Los desplazados invisibles

El desplazamiento interno por violencia ha marcado el 2016. Pese la negativa oficial para reconocerlo públicamente, los casos se han acumulado este año. El fotográfo Salvador Meléndez hace un repaso de tres de ellos: decenas de salvadoreños que abandonaron sus casas tras ser amenazados por pandilleros, en territorios donde el Estado no tienen control territorial. 

En El Salvador, los desplazamientos forzados y la guerra social no existen, por lo menos no para el gobierno liderado por Salvador Sánchez Cerén. El informe de la Mesa de Sociedad Civil contra desplazamiento forzado por violencia y crimen organizado, presentado en enero de este año, sostiene que el Estado salvadoreño todavía no reconoce oficialmente la problemática del desplazamiento forzado en el país. Sin estadísticas oficiales, el fenómeno ha sido visible por informes como el de la Mesa y por reportes cada vez más constantes de los medios de comunicación.

La conclusión de la Mesa no es casual. En septiembre de este año, justo cuando la crisis por los desplazamientos por violencia fue evidente, con la creación del primer refugio para deplazados en tiempos de paz, tanto el vicepresidente Óscar Ortiz, como el director policial Howard Cotto, le restaron importancia al problema. “Tampoco estamos en Afganistán”, dijo Ortiz.

Mientras el gobierno quiere ignorar los desplazamientos forzados internos, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha sido la única instancia estatal salvadoreña que ha reconocido oficialmente la gravedad del problema. Un informe de la PDDH, dirigida entonces por David Morales, mostró en agosto de este año una selección de la información recopilada por la Mesa de la Sociedad Civil que daba cuenta de al menos 623 víctimas de desplazamiento forzado, entre agosto de 2014 y diciembre de 2015.

El mismo informe señala  que el Observatorio de Sociedad Civil sobre Desplazamiento Interno por Violencia Gneralizada en El Salvador recopiló 42 casos de enero a abril de este año. Además, al menos 641 familias abandonaron sus viviendas por amenazas, extorsiones y homicidios, cometidos por pandillas, según datos del Fondo Social para la Vivienda; y otras 412 personas, según el ministerio de Relaciones Exteriores, consultaron cómo solicitar protección en el exterior por la violencia del país. La Dirección General de Migración, de nuevo a solicitud del Observatorio, informó que entre 2015 y el primer trimestre de 2016 10,915 personas, que habían sido deportadas desde los Estados Unidos, manifestaron haber abandonado el país por la inseguridad.

“La guerra social es tratada como un problema de delincuencia y los delincuentes son enfrentados por la PNC y el ejército; por lo tanto, que el gobierno  acepte oficialmente que existen desplazamientos forzados originados por una guerra social sería aceptar que ellos como  Estado han perdido el control social y están siendo sustituidos por fuerzas delincuenciales, llamadas pandillas o maras”, escribe Dagoberto Gutiérrez, exguerrillero y actul vicerector de la Universidad Luterana Salvadoreña, en el libro “Muerte Violenta”, de Daniel Arnavat.

El pasado 21 de octubre dos familias más se unieron a los desplazamientos forzados en los Condominios América, en San Jacinto (San Salvador), desalojando sus pertenencias para comenzar de nuevo en otro lugar que no quisieron mencionar.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez

Otra de las familias guarda sus pertenencias en un camión antes de iniciar la partida en los Condominios América, en San Jacinto. Foto FACTUM/Salvador Meléndez

Este es el apartamento donde se alojaban tres supuestos pandilleros que fueron detenidos por la Policía el pasado martes 18 de octubre, señalados como los responsables de las amenazas a muerte contra los habitantes de este condominio de clase obrera.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez

En los pasillos de los apartamentos América, los que tuvieron el valor a quedarse, pese a las amenazas de las pandillas, son personas que no quieren ser vistas por los medios que llegan a corroborar el estado de seguridad del lugar. Algunos dicen que su seguridad peligra si llegan a ser vistos en los periódicos impresos.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez

Una vista general, desde la cuarta planta de los Apartamentos América, muestra el diario vivir en el lugar. Las puertas cerradas todo el tiempo y niños saliendo a comprar a las tiendas cercanas es lo único que se ve en una tarde nublada de octubre. En el lugar no existen zonas verdes para que los menores jueguen.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez

Un menor baja las gradas de la tercera planta de los Apartamentos América en San Salvador, para ir a visitar a un vecino que vive en el nivel de abajo. El sonido de las puertas al abrir y cerrarse es lo más audible en todo el día.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez

Un afiche de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, anunciando cursos de aprendizaje para jóvenes que viven en zonas de alto riesgo por pandillas, es lo único que queda en una puerta de uno de los apartamentos abandonados por sus ocupantes en los Condominios América.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez

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Pese al silencio oficial, los medios de comunicación en San Salvador han presentado una vez más, de manera natural, las imágenes de un nuevo éxodo de familias salvadoreñas que abandonaron sus apartamentos de dieciseis metros cuadrados en los Condominios Jardines de América, en San Jacinto, el pasado 21 de octubre. El terror de ser asesinados por pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) los hizo correr con sus pertencias guardadas en bolsas plásticas para jardinería, no sin antes cubrir sus rostros de las cámaras de los periodistas que llegaron al lugar a cubrir la noticia. Algunos dejaron atrás quince o veinte años de vivir en estos apartamentos de clase obrera, interrumpiendo los estudios de sus hijos.

