La prueba después del espectáculo

Lo de las últimas semanas parece un progama de cámara escondida. Alguien está jugando con los telespectadores salvadoreños mostrando historias poco habituales en un país acostumbrado a la inmovilidad.  Y no ha habido respiro. Una tarde se conoce que una ley que ha promovido la impunidad sale de circulación, tan pronto como desde la Asamblea se acepta que nuestros impuestos también compran papayas; que la Mara Salvatrucha ha movido millones y que la Corte de Cuentas ha dejado perder millones; y que, 27 meses después de ver al primero, tenemos a otro expresidente investigado penalmente por indicios de corrupción.

Muchos se han restregado los ojos con incredulidad. ¿El Salvador ha decidido funcionar? La pregunta inundó las redes sociales, reducto de la indignación nacional.  Y había razones para hacerlo. Pese a ser un tema anunciado, parte de la mora judicial arrastrada, la Sala de lo Constitucional sorprendió al declarar inconstitucional la Ley de Amnistía, el arreglo fraguado después de los Acuerdos de Paz -nunca parte de estos, y que derogó la Ley de Reconciliación Nacional- que supuso la entrada en vigor (oficial) de la impunidad en El Salvador. Más allá de la decisión posterior de la Corte Plena, acompañada también por los mismos magistrados de lo Constitucional que defenestraron la ley de Amnistía, que negó la extradición hacia España de los acusados de cometer la masacre de la UCA, el fallo sobre la Amnistía fue claro sobre un punto: abrió la posibilidad para procesar penalmente a los perpetradores de oscuros crímenes cometidos durante la guerra civil.

Lo siguiente fue el operativo contra la Mara Salvatrucha. La estructura financiera, decenas de detenidos, negocios que generaban millonarias ganancias, pandilleros favorecidos durante la tregua con el gobierno, venta de armas desde la Fuerza Armada, alianzas con el Chapo. Desde la cuenta oficial de Twitter de la Fiscalía también nos enteramos de los allanamientos en la Corte de Cuentas, bajo la sospecha de que algunos de los contralores soterraron casos de corrupción por los que el Estado dejó de percibir millones de dólares; y posteriormente, unos días después, de un nuevo interrogatorio para el general Munguía Payés, perseguido por la sombra de la tregua que ideó, esta vez por las ganancias millonarias de las tiendas que funcionan en las cárceles.

La indignación en las redes funcionó. Muchas marchas digitales, insultos y disputas de las pandillas ideologizadas. Así por unos días, a veces horas, hasta el siguiente escándalo.

Lo del expresidente Mauricio Funes ha sido el colofón más sorpresivo. Procesado civilmente por enriquecimiento ilícito, se antojaba complicado que la Fiscalía iniciara una nueva acusación, esta vez penal, contra el expresidente. Pero la Fiscalía, tras anunciarlo por Twitter, decidió seguir la pista del empresario Miguel Menéndez, “Mecafé”, para llegar hasta Funes. Los allanamientos de esta semana a las empresas y casas de Mecafé parecen seguir la línea de investigaciones periodísticas que revelaron, por ejemplo, que el negocio de seguridad privada del empresario floreció durante el gobierno de Funes, cuya candidatura apadrinó y financió; o que familiares de Menéndez se beneficiaron de la amistad con Funes para escalar puestos en la administración pública.

Funes, el segundo expresidente de El Salvador procesado en menos de dos años, es señalado por cinco posibles delitos de corrupción. Sobre la mesa no solo están los presuntos beneficios para Mecafé; también el crecimiento del patrimonio personal de Funes durante su quinquenio, señalado de posible enriquecimiento ilícito desde la Corte Suprema de Justicia, un periodo caracterizado por gastos suntuosos y viajes opacos.

Pero el espectáculo ha terminado. Las redes alargarán, con toda seguridad, un par de días el alboroto inicial, las fotos de las botas doradas o el busto narcisista del expresidente y experiodista. Ahora empieza la verdadera prueba para la Fiscalía: demostrar que los indicios encontrados se pueden transformar en pruebas sólidas ante un tribunal. Después del caso contra el expresidente Francisco Flores, acusado de desviar millones de ayuda internacional para su partido (ARENA), y presentado para perderse por la Fiscalía que dirigió Luis Martínez, las dudas que pesan sobre el Ministerio Público -ahora comandado por Douglas Meléndez- son pesadas.

La Fiscalía de Meléndez, ajetreada con múltiples casos y allanamientos, aún debe demostrar que la muerte del expresidente Flores no debe ser un obstáculo para llegar a la verdad y dirimir responsabilidades en el uso de fondos de la cooperación taiwanesa para financiar la campaña del expresidente Antonio Saca. Debe demostrar que está preparada para cumplir su papel constitucional e investigar los casos congelados de la guerra civil; comprobar si hubo una cadena gubernamental que favoreció, desde la tregua, los negocios de una de las principales pandillas; determinar si hubo una decisión para mandar al archivo los juicios de cuentas que libraron de pago a funcionarios corruptos; y si, tal como lo ha adelantado, el expresidente Funes se valió de su cargo para enriquecerse de forma ilícita. Los indicios, que son sólidos, ameritan una investigación y procedimiento a la altura.

El Salvador, acostumbrado a operativos sin desenlace, podrá aspirar a convertirse en un país serio cuando su institucionalidad funcione, cuando el debido proceso se siga y cuando los espectáculos se circunscriban a los estadios.