no es injerencia. Yo creo que este manipuleo de señalar injerencias y no señalar a los corruptos nacionales, es solo una reacción de estructuras criminales porque no le veo otra explicación.
¿Ese manipuleo es…?
Es que tomar el argumento de injerencia extranjera, cuando te están ayudando y no señalar a los corruptos internos solo puede ser una estrategia de criminalidad porque no le veo lógica, no le veo sentido a ese señalamiento.
¿Entonces cree que para Centroamérica hay otro camino en la lucha contra la impunidad en Centroamérica que no sea con apoyos internacionales?
Pues no sé, en Guatemala me parece que hubiera sido muy difícil sin la Comisión Internacional contra la Impunidad, la realidad que conozco es la mía.
Estados Unidos acaba de decir que Colombia produjo unas 1,400 toneladas de cocaína en 2016 y que por Guatemala pasaron 1,000 toneladas ese año, ¿qué tan importante es el narcotráfico en todo el esquema de corrupción estatal y de élites en Guatemala?
No pasan solo por Guatemala, pasan por todos nuestros países. La lucha contra la narcoactividad es una de las más importantes, que no la puede llevar a cabo un solo país. Sino que tenemos que coordinar, nosotros los tres fiscales de El Salvador, Honduras y Guatemala estamos trabajando juntos, coordinando esfuerzos y tenemos comunicación constante, hacemos el esfuerzo. Pero no es solo el Ministerio Público el que tiene que luchas contra la narcoactividad, en esto tiene que involucrarse el Estado en general.
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