“No me vayás a hacer fotos por favor. Estamos hartos que los medios vengan a ponernos las cámaras enfrente y no piensen en la seguridad de uno”, me dice uno de los hombres que están cargando un camión de mudanza estacionado afuera del condominio. Se trata de uno de los propietarios de uno de los dos apartamentos que siguen los pasos de las primeras familias que huyeron por temor a represalias de los pandilleros.

Durante la tarde que Factum estuvo retratando la vivencia en el lugar, durante largas horas los únicos sonidos en los pequeños apartamentos –de 4 mts de ancho por 4 mts de largo- fueron las cerraduras abriendo y cerrando las puertas y alguna que otra ventana mostrando algún rostro asomando por los cristales. Una señora, en la segunda planta, salía de su apartamento cada quince minutos para corroborar que los policías seguían en el lugar. Al verles entraba de nuevo. El único apoyo gubernamental es la presencia policial una vez iniciados los desalojos. Los ojos de los residentes que huyen prefieren pasar agachados ante  la mirada de los agentes, que ven nada más cómo cargan un camión de mudanza hacia nadie sabe dónde.

“La gente tiene miedo de salir en los periódicos”, me dijo horas después una mujer, mientras sus pequeños hijos jugaban en el corredor de apenas un metro de ancho.

Un par de candados y una cadena se convierten en la única esperanza para una humilde familia que su vivienda en los Condominios Zurita no será saqueada por la delicuencia. La escena fue fotografiada el pasado 15 de febrero de 2016, cuando un nuevo desplazamiento por amenazas de pandillas se dio en la capital.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez

El pasado 15 de Febrero de 2016, cuatro familias huyeron de sus casas en los Condominios Zurita debido a las amenazas que recibieron de parte de pandilleros de la Mara Salvatrucha. Un policia encapuchado y armado con un fusil resguardaba el lugar.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez

Una familia de vendedores decide abandonar su casa en los Condominios Zurita por temor a ser víctimas de los pandilleros que les dieron un ultimátum de 24 horas para que salieran de su vivienda. Esta escena ocurrio el pasado 15 de febrero de 2016 en la capital salvadoreña.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez

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El pasado 16 de septiembre, un día después de las celebraciones de la Independencia, unas veinte familias de salvadoreños del cantón El Castaño, en Caluco, (Sonsonate) huyeron de sus casas. Dos días atrás, cuatro pandilleros del Barrio 18 asesinaron a un campesino de 64 años de edad y además ordenaron a los habitantes que pagaran la extorsión para poder seguir viviendo en sus propias casas.

Irma de los Angéles Barrientos, una campesina de 40 años, es hermana del hombre de 64 años asesinado por los pandilleros. “Mi hermanito (Francisco Zepeda Barrientos) fue un hombre dedicado al campo. Todos los días se levantaba temprano a trabajar la tierra y a cuidar sus animalitos. Y así lo mataron esos cuatro cipotes que llegaron a arruinarnos la vida”, menciona Irma.

Durante un mes estos desplazados por la guerra no oficial cambiaron su estilo de vida a causa de las pandillas. Pasaron de poder dormir tranquilos bajo los techos de sus casas a dormir bajo bolsas plásticas negras, haciendo filas para poder tomer sus alimentos financiados por la alcaldía de Caluco, mientras la Policía Nacional Civil organizaba sendos operativos de capturas.

El 16 de septiembre de 2016 en el municipio de Caluco, en Sonsonate, la comuna instaló por primera vez, después de terminada la guerra civil en El Salvador, un refugrio para desplazados por violencia. En la imagen un menor espera turno para recibir su almuerzo.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez

Los refugiados por la violencia por pandillas en Caluco, Sonsonate, pasaron un mes en el albergue improvisado con bolsas plásticas. En la imagen tres menores hacen la fila, con sus platos en mano, para poder recibir el almuerzo de ese día.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez

Irma Barrientos, de 42 años, permaneces sentada al lado de su esposo en lo que fue el albergue para refugiados en Caluco, Sonsonate. Irma perdió a su hermano de 64 años cuando unos pandilleros del Barrio 18 lo asesinaron en el cantón El Castaño.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez

Módulos de malla ciclón y carpas de bolsas plásticas se convirtío durante un mes en el hogar de una veintena de familias refugiadas del cantón El Castaño, en Caluco, Sonsonate. Los homicidios de dos lugareños empujaron a los demas habitantes a abandonar sus casas y terrenos por las amenazas de pandilleros del Barrio 18 Revolucionarios en septiembre pasado.
Foto FACTUM/Salvador MELENDEZ

Tres mujeres limpian frijoles que se convertirán en la cena del día en el campo de refugiados en Caluco, Sonsonate.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez

Un niño juega con un lazo en unas de las columnas metálicas que sostienen el techo de la cancha de baloncesto, donde se instaló un albergue por la alcaldía de Caluco, Sonsonate. El soldado a un lado, de 19 años de edad, vigilaba el perimetro.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez