La Policía Nacional Civil, según sus propios planes, había dispuesto de hasta 35 agentes para resguardar la entrada sur de Sol General en anteriores partidos entre Alianza y FAS. Pero el día de la tragedia, en ese mismo lugar, solo hubo cinco agentes. Alianza y la PNC, de acuerdo a la reglamentación del fútbol salvadoreño y documentos internos policiales, eran los principales responsables de la seguridad del estadio Cuscatlán el pasado sábado 20 de mayo. Ambos fallaron.
Fotoilustración FACTUM/Gerson Nájera y Victoria Delgado
La peor tragedia registrada en el fútbol salvadoreño, que dejó nueve personas fallecidas y decenas de heridos la noche del 20 de mayo en el estadio Cuscatlán, ocurrió por una grave omisión del equipo local, Alianza, y por la ausencia de la Policía Nacional Civil. La estampida que provocó las muertes en el acceso sur de la localidad Sol General, donde un aproximado de 600 personas se agolparon para poder entrar, comenzó después de que la multitud forzó un portón que nunca debió ser cerrado y que tenía escasa protección policial.
Documentos policiales, reglamentos oficiales de competencia del fútbol profesional salvadoreño, testimonios de sobrevivientes y la reconstrucción de las reuniones previas al partido permiten dibujar un escenario que clarifica las responsabilidades sobre la tragedia: a Alianza, en coordinación con la Policía, le correspondía velar por la seguridad de los 13 mil aficionados que compraron una entrada para ver el partido de esa noche.
La reglamentación del fútbol salvadoreño y la reconstrucción de una reunión previa al partido, donde los equipos involucrados junto con la Policía y las autoridades del fútbol salvadoreño planearon la seguridad del evento -un documento que está en propiedad de la Fiscalía-, permiten apuntar hacia Alianza y la PNC.
Las Bases de Competencia de la Primera División de Fútbol Profesional Temporada 2022-2023 establecen que la responsabilidad de la organización y seguridad de los partidos recae en los clubes que actúen como locales junto con la Policía.
Cuatro mandos de la Policía, incluido el subcomisionado Walter Guillén Moreno, jefe de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO), participaron en esa reunión donde se abordó el dispositivo de seguridad para los partidos de cuartos de final, específicamente se concentraron en la serie Alianza- FAS. La estrategia tuvo dos puntos principales: la seguridad para los jugadores y evitar que las barras de los equipos se atacaran.
Sin embargo, el 20 de mayo hubo poca presencia policial en la entrada sur de Sol General, entre tres y cinco agentes tal como se aprecia en múltiples videos y como también confirman los testimonios de sobrevivientes. Esa ausencia provocó que los aficionados se acumularan en el portón y en el túnel que conecta con los graderíos.
La escasa presencia policial contrasta con otros dispositivos que la PNC ha preparado para partidos similares entre Alianza y FAS en el pasado. Un plan de seguridad oficial de la Policía, diseñado para la final disputada entre Alianza y FAS del 30 de mayo de 2021, establece que el acceso sur de Sol General fue resguardado por 35 policías en esa ocasión. El documento, filtrado a través de Guacamaya Leaks, demuestra que la noche de la tragedia había 30 policías menos de los que usualmente dispone la PNC para partidos de esta naturaleza, que enfrentan a los equipos con las aficiones más nutridas de El Salvador.
Extracto del plan policial para la final del 30 de mayo de 2021 entre Alianza y FAS. Para ese partido, la PNC dispuso a 35 agentes en la puerta sur de Sol General. La noche del 20 de mayo de 2023 había entre 3 y 5 policías en ese mismo acceso.
Portada del plan policial para los torneos del fútbol salvadoreño. En el documento, la Policía recalca en múltiples ocasiones que la seguridad es responsabilidad de la institución.
La noche del 20 de mayo de 2023, un solo acceso, el portón sur, fue habilitado para ingresar a la localidad más popular del estadio Cuscatlán, Sol General -o Vietnam, como lo conocen los aficionados-, el espacio favorito de las barras del Alianza. La taquilla de ese partido, un documento consultado por Factum y que también está en poder de la Fiscalía, señala que 6,667 aficionados habían comprado boletos para entrar a Sol General.
El cierre del portón sur durante ocho minutos pasadas las 7:30 de la noche, cuando apenas iniciaba el partido, agudizó la desesperación de los aficionados que empujaron los portones. Cuando el pelotón de la UMO llegó a la zona por el costado izquierdo del acceso, únicamente observaron que la masa de aficionados había derribado el portón.
El reporte de la liquidación de la taquilla de ese partido detalla que esa noche 13,449 entradas fueron vendidas en todas las localidades de un estadio que tiene capacidad para más de 35,000 aficionados. Se desconoce si la cifra incluye los tiquetes vendidos en la modalidad electrónica a través de la empresa Smart Ticket. La venta de boletos ese día sumó un total de $97,466.95. Testimonios recabados por esta revista e imágenes de videos compartidos en internet muestran que varios sectores del estadio más grande de El Salvador estaban vacíos.
Una estimación de Factum, que usó herramientas digitales y se basó en las áreas utilizadas del estadio involucradas en la tragedia, cotejadas con testimonios y el análisis de decenas de videos, permite calcular que dentro de Sol General, previo a la estampida, había un aproximado de 4,800 personas. Fuera del portón sur de Sol General, detrás del portón cerrado, hubo entre 680 a 850 personas, aproximadamente.
Cinco días después de la tragedia, la Fiscalía General de la República sostuvo que logró individualizar a los responsables. El presidente del Alianza, Pedro Hernández; el gerente de Alianza, Edwin Abarca; la gerente financiera del equipo, Zoila Córdova; el gerente de la empresa dueña del Cuscatlán, Estadios Deportivos de El Salvador SA de CV (Edessa), Reynaldo Avelar Contreras; y el encargado de las llaves del estadio, Samuel García, fueron detenidos la madrugada del 25 de mayo de 2023. Fueron acusados de los delitos de homicidio culposo, lesiones y estragos públicos.
La Fiscalía asegura que las puertas habilitadas no eran suficientes para el número de aficionados, que no fueron abiertas con suficiente anticipación y los organizadores vendieron boletos emitidos para partidos anteriores. A pesar de que la taquilla muestra que el número de boletos no abarcaba ni la mitad de la capacidad del estadio Cuscatlán, la entidad señala que la sobreventa de entradas fue lo que provocó la avalancha humana.
Revista Factum contactó a Luis Servellón, abogado defensor del gerente de Alianza Edwin Abarca, y este confirmó las declaraciones que dio al periódico La Prensa Gráfica. Según él, Abarca había solicitado el apoyo de agentes de la UMO en el portón sur de Sol General, pero su petición no surtió efecto.
Servellón dijo que el gerente del Alianza había solicitado apoyo policial a las 7:05 de la noche y los agentes antidisturbios no llegaron. El abogado también dijo a ese periódico que fueron acusados por nueve víctimas. Eso se debe, según el abogado, a que solo fueron realizados nueve reconocimientos forenses.
Horas antes de su arresto, Revista Factum llamó al presidente del Alianza, Pedro Hernández, y al gerente Edwin Abarca para preguntarles por qué abrieron solo una puerta en Sol General la noche de la tragedia. Ninguno de los dos dirigentes quiso responder, pues dijeron que no querían entorpecer las investigaciones y ya habían declarado ante la Fiscalía. Tampoco contestaron quién giró la orden de cerrarle la puerta a los aficionados y con quién, dentro de la Policía, estaban en contacto minutos antes de la estampida.
Alianza es propiedad del empresario Adolfo Salume, que dirige empresas dedicadas a la venta de harina y comida rápida, entre otros, y que fue incluido en julio de 2021 en la Lista Engel, un esquema que sanciona a individuos considerados corruptos por el gobierno de Estados Unidos. El listado está plagado de actuales funcionarios del gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Se buscó a Álvaro Díaz, inspector jefe de la subjefatura delegación Centro, y al jefe de la UMO, Walter Guillén, para pedirles una explicación del dispositivo de seguridad montado en el estadio Cuscatlán el día de la tragedia, pero no respondieron sus teléfonos celulares.
Además de las capturas, Alianza fue sancionado por la Fesfut después de lo ocurrido. El equipo no podrá jugar ante su público durante un año, además de que tendrá que pagar una multa de $30,000.
Ninguna institución, sin embargo, se ha hecho responsable en última instancia de corroborar que los planes de seguridad en los estadios salvadoreños, a cargo de los equipos locales y de la Policía Nacional Civil, realmente funcionen.
Cuestionado respecto a quién es el organismo o entidad que vela por el cumplimiento de las Bases de Competencia de los clubes de Primera División y de los acuerdos establecidos en la reunión de la Comisión de Seguridad de la Fesfut, el presidente de la comisión regularizadora de la Fesfut, Humberto Sáenz, dijo a esta revista que la responsabilidad recae en los clubes que elaboraron la normativa y llegaron a acuerdos.
“Las bases de competencia no contienen un estatuto específico de medidas de seguridad. Las actas de la Comisión de Seguridad tampoco contienen una directriz específica en materia de seguridad, sino que simple y sencillamente se ven grandes temas (en las reuniones) y luego se queda el club con la Policía Nacional Civil determinando cuáles van a ser las medidas específicas que se van a adoptar”, dijo Sáenz para no asumir responsabilidad alguna en lo sucedido.
Panorámica del estadio Cuscatlán, situado en San Salvador. Foto FACTUM/Gerson Nájera
La responsabilidad de la PNC
La comisión de Seguridad de escenarios deportivos de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), nombrada en enero de 2023, se reunió a las dos de la tarde del 15 de mayo de 2023. El punto principal era abordar la estrategia de seguridad para los partidos de ida y vuelta de los cuartos de final que disputarían Alianza y FAS el miércoles 17 de mayo, en el estadio Óscar Quiteño de Santa Ana, y el sábado 20 de mayo en el estadio Cuscatlán, en San Salvador, respectivamente.
Desde que fueron definidas las llaves de esa fase del campeonato, este duelo deportivo fue clasificado por la Primera División como partidos de alta convocatoria.
La comisión de Seguridad, creada por las autoridades que están al frente de la Fesfut, está integrada por representantes de equipos de las tres categorías del fútbol profesional, un integrante de la comisión regularizadora, tres jefaturas de la Policía y un delegado de Protección Civil. Un reporte de esa reunión, en poder de la Fiscalía y que fue consultado por Factum, detalla que en la reunión que ocurrió cinco días antes de la tragedia participaron el gerente del Alianza, Edwin Abarca; el presidente de la comisión e integrante de la comisión regularizadora de la Fesfut, Henry Orellana; el gerente de la Primera División, Roberto Shente; el directivo de Firpo y representante de ese equipo ante la Primera División, Fredy Vega; Felipe Ramos de la Segunda División; y José Campos de la Tercera División.
Por ser uno de los protagonistas, el presidente del FAS, Emerson Ávalos, también estuvo presente. FAS es propiedad de la empresa estadounidense AGM Sports Inc.
Por la parte policial participaron cuatro personas: Álvaro Díaz, inspector jefe de la subjefatura delegación Centro; el subcomisionado Walter Guillén Moreno, inspector jefe de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO); el subinspector José Umaña Cuchilla, de la delegación San Salvador Centro; y el cabo Elvis Hernández Carballo, de la UMO.
La mayor parte de esa reunión se abordó la seguridad de los jugadores de Alianza en el estadio santaneco para el juego de la noche del miércoles 17 de mayo. Respecto al partido en el estadio Cuscatlán, del sábado 20 de mayo, el presidente del FAS dijo que se pondría de acuerdo con el gerente de Alianza, Edwin Abarca, para conocer la logística y coordinar con la Policía la zona donde sería transportado el autobús del equipo santaneco. El responsable de la UMO, Walter Guillén, manifestó que han procurado incrementar la cantidad de agentes de esa unidad debido a la gran cantidad de aficionados que acuden y lo que le preocupaba era la “naturaleza misma de las barras”.
Guillén también le recomendó al presidente del FAS que buscara apoyo con el jefe de la delegación de Santa Ana, pues su rol como unidad especializada solo le permitía servir de “apoyo” para garantizar el orden y la seguridad; pero el dispositivo estaba a cargo de la delegación de cada localidad, dijo Guillén, de acuerdo al documento. Explicó que como parte de su compromiso con la seguridad, en el torneo actual, un total de 100 agentes de la UMO acuden a los estadios en los partidos de gran convocatoria.
El inspector jefe de la delegación Centro, Álvaro Díaz, le pidió al presidente del FAS que le notificara a las barras santanecas que los buses de los aficionados llegarían hasta el almacén EPA, en el bulevar de Los Próceres, y desde allí serían custodiados hasta el estadio Cuscatlán. Les dijo que “bus que vaya llegando lo vamos a ir despachando” y no querían que los aficionados marcharán ni extendieran pancartas para “llevarlos en completo silencio”. El objetivo era evitar confrontaciones entre aficionados rivales.
Acordaron que los jugadores de los dos equipos saldrían inmediatamente terminado el partido para evitar que se quedarán “pajariando”, término coloquial para decir que alguien pierde el tiempo, pues ello, según dijo Guillén, provoca que los agentes de la UMO por cuidarlos se descuiden del comportamiento de los aficionados.
Tres días antes del partido del sábado hubo otra reunión, más pequeña, para tratar aspectos operativos, según confirmó Carlos Fuentes, vocero de Comandos de Salvamento.
“En el caso de Alianza Fútbol Club, que son ellos los que contratan los servicios de Comandos (de Salvamento), en los partidos normales se llevan una ambulancia clase A y unos 15 elementos”, explicó Fuentes.
Pero para el encuentro de Alianza y FAS, la solicitud fue de cuatro ambulancias y 40 socorristas, añadió Fuentes. “Tuvimos la reunión junto con la Policía, previo al partido, donde la seguridad era como las finales de la Liga Mayor que se han cubierto: se llevan más ambulancias, más personal. A la hora que se da el problema, activamos protocolos de emergencia, solicitando más apoyo a nuestras seccionales, al colmo de llegar 15 ambulancias y 150 elementos”, dijo Fuentes.
La logística y la coordinación de las necesidades específicas de seguridad para cada partido, dijo Fuentes, se originan en el equipo local. Para el caso, Alianza.
El planteamiento del vocero coincide con lo plasmado en tres documentos diferentes relacionados a eventos deportivos. El primero de ellos, las Bases de Competencia de la Liga Mayor de Fútbol, vigentes para la temporada 2022-2023, establecen entre sus artículos 22, 24 y 28 las obligaciones, prohibiciones y los involucrados en los aspectos de seguridad en cada partido. Define, por ejemplo, a quién le corresponde el control y vigilancia en los estadios.
“Los clubes locales son los encargados de coordinar la vigilancia interna y externa de los estadios donde se realizan los juegos de la temporada (…) Los clubes, en condición de local, solicitarán a la PNC ejercer la seguridad”, instruye el artículo 22.
El artículo 23 equipara a partes iguales la responsabilidad del equipo local y la PNC sobre el ingreso de objetos prohibidos – como pólvora -, o incumplimiento a las normas de seguridad, tales como el ingreso de personas intoxicadas o con conductas violentas.
“Cuando con ocasión de un partido se altere el orden, se menoscabe o ponga en peligro la integridad física de los árbitros, jugadores, técnicos o personas en general, se causen daños materiales o lesiones (…) incurrirá en responsabilidad el club organizador del mismo”, detalla parte del artículo 23.
Sin embargo, el documento también menciona – varias veces – que la organización de todos los aspectos de seguridad es una tarea que el club organizador realiza de manera conjunta con la PNC, en los artículos 24, 25, 26 y 27.
Revista Factum ha tenido acceso a otros dos documentos procedentes de la filtración de datos realizados por el grupo de hacktivistas Guacamaya, y compartidos con periodistas por la organización DDOsecrets, que están relacionados a planes de seguridad establecidos por la PNC para eventos de fútbol.
Se trata del “Plan General para la Seguridad en los encuentros deportivos que se desarrollan en el marco de los torneos aperturas y clausuras de la 1a, 2a y 3a división de fútbol profesional a nivel nacional”, fechado el 22 de febrero de 2022; y el plan de seguridad específico ejecutado por la PNC para el partido de la final de fútbol que se llevó a cabo el 30 de mayo de 2021, entre Alianza y FAS.
En el primer documento se repite en multiplicidad de veces que la PNC es la encargada de los dispositivos de seguridad en estos encuentros. “La Policía Nacional Civil deberá de implementar dispositivos de seguridad en todos los partidos o encuentros deportivos en todas las sedes definidas; con mayor atención en aquellos que presenten un mayor riesgo, considerando la afluencia de aficionados, los grupos de animación (barras de aficionados), y antecedentes delictivos y de violencia de estos grupos”, se detalla en las primeras páginas del Plan General de Seguridad.
El documento también coincide en que la Policía es la encargada de coordinar previa, durante y después de los partidos “con los representantes de las diferentes entidades involucradas en el desarrollo de los encuentros futbolísticos”.
El Plan General no posee detalles sobre el número de policías a designar para cada evento deportivo, pero sí explica la cadena de mando establecida para cada encuentro, así como algunas de las unidades o divisiones policiales que deben involucrarse.
Según dicho documento, el responsable más alto de dicha cadena de mando es la Dirección General de la PNC, para el caso el comisionado Mauricio Arriaza Chicas, de quien depende el “mando estratégico”. Le sigue la subdirección general de la PNC, encargada de distribuir las instrucciones a cada delegación y por último las Delegaciones Territoriales involucradas en el evento. Para el caso del partido del 20 de mayo de 2023, la delegación policial responsable directamente era la Delegación de San Salvador, a quienes correspondía el mando operativo. En esta fase, según explica el plan, debe existir siempre un oficial de enlace con el club deportivo responsable.
En el caso de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la PNC, el documento especifica que es su obligación: “Instalar un anillo de seguridad entre el muro perimetral y el terreno de juego, así mismo en las puertas de acceso en las diferentes localidades, verificando que los accesos estén libres para hacer evacuaciones ante cualquier fenómeno, natural o antrópico, a la cuarteta de árbitros, jugadores y demás asistentes acatando las respectivas medidas sanitarias de bioseguridad”.
La UMO, según este documento oficial de la policía, debía estar en las puertas de acceso del estadio Cuscatlán. Debió estar en el portón sur de Sol General la noche del 20 de mayo.
Estas instrucciones coinciden con el dispositivo de seguridad específico que la PNC planificó para la final del torneo Clausura, disputada entre Alianza y FAS el 30 de mayo de 2021 en el estadio Cuscatlán.
Ese otro documento detalla cómo 148 miembros de la policía, de distintas subdelegaciones dependientes de la Delegación de San Salvador, fueron convocados para brindar seguridad. En el acceso “Sol Sur”, el mismo donde ocurrió la tragedia del 20 de mayo de 2023, la PNC designó a 35 policías en 2021. También designó a un subinspector a cargo solo para ese portón. El resto de portones también tenían suboficiales y oficiales a cargo.
Algunos videos que circularon en redes sociales después de la tragedia, muestran que la cantidad de policías presentes en el portón donde ocurrió la estampida fue mínima: no más de cinco agentes de la Policía, y ninguno perteneciente a la UMO.
Carlos Fuentes, de Comandos de Salvamento, dijo que la noche del 20 de mayo de 2023 el portón sur de Sol General fue cerrado por la policía y personal de Edessa, propietaria del estadio, cuando aún había un grupo considerable de aficionados intentando ingresar.
Y aunque el reglamento de la Dirección General de Protección Civil establece en su artículo 34 que están obligados a activar el sistema de alertas ante cualquier riesgo e imprevisto para la población, Fuentes confirmó que ningún miembro de esa institución formó parte de la reunión sostenida tres días antes del partido. Protección Civil, de hecho, ofreció una conferencia de prensa posterior a la tragedia del Estadio Cuscatlán.
El Código Disciplinario de la Fesfut establece en su artículo 58 que “Las Divisiones del fútbol profesional y Asociaciones Departamentales que organicen torneos o partidos estarán sujetas a las siguientes obligaciones: a) Evaluar los riesgos que entrañen los encuentros y señalar a los órganos de la Federación los que sean especialmente peligrosos”.
Documentos de la Fesfut confirman que el partido del 20 de mayo fue previamente calificado como de “alta convocatoria”, pero Revista Factum no pudo encontrar ningún documento público o en sitios relacionados a la Liga Mayor de Fútbol, Alianza o de la Dirección de Protección Civil que establezca de manera clara los parámetros para dicha calificación.
El único documento público relacionado con aspectos de seguridad bajo responsabilidad de Alianza fue un comunicado que publicaron en su cuenta oficial de Twitter el mismo 20 de mayo, a las 10:50 de la mañana, a menos de 12 horas del partido, en el que plantean lineamientos generales de seguridad, como que la apertura de portones se haría a partir de las 5 de la tarde, que se prohibía el acceso de pólvora y bebidas embriagantes. También detallaba la distribución de los ingresos y portones para cada afición.
La prohibición del uso de la pólvora en distintos documentos no es casual. La otra gran tragedia vivida durante un encuentro futbolístico, y también durante un partido del Alianza, ocurrió con la pólvora como protagonista principal. A pesar de eso, la noche de la tragedia del 20 de mayo los aficionados de ambos equipos quemaron pirotécnicos en los graderíos minutos antes de la estampida.
Esa acción los hizo acreedores a una multa, impuesta por la comisión Disciplinaria de la Fesfut, de $1,000 para Alianza, por el ingreso y quema de pólvora, y de $4,000 para FAS, una suma mayor por ser reincidente.
Aficionados al Alianza F.C. usaron una de las paredes de la fachada del Estadio Cuscatlán para hacer un altar en conmemoración a las víctimas de la estampida ocurrida el 20 de mayo, en un partido de este equipo contra el Club Deportivo FAS. Foto FACTUM/Gerson Nájera
Una tragedia anunciada
El 7 de marzo de 2004 se jugó la sexta fecha del Torneo Clausura en San Salvador. Los clubes que jugarían en esa ocasión eran Alianza y San Salvador F.C. El partido tuvo su aforo en el estadio nacional Jorge Mágico González, conocido también como Flor Blanca.
Minutos antes de iniciar el juego, una explosión de pólvora ocurrió en el sector norte del Estadio, donde estaban designados los aficionados del Alianza. El estallido provocó la muerte de Juan Esteban Montano Durán, conocido como el “Chino” Montano, un joven de 24 años, y lesionó con esquirlas a más de 40 personas.
Y pese a que a partir de ese evento se prohibió el ingreso de pólvora a los estadios, poco ha cambiado en los últimos 19 años. Cuatro años después de la muerte de Montano, el entonces portero del Águila, Benji Villalobos, se desmayó a causa de una nube de pólvora. En abril de 2013, otra explosión de pólvora causó ocho lesionados. Nuevamente, los clubes que se enfrentaron fueron el FAS y el Alianza.
En 2016 también fue evidente el uso de pólvora en un encuentro entre FAS y Águila; y recientemente, apenas en marzo de 2023, los equipos Alianza y FAS ya habían sido multados por el ingreso de pólvora de parte de los aficionados.
Según la normativa de la Fesfut, las Bases de Competencia para cada torneo, así como los planes internos de la PNC, los equipos organizadores de cada uno de los juegos son responsables de la conducta de su respectiva afición. Pese a los arrestos y multas, los disturbios durante los encuentros futbolísticos han sido recurrentes.
Archivo de medios de comunicación dan cuenta de capturas por desórdenes, peleas y disturbios entre barras en noviembre de 2017, en un partido en el estadio Óscar Quiteño de Santa Ana; y más recientemente en mayo de 2021, durante un partido en el estadio Cuscatlán.
Pese a los múltiples incidentes de este tipo, la normativa consultada se enfoca en disturbios, posibles peleas entre barras, o conducta inapropiada de parte de la afición. Aunque dichos reglamentos responsabilizan a los clubes, no se prevé qué procedimiento específico a aplicar ante tumultos o estampidas de personas.
Los ingresos accidentados y la mala organización han sido cuestionados para otro tipo de eventos, tales como recientes conciertos multitudinarios que se han llevado a cabo en el estadio Cuscatlán. Así, existe evidencia en redes sociales y cuentas particulares de Tik Tok, en donde asistentes a los conciertos de Bad Bunny, Daddy Yankee, Romeo Santos y Karol G, celebrados durante 2022, han publicado videos en los que se cuestionó la tardanza en los accesos, el poco espacio para la permanencia de los asistentes, empujones, estampidas y hasta incursiones a localidades de forma violenta.
En 1996, la empresa Estadios Deportivos de El Salvador, S.A. de C.V. (Edessa) ganó un caso ante la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia que implicó desechar el comodato que había entregado a la Asociación de Clubes de la Liga Mayor (Clima), la administración del estadio Cuscatlán desde cerca de 30 años atrás.
Las razones que Edessa alegó para la terminación del contrato fueron las pobres condiciones en las que Clima supuestamente mantenía al estadio Cuscatlán. Esa misma lógica, de hace casi 25 años, no ha pesado en la multiplicidad de conciertos autorizados para llevarse a cabo en la sede deportiva. De hecho, la cuenta oficial de Twitter del Estadio publicó recientemente que estaba dándole un “respiro” al engramillado después de tantos conciertos.
Un fútbol sin campeón
Este semestre de 2023 el fútbol salvadoreño no tendrá campeón. El pasado miércoles 24 de mayo de 2022, la Federación Salvadoreña de Fútbol y los representantes de los equipos de Primera División declararon por finalizado el torneo Clausura, el campeonato nacional en curso que se disputa desde el pasado 28 de enero y tenía calendarizado coronar al campeón nacional el próximo 4 de junio de 2023.
En El Salvador, desde 1998, los equipos que conforman la Liga Mayor disputan dos torneos cortos en el año que fueron nombrados Apertura y Clausura.
En el sistema de ligas salvadoreño, los campeones de cada torneo y el mejor ubicado en la tabla acumulada de puntos representa al país en el Torneo de Clubes de CONCACAF. Por su parte, el equipo con menos puntos acumulados desciende de categoría. La Fesfut y Primera División informaron que, con base a los resultados del torneo en curso, pedirán la aprobación de Concacaf para que FAS, Jocoro y Águila participen en el torneo de clubes de campeones de la región. En el campeonato nacional 2022 y 2023 el equipo descendido es Chalatenango.
La suspensión del torneo que ya estaba en la fase de cuartos de final, según el comunicado emitido por la Fesfut y Primera División, busca que la tragedia del Cuscatlán no vuelva a repetirse y respetar el luto de las familias de las víctimas. “Nuestra prioridad será asegurarnos que se refuercen las medidas de seguridad en los eventos de fútbol. Con el apoyo y asesoría internacional de FIFA y Concacaf implementaremos mejores protocolos que brinden garantías para la tranquilidad de los aficionados y todos los involucrados en estos eventos”, señala el comunicado.
Los jugadores de Primera División emitieron un comunicado de prensa en el que lamentaron la decisión de suspender el campeonato nacional, la calificaron como una medida “apresurada” que afecta “a una gran cantidad de personas que dependen económicamente del desarrollo de los partidos de fútbol”. Pidieron comprensión a la afición y a los dirigentes de los equipos que reviertan la decisión.
Los jugadores se sienten en el limbo, inestables laboralmente por la suspensión del torneo Clausura, una situación que se suma a lo que han vivido en los últimos tres años luego de que dejaron de trabajar por el confinamiento por la pandemia de la Covid-19 en 2020 y el paro de las actividades futbolísticas federadas después del allanamiento a la Fesfut en julio de 2022, que llevó a la sustitución del comité ejecutivo y nombramiento por parte de FIFA de la Comisión Regularizadora.
“En términos generales nos ha significado una gran cantidad de meses sin poder devengar un salario para llevar el sustento a nuestras familias; esto sin contar que todas estas personas percibimos salarios únicamente en los tiempos en los que el torneo se encuentra activo y en los meses que no se está en competencia no devengamos un sueldo”, escribieron los jugadores.
Una delegación de la FIFA llegará al país en los próximos días para hacer un diagnóstico de la situación actual de los estadios, evaluar específicamente lo que ocurrió en el estadio Cuscatlán y dar asesorías de medidas de seguridad más eficientes, para garantizar, según la institución, la protección de los aficionados y todos los vinculados al fútbol.
La máxima autoridad del fútbol a escala mundial, en una carta difundida el pasado 24 de mayo de 2022, reiteró su respaldo a la comisión normalizadora de la Fesfut y que están enfocados en mejorar las buenas prácticas en los estadios a corto plazo.
